El Tabú de la reciprocidad en el derecho al voto de los inmigrantes

“No se trata aquí esta cuestión desde el punto de vista del principio, que harto claro está, y en vuestras conciencias repercute, que es un problema de ética, de pura ética reconocer a la mujer, ser humano, todos sus derechos, porque ya desde Fitche, en 1796, se ha aceptado, en principio también, el postulado de que sólo aquel que no considere a la mujer un ser humano es capaz de afirmar que todos los derechos del hombre y del ciudadano no deben ser los mismos para la mujer que para el hombre”.
Clara Campoamor (1 de octubre de 1931)

Pareciera que la historia se repite. El 1 de Octubre de 1931 se aprobó el derecho al voto para las mujeres en las Cortes Generales y fue Clara Campoamor, diputada por Madrid, quien puso el mayor empeño, por convicción y humanismo, para lograr este reconocimiento a las mujeres. Desde la comprensión de una ciudadanía incluyente, el apoyo de los socialistas fue decisivo para ese logro. Este hecho que hoy parece baladí, por lo remoto en el tiempo y por la pérdida gradual de la memoria colectiva en las nuevas generaciones, significó la igualdad política para las mujeres y la ampliación de las fronteras democráticas de entonces.

Si hoy se diera ese debate, estaríamos perplejos. Nuestra sociedad tiene interiorizado que hablamos de derechos tan asumidos y tan evidentes de las personas, de todas las personas, que nos parecería urgente una reforma de la Constitución para enmendar ese desacierto o, cuando menos, un pronunciamiento de los tribunales intérpretes de la misma que matizase tan absurda discriminación. Pero no sucede lo mismo con los inmigrantes, que ciertamente son personas, pero no iguales.

¿Por qué en el caso del voto la derecha se empecina en restringir este derecho bajo un argumento tan poco sólido y ético como es su negativa a modificar la Carta Magna? Muy sencillo: o no cree en el valor supremo de la democracia (y por tanto ansía una restricción porque no cree que la democracia sea un derecho del mismo rango que la no discriminación, la vivienda o el principio de inocencia, con lo cual sería lícito maltratarla tanto como se quiera), o bien no cree en el valor igual de los inmigrantes como ciudadanos y por tanto los considera no preparados para el ejercicio de un derecho tan valioso. Hay una tercera explicación: que la derecha simplemente tenga miedo a la democracia, o a una democracia extensa y moderna que incorpore a todos los ciudadanos a la construcción del bien común. Por esto fundamentalmente hemos de ir a convenios de reciprocidad. Y quiero dejarlo meridianamente claro para que la postura de los socialistas se entienda, ya que se trata de la historia y del “nuevo nosotros” que estamos construyendo en una España diversa y plural, -eso ya nadie se atreve a negarlo-.

El derecho al voto es un derecho de rango superior y su reconocimiento se encuentra nada menos que en las normas y declaraciones de derechos humanos vigentes para el mundo entero.

No sólo eso: el derecho al voto de los inmigrantes es una de las recomendaciones más constantes y consecuentes del acervo comunitario en materia de ciudadanía e integración. El Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo de Europa, los diversos manuales de orientación de políticas públicas de las instancias competentes en Europa, y hasta las buenas prácticas de varios países europeos recomiendan, exigen o incorporan ya el voto de los inmigrantes como instrumento privilegiado de integración, como contenido efectivo del ideario de ciudadanía y como argumento ético de los que componen la promesa de democracia que Europa quiere representar.

Y tan así es que el propio Parlamento español en varias ocasiones ha pedido al Gobierno que resuelva este agravio injusto, como también lo han pedido el Foro Estatal de la Integración de los Inmigrantes (único órgano de participación plural consultivo en materia migratoria de que dispone el Estado), los intelectuales que se han pronunciado sobre la materia, múltiples medios de comunicación y hasta la inmensa mayoría de los grupos sociales y políticos del país.

