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sábado. 01.10.2022

El informe de la Comisión refuerza el modelo de universidad al servicio del mercado

La cuestión nominal contribuye a visualizar los sucesivos cambios sociales coyunturales. Así, de la “sociedad de consumo” se pasó a la de “la información y la comunicación”, de ésta a “la del riesgo”, para acabar remitiéndonos en la actualidad a la “sociedad del conocimiento”.

La cuestión nominal contribuye a visualizar los sucesivos cambios sociales coyunturales. Así, de la “sociedad de consumo” se pasó a la de “la información y la comunicación”, de ésta a “la del riesgo”, para acabar remitiéndonos en la actualidad a la “sociedad del conocimiento”. Desde la década de los ochenta, la sociedad del conocimiento ha sido la palanca de cambio que ha permitido legitimar y articular un discurso a favor de procesos de cambio de enorme calado. Desde el Consejo Europeo de Lisboa (2000) las políticas europeas han estado encaminadas -según sus propios escritos- a “preparar el paso a una economía competitiva y dinámica basada en el conocimiento y a modernizar el modelo social europeo mediante la inversión en capital humano”. Hoy en día, como nos dice Luís Enrique Alonso, el conocimiento es la gran mercancía sobre la que se organiza la sociedad y la realidad que percibimos. La centralidad de la producción del valor está en el conocimiento, especialmente, cuando éste es valorizable en el corto plazo y por ello en realidad nos atrevemos a señalar que se ha impuesto una metonimia ocultadora en la que se habla de la sociedad del conocimiento cuando en realidad se trata de la economía del conocimiento. Por ello y para clarificar los contextos concretos en los que se producen las distintas realidades sociales creemos conveniente referirse a esta etapa como la del “capitalismo cognitivo”.

En el capitalismo cognitivo la universidad tiene un papel central al ser uno de los centros de producción de la lógica actual y para ello se han llevado y, como el Informe para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español de febrero de 2013 demuestra, se seguirán llevando a cabo las reformas educativas necesarias para ajustar los desfases de la institución académica a la lógica ideológica e instrumental del orden de esta nueva fase del capitalismo. El propio Informe reconoce que “las universidades son la piedra angular de la economía del conocimiento” lo que sigue la línea del capitalismo cognitivo iniciada hace más de una década.

Procesos como Bolonia se insertan claramente en el nuevo paradigma de la senda de la mercantilización y la liberalización de la educación superior. En el libro “La Universidad en conflicto. Capturas y fugas en el mercado global del saber”. Ferreiro analiza como la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior se está realizando bajo un sistema marcadamente liberal, de modo que el proyecto político-económico acaba teniendo la productividad, la competitividad, la empleabilidad y la mercantilización como sus elementos centrales. Esta situación ha ido conduciendo a un replanteamiento de la función social de la universidad en consonancia con el sistema económico hasta tal punto que pocos critican que conceptos como el de “excelencia” – usado 42 veces – ó “empleabilidad” –que remite a la necesidad de estar disponible y ser adecuado a las necesidades del mercado, a unas condiciones cada vez más flexibles y precarias- se utilicen como mantras en el Informe para la reforma y mejora de la universidad.

Se habla de excelencia revelando el verdadero sentido del discurso del capitalismo cognitivo que, lejos de perseguir el conocimiento compartido de forma participativa entre los distintos centros académicos, apuesta por la segmentación competitiva y la internacionalización. Según el citado informe, para tener universidades excelentes “es deseable una mayor diferenciación y especialización de las universidades españolas (…) es necesario que haya algunas cumbres muy elevadas y no sólo un gran número de colinas de igual perfil (…) Es inevitable, pero no constituye un inconveniente, que algunas acaben concentrándose algo más en su labor formativa, como centro de calidad de enseñanza superior, que en la investigación”. Tampoco son pocas las referencias realizadas a la necesaria internacionalización de las universidades, de su personal docente e investigador y su alumnado basadas en el mérito, reconociendo que aquellas “que no se esfuercen en seleccionar bien a su PDI no se desarrollarán de forma óptima, lo que conllevará una inevitable pérdida de buenos alumnos y de financiación”. Lo que no menciona es que esto generará un panorama de universidades de primera, de segunda e incluso de tercera división. Algo que ya parece existir y que el propio informe en su página 36 intenta resaltar.

