La circular publicada por la Dirección General de la Policía que prohíbe las redadas a inmigrantes en diferentes sitios públicos viene a restituir la legalidad. Ni más ni menos. El Defensor del Pueblo ya envió el pasado mes de mayo al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas el informe que demostraba la existencia de identificaciones policiales basadas en criterios raciales. Las sentencias judiciales, las quejas del Sindicato Unificado de Policía, y el reconocimiento de la existencia de redadas por parte de la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, al poco de llegar al cargo, forman parte del contexto que ha llevado al gobierno a tomar esta decisión
No han sido pocos años, los que hemos padecido de forma continuada esta ignominia y esta persecución xenófoba aduciendo “prevención del delito”. Cuántas personas han sido indignamente tratadas por la policía que ejercía estos dispositivos, siendo llevados a los Centros de Internamiento de Extranjeros por hallarse en situación irregular. Basta recordar el pasado 19 de diciembre la muerte de una mujer congoleña de 41 años por meningitis, al no contar con la atención médica oportuna en el CIE de Aluche al cual fue llevada por encontrarse indocumentada. Las inadecuadas instalaciones, el hacinamiento y la falta de buen trato, han sido reiteradamente revelados y probados.
Personalmente me consta haber visto redadas en los metros y conocer muchas situaciones kafkianas con personas que fueron detenidas en éstas. Aún recuerdo el caso de una chica boliviana a tres días de casarse y que al regreso de su trabajo fue detenida. Su futuro esposo vino a verme a la Asamblea de Madrid –entonces era diputada- para pedirme que intercediera ante la Delegación de Gobierno y no la embarcaran en el avión, él ya había llevado la documentación que probaba la inmediata boda, pero no le hacían caso y era inminente su expulsión. La novia llevaba viviendo seis años en España con su madre que la había reagrupado de hecho. Me trajo una copia de esa misma documentación entregada, hablé con el cura que los iba a casar, y era evidente que ella decía la verdad. En la parroquia con pelos y señales el religioso me informo que había llamado a la Delegación y ni caso. Aquel hombre se hallaba desesperado por arrebatarle a la policía a su amada novia con quien llevaba tres años de noviazgo.
La circular llega días después que el gobierno aprobase el Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes sin el debido debate social y sin buscar el consenso político. Modifica sustancialmente el derecho a la salud excluyendo a la inmigración indocumentada.
Con la reforma sanitaria pierde toda la sociedad porque supone un retroceso. Se tambalea uno de los pilares del Estado de Bienestar, el del acceso a la salud universal -legalmente fue reconocido el pasado 11 de noviembre de 20 11- vinculado al desarrollo de la democracia en España.
Como en el caso de la circular, se podía haber legislado para mantenerlo, buscando los controles a los despilfarros aducidos y no excluyendo a los más desfavorecidos.
Este doble rasero con el que se miden los derechos de los y las inmigrantes y de la población más necesitada, no resulta sano para la convivencia, ni para la salud democrática. “En donde no hay caridad no puede haber justicia”, dijo San Agustín… En esto coincido con él.