28 de enero de 2009, 6:49
Mucho se debate estos días sobre la aplicación, viabilidad, justicia o eficiencia, de diferentes modelos económicos, sociales, productivos o políticos. Es razonable que así sea, y además resulta absolutamente necesario plantear esta discusión en el momento presente, porque la crisis económica y financiera que estamos padeciendo y que apenas tiene precedentes en las últimas décadas, ha puesto en cuestión de manera tajante gran parte de las supuestas certidumbres de carácter economicista y neoliberal que se han pretendido hegemónicas, excluyentes y casi “únicas” desde, al menos, principios de los años ochenta del pasado siglo hasta ahora mismo.
Cuando la gravedad de la situación está propiciando que hasta algunos adalides del llamado libre mercado hayan sugerido la conveniencia de suspender temporalmente los mecanismos del mismo, parece evidente que hay que saber coger el toro por los cuernos y plantear las cosas en sus justos términos a la vista del actual desastre financiero y económico que, con carácter global, se ha cernido sobre todos nosotros. Porque no se puede dejar de subrayar que esta situación es consecuencia de los excesos y abusos de un sistema que no sólo ha adolecido de falta de controles, sino que, peor aún, hacía alarde de esa desregulación, cuando no pregonaba directamente la inutilidad de cualquier tipo de supervisión o de reglas que “interfiriesen” �según se decía� en la “libertad” de los movimientos de capitales y, aun, en la de la especulación pura y dura.
Aunque todavía quedan algunos irreductibles que, por ignorancia o por su dogmático fundamentalismo, defienden ese sistema basado en una creciente y generalizada desregulación y en la eliminación de todo tipo de límites y responsabilidades, ha quedado claro el fracaso sin paliativos de este ultraliberalismo que, al cabo, ha obligado a las mayores intervenciones estatales, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en todas las economías occidentales. Y todo ello se ha producido entre el aplauso de muchos de esos mismos “liberales” que hasta hace poco se rasgaban las vestiduras ante el menor atisbo de cualquier intervencionismo público.
Y no es sólo que ese sistema produzca desigualdad, precariedad e injusticia, es que, además, cada vez resulta más improductivo, así como muy ineficaz y destructivo desde el punto de vista meramente económico y también financiero. Si se puede hablar del colapso y del derrumbe de la práctica del llamado “socialismo real” en los países del este de Europa en la segunda mitad del siglo XX, hoy ya se puede afirmar lo mismo de las políticas del capitalismo ultraliberal, igualmente fracasadas como aquélla, y de unos devastadores efectos sociales, como, por desgracia, estamos comprobando todos los días a nuestro alrededor.
Lo que a estas alturas resulta un sarcasmo es cómo se ha pervertido, al referirnos a la economía, el término “liberal”, hasta el punto de que bien se puede decir que estos neoliberales no creen en la verdadera libertad, la que únicamente es posible cuando están garantizados unos ciertos niveles de bienestar e igualdad entre todos los ciudadanos, y nunca cuando existen desigualdades, divisiones y discriminaciones como consecuencia del mayor o menor poder, económico y social, de unos u otros ciudadanos, grupos de ciudadanos o clases sociales.
En este sentido, y en medio del debate sobre modelos sociales y productivos para afrontar la salida de la crisis y construir un futuro de progreso, equilibrio y justicia, hay que decir que nuestro modelo sindical no sólo sigue estando plenamente vigente, sino que de hecho es, hoy por hoy, la mejor respuesta a las dificultades del presente y a las aspiraciones de la gente, de los trabajadores, es decir, de la inmensa mayoría de los ciudadanos en cualquier lugar del planeta.
Porque la defensa de los derechos de los trabajadores, en su puesto de trabajo y fuera de él, implica la construcción, consolidación y profundización de unas sociedades del bienestar que no dejen a nadie en sus márgenes y donde se respeten todos los derechos económicos, sociales y laborales, unos derechos que son también derechos humanos.
El modelo del sindicalismo democrático exige organismos independientes reguladores del mercado que, además de prevenir, corregir y sancionar abusos y operaciones especulativas como las que nos han traído a la situación actual, presten igualmente obligatoria atención a la dimensión social y laboral de las empresas y sectores productivos sometidos a supervisión. De igual manera este modelo plantea que, tanto en las empresas como en las Administraciones Públicas y en los diferentes organismos, es necesario implantar procesos de innovación, sostenibilidad, responsabilidad social y participación de los trabajadores. Con un sistema de estas características se puede combinar la eficiencia y la eficacia económica con el bienestar y la protección de las personas.
Y es que hay que recordar, una vez más, que los modelos económicos nunca pueden ser un fin en sí mismos. Porque, o sirven para mejorar la vida de las gentes o, de no ser así, son absolutamente inútiles por muy pulcros que resulten sobre el papel y por mucho que cuadren unas cifras determinadas que, luego, apenas tienen nada que ver con las preocupaciones y los problemas cotidianos de los hombres y mujeres que integran la sociedad. Una supuesta eficiencia económica que no tenga presente la vida real de las personas, en ningún caso podrá ser calificada así. Pero cuando las cuentas ni cuadran en los balances ni fuera de ellos, se pueden llegar a producir desastres como en el que ahora nos han embarcado estos ultraliberales enemigos de la igualdad y, por tanto, enemigos también de la libertad.
Quedan en pie, por tanto, para conquistar el futuro �el inmediato y el de un horizonte previsible a medio y largo plazo�, los ideales y la práctica de ese sindicalismo democrático que es la misma razón de ser de la Unión General de Trabajadores. Junto con la activación económica y la de la calidad del empleo �del pleno empleo�, y la garantía de la protección social, nuestro modelo es el de la apuesta por el desarrollo tecnológico y el valor añadido y, claro está, el que representa ese Estado de Bienestar que tiene como pilares fundamentales la Educación, la Sanidad y las Pensiones y, en nuestro país y desde hace dos años, el sistema de ayuda a la Dependencia, una reivindicación pionera del Sindicato.
Y también hay que situar en ese mismo nivel, tal y como vienen destacando ya muchos expertos de fuera de los ámbitos sindicales, la negociación colectiva, un instrumento que es seña de identidad de un modelo social equilibrado en el que es prioritario el respeto a los derechos de los trabajadores justamente frente a los abusos depredadores de ese otro modelo “liberal” que, por poner un único y reciente ejemplo, ha pretendido ampliar la jornada laboral en el seno de la Unión Europea (UE) a nada menos que 65 horas semanales. Y hay que insistir en que esta iniciativa, por cierto, la ha parado la capacidad de movilización y convencimiento precisamente de los trabajadores y de los sindicatos europeos.
Se habla con cierta frecuencia del movimiento sindical, como de la última trinchera de la protección social de los trabajadores y de los ciudadanos. Es así, pero hoy tenemos que reivindicar con más fuerza que nunca que somos bastante más que esa última línea defensiva de resistencia, con ser ya esto mucho y, además, imprescindible. Y es que, sin querer ser presuntuosos, cualquier ciudadano que observe lo que está pasando con un mínimo de objetividad, tendrá que admitir que, en verdad, no existen alternativas a los contenidos y objetivos de este modelo social y productivo que estamos describiendo.
Porque el modelo sindical no se agota en sí mismo y afecta a todos los aspectos de la realidad económica y ciudadana. Por eso, no puede haber otra respuesta ante los duros efectos de la crisis actual que la basada en esas premisas sociales e incentivadoras que definen nuestro modelo y le son consustanciales. En esa tarea seguimos empeñados con ahínco desde la convicción de la necesidad de aplicar estas propuestas, ahora frente a las crecientes dificultades de este incierto presente.
José Ricardo Martínez Castro
Secretario General de UGT-Madrid