19 de noviembre de 2010, 13:45
NUEVATRIBUNA.ES - 18.11.2010
La justicia española es tan lenta que parece divina. No está muerta, pero en demasiadas ocasiones lo parece; se halla en estado vegetativo desde hace decenios, ¿qué digo decenios?, digo siglos… Su comatoso estado actual es un efecto de la persistencia de viejos privilegios de no menos viejos estamentos, con los que la tardía, moderada e interrumpida modernización del país no ha podido acabar. Y más en concreto, es uno de los churretes de la inmaculada Transición, como la llamó Vidal Beneyto, que muestra a la administración de justicia como una de las instituciones donde son más visibles los residuos del franquismo.
Su reforma es una tarea pendiente, ¿o no?, y en todo caso, ¿por cuánto tiempo más?-, que ninguno de los dos grandes partidos gobernantes ha querido abordar seriamente. Y ahí sigue: alejada de los ciudadanos comunes por un lenguaje abstruso, que expresa el altivo talante de una casta mandarinesca, infradotada su administración en recursos humanos, materiales y métodos de trabajo, almacenando expedientes, acumulando causas pendientes y sujeta a las tensiones de los dos grandes partidos por someterla a su influencia; atravesada por las rencillas profesionales entre magistrados y por la soterrada tensión que divide al país entre progresistas y reaccionarios, acentuada por el sistema de renovación de sus órganos rectores basado en la adjudicación de plazas por lotes de influencia u obediencia partidista. El oprobioso y paradójico resultado es que vivimos en una sociedad dinámica constreñida por los usos de una administración de justicia que actúa con velocidad geológica.
Todo esto ha aflorado con el caso de Antonio Meño, que debería ser el caso del anestesista Martín-Moré o el de la clínica Nuestra Señora de América, responsables de la negligencia que, durante una operación quirúrgica, le produjo una lesión que le mantiene en estado de coma desde hace 21 años. Intentado aclarar los hechos y exigir una indemnización, su familia recorrió un calvario judicial y llegó hasta el Tribunal Supremo, que eximió al médico y a la clínica de responsabilidades y condenó a la familia al pago de las costas. La tenacidad de los Meño en su demanda de justicia ha permitido que aparezca un testigo que ha desbaratado la versión dada por el médico y por la clínica, obligando con ello a reabrir el caso, que, al cabo de tanto tiempo, puede concluir con otro fallo.
En espera de la sentencia, lo que va quedando claro es que la justicia no sólo ha sido lenta, sino mediocre en el proceso de instrucción. El caso ha pasado, hasta ahora, por tres instancias -un juzgado civil, la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo-, en las que han pesado más el testimonio de un miembro de otro poderoso estamento -el los médicos- y los intereses económicos de una empresa de sanidad privada, que el de las víctimas de una fatal negligencia.
Francisco Javier Vivas - Escritor
La justicia española es tan lenta que parece divina. No está muerta, pero en demasiadas ocasiones lo parece; se halla en estado vegetativo desde hace decenios, ¿qué digo decenios?, digo siglos… Su comatoso estado actual es un efecto de la persistencia de viejos privilegios de no menos viejos estamentos, con los que la tardía, moderada e interrumpida modernización del país no ha podido acabar. Y más en concreto, es uno de los churretes de la inmaculada Transición, como la llamó Vidal Beneyto, que muestra a la administración de justicia como una de las instituciones donde son más visibles los residuos del franquismo.
Su reforma es una tarea pendiente, ¿o no?, y en todo caso, ¿por cuánto tiempo más?-, que ninguno de los dos grandes partidos gobernantes ha querido abordar seriamente. Y ahí sigue: alejada de los ciudadanos comunes por un lenguaje abstruso, que expresa el altivo talante de una casta mandarinesca, infradotada su administración en recursos humanos, materiales y métodos de trabajo, almacenando expedientes, acumulando causas pendientes y sujeta a las tensiones de los dos grandes partidos por someterla a su influencia; atravesada por las rencillas profesionales entre magistrados y por la soterrada tensión que divide al país entre progresistas y reaccionarios, acentuada por el sistema de renovación de sus órganos rectores basado en la adjudicación de plazas por lotes de influencia u obediencia partidista. El oprobioso y paradójico resultado es que vivimos en una sociedad dinámica constreñida por los usos de una administración de justicia que actúa con velocidad geológica.
Todo esto ha aflorado con el caso de Antonio Meño, que debería ser el caso del anestesista Martín-Moré o el de la clínica Nuestra Señora de América, responsables de la negligencia que, durante una operación quirúrgica, le produjo una lesión que le mantiene en estado de coma desde hace 21 años. Intentado aclarar los hechos y exigir una indemnización, su familia recorrió un calvario judicial y llegó hasta el Tribunal Supremo, que eximió al médico y a la clínica de responsabilidades y condenó a la familia al pago de las costas. La tenacidad de los Meño en su demanda de justicia ha permitido que aparezca un testigo que ha desbaratado la versión dada por el médico y por la clínica, obligando con ello a reabrir el caso, que, al cabo de tanto tiempo, puede concluir con otro fallo.
En espera de la sentencia, lo que va quedando claro es que la justicia no sólo ha sido lenta, sino mediocre en el proceso de instrucción. El caso ha pasado, hasta ahora, por tres instancias -un juzgado civil, la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo-, en las que han pesado más el testimonio de un miembro de otro poderoso estamento -el los médicos- y los intereses económicos de una empresa de sanidad privada, que el de las víctimas de una fatal negligencia.
Francisco Javier Vivas - Escritor