Así será si los ciudadanos no lo evitan con su voto el próximo 22 de mayo. No se trata de una exageración, ni del automatismo de un argumentario de campaña, ni de un recurso metafórico para descalificar al adversario político. El Partido Popular no cree en el vigente Estado del Bienestar, que garantiza la atención pública a las necesidades más básicas de la población conforme a los principios de calidad y de igualdad. El PP no se siente comprometido con el sistema de políticas públicas que aseguran el ejercicio digno y equitativo para todos los españoles de sus derechos en la educación, en la sanidad, en la cobertura al desempleo, en los servicios a las personas socialmente vulnerables por razón de edad, de discapacidad o de renta. Se trata de un invento socialista, inaugurado por los Gobiernos de Felipe González, consolidado por los Gobiernos de Zapatero, y la derecha ha decidido desmontarlo pieza a pieza. Y solo el voto de los españoles puede evitarlo.
Ni tan siquiera podremos argüir que no avisaron, porque están avisando. El auténtico Señor del PP, José María Aznar, ha manifestado de manera diáfana en sendas conferencias allende los mares, en Jersey (diciembre 2010) y en Columbia (abril 2011), que “el Estado de Bienestar es insostenible” y que “requiere reformas de raíz”. Aún más claro en la exposición de sus planes ha sido Ramón Luis Valcárcel, Presidente de la comunidad murciana y destacado miembro de la dirección nacional del PP, defendiendo la aplicación del copago en los servicios sanitarios y educativos, es decir, el fin de la gratuidad y la universalidad en tales prestaciones públicas. Y, desde luego, la praxis de los gobiernos autonómicos y locales del Partido Popular apunta al socavamiento de los servicios públicos, bien por la vía de negarles los recursos imprescindibles, o bien por el camino más directo de la privatización y el sometimiento de la salud, la enseñanza o la atención social a las reglas mercantiles de la oferta y la demanda. Aquel aserto histórico del Delegado del Gobierno del PP en Madrid, “el que quiera seguridad, que se la pague”, se extiende ahora a los demás servicios. Con el PP, por tanto, el que quiera salud, educación o servicios sociales, que se lo pague.
La voladura del Estado de Bienestar está en los modelos ideológicos, en la práctica política y en el discurso del Partido Popular. En consecuencia, que nadie se llame a engaño. Ellos lo explican, además. Tienen perfectamente construido su relato al respecto. Los argumentos son tres. Primero la “insostenibilidad”. Según la derecha, el PSOE oculta la verdad a los ciudadanos. Las cuentas públicas no dan para “sostener” una educación de calidad para todos, unos servicios sanitarios universales, subsidios a los parados, residencias para los mayores, ayudas al alquiler para los jóvenes, pensiones dignas, servicios para los discapacitados… ¡Dónde vamos a parar! Hay que “racionalizar”, es decir hay que “recortar”, sustituyendo el ejercicio universal de derechos sociales por la atención caritativa para los casos más extremos. Y los demás que se las apañen en el mercado: el que pueda pagar más que avance más, y el que pueda avanzar menos que avance menos, o se quede en la cuneta. Claro que ocultan que el Estado de Bienestar ha sido sostenible durante los últimos treinta años, favoreciendo el crecimiento económico y la equidad social, y que también lo ha sido en buena parte de Europa, al menos hasta que han llegado sus correligionarios a algunos gobiernos, y que la “sostenibilidad” de las políticas públicas dependerá de la suficiencia, de la progresividad y de la justicia que unos y otros quieran aplicar sobre los sistemas fiscales respectivos.
El segundo argumento más recurrente es el de la “libertad de elección”. ¿Por qué obligar a nadie a pagar impuestos y hacer uso consiguiente de unos servicios públicos igualitarios? ¿Por qué no rebajar los impuestos y que cada cual contrate los servicios que quiera y al precio que pueda? ¿O por qué no convertir la deseable ayuda pública en un “cheque” que cada ciudadano puede complementar, o no, con recursos propios en el mercado libre de servicios sanitarios y educativos? Pero desde luego no aclaran que la “libertad de elección” solo interesa al que tiene dinero suficiente para poder “elegir”. Tampoco reconocen que el mercado conduce a que sean los centros educativos y sanitarios privados los que disfruten de la “libertad de elegir” a sus pacientes y a sus alumnos en función de su dinero. Y evidentemente no admiten que unos servicios públicos bien dotados constituyen la única garantía de una atención social de calidad y en igualdad de oportunidades para la gran mayoría de la población.
El tercer argumento que se escucha últimamente es importado.La FAESlo ha copiado del corpus ideológico que inspira al Gobierno Cameron, ese que “da confianza” a Rajoy. Se trata de “la gran sociedad”, que aspira a prescindir del Estado “asfixiante”, organizando, financiando y disfrutando por sí misma unos servicios que las administraciones prestan de forma inexorablemente negligente. En realidad solo es una coartada que ha servido a Cameron para recortar más de 60.000 millones de euros en la financiación de los servicios públicos más básicos, incluyendo el despido de medio millón de sanitarios y maestros, así como la triplicación de las matrículas universitarias (12.000 euros anuales) hasta expulsar a las familias trabajadoras de la enseñanza superior. Dicen querer más sociedad y menos Estado, pero en realidad quieren más mercado y más desigualdad, a costa de los de siempre.
Hay un factor más que les anima: el negocio. Se les acabó la fiesta del ladrillo y ahora aspiran a acumular dinero a costa de la salud de los enfermos y de la educación de nuestros hijos. No les bastó con la rapiña del suelo y de las hipotecas basura. Ahora también quieren especular con colegios, con guarderías, con másters, con cursos de inglés, con hospitales, con operaciones de cadera, con radiografías, con residencias para mayores…
Ya sabemos lo que quiere la derecha. Siempre fue más o menos lo mismo. La pregunta es ¿qué queremos los españoles? ¿Hasta qué punto valoramos el Estado de Bienestar? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a defenderlo? Un amigo estadounidense me recordaba en estos días que su familia tuvo que vender la casa y endeudarse hasta las cejas para hacer frente a la enfermedad de un hijo. Y que aún así jamás aspiró a obtener el mismo tratamiento que un millonario en su país. Y cuando su hijo salga adelante, nunca se le ocurrirá pensar que pueda matricularse en la mejor de las universidades, como el hijo de Bill Gates, por ejemplo. “Eso solo ocurre en Europa”, me dijo. “No sabéis lo que tenéis”, remachó. Espero que no tenga razón. Espero que sepamos lo que tenemos. Y que sepamos defenderlo. Con el voto. El día 22 de mayo.