El narco: la guerra fallida

NUEVATRIBUNA.ES - 29.1.2010

...Tanto la sociedad internacional como algunos gobiernos tienden cada vez más a coincidir en una certidumbre: que las estrategias prohibicionistas y punitivas no han resultado ni resultarán exitosas, y que en general tienen como consecuencia un aumento significativo de la violencia.

Esto también está ocurrido en México, a tres años de la declaración de guerra de Calderón contra el crimen organizado y el narco, en donde las ejecuciones (22 al día, en promedio, durante 2009) y el sentimiento de temor por parte la población causado por el clima de enfrentamiento permanente no han hecho sino aumentar. La estrategia del gobierno goza cada vez de menor popularidad, lo que quedó demostrado en las elecciones de 2009, en las que el voto de castigo al partido del ejecutivo (PAN) se decidió tanto por el fracaso de esta “guerra” (cada vez menos gente está dispuesta a asumir los costes que tiene) como por el mal desempeño del país ante la crisis.

A contribuir a la elaboración de este consenso ha ayudado un pequeño libro llamado “El narco: la guerra fallida”, publicado hace pocos meses, escrito a cuatro manos entre Jorge Castañeda (ex ministro de relaciones exteriores del Gobierno de Vicente Fox, y reconocido intelectual), y Rubén Aguilar (quien fungió como Coordinador General en la Secretaría Particular de la Presidencia de la República también en gobierno Fox), que publica Punto de Lectura.

Se trata de un breve opúsculo de poco más de cien páginas, que condensa ciertos argumentos que ya circulaban en libros y revistas criticando la estrategia militar, y que aporta algunos nuevos. Escrito con una prosa rápida, se acerca a ese género tan rico que es el panfleto político con un objetivo claramente desmitificador y polemista. Uno de esos textos cuyo objetivo es hacer perder al lector la seguridad en sus convicciones previas, y que en muchos puntos lo consigue.

Dentro del contenido del libro hay dos apartados que merecen especial atención: el primero, el que se dedica a desmontar las justificaciones de la guerra de Calderón, y el que trata de las acciones que los dos autores sugieren como alternativas a la estrategia actual de “golpear a todos los narcos, en todo el territorio, todo el tiempo”.

Las justificaciones de la guerra, desmontadas

Lo primero que hacen Castañeda y Aguilar es derribar los tres argumentos generales que utilizó el gobierno para justificar la guerra, 1) el consumo, 2) la violencia, y 3) la suplantación/penetración. Revisémoslos:

1. La primera justificación del Gobierno para declarar explicar la guerra fue la advertencia de que México se había convertido en un país consumidor de drogas y no sólo un lugar de tránsito, donde el narcomenudeo afectaba a niños y jóvenes de manera creciente y alarmante: la consigna de comunicación oficial fue “Que la droga no llegue a tus hijos”. Sin embargo a partir de las estadísticas del propio gobierno la conclusión a la que llegan los autores es que el consumo en México sigue siendo mínimo en relación con la población, con tasas de prevalencia e incidencia muy bajas en términos comparativos mundiales y regionales. Si, ha habido en los últimos diez años un crecimiento del consumo (en adultos), pero este ha sido pequeño, y a partir de una base absoluta insignificante. Se trata de un crecimiento correlativo al crecimiento de la población, pero que muy difícilmente justifica unas medidas tan drásticas como las adoptadas. De hecho, nos dicen, la idea de que México se transformase de pronto en un país de consumo resulta contraintuitiva desde la lógica de los traficantes: la diferencia de ganancia entre vender la droga en México y en Estados Unidos es tan inmensa y la demanda nacional mexicana tan pequeña que, por muchas trabas que existan para introducir la droga en Estados Unidos, este siempre será un negocio mil veces mejor.

2. La segunda justificación fue que el aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico y el sentimiento de inseguridad que ésta causaba en la población habían alcanzado ya niveles intolerables. Esta justificación también resulta falaz y un equívoco.

Para empezar, el aumento de la violencia anterior a 2006 es objetable. Como demuestra F. Escalante en un ya célebre ensayo publicado en Nexos en Septiembre de 2009 la tendencia (antes de la “guerra”) de la violencia (en especial del homicidio) era el descenso. Tomando en cuenta el aumento de población, se calcula que los homicidios han caído en un 20% en la última década, en una tendencia nacional claramente decreciente, en la que las tasas mexicanas son relativamente bajas en términos regionales. De nuevo los números refutan la idea que justificó la guerra.

Aunque la inseguridad sentida por la población era real, lo que ocurrió fue que el Gobierno definió de forma equivocada sus causas: la espectacularidad de ciertas escenas violentas y su repetición en los medios de comunicación masiva en 2006 crearon la ficción de que la inseguridad padecida por la población general estaba imbricada principalmente con el narcotráfico, cuando esto no era así. La inseguridad venía causada esencialmente por el auge de delitos menores, de carácter económico, cuyos principales exponentes eran el robo, el asalto, y el secuestro; no por las ejecuciones entre narcos.

Por último, Castañeda y Aguilar constatan una vez más que, si el pretendido sustento de la guerra consistía en abatir la inseguridad y la violencia (supuestamente procedentes del crimen organizado), los resultados son indefendibles, ya que la violencia procedente del narco y provocada por la propia estrategia de guerra no ha hecho más que aumentar.

3. La tercera justificación de la estrategia fue la idea de que los traficantes estaban disputando el control territorial al Estado en numerosas partes del país, amenazando con suplantarlo, y penetrando en la estructura institucional estatal a un nivel nunca visto.

El primer punto del temor no es nuevo y es un tema que ya se ha tratado y criticado en este espacio, utilizando para ello los trabajos de expertos como Jorge Chabat y Luis Astorga, e intentando desmontar tanto el mito de la “colombianización” como el del “narco- estado”. En este particular, el libro sigue también los argumentos de estos autores, pero de forma menos rigurosa. Es quizá la parte más floja (no por ello menos cierta), comparada con la crítica demoledora a las otras ideas que el Gobierno usó como justificaciones. Sobre el segundo punto, aunque es innegable la penetración del narcotráfico en las esferas públicas, sostener que eso es una novedad o que se encuentre en cotas nunca vistas es difícil: ¡hablamos de México, no de Noruega!, nos recuerdan los autores. Y la complicidad del narco con las autoridades no nació ayer, sino hace una eternidad; y nada hace pensar que sea hoy mayor que antes.

A la luz de la dificultad de sostener los argumentos que el Gobierno utilizó como justificaciones para explicar y defender su decisión, Castañeda y Aguilar concluyen que la declaración de guerra fue eminentemente política: realizar una acción espectacular en lo que se creía era la principal preocupación de los ciudadanos y lograr una legitimación que se piensa “pérdida en las urnas y en los plantones en 2006, a través de la guerra en los plantíos, las calles y las carreteras, ahora pobladas de uniformados”. Una idea también ya conocida, pero nunca dicha abiertamente en un libro, y menos por gente en su momento perteneciente a gobiernos del PAN.

Las alternativas y la polémica

La otra parte interesante de la obra está al final. Es la dedicada a las alternativas a la estrategia de guerra para hacer frente al tema de las drogas que proponen los autores, algunas de las cuáles resultan bastante polémicas. Son las siguientes:

1. El reducir los daños colaterales en lugar de buscar reducir la demanda o la oferta. Un enfoque ético y pragmático que ha sugerido, entre otros, Ethan Nadelmann. Se trata básicamente de desechar el enfoque basado en la seguridad y sustituirlo por uno que contemple al narcotráfico y el consumo de drogas como un problema social cuyo principal remedio vendrá dado por las instituciones de salúd pública. De aprender a vivir con las drogas, y como no, de una cierta legalización.

2. Actuar en Estados Unidos, pero no para buscar apoyo en una guerra que no luchará ( menos si alguien más pone los muertos), sino para cabildear a favor de la despenalización, en lugar de pugnar por una ilusa reducción de la demanda que va contra corriente.

3. Construir una policía nacional, mediante la reestructuración (y previo desbroce) de las fuerzas públicas en México, para dejar de abrir la puerta a la participación del Ejército, resultado de postergar siempre la necesaria reforma, para lo que se necesita un difícil consenso entre las fuerzas políticas, ya que se tardaría un sexenio o más en llevarse a cabo.

4. Sellar el Istmo de Tehuantepec. Esta idea ha circulado desde hace tiempo como la forma más definitiva de elevar el costo para los traficantes de pasar por el país. Se trata de, ante la imposibilidad de sellar la frontera con Guatemala (por su porosidad y geografía), desarrollar un operativo que selle por tierra, mar y aire la zona más angosta de México, también localizada en el Sur (apenas 200 km, planos), en un intento de “secar el agua dónde nadan los peces”. Obra que suena a ficción y no exenta de problemas.

5. Actuar mediante una especie de pacto tácito con los cárteles, que abarque ámbitos específicos y acotados, nunca formalizado, y que trace claramente una línea divisoria entre lo que se puede y no se puede hacer, las actividades y zonas toleradas, y lo que es de plano inaceptable. Un pacto con el diablo que ha sido el arreglo con el ancestral negocio desde hace mucho tiempo, recordando que al negocio del narcotráfico lo que le conviene es la estabilidad política y económica, no la confrontación permanente. Se puede estar de acuerdo en que esto seguramente reduciría la violencia, pero no el otro efecto colateral del narco: la corrupción, que es el vínculo necesario que lo une al Estado. Esta es sin duda la propuesta más polémica, pero, como afirman los autores: “no nos hagamos de la boca chiquita”, así han funcionado las cosas siempre en lo local.

En cuanto a lo negativo de la obra: la parte que trata sobre Colombia y la política de Uribe, que llega a conclusiones con las que es muy difícil coincidir. Y quizá la limitación que impone la brevedad, que no le permite hablar sobre los efectos específicos negativos (salvo el aumento de la violencia) que ha traído la “guerra”: pérdida de poder civil frente al castrense, los problemas que conlleva que los militares ejerzan labores de policía, las violaciones de derechos humanos, el aumento de la capacidad de fuego de los traficantes y el nacimiento de paramilitarismo en el país, etc. Por ello el libro no llega a constituir la Crítica definitiva a la guerra, necesaria, aunque si que dota de un nuevo y más extenso arsenal que pone en entredicho la estrategia del gobierno. Y esto por dos personas con “auctoritas”, cercanas a las cúpulas del poder, y nada partidarias del movimiento de López Obrador, que no se muerden la lengua al afirmar que para ellos la alternativa menos problemática en el tema del narcotráfico es la despenalización y el pacto tácito.

En resumen, un libro breve, polémico, bueno, que ayudará a crear el necesario acuerdo de que la construcción de una alternativa (aunque no sea perfecta) a la “guerra fallida” siempre será una empresa más redituable que poner nuestros recursos al servicio de una causa perdida, por las razones, con los medios, y hacia fines equivocados.

César Morales Oyarvide - Politólogo mexicano.