Por ello, el 37� Congreso Socialista incluyó en sus resoluciones asumir en serio y sin tanto ruido el tema del derecho al voto por la única vía posible, dadas las circunstancias políticas y el desencuentro en este tema con el Partido Popular. Hasta ese momento, el recorrido de este asunto capital había tropezado con los siguientes falsos dilemas:

1) El tabú de la reciprocidad, que impone una restricción inadecuada al ejercicio de un derecho mientras no se firmen convenios, para lo cual es indispensable que las constituciones de ambas partes así lo contemplen. Hasta la fecha sólo podían ejercer el voto los ciudadanos noruegos, pero a partir de las próximas elecciones municipales, podrán hacerlo los ciudadanos de varios países iberoamericanos. El Gobierno de España, en cumplimiento de este compromiso, está dando un impulso a los convenios de reciprocidad, nombrando incluso a un embajador especial para este asunto. Como consecuencia de todo ello, el día 5 de Febrero se firmará el primer convenio con Colombia que permitirá a los residentes de larga duración de esta nacionalidad votar de forma activa, es decir, sólo para elegir, no para ser elegidos. Después, vendrá otro convenio con Perú.

2) Las declaraciones tautológicas del PP sobre el contrato de integración que, a pesar de que la idea haya salido derrotada en Europa y en el Congreso de los diputados en cuanto pilar del pacto europeo de la inmigración, llevan a este partido a plantearlo una y otra vez hasta incluirlo de nuevo en su propuesta de modificación de la Ley de Extranjería. Con estas propuestas discriminatorias, el principal partido de la oposición confunde a la vez que habla de desarrollar la promesa de que se permita ejercer el derecho al voto. El PP pone palos en la rueda de la posible solución.

Abordar de forma seria y con la suficiente voluntad política la propuesta del derecho al voto de los inmigrantes implica mandar a la sociedad un mensaje claro sobre el compromiso político de los socialistas por aumentar la calidad de nuestra democracia y supone también poner en el tejado del PP la solución a este agravio. Los convenios de reciprocidad excluyen a ciudadanos de países como República Dominicana y Marruecos que no podrán acogerse a esta modalidad porque sus constituciones no lo permiten o, sencillamente, no contemplan el ejercicio libre y democrático del derecho al voto. Antes de que los portavoces de ese partido se embarquen en la estrategia de la recriminación y los falsos mensajes, conviene dejar sentado lo que es simple y llanamente la verdad: que sólo es posible que todos los inmigrantes presentes entre nosotros y que cumplen los requisitos básicos para el voto puedan ejercerlo si hay una reforma de la Constitución, para la que es indispensable el consenso entre el PSOE y el PP, de la misma manera que los es para hacer de la política migratoria una gran Política de Estado.

El PP, con su respuesta, estará dándonos la medida de su propia calidad democrática: si en un futuro posibilita el acuerdo para esta reforma, estaríamos ante uno de los acontecimientos más importantes de los vividos en el constitucionalismo español, de una dimensión equivalente al de la incorporación del derecho al sufragio de las mujeres. Si cierra la puerta, estaría destapando su verdadera percepción sobre los inmigrantes: como ciudadanos de segunda o como mera mercancía. Hasta ahora sólo ha usado el tacticismo en la búsqueda permanente y a cualquier precio del voto rumano y de los nacionalizados �clientelismo, populismo- y con ingente despilfarro de fondos públicos que se han empleado incluso para pedir que no voten al PSOE allá donde los populares gobiernan. Por eso, eludir el debate supondría renunciar a liderar una iniciativa necesaria para todos y dejarle al PP que siga haciendo de la ciudadanía un argumento raído y domado. Algo que los progresistas no podemos asumir y con lo que no nos podemos identificar porque por encima del cálculo están las razones éticas y los principios necesarios para construir una sociedad más justa.

El camino de la reciprocidad, es el posible, porque en política no siempre lo que parece razonable es realmente razonable. No siempre lo que parece lógico resulta cierto o justo cuando se examina de cerca. Y en este tema, como en muchos otros, los socialistas estamos señalando el camino, arduo, no sin tropiezos, el camino de los sueños y de tantos ejemplos como el de Clara Campoamor, que vivió las incomprensiones de un tiempo también difícil sin deponer sus convicciones, sin plegarse ante las consecuencias personales de su defensa política. De la respuesta del PSOE estará tan pendiente la población inmigrante como la mayor parte de la sociedad española, que aspira a acabar poco a poco con esta restricción absurda. Estará pendiente, en su totalidad, el asociacionismo inmigrante, que trabaja para que ese gran colectivo encuentre un cauce de participación pleno y responsable en la vía social, política y ciudadana española.


Yolanda Villavicencio es diputada socialista en la Asamblea de Madrid.