jueves. 25.07.2024

El PP y el Estatut: ¿Ha merecido la pena?

NUEVATRIBUNA.ES - 13.7.2010...sin olvidar el tiempo preelectoral en que se ha celebrado, ha predominado un sentimiento de hartazgo y de rechazo a la sentencia del alto y desprestigiado Tribunal, que no sólo ha llegado tarde, sino en el peor momento.
NUEVATRIBUNA.ES - 13.7.2010

...sin olvidar el tiempo preelectoral en que se ha celebrado, ha predominado un sentimiento de hartazgo y de rechazo a la sentencia del alto y desprestigiado Tribunal, que no sólo ha llegado tarde, sino en el peor momento.

Después de demorarse cuatro años, dar a conocer una sentencia mediatizada por influencias partidistas en la víspera del día en que se va a celebrar una manifestación contra ella parece un inútil intento de mostrar la independencia del Tribunal para hacer pública su opinión al margen de la coyuntura política, pero en realidad es una prueba evidente de la lejanía de dos mundos que no comparten ni el tiempo ni el espacio. Uno es la sociedad real y otro es el irreal mundo de las togas, en que vive encastillada gran parte de la judicatura.

La manifestación ha sido una respuesta a la sentencia del Constitucional dejando claro que no se comparte, pero también que se cuestiona su actual configuración, al haberse convertido en un instrumento de oposición política del Partido Popular. Lo cual es especialmente grave, porque el TC ha corregido, si bien en parte, la decisión de los ciudadanos expresada en dos parlamentos y en un referéndum y ha señalado, a la vez, los límites del proceso autonómico; ha echado el cerrojo. En vista de lo cual hay que preguntarse si en el PP se sienten realmente contentos con lo obtenido, que, a tenor de lo perseguido, no es mucho: de los 223 artículos del Estatut, el PP recurrió 114, el TC dejó el 97 fuera de la Constitución; en 14 artículos ha encontrado algún motivo para invalidarlos en todo o en parte; estima que 23 se adecúan a la Constitución si se cambia la interpretación, y 74 de los artículos recurridos no han sufrido alteración. El PP presentó casi una enmienda a la totalidad, pero no le ha salido la jugada que esperaba. La prueba de que la sentencia no ha satisfecho a sus dirigentes está en que, en vez de airearla a bombo y platillo como un triunfo de sus tesis sobre la unidad de España, se han apresurado a pasar página, a guardar la salmodia de la balcanización y dejar que se olvide la larga y artera campaña contra el Estatut, y de paso contra Cataluña, aunque ahora lo nieguen, lo cual también era de esperar, pues, como ocurrió en su día con la Constitución, cuando la mitad de sus 16 diputados la rechazó, luego sus dirigentes se han convertido en sus guardianes, casi en sus secuestradores; al final, defenderán este Estatuto y se arrogarán el papel de ser sus más fieles intérpretes.

Pero no hay que olvidar lo que ha hecho el Partido Popular para meternos en este lío.

En noviembre de 1999, el PP apoyó la investidura de Pujol a cambio de que CiU renunciara a una revisión del Estatut de Sau. Testigo que recogió Maragall, que, ante un gobierno de la derecha catalana apoyado por el triunfante gobierno de la derecha centralista surgido de la elecciones generales del 2000, buscó el acuerdo con fuerzas de izquierda para reformarlo y privar a CiU del monopolio del nacionalismo, ofreciendo al electorado catalán un proyecto nacionalista y de izquierdas. En 2003, de cara a las elecciones autonómicas, CiU se sintió libre del pacto con el PP y, junto con la designación de Artur Mas como sucesor de Pujol, creó una ponencia para reformar el marco autonómico. Mas prometió que, si ganaba las elecciones, habría un nuevo estatuto con un acuerdo económico similar al concierto vasco.

Celebradas los comicios en otoño de 2003, Maragall, Saura y Carod firmaron un pacto de Gobierno (el pacto del Tinell) con el compromiso de reformar el Estatuto de Cataluña y la esperanza de que CiU lo apoyase desde la oposición. Así, ante un PP reafirmado en sus pautas centralistas y atacado de ardor guerrero en las Azores, se alzaba una alianza de izquierdas que representaba la España plural y pacifista. Lo cual llevó a Zapatero a afirmar, de modo tan optimista como imprudente, que apoyaría un estatuto respaldado por el parlamento catalán.

Tras el Pacto del Tinell, la victoria electoral del PSOE en 2004 colocó al PP en la oposición ante el gobierno catalán y ante el central. Los sucesores de Aznar se olvidaron de cuando éste hablaba catalán en la intimidad y enarbolaron la bandera de la unidad de España, que estaba en peligro de balcanizarse por las concesiones de Zapatero a los nacionalistas y el imaginario pacto secreto suscrito con ETA a cambio de proyectar la voladura de los trenes en Madrid, el 11 de marzo, para hacer caer al Gobierno. Eran los años, en que todos los días, todos los diarios y emisoras de radio y televisión y los tertulianos y comentaristas afines a la derecha difundían la teoría de la conjura urdida entre etarras, islamistas, agentes secretos españoles y marroquíes y policías afectos al PSOE para acabar con un gobierno que había emprendido la tarea de sacar a España del rincón sumándose a los planes imperiales de G. W. Bush.

Eran los años del ácido bórico, de las misteriosas mochilas que iban y venían según conveniencias de la prensa amarilla, de la descalificación de la comisión parlamentaria del 11-M (la comisión de la mentira, según Zaplana; un fiasco, según Rajoy) y de la obstrucción a la instrucción del caso llevada a cabo por el juez Del Olmo. Los años de las manifestaciones contra el terrorismo con motivos insólitos, contra la excarcelación de De Juana, contra la presunta entrega de Navarra a ETA, y de la apropiación de las víctimas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo; los años del boicot suscitado por el Partido Popular contra productos catalanes, aunque luego Rajoy tuviera que brindar con cava catalán para tranquilizar a los empresarios; los años en que la compra de Endesa por Gas Natural, suponía, según Esperanza Aguirre, llevarse la sede de la compañía fuera del territorio español, o sea, a Barcelona, con lo que se colocaba al lado de Carod Rovira, uno de cuyos dislates (la entrevista con un dirigente etarra) sirvieron para que el PP indicara que el Estatut se haría a la medida de ETA. Años de despropósitos como impulsar mociones contra el Estatut en ayuntamientos y parlamentos autonómicos donde hubiera mayoría del PP, y llevar al Congreso una proposición de ley para celebrar un referéndum nacional sobre la unidad de España. Años en que el PP recibió el apoyo de la Conferencia Episcopal, que sacó del baúl de los recuerdos la unidad de España basada en la fe católica y señaló peligros sin cuento como el ejercicio de la poligamia si se aprobaba el Estatut.

El PP pretendió que la Mesa del Congreso no admitiera el Estatut para discutirlo en la cámara y, tras ser retocado y aprobado, decidió recurrirlo con la intención de que el Tribunal Constitucional lo dejara prácticamente inservible, para lo cual no dudó en emplear todas las maniobras posibles, como recusar al magistrado Pérez Tremps e impedir la renovación de los magistrados cuyo mandato expiraba. El resto es de sobra conocido: cuatro años de demoras, de tiras y aflojas y de malestar, que, al conocerse la sentencia, se ha expresado de manera multitudinaria en la manifestación de Barcelona.

Si el Partido Popular pretendía acentuar el victimismo que tan bien utilizan los partidos nacionalistas (igual que ellos), aumentar la sensación de agravio de los catalanes respecto a las decisiones que llegan de fuera de Cataluña, deslegitimar el Tribunal Constitucional, aumentar la desconfianza en el proceso autonómico y alimentar el crecimiento de los seguidores del soberanismo, lo ha hecho estupendamente. Si sus dirigentes buscaban aumentar la unidad de España, como aducían, lo que han hecho es alejar más a Cataluña; es más, se diría que realmente pretendían empujar a más catalanes hacia la independencia.

El daño ya está hecho. Y ahora, ¿qué?

José M. Roca - Escritor

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