15 de noviembre de 2010, 14:29
NUEVATRIBUNA.ES - 20.6.2010
...sobre la democracia que ha llevado al estado de impotencia actual de los poderes públicos europeos. Aún así, bienvenida sea la discusión y más aún su implementación en el plazo más breve posible, aunque yo no acabe de creérmelo. Decía el otro día -el 18 de junio- el presidente de la Comisión, el Sr. Barroso, que para entrar en una etapa de crecimiento era imprescindible acabar con los déficits. No se puede ser más cretino e ignorante. No hay evidencia empírica ni teoría que demuestre que esa afirmación es cierta, al menos a corto. Ni Alemania ni Japón han salido de una década larga de estancamiento a pesar de los bajos tipos de interés practicados desde las crisis de las tecnológicas (años 2000) y, por tanto, del bajo coste de financiación de su deuda pública, y a pesar de sus bajos déficits. Hay que decir que combatiendo el déficit, es decir, reduciendo bruscamente el gasto público, caeteris paribus, se contribuye negativamente a la demanda agregada y, con ello, se agrava la recesión. Y más aún si los otros componentes de la demanda agregada muestran su atonía.
El Sr. Barroso y los que piensan como él saben menos economía de lo que sabía Francois Quesnay, el médico de Luis XIV metido a economista del siglo XVIIII y representante de la corriente fisiócrata de la historia del análisis económico. Es un ejemplo de la mala conciencia también, porque ahora los gerifaltes de Bruselas tienen el miedo en el cuerpo. Han echado un órdago en su combate contra los déficits y son conscientes de que si no se sale de la recesión -y no se va a salir recortando el gasto público a corto plazo-, sus puestos de trabajo están en el aire; también su prestigio político. Del intelectual no digo nada, porque son políticos, es decir, anti-intelectuales, salvo excepciones; viven de la creencia y no de la ciencia, están presos del electoralismo, salvo también excepciones. Keynes y Kalecki no son turistas que han pasado por el mundo de la economía para su divertimento. La Gran Depresión del 29 se combatió con Gasto Público, con keynesianismo; ahora, primero Bush-infante y luego Obama están combatiendo la crisis USA con keynesianismo, aunque sea un keynesianismo de derechas por el destino del gasto y por el origen de su financiación. La banca -y otras empresas- de todo el mundo han pedido y aceptado keynesianismo de derechas para recibir las ayudas que ha necesitado, aunque ahora lo disimulen y lo empapelen de “economía de mercado” como buenamente pueden. Y sin embargo, los del Consejo, Comisión y la Merkel, en la inopia europea, velando sólo por sus intereses electorales. Del Parlamento europeo, sin noticia.
La vieja propuesta del premio Nóbel Tobin en los años 70 se ha quedado obsoleta y hay que actualizarla. Entonces las transacciones financieras no se hacían con la velocidad de la luz como ahora y su volumen era infinitamente inferior al actual. Para crear un impuesto hay que definir el objeto del mismo, el sujeto pasivo y su base imponible; además hay que contemplar el combate contra sus dos enemigos naturales; el fraude y la elusión fiscal. Y ahora estamos hablando de un impuesto universal, teniendo en cuenta que no hay una “agencia tributaria universal”, ni parece que ningún organismo o institución universal (BM, FMI, ONU, OCDE) quiera hacerse cargo de semejante marrón. Hablan los burócratas a su cargo, pero no definen ni parecen responsabilizarse. Veamos algunas de las dificultades técnicas y políticas:
a) En primer lugar hay que definir la intención o el objeto del impuesto: no es lo mismo un impuesto universal para combatir la especulación que otro cuyo objetivo en la práctica -aunque sólo se diga sotto voce- sea la recaudación. Posiblemente sería lo mejor desdoblar el impuesto, es decir, crear dos con sendas intenciones.
