8 de junio de 2009, 7:53
NUEVATRIBUNA.ES - 6.5.2009
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
La legislación inminente sobre el sector audiovisual afecta a poderosísimos intereses de naturaleza política, económica y cultural. De ahí el debate intenso que está motivando su elaboración, aún en fase incipiente. Un debate a veces explícito y a veces implícito, pero de extraordinaria presencia e influencia.
El Gobierno proponente y las Cortes legisladoras habrán de tener en cuenta la doble naturaleza de este ámbito tan singular en la redacción de la ley. El mundo de la televisión y sus derivados constituyen un servicio público, con la responsabilidad y los límites que ello conlleva. Pero también se trata de una industria pujante que necesita un marco regulatorio claro, seguro y eficaz para su desarrollo.
Como servicio público, por ejemplo, el legislador tendrá que preservar el interés general en la programación de las televisiones públicas y privadas, asegurando la veracidad y pluralidad de sus servicios informativos, protegiendo a los colectivos más vulnerables, contribuyendo a la promoción de la cultura y los derechos de ciudadanía�
Como industria, por otra parte, la nueva ley deberá cimentar la viabilidad de los proyectos audiovisuales, estimulando la inversión productiva, facilitando la competencia leal, eliminando limitaciones sin fundamento, incorporando las nuevas realidades tecnológicas�
De hecho, según los interlocutores que están participando en la configuración del texto inicial, ya existe bastante consenso en torno al nuevo Consejo Audiovisual que debe velar por la debida aplicación de los principios mencionados, así como en relación a los límites a la publicidad o a la contraprogramación, o la posibilidad de vender y arrendar las licencias televisivas en determinadas condiciones.
Llama la atención, no obstante, la beligerancia con que UTECA, la poderosa asociación de televisiones privadas, está presionando para obtener algunas conquistas. Ya lograron que el Gobierno posibilitara las iniciativas de concentración empresarial que se reivindicaban desde el sector, sin que hasta el momento estas nuevas facilidades hayan sido aprovechadas por los actores televisivos. La prolongada fase del “tanteo” evidencia graves dificultades para superar desencuentros personales, ahormar alianzas inteligentes y asegurar un buen negocio a todos los interesados. Ojalá lo logren.
Otros tres puntos del programa máximo de UTECA merecen algún comentario. Primero la clara ofensiva contra la televisión pública. Es evidente que el liderazgo en audiencias de la televisión de todos ha puesto en evidencia a más de uno, pero no parece propio de quienes se consideran defensores del libre mercado solicitar al regulador que les libre de la competencia más hábil. Hay razones y hay espacio en el sector para una televisión pública. Y hay y habrá defensores para su pervivencia y desarrollo.
Bien es verdad que los defensores de la televisión pública nos vemos en dificultades argumentativas cuando contemplamos determinadas apuestas de programación en la Primera. Léase un concurso de baile con famosos a precio exorbitado, léase un programa de corazón que persigue a exnovias de toreros haciendo preguntas estúpidas, o léase la retransmisión de algunas competiciones deportivas a motor que requieren grandes desembolsos para una rentabilidad social discutible.
La televisión pública es plenamente defendible cuando se orienta a defender el interés general, asegurar la pluralidad informativa y promocionar el desarrollo social y cultural. Máxime cuando su dirección y gestión han alcanzado un grado de autonomía política y de suficiencia financiera sin parangón en nuestra historia. La batalla sobre quién tiene más larga la audiencia debería reservarse para otros lares.
El segundo punto a comentar sobre la postura de UTECA es el fin de la publicidad en las televisiones públicas. A tenor de lo que está ocurriendo en otros países, Francia por ejemplo, algunos dudamos mucho que tal medida acabe favoreciendo el tránsito automático de anunciantes a las televisiones privadas (existen otros ámbitos de rentabilidad publicitaria creciente) e, incluso, puede acabar estimulando el trasvase de los televidentes hartos de cortes publicitarios hacia RTVE. ¿Y por qué debe renunciar el Estado a esta fuente de ingresos para cumplir su obligación de financiar la TV pública sin gravar en demasía al contribuyente?
La tercera reclamación consiste en finiquitar la cuota obligatoria del 5% de sus ganancias para la inversión en cine europeo. Como concesión de servicio público, las TV privadas han de contribuir al objetivo de interés general de promover nuestra cultura. Y como negocio que se beneficia de la creatividad del cine autóctono, han de colaborar en su buena salud.
No parece razonable, en consecuencia, acrecentar la crisis del cine español eliminando esta herramienta. El compromiso del Gobierno con el mundo del cine tampoco autoriza para que aceptemos pulpo como animal de compañía, es decir, que asumamos la rentable inversión de las TV en las series de ficción como sustitutivo de las ayudas obligadas al cine del largometraje, el cortometraje y el documental. Porque todos sabemos que estos géneros son las auténticas especies a proteger. Seguro que pueden encontrarse fórmulas imaginativas para nuevos puntos de encuentro.
El pastel audiovisual aún está en el horno. Espero que no se nos indigeste antes de tiempo.
