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martes. 09.08.2022

El simplismo de Rajoy

La eliminación de la paga extraordinaria a los empleados públicos es una barbaridad que pone en evidencia el simplismo de Rajoy en la gestión económica. El Gobierno cuantifica el ahorro para las cuentas públicas en 4.000 millones de euros y lo vende como una medida necesaria para reducir el déficit. Pero esto no es cierto.

La eliminación de la paga extraordinaria a los empleados públicos es una barbaridad que pone en evidencia el simplismo de Rajoy en la gestión económica. El Gobierno cuantifica el ahorro para las cuentas públicas en 4.000 millones de euros y lo vende como una medida necesaria para reducir el déficit. Pero esto no es cierto. Porque además de ser una medida injusta, también es falso que sirva para mejorar el saldo fiscal, al menos en esa cifra.

El Gobierno vuelve a caer en el simplismo en las decisiones económicas: dice cuánto va a reducirse el gasto público pero no tiene en cuenta las repercusiones que tiene en la actividad económica y en los propios ingresos públicos. En este caso, la caída de la recaudación tiene un efecto directo  de fácil cuantificación.

Los 4.000 millones de reducción salarial son brutos, esto es antes de descontar tanto el IRPF como las cotizaciones sociales de los funcionarios. Con un tipo impositivo medio del IRPF del 30 % y un tipo de cotización del 6 %, el Estado recaudaría en torno a los 1. 440 millones entre impuestos y cotizaciones. Pero hay más. La paga de Navidad se dedica casi de forma íntegra al consumo, de tal manera que el Estado deja de ingresar otros 480 millones por el IVA. Esto es, el Estado dejará de ingresar 1. 920 millones de euros. Por lo tanto el ahorro neto real será de tan solo 2.080 millones de euros, la mitad de lo que dice el Gobierno.

 Pero además de este efecto directo, también hay un efecto indirecto: las repercusiones que la caída de la demanda tiene en la actividad y en el empleo del conjunto de la economía. La campaña de Navidad y las rebajas en enero son una de las épocas de más gasto familiar y también el período de ingresos más importante en sectores del comercio y de la hostelería, además de la actividad industrial y de otros servicios.

En muchos negocios el resultado de todo el ejercicio está condicionado a este período excepcional, que concentra una parte considerable de las ventas. Eliminar la paga extra de los funcionarios, con el riesgo de que cunda el ejemplo en el sector privado, va a provocar una gravísima caída en las cifras de negocio de estas actividades y del empleo, que pueden causar el cierre de muchos establecimientos con costes elevados para la sociedad pero también para el presupuesto público.

Esto no es una elucubración teórica. Sucedió en Portugal el año pasado, tal y como contó el profesor Carballo en un curso de la UIMP organizado hace unas semanas por el departamento de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo.

No siempre dos más dos son cuatro

Es un error pensar en el sector público como en una familia o en una empresa. Para una familia con déficit, dejar de gastar significa ahorro y desapalancamiento en la misma medida. Para las administraciones públicas no. Por su tamaño, se convierten en un agente económico sistémíco y pieza básica de un ecosistema en el que sofisticados mecanismos arruinan máximas como la que da título a esta columna. La eliminación de la paga extra de Navidad a sus empleados es un buen ejemplo.

Para entender lo que sigue es importante tener en la cabeza que el objetivo del gobierno es reducir el cociente entre déficit público y PIB; y que el primero es la diferencia entre gastos (G) e ingresos (T). Recortar la paga extra supone reducir G y, por tanto, el cociente. Y aquí se acabaría el problema para el gestor de una empresa que quisiese equilibrar su contabilidad. Para el ministro, no.

En primer lugar, aparecen el IRPF de los empleados públicos y sus cotizaciones a la Seguridad Social y mutualidades. Al dejar de pagarles la extra, tributan menos y cae T. Y lo relevante aquí no es el tipo de retención, sino el marginal, el tipo al que pagarían por esa paga extra. Un porcentaje que en la mayor parte de España varía entre el 24,75 y el 52%. Es razonable pensar que para el conjunto de empleados públicos, alrededor de un tercio de su paga extra se queda en IRPF y cotizaciones.

En segundo lugar, los dos tercios restantes tienen por destino fundamental el consumo. Y aquí aparece el IVA. Tras la subida, el IVA medio que pagarán los españois estará alrededor del 14% (existen tipos que van del 0% al 21%). Incluso dejando al margen impuestos especiales sobre alcohol, tabaco y combustibles y aceptando que no toda la extra se gasta, cada 100 euros de ahorro en G contrae T en más de 40 por estos dos primeros mecanismos.

Pero existen más.El menor consumo de los empleados públicos va a minorar las ventas de comerciantes, hosteleros y empresas en general. Es el efecto multiplicador, en este caso negativo, que va a reducir en una segunda y sucesivas vueltas el valor de T. Además, la forma en la que el gobierno ha gestionado el asunto está generando dosis añadidas de desconfianzay pesimismo en buena parte de la población. Aunque habrá que esperar a ver si los indicadores de confianza del consumidor confirman este deterioro, es probable que así sea, con lo que ello supondría para el consumo agregado y, de nuevo, para T.

Finalmente, por convención contable y ante la inexistencia de precios de mercado para la mayor parte de lo que hace el sector público, el valor de la producción pública que se incluye en el cómputo del PIB se aproxima mediante la suma de las remuneraciones de los asalariados públicos y otro pequeño componente que no viene al caso. Quiere esto decir, que la rebaja de salarios públicos contrae automáticamente el PIB. Obviamente no es lo mismo que el PIB caiga por esto que por el desmantelamiento de una rama productiva, pero la realidad es que eso hace aumentar el déficit y las deudas públicas y privadas en términos de PIB, que son las relevantes en las discusiones y acuerdos.

En conjunto, el efecto neto final de la eliminación de la paga extra sobre el déficit en términos de PIB va ser muy pequeño, desde luego muy inferior a las cuatro décimas que se están manejando. ¿Llegará siquiera a una? ¿Ha sido una decisión razonable para el gobierno en términos de costes y beneficios económicos y políticos? La contabilidad pública y la privada tienen lógicas muy distintas.

Manuel Lago. Economista | CC.OO. de Galicia
Santiago Lago. Catedrático de Economía Aplicada. Universidade de Vigo

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