Ante las declaraciones del Ministro de Justicia sobre los motivos de intentar eliminar el supuesto de grave enfermedad del feto en la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo, habría que tener en cuenta las siguientes cuestiones
Resulta sorprendente que el Sr Gallardon hable de los derechos de los discapacitados cuando forma parte de un Gobierno que los ha mutilado de manera inclemente, reduciendo la dependencia, las subvenciones a entidades que los atienden, incrementando los copagos en medicamentos, introduciendo copagos en transporte sanitario no urgente, etc. Parece que le preocupan mas los derechos de los que no son personas que los de las personas reales.
También lo es que desconozca que muchas de las graves enfermedades cubiertas por este supuesto (que solo supone algo menos del 1% de los abortos que se realizan) se efectuan en casos de fetos no viables que tienen lesiones incompatibles con la vida, por ej la anencefalia. ¿Cómo es posible que se pretenda mantener a termino un embarazo de un feto no viable que se diagnostica con la primera ecografía?. Estamos ante un caso flagrante de sadismo incomprensible e intolerable en una sociedad desarrollada.
En el fondo de todo el problema late una confusión entre la ideología propia, el fundamentalismo religioso, y la del conjunto de la población, que es claramente distinta y mayoritariamente mucho mas abierta como demuestran todas las encuestas de opinión, y a la que se le quiere imponer un rigorismo ultracatolico contra toda lógica democrática.
Otra cuestión son los problemas sanitarios que conllevaría este tipo de regulaciones, porque incitaría a la búsqueda de soluciones en otros países o a los abortos clandestinos (favorecidos por los problemas económicos de la actual crisis) con los incrementos de mortalidad y morbilidad que suponen.
No solo hay que rechazar las declaraciones del ministro, sino también lo que suponen de intentar volver a imponer al conjunto de la población una ideología ultramontana opuesta a la mayoría, sino sobre todo reivindicar el respeto al derecho de las mujeres a adoptar sus propias decisiones sobre su sexualidad y reproducción.