Rafael Simancas es diputado del PSOE en el Congreso.
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
La legislación inminente sobre el sector audiovisual afecta a poderosísimos intereses de naturaleza política, económica y cultural. De ahí el debate intenso que está motivando su elaboración, aún en fase incipiente. Un debate a veces explícito y a veces implícito, pero de extraordinaria presencia e influencia.
El Gobierno proponente y las Cortes legisladoras habrán de tener en cuenta la doble naturaleza de este ámbito tan singular en la redacción de la ley. El mundo de la televisión y sus derivados constituyen un servicio público, con la responsabilidad y los límites que ello conlleva. Pero también se trata de una industria pujante que necesita un marco regulatorio claro, seguro y eficaz para su desarrollo.
Como servicio público, por ejemplo, el legislador tendrá que preservar el interés general en la programación de las televisiones públicas y privadas, asegurando la veracidad y pluralidad de sus servicios informativos, protegiendo a los colectivos más vulnerables, contribuyendo a la promoción de la cultura y los derechos de ciudadanía�
Como industria, por otra parte, la nueva ley deberá cimentar la viabilidad de los proyectos audiovisuales, estimulando la inversión productiva, facilitando la competencia leal, eliminando limitaciones sin fundamento, incorporando las nuevas realidades tecnológicas�
De hecho, según los interlocutores que están participando en la configuración del texto inicial, ya existe bastante consenso en torno al nuevo Consejo Audiovisual que debe velar por la debida aplicación de los principios mencionados, así como en relación a los límites a la publicidad o a la contraprogramación, o la posibilidad de vender y arrendar las licencias televisivas en determinadas condiciones.
Llama la atención, no obstante, la beligerancia con que UTECA, la poderosa asociación de televisiones privadas, está presionando para obtener algunas conquistas. Ya lograron que el Gobierno posibilitara las iniciativas de concentración empresarial que se reivindicaban desde el sector, sin que hasta el momento estas nuevas facilidades hayan sido aprovechadas por los actores televisivos. La prolongada fase del “tanteo” evidencia graves dificultades para superar desencuentros personales, ahormar alianzas inteligentes y asegurar un buen negocio a todos los interesados. Ojalá lo logren.
Otros tres puntos del programa máximo de UTECA merecen algún comentario. Primero la clara ofensiva contra la televisión pública. Es evidente que el liderazgo en audiencias de la televisión de todos ha puesto en evidencia a más de uno, pero no parece propio de quienes se consideran defensores del libre mercado solicitar al regulador que les libre de la competencia más hábil. Hay razones y hay espacio en el sector para una televisión pública. Y hay y habrá defensores para su pervivencia y desarrollo.
Bien es verdad que los defensores de la televisión pública nos vemos en dificultades argumentativas cuando contemplamos determinadas apuestas de programación en la Primera. Léase un concurso de baile con famosos a precio exorbitado, léase un programa de corazón que persigue a exnovias de toreros haciendo preguntas estúpidas, o léase la retransmisión de algunas competiciones deportivas a motor que requieren grandes desembolsos para una rentabilidad social discutible.
La televisión pública es plenamente defendible cuando se orienta a defender el interés general, asegurar la pluralidad informativa y promocionar el desarrollo social y cultural. Máxime cuando su dirección y gestión han alcanzado un grado de autonomía política y de suficiencia financiera sin parangón en nuestra historia. La batalla sobre quién tiene más larga la audiencia debería reservarse para otros lares.
El segundo punto a comentar sobre la postura de UTECA es el fin de la publicidad en las televisiones públicas. A tenor de lo que está ocurriendo en otros países, Francia por ejemplo, algunos dudamos mucho que tal medida acabe favoreciendo el tránsito automático de anunciantes a las televisiones privadas (existen otros ámbitos de rentabilidad publicitaria creciente) e, incluso, puede acabar estimulando el trasvase de los televidentes hartos de cortes publicitarios hacia RTVE. ¿Y por qué debe renunciar el Estado a esta fuente de ingresos para cumplir su obligación de financiar la TV pública sin gravar en demasía al contribuyente?
La tercera reclamación consiste en finiquitar la cuota obligatoria del 5% de sus ganancias para la inversión en cine europeo. Como concesión de servicio público, las TV privadas han de contribuir al objetivo de interés general de promover nuestra cultura. Y como negocio que se beneficia de la creatividad del cine autóctono, han de colaborar en su buena salud.
No parece razonable, en consecuencia, acrecentar la crisis del cine español eliminando esta herramienta. El compromiso del Gobierno con el mundo del cine tampoco autoriza para que aceptemos pulpo como animal de compañía, es decir, que asumamos la rentable inversión de las TV en las series de ficción como sustitutivo de las ayudas obligadas al cine del largometraje, el cortometraje y el documental. Porque todos sabemos que estos géneros son las auténticas especies a proteger. Seguro que pueden encontrarse fórmulas imaginativas para nuevos puntos de encuentro.
El pastel audiovisual aún está en el horno. Espero que no se nos indigeste antes de tiempo.
Rafael Simancas es diputado del PSOE en el Congreso.