Al mismo tiempo, el Informe sigue reforzando el modelo universitario en el que los conocimientos sean explotables con fines mercantiles. Las recomendaciones recogidas en el Informe con respecto a la financiación dejan clara esta subordinación de la actividad docente e investigadora de la universidad a la empresa, señalando que “los modelos de financiación se orientan en exceso a la oferta docente descuidando sin embargo la investigación y la transferencia de sus resultados”, y proponiendo en su caso modelos de mecenazgo empresarial que se alejan de un conocimiento y docencia plenamente compartidos y democráticos. Así, se recomienda “revisar y simplificar la normativa que regula la firma de acuerdos entre el sector privado y las universidades”, considerando “la captación de recursos económicos como uno de los criterios a tener presentes en el diseño y aprobación de nuevos estudios o ampliación de los existentes”, e “impulsando la presencia de agentes externos en los órganos universitarios (…) en especial los que actúan en representación de la empresa. Ello puede ser una excelente forma de fortalecer las relaciones universidad-empresa”.

Además, en España las políticas de austeridad están siendo utilizadas como mecanismo y justificación necesaria para cambiar definitivamente el modelo universitario. El título del Informe es significativo al respecto pues podría pensarse que se renuncia a la búsqueda de la eficacia en pos de la “mejora de la eficiencia”.

La reforma del sistema educativo –activada con el RDL 14/2012- ya había introducido cambios significativos que atentan contra la autonomía universitaria, la calidad educativa, el acceso universal y las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras. La estrategia de reforma persigue, por un lado, la descapitalización financiera y de recursos de la propia universidad, y por otro, su conversión en institución elitista al servicio de los intereses privados. La eficacia y la excelencia del sistema universitario se alcanzan si se atiende a los criterios y consejos empresariales.

No es extraño, de hecho, que en los últimos años, desde diversos ámbitos se haya desplegado con mayor fuerza una campaña de deslegitimación de la universidad. El propio Informe encargado por el Ministro Wert señala que “la falta de universidades españolas de excelencia es incontrovertible”. Se trata de convencer a la opinión pública de la ineficacia de la misma y se propone, siempre como solución única y necesaria, la reforma sustantiva de la universidad bajo criterios empresariales. Pero para ello también hay que desactivar –mediante juegos de palabras- todo discurso crítico de esta deriva privatizadora y explicar que de lo que se trata es de conseguir la excelencia eficientemente, aunque para ello además de apostar por la Universidad-empresa, se limite la democracia interna y -siguiendo a la estrategia EU 2015- se propone la sustitución del Consejo de Gobierno y el Consejo Social por la creación del Consejo de la Universidad como órgano máximo de decisión, donde además se elegiría al Rector. Así, en el Informe de las personas expertas se dice que “la cuestión no es, pues, si una universidad debe ser pública o privada para ser excelente: tal alternativa es una falacia. Lo que las mejores universidades tienen en común es un rector con capacidad ejecutiva, con notable autonomía financiera y de contratación y que, finalmente, responde ante la sociedad en su conjunto y no sólo ante los intereses colectivos de sus propia Universidad”.

Parece que conceptos tales como democracia, representatividad y toma de decisión colectiva han dejado paso a la flexibilidad y la excelencia porque “hay que tener audacia”. La cuestión es ¿audacia para qué, a quién favorece y a costa de quién? Puesto que una de las características más visibles de este nuevo modelo de universidad-empresa son la gestión manageriana de la misma y el proceso de sucesivas segmentaciones que recorre todo los ámbitos hasta llegar a la atomización de las estructuras y a la gestión individual del riesgo de los diferentes colectivos que componen la comunidad universitaria (PAS, PDI y estudiantes); razón que explicaría, en parte, las dificultades de organización de un movimiento social colectivo de defensa de la Universidad Pública que poco a poco empieza a avanzar y que el día 9 de marzo tendrá en las calles y plazas de la Comunidad de Madrid una de sus expresiones.

El sistema de enseñanza superior utiliza, cada vez más, como instrumento de medición la adecuación de las competencias al mercado. Según el Informe de Propuestas parar la reforma es necesario “vincular igualmente la financiación asociada a la docencia de cada universidad a la empleabilidad de sus propios titulados”. Más que garantizar la preparación y formación profesional para un empleo estable -que ya no existe- transmite la necesidad de la adaptabilidad a un mercado laboral corroído e inestable en el que hay que competir. Y para ello, ¿qué mejor forma de hacerlo que compitiendo por lograr un puesto en alguna de las universidades de primera clase? Ante estas circunstancias la universidad está lejos de ser una institución correctora de desigualdades sociales. Por desgracia, el discurso neoliberal del mercado de la libre concurrencia acabará triunfando y se dirá que se colocarán aquellas personas mejor preparadas cuando las posibilidades reales de obtener un empleo en un mercado de trabajo saturado y de reducidos salarios dependerá de la universidad a la que se haya tenido acceso en función de la capacidad económica que las y los estudiantes tengan de poder pagar los sucesivos aumentos de tasas.

La formación recibida también responderá a la clasificación y diferenciación del profesorado que se impone. Mientras las enseñanzas generalistas de los grados serán impartidas por ayudantes, asociados, becarios, etc., los postgrados –a los que no toda la población tiene acceso- se reservarán a los cuerpos docentes de titulares y catedráticos. De modo que no sólo el acceso a estos otorga una mayor y mejor formación, sino que aporta un capital relacional vital en los tiempos que corren para lograr una situación y una posición social estable. Y es que si se observa la universidad como espacio de contratación laboral, la precariedad aparece como una de sus características. No es de extrañar entonces que algunas personas, como Juan José Castillo, catedrático de Sociología, pida un trabajo decente también para la universidad. La flexibilidad a la que apela el informe se ha ido traduciendo en un mercado laboral desregulado, donde ha crecido la proliferación de multitud de categorías laborales con distintas condiciones de empleo. Una desregulación que se agudiza en el Informe al plantear -muy en consonancia con los tiempos- la desfuncionarización del PDI e introducir la posibilidad de contratación laboral directa e indefinida sin necesidad de acreditación previa, mediante la “entrevista y prueba oral" que establezca cada departamento. La negociación colectiva también deba haber pasado a mejor vida cuando se mencionan los acuerdos individuales y las posibles mejoras salariales de retribuciones para “los excelentes”. Pues según el texto “las universidades deben tener capacidad para mejorar los salarios de su PDI permanente o para captar talento y/o retener a los mejores, estableciendo incentivos, incluso de forma negociada con los interesados, y ello por razones de excelencia investigadora”.

Y todo ello desde esta filosofía del individualismo que olvida que la comunidad universitaria es un sistema social en el que están conectados los distintos estamentos –PAS, PDI y alumnado-. Así aunque se menciona la necesidad de evitar la actual “PASifición” del PDI que cada vez más asume funciones administrativas que no le son propias, no dedica la mínima atención al PAS y esto a pesar de que -cómo bien dice el Informe- es un sector esencial en el buen funcionamiento de la universidad.

Si de verdad se parte del convencimiento de que la mejor defensa de la enseñanza pública es el aumento de su calidad -como se reitera- la senda de la fragmentación, la desregulación y la precariedad no parece buen camino. Pero además hacerlo para que la universidad quede al servicio del mercado poco contribuye al desarrollo económico, cultural y social de una sociedad que debe reducir la cada vez mayor desigualdad social. Cuando el orden se quiebra, la universidad no debería aumentar la fractura social.

Begoña Marugán Pintos | Profesora de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid
Jesús Cruces Aguilera | Profesor de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid

El informe de la Comisión refuerza el modelo de universidad al servicio del mercado