Los depresivos y deprimentes Presupuestos Generales -un recorte de 27.000 millones de euros y otro de 10.000 millones en educación y sanidad- y las precipitadas decisiones de última hora confirman las líneas maestras de las reformas acometidas por el Gobierno desde el mes de diciembre.
El goteo de declaraciones, desmentidos, rodeos y eufemismos de los ministros; las fugas, silencios y lacónicas apariciones de Rajoy, y las decisiones que desde la oposición dijeron que nunca tomarían, no deben dar la impresión de que el Gobierno, al cebar la recesión, no sabe a dónde va. Quizá no tiene un programa muy claro para salir de ella, pero en la reconfiguración social del continente decidida por la derecha europea al amparo de la crisis, Rajoy, a pesar del amago soberanista con el fracasado intento de reducir el déficit de 2012, ha asumido su condición subalterna y trata de cumplir en España la parte que le toca.
Para la derecha europea, y para el Partido Popular, es importante aprovechar la ventaja que ofrece la actual coyuntura y la situación de desconcierto de los ciudadanos para decidir, desde ahora, el orden social que ha de surgir de la superación de la crisis. Con medidas excepcionales, hoy están preparando no sólo la salida de la crisis en un próximo mañana, sino la aplastante victoria sobre las clases populares que desean obtener pasado mañana, acercando el sur de Europa a las condiciones laborales del tercer mundo y tratando a la vez de imponer un retroceso importante en derechos democráticos.
Esta estrategia tiene dos líneas de actuación, que corresponden a las dos “almas” (son católicos) del PP -la neoliberal y la conservadora-, que muestran la cercanía a otros partidos conservadores, en particular el Partido Republicano de EE.UU., pero también las rancias peculiaridades de la derecha española.
La estrategia económica, sugerida por el “alma” neoliberal, tiene por objeto defender los intereses del capital privado, en especial de las mayores fortunas, en detrimento de las necesidades e intereses de los trabajadores y las clases populares, a los que van destinados los mayores recortes. A pesar de las declaraciones, el Gobierno trata de aumentar el desequilibrio existente entre las fuerzas sociales del capital y las del trabajo fortaleciendo la posición de los empresarios, únicos creadores de riqueza, y debilitando la de los trabajadores, considerados un apéndice de la actividad de los primeros. La agresiva reforma laboral, que aumenta la capacidad de las empresas para cambiar de modo unilateral la relación laboral, la anunciada del Código Civil para limitar el derecho de manifestación y la intención de restringir el derecho de huelga responden a este propósito.
Al recortar derechos para disciplinar la fuerza de trabajo, el Estado cede a los empresarios parcelas importantes de su función organizadora y coercitiva, que dejan de ser privilegio público en manos del poder legítimo para ser ejercidas de modo discrecional por particulares.
Las clases populares resultan también afectadas por los recortes de gasto que afectan a los servicios y prestaciones del Estado, de los cuales son los principales beneficiarios. Junto con la sanidad, la educación, la asistencia a dependientes y la cohesión social, los recortes afectan también a los fondos dedicados a investigación, desarrollo e innovación, que son las claves para el crecimiento económico en el futuro. Es decir, recortes para hoy y miseria para mañana.
El Gobierno no aborda la medida más urgente ante la crisis, que es la reforma del sector financiero. Lo que suscita la desconfianza de los “mercados” y las autoridades de la Unión Europa, pues mientras bancos y cajas de ahorros no regularicen los balances engordados con activos ficticios, seguirán engullendo ingentes cantidades de dinero del Banco Central Europeo para mostrar un aparente saneamiento. Fondos que no sirven para reactivar el aparato económico a través del crédito concedido a empresas y a particulares, sino para especular invirtiendo en deuda del Estado, que a su vez sangra a los ciudadanos para enjugarla. Lo cual no evita la depreciación de millones de viviendas terminadas, a medio construir o procedentes de desahucios, ni del suelo previsto para edificar y carente de valor en el mercado, que figuran en los balances de los bancos. Y mientras esa reforma no se aborde, la desconfianza de los socios europeos está asegurada, diga lo que quiera Rajoy.
Respecto a los ingresos del Estado, las intenciones del Gobierno quedan igualmente desveladas por la política fiscal. Contra lo afirmado en campaña, una de las primeras medidas adoptadas fue subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y modificar el IRPF, un impuesto muy gravoso para las rentas del trabajo, que aportarán 4.200 millones de los 6.200 previstos. Con la reforma del impuesto de sociedades se prevé recaudar 5.350 millones.
El Gobierno ha renunciado a gravar las grandes fortunas y respeta el paraíso fiscal de las SICAV, y, a pesar de lo declarado, renuncia a perseguir el fraude fiscal, que, según técnicos de Hacienda, se estima en 88.000 millones de euros; 58.000 millones a la Agencia Tributaria y 30.000 a la Seguridad Social. Llevado por la prisa, el Gobierno espera recaudar 2.500 millones de euros, obtenidos del modesto gravamen del 10% impuesto a quienes saquen a la luz algo de lo que tienen escondido o expatriado. Lo que equivale a una amnistía fiscal a los defraudadores.
Inspirado en el credo neoliberal -Estado mínimo y Mercado máximo-, el programa del Gobierno es deliberadamente desigualitario. El Estado se hace mínimo en lo social y abandona a los económicamente más débiles para hacer de paladín de los fuertes, con lo cual favorece la supervivencia de los más aptos, que no necesariamente son los mejores, sino con frecuencia los peores. Es la ley de la jungla adoptada como orientación estratégica por un gobierno católico.
En resumen, en sus primeros cuatro meses de gobierno, el Partido Popular ha confirmado los peores augurios sobre la agenda que celosamente ocultó en la campaña electoral, al mostrar su manera de actuar -autoritaria y opaca- y sus preferencias: dar coba a Berlín, obedecer a Bruselas, proteger a los ricos, enriquecer a los banqueros, empobrecer a las clases medias, satisfacer a la patronal, disciplinar a los trabajadores, olvidar a los más débiles, contentar a la Iglesia, amparar a los corruptos, amnistiar a los defraudadores, desprestigiar a los sindicatos y seguir criticando al PSOE por la herencia recibida. Y en la calle, ley y orden.