El Programa Nacional de Reformas presentado por el Gobierno en Bruselas y el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, supone el desmantelamiento de los tres pilares básicos del sistema sanitario público: El derecho a la salud, la universidad de la atención sanitaria, la igualdad de acceso a la misma y el carácter solidario y redistributivo de la Sanidad Pública
Suprime el derecho a la salud como derecho ciudadano.
Aunque la Constitución y la Ley General de Sanidad lo vincula a la residencia en el Estado el Real Decreto fe manera unilateral lo vincula al aseguramiento es decir a la cotización social, con la finalidad de dejar sin este derecho a los que trabajan en la economía sumergida (la mayoría inmigrantes si papales sometidos a condiciones inaceptables de explotación),y a otros colectivos. Resulta moralmente inaceptable dejar a personas sin asistencia por motivos económicos
Elimina la universalidad de las prestaciones sanitarias
Fragmenta la asistencia sanitaria que ahora es la misma para todos y para todas las enfermedades en tres tipos diferentes: Prestaciones básicas comunes para todos; prestaciones complementarias a pagar con copagos y prestaciones suplementarias ofertadas por las comunidades autónomas. Esta medida que dará origen a dos modelos sanitarios (una sanidad para ricos y otra para el resto) esta destinada a promover y apoyar desde el Estado el desarrollo de los seguros privados como negocio. La sanidad para pobres será una asistencia de baja calidad
Introduce barreras económicas en el acceso a los servicios sanitarios a quines más lo necesitan
Impone el pago por medicamentos a los pensionistas (precisan tres veces más asistencia por motivos de edad y la gran mayoría percibe pensiones muy bajas, el 54% menores de 650€/mes); lo mismo que por traslado no urgente en ambulancias, alimentación artificial, prótesis y ortesis que son necesitados por las personas más enfermas, y discapacitadas, en su mayoría con problemas económicos por motivos de edad, enfermedad o bajas pensiones. Además un grupo de medicamentos se excluirá totalmente de la financiación pública. Limita la asistencia a quien más la necesita al tiempo y eleva la aportación individual en medicamentos en un momento en que la mayoría de ciudadanos tienen problemas económicos para llegar a fin de mes
Acaba con el carácter solidario y redistributivo de la sanidad pública
Hasta ahora la sanidad se financiaba con impuestos gracias a lo cual los que más ganaban contribuían más y los más necesitados de atención la recibían en función de sus necesidades. Con la introducción del copago de parte de la asistencia se ponen las bases para acabar con el caracter redistributivo de la sanidad pública.
El conjunto de estas medidas suponen una vulneración flagrante e inaceptable del ordenamiento jurídico básico de este país que atenta contra uno de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos como es el derecho a la salud en condiciones de equidad y calidad. Este golpe de estado debe ser rechazado y combatido activamente por los ciudadanos, sus agentes sociales y sus representantes políticos en todas las instancias del Estado de Derecho que tiene este país.