La opinión liberal cree que, si los sindicatos desaparecieran, mucho mejor; en su defecto, todo lo que los debilite es bueno y debe ser saludado. Así lo ha creído siempre, desde que el liberalismo económico se separara del político en la Francia de la Restauración, allá por la década de 1820, y el primero produjera a doctrinarios como Fredéric Bastiat, cuyas ideas ha vuelto a poner de moda el liberalismo de hoy, después de que Margaret Thatcher prácticamente liquidara a las Trade Unions y la negociación colectiva de su país en los ochenta. De modo bien distinto, el modelo alemán se fundamenta en la convicción de que sindicatos fuertes y una negociación colectiva llena de contenidos son eslabón imprescindible en la cadena de transmisión que permite ajustar los salarios a la productividad y, más aun, permitir que el crecimiento de la productividad se adelante al de los salarios, que es una de las causas del resurgir económico de Alemania en medio de la crisis. En el Reino Unido, por el contrario, los yuppies que en los ochenta y los noventa se llenaron los bolsillos a costa de deprimir los salarios no tienen ahora ni idea de qué hacer para sacar al país del agujero cavado por su propia imprevisión.
Volviendo al mercado laboral español, está necesitado, en efecto, de una profunda reforma que lo aproxime al modelo alemán. Adolece de una estructura sui generis, heredada de la transición democrática. Soy consciente de que mis ideas al respecto no coinciden con las de las direcciones de los sindicatos mayoritarios. Pero digo lo que pienso, y lo que pienso es esto. No tiene sentido – al menos, no sentido económico – aferrarse a un modelo sindical de representatividad democrática de los trabajadores, de todos los trabajadores. Los sindicatos deben representar a sus afiliados. Si así fuera, como lo ocurre en Alemania, todo estaría más claro. No habría tan solo de un 15 a un 20 por ciento de afiliación, sino probablemente bastante más; los sindicatos dependerían de sus cuotas y no de subsidios institucionales para su financiación; los convenios serían de eficacia limitada a los afiliados de las organizaciones, patronales y sindicales, firmantes; el resto de los asalariados tendría derecho al salario mínimo o lo que quiera pagarles el empresario, que es, básicamente, la situación en el Reino Unido (y que los liberales denominan, con su victoriano gusto por los eufemismos, negociación individual); patronales y sindicatos podrían incluir cláusulas de close shop en los convenios, es decir, reconocer el privilegio de los sindicatos a proponer candidatos a cubrir vacantes y eventuales aumentos de plantilla, o en su defecto vetar el recurso a empresas de trabajo temporal; llegado el momento de una huelga general, como la del 29 de septiembre, los sindicalistas no se sentirían decepcionados por un magnífico paro que movilizó a la casi totalidad de los afiliados pero, como era previsible, a nadie más. Etcétera, etcétera.
Creo que, por esta vez, la pelota está en el alero de las direcciones sindicales. En lugar de enredarse en temas puntuales y un tanto abstrusos para el gran público, como la ultraactividad, que están absorbiendo buena parte de sus energías negociadoras con la patronal, tendrían que replantearse el modelo general de relaciones laborales, que no es responsable de la crisis pero sí puede ayudar a salir de ella. Debates de detalle, como el de la ultraactividad, se resolverán solos, con la primera negociación colectiva en la que, habiéndose rebasado sin acuerdo el ámbito temporal del convenio, el empresario opte por poner a sus empleados a salario mínimo; si los trabajadores tragan, se habrá acabado la ultraactividad; si le montan una huelga que lo deje temblando, él mismo se apresurará a meter de nuevo la ultraactividad en el convenio y los sindicatos podrán sacarle algo en contrapartida, por la metedura de pata. Es así de sencillo. Así funciona el modelo alemán, sin paternalismos de ningún género.