27 de enero de 2011, 3:41
nuevatribuna.es | 25.01.2011
¿Qué ha ocurrido? Básicamente, que la Ley de 1985, que daba entrada en sus órganos de administración (con un 40 por ciento de los derechos políticos) a los ayuntamientos, ha actuado como una bomba de relojería detonada en 2007 por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Demasiadas Cajas se han metido hasta las cejas en la financiación de operaciones inmobiliarias que, vía plusvalías resultantes de la conversión de suelo público en privado o vía impuesto sobre bienes inmuebles, han permitido la subsistencia de las corporaciones locales en un contexto donde sus ingresos jamás han estado resueltos. Y aquí viene el talón de Aquiles de las Cajas: si cualquier entidad privada habría podido acudir al mercado a rellenar los agujeros dejados por el ladrillo – como muchas en todo el mundo rellenaron el de los CDO derivados de hipotecas subprime – las Cajas no pueden ampliar capital, ni por consiguiente hacer operaciones de acordeón sin contar con los poderes públicos (Fondo de Garantía de Depósitos y FROB). Y los poderes públicos ahora pasan factura.
En realidad, se trata de una cuestión ideológica. Los ideólogos del liberalismo porfían por convencer a la opinión pública de que hay un problema en la falta de definición de la propiedad de las Cajas. ¿Quiénes son los propietarios de las Cajas de Ahorros? Nadie, o la sociedad civil en su conjunto, según se mire. Pero el problema no es muy distinto del de la propiedad de El Corte Inglés, por ejemplo. ¿Quién es el propietario de El Corte Inglés? La Fundación Ramón Areces. ¿Y quién es propietario de la Fundación Ramón Areces? Nadie, exactamente como nadie lo es de una Caja de Ahorros, que también es una Fundación. ¿Y hay algún problema con la propiedad de El Corte Inglés o con la de la Fundación Ramón Areces? Entonces, ¿por qué tendría que haberlo con las Cajas de Ahorros?
Como señalaba ayer el diario británico Financial Times, el verdadero problema estriba en haberse los gobiernos empeñado en garantizar toda la deuda de las entidades bancarias. Está bien que se garantice los depósitos, pero ¿por qué garantizar también la deuda, en España, incluso la subordinada? Así se forzó el rescate de Irlanda (y eso que ellos no garantizaron más que la preferente), y sirve de excusa para que el gobierno español se prepare para una nacionalización parcial – vía participaciones del FROB – de las Cajas que no puedan satisfacer los requisitos, en términos de core capital, exigidos por el acuerdo internacional llamado “Basilea III”, que se pactó el otoño pasado. En España se quiere hacer pasar a las Cajas por el ojo de una aguja. Si Basilea III daba un plazo para cumplir con esos requisitos, el gobierno va a adelantar el plazo; y si el requisito de Basilea III es tal, el gobierno lo va a elevar para las entidades que no coticen en Bolsa, es decir, para las Cajas. El plan es que las pille el toro, que tengan que ceder su negocio bancario a un banco y que el FROB pueda quedarse con una fracción de la propiedad de ese banco para vendérsela al capital extranjero. Esto forma parte de las seguridades que España debe haber dado en el Eurogrupo la semana pasada.
El fin de las Cajas de Ahorros se acerca vertiginosamente. Como consecuencia de ello, pronto tendremos más mercado financiero y menos sociedad civil. Cada quien opine de ello lo que le parezca.
Enrique Viaña | Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Castilla La Mancha