b) Si el objetivo es “echar arena al aceite de las finanzas” como se afirmaba en el nacimiento intelectual del impuesto, nada más fácil en principio que gravar todos los movimientos financieros, todas las transacciones entre entidades financieras y todas aquellas que, sin ser tenidas en el organigrama como financieras, impliquen pagos por operaciones en las que el ordenante y el beneficiario viven en distintos países, es decir, entre residentes y no residentes. Aquí surge el problema de los paraísos fiscales, por lo que el impuesto debería pagarlo en principio ambos y reducirlo a la mitad si ambos los hacen efectivo. Con ello se aseguraría que si la transacción nace o muere en un paraíso fiscal se cobre el impuesto, bien al ordenante, bien al beneficiario. No sería injusto, porque ambos sabrían lo que pasa si la operación va o viene a/desde un paraíso fiscal o desde algún país que se ha salido de la norma universal o no ha llegado a entrar. Aquí las dificultades son políticas, porque para que el impuesto sea efectivo, todos los países del mundo o, al menos, la inmensa mayoría, deberían participar en y del impuesto y de sus protocolos. La cosa no parece posible a corto plazo porque entra en juego el dilema del prisionero de la teoría de los juegos: creado el impuesto, ganará alguien -el país- que se salga del tiesto siempre que no se salgan los demás. Además, con un impuesto simplemente sobre las transacciones no se evita la especulación.
c) Las ventajas de la especulación a la baja -vender lo que no se tiene- son tan enormes que un impuesto genérico sobre las transacciones sería calderilla, como una propina para los especuladores y los que se benefician de la especulación (fondos de inversión, fondos de pensiones, etc.), aunque tengan la apariencia de seriedad y de respetables padres de familia sus titulares o partícipes. Sólo implementando un impuesto sobre las operaciones especulativas directamente se puede combatir la especulación. El tema es que un impuesto difícilmente puede definirse su sujeto pasivo y su base imponible sobre juicios de intencionalidad. Veamos un ejemplo. En el mercado de cítricos de Valencia se venden a plazo naranjas a hoteles ingleses para que sus clientes beban el sabroso jugo en la hora de su desayuno -su breakfast- en cualquier momento del año. Para este fin, los agricultores valencianos venden a plazo al precio actual a plazo naranjas que aún la tierra no ha dado. Con ello ganan ambos: los agricultores valencianos porque se aseguran la venta de sus naranjas a un precio que estiman razonable y los hoteles ingleses porque aseguran a sus clientes tan sabroso líquido a un precio asegurado. Es un caso de vender lo que no se tiene que es legítimo. Sin embargo, un especulador podría hacer una operación parecida, pero no con la intención de entregar el producto -el subyacente, es decir, las naranjas- sino con el sólo ánimo de ganar dinero aprovechando el mercado a plazo de las naranjas. En efecto, puede vender a plazo naranjas que no tiene, y no es necesario que sea agricultor ni que haya visto una naranja en su vida, y comprar al contado al vencimiento del plazo las inexistentes naranjas. Para eso hay una Cámara que compensa estas transacciones non natas del subyacente y garantiza la transacción. Estas Cámaras son privadas en la mayor parte de los casos y viven de las transacciones, sean reales o especulativas. Es de imaginar lo que habría que hacer con estas Cámaras. El problema es que podría darse la segunda operación sin intencionalidad en principio especulativa. En efecto, un agricultor podría vender a plazo sus naranjas con la intención de mandarlas a tierras británicas, pero que por una mala cosecha no pudiera mandarlas todas o parte, y tuviera que comprarlas -todas o parte- al contado en el momento de la entrega ante la imposibilidad de la entrega total o parcial del subyacente (las naranjas). ¿Cómo juzgamos el hecho? Difícil. No es que quiera poner pegas, sino indagar en las dificultades. Sin embargo, una cosa positiva se desprende de ello: al menos se pueden prohibir las operaciones bajistas al contado, tal y como hacen los fondos especulativos, que compran a créditos títulos a sus clientes para venderlos porque prevean que las acciones, títulos en general, deuda pública, etc., van a bajar; previsiones que se cumplirán, sobre todo, si el trabajo sucio lo han hecho previamente las agencias de calificación. Es decir, se pueden prohibir las operaciones consistentes en vender al contado lo que no se tiene. En cuanto al anterior problema, el ejemplarizado con las naranjas, parece claro que debieran prohibirse las operaciones de venta a plazo que no tuvieran subyacente, salvo que el vendedor demuestre que es un profesional del subyacente y no un especulador. Ello supondría problemas de liquidez para los especuladores -eso es bueno- y para los fondos de inversión y de pensiones que están detrás de ellos, aunque no lo sepan (eso ya no es tan bueno). A nadie se le escapa el control desde lo público que habría que tener sobre los vendedores a plazo, distinguiendo entre profesionales del subyacente y especuladores. Difícil.
d) Otra dificultad estriba en definir el sujeto pasivo en algunos derivados por la carga de injusticia tributaria que puede ocasionar. Me refiero a las opciones, donde el comprador de una opción paga una prima como derecho de ejercicio, pero que llegado el vencimiento no le interese ejercitarlo porque el producto subyacente está más barato en el mercado que el precio convenido -precio de ejercicio-. Entonces debería establecerse el impuesto sobre la prima si se no se ejercita el derecho y, alternativamente, uno sobre el importe de la transacción -nocional- si se ejercita. Parece mucho control para los neoliberales que tienen que “soportar” el impuesto y también para los neoliberales que tienen que crearlo.
e) Más dificultades. Dentro de las operaciones a plazo están las del mercado de futuros que son operaciones estandarizadas y, por tanto, fácilmente controlables por los bancos y, por extensión, por la supuesta “agencia universal”; pero existen operaciones a plazo - las del ejemplo y otras muchas- que no están sujetas a modelización -las OTC, es decir, las over the counter- que son mucho más opacas y sin reglas fijas, cuyas condiciones se pactan libremente mediante intermediarios. Su control es difícil, incluso aún teniendo voluntad de control.
f) No hay que olvidar tampoco los CDO, los CDS y similares, que se han multiplicado por decenas en muy poco tiempo, a pesar de que no supongan necesariamente transacciones entre residentes y no residentes, por lo que aquí hay que ampliar el sujeto pasivo.
g) Complementariamente, se podría pensar en un impuesto sobre las plusvalías generadas por todos los instrumentos financieros, por todos los derivados, por todos los seguros financieros (cds), por todas las emisiones de títulos con hipotética garantía (cdo). La casuística es muy grande. La dificultad aquí está en su control y en quién o qué país es el beneficiario del impuesto. Un impuesto sobre las plusvalías sería más justo, no perjudicaría la asignación de recursos financieros entre países y lucharía más eficazmente contra la especulación.
Conclusiones. Dificultad técnica de implementación, voluntad política insuficiente, necesaria universalización del o de los impuestos. En mi opinión este impuesto debería desdoblarse en dos: uno con carácter recaudatorio sobre las transacciones - sean financieras o no- entre residentes y no residentes, y otro u otros destinados a combatir específicamente la especulación, con sujetos pasivos y bases imponibles diferentes, bien sobre los nocionales y primas o sobre las plusvalías.
Seguro que hay muchas más dificultades que me he dejado en el tintero, como se decía antes cuando se escribía a pluma. Considérese lo anterior como unas notas a vuela pluma. Yo por eso soy partidario, además de este esfuerzo, de la creación de una banca pública del crédito, que actúe contra las crisis y los ciclos, que facilite el crédito cuando la banca privada y el resto de las entidades de crédito no lo hagan, y donde los aumentos marginales de morosidad -inevitables de esta banca pública en los momentos de crisis- lo paguen las entidades privadas del crédito de forma inversamente proporcional al saldo vivo de sus créditos. Ambas cosas, impuestos -en plural- sobre las transacciones y banca pública del crédito, son perfectamente compatibles y necesarias para luchar contra las crisis y los períodos bajos del ciclo cuando estos se presentan, contra los especuladores, y útiles para financiar otras necesidades del mundo. Mundo donde la desigualdad y la pobreza son más la regla que la excepción.
Antonio Mora Plaza - Economista
...sobre la democracia que ha llevado al estado de impotencia actual de los poderes públicos europeos. Aún así, bienvenida sea la discusión y más aún su implementación en el plazo más breve posible, aunque yo no acabe de creérmelo. Decía el otro día -el 18 de junio- el presidente de la Comisión, el Sr. Barroso, que para entrar en una etapa de crecimiento era imprescindible acabar con los déficits. No se puede ser más cretino e ignorante. No hay evidencia empírica ni teoría que demuestre que esa afirmación es cierta, al menos a corto. Ni Alemania ni Japón han salido de una década larga de estancamiento a pesar de los bajos tipos de interés practicados desde las crisis de las tecnológicas (años 2000) y, por tanto, del bajo coste de financiación de su deuda pública, y a pesar de sus bajos déficits. Hay que decir que combatiendo el déficit, es decir, reduciendo bruscamente el gasto público, caeteris paribus, se contribuye negativamente a la demanda agregada y, con ello, se agrava la recesión. Y más aún si los otros componentes de la demanda agregada muestran su atonía.
El Sr. Barroso y los que piensan como él saben menos economía de lo que sabía Francois Quesnay, el médico de Luis XIV metido a economista del siglo XVIIII y representante de la corriente fisiócrata de la historia del análisis económico. Es un ejemplo de la mala conciencia también, porque ahora los gerifaltes de Bruselas tienen el miedo en el cuerpo. Han echado un órdago en su combate contra los déficits y son conscientes de que si no se sale de la recesión -y no se va a salir recortando el gasto público a corto plazo-, sus puestos de trabajo están en el aire; también su prestigio político. Del intelectual no digo nada, porque son políticos, es decir, anti-intelectuales, salvo excepciones; viven de la creencia y no de la ciencia, están presos del electoralismo, salvo también excepciones. Keynes y Kalecki no son turistas que han pasado por el mundo de la economía para su divertimento. La Gran Depresión del 29 se combatió con Gasto Público, con keynesianismo; ahora, primero Bush-infante y luego Obama están combatiendo la crisis USA con keynesianismo, aunque sea un keynesianismo de derechas por el destino del gasto y por el origen de su financiación. La banca -y otras empresas- de todo el mundo han pedido y aceptado keynesianismo de derechas para recibir las ayudas que ha necesitado, aunque ahora lo disimulen y lo empapelen de “economía de mercado” como buenamente pueden. Y sin embargo, los del Consejo, Comisión y la Merkel, en la inopia europea, velando sólo por sus intereses electorales. Del Parlamento europeo, sin noticia.
La vieja propuesta del premio Nóbel Tobin en los años 70 se ha quedado obsoleta y hay que actualizarla. Entonces las transacciones financieras no se hacían con la velocidad de la luz como ahora y su volumen era infinitamente inferior al actual. Para crear un impuesto hay que definir el objeto del mismo, el sujeto pasivo y su base imponible; además hay que contemplar el combate contra sus dos enemigos naturales; el fraude y la elusión fiscal. Y ahora estamos hablando de un impuesto universal, teniendo en cuenta que no hay una “agencia tributaria universal”, ni parece que ningún organismo o institución universal (BM, FMI, ONU, OCDE) quiera hacerse cargo de semejante marrón. Hablan los burócratas a su cargo, pero no definen ni parecen responsabilizarse. Veamos algunas de las dificultades técnicas y políticas:
a) En primer lugar hay que definir la intención o el objeto del impuesto: no es lo mismo un impuesto universal para combatir la especulación que otro cuyo objetivo en la práctica -aunque sólo se diga sotto voce- sea la recaudación. Posiblemente sería lo mejor desdoblar el impuesto, es decir, crear dos con sendas intenciones.
b) Si el objetivo es “echar arena al aceite de las finanzas” como se afirmaba en el nacimiento intelectual del impuesto, nada más fácil en principio que gravar todos los movimientos financieros, todas las transacciones entre entidades financieras y todas aquellas que, sin ser tenidas en el organigrama como financieras, impliquen pagos por operaciones en las que el ordenante y el beneficiario viven en distintos países, es decir, entre residentes y no residentes. Aquí surge el problema de los paraísos fiscales, por lo que el impuesto debería pagarlo en principio ambos y reducirlo a la mitad si ambos los hacen efectivo. Con ello se aseguraría que si la transacción nace o muere en un paraíso fiscal se cobre el impuesto, bien al ordenante, bien al beneficiario. No sería injusto, porque ambos sabrían lo que pasa si la operación va o viene a/desde un paraíso fiscal o desde algún país que se ha salido de la norma universal o no ha llegado a entrar. Aquí las dificultades son políticas, porque para que el impuesto sea efectivo, todos los países del mundo o, al menos, la inmensa mayoría, deberían participar en y del impuesto y de sus protocolos. La cosa no parece posible a corto plazo porque entra en juego el dilema del prisionero de la teoría de los juegos: creado el impuesto, ganará alguien -el país- que se salga del tiesto siempre que no se salgan los demás. Además, con un impuesto simplemente sobre las transacciones no se evita la especulación.
c) Las ventajas de la especulación a la baja -vender lo que no se tiene- son tan enormes que un impuesto genérico sobre las transacciones sería calderilla, como una propina para los especuladores y los que se benefician de la especulación (fondos de inversión, fondos de pensiones, etc.), aunque tengan la apariencia de seriedad y de respetables padres de familia sus titulares o partícipes. Sólo implementando un impuesto sobre las operaciones especulativas directamente se puede combatir la especulación. El tema es que un impuesto difícilmente puede definirse su sujeto pasivo y su base imponible sobre juicios de intencionalidad. Veamos un ejemplo. En el mercado de cítricos de Valencia se venden a plazo naranjas a hoteles ingleses para que sus clientes beban el sabroso jugo en la hora de su desayuno -su breakfast- en cualquier momento del año. Para este fin, los agricultores valencianos venden a plazo al precio actual a plazo naranjas que aún la tierra no ha dado. Con ello ganan ambos: los agricultores valencianos porque se aseguran la venta de sus naranjas a un precio que estiman razonable y los hoteles ingleses porque aseguran a sus clientes tan sabroso líquido a un precio asegurado. Es un caso de vender lo que no se tiene que es legítimo. Sin embargo, un especulador podría hacer una operación parecida, pero no con la intención de entregar el producto -el subyacente, es decir, las naranjas- sino con el sólo ánimo de ganar dinero aprovechando el mercado a plazo de las naranjas. En efecto, puede vender a plazo naranjas que no tiene, y no es necesario que sea agricultor ni que haya visto una naranja en su vida, y comprar al contado al vencimiento del plazo las inexistentes naranjas. Para eso hay una Cámara que compensa estas transacciones non natas del subyacente y garantiza la transacción. Estas Cámaras son privadas en la mayor parte de los casos y viven de las transacciones, sean reales o especulativas. Es de imaginar lo que habría que hacer con estas Cámaras. El problema es que podría darse la segunda operación sin intencionalidad en principio especulativa. En efecto, un agricultor podría vender a plazo sus naranjas con la intención de mandarlas a tierras británicas, pero que por una mala cosecha no pudiera mandarlas todas o parte, y tuviera que comprarlas -todas o parte- al contado en el momento de la entrega ante la imposibilidad de la entrega total o parcial del subyacente (las naranjas). ¿Cómo juzgamos el hecho? Difícil. No es que quiera poner pegas, sino indagar en las dificultades. Sin embargo, una cosa positiva se desprende de ello: al menos se pueden prohibir las operaciones bajistas al contado, tal y como hacen los fondos especulativos, que compran a créditos títulos a sus clientes para venderlos porque prevean que las acciones, títulos en general, deuda pública, etc., van a bajar; previsiones que se cumplirán, sobre todo, si el trabajo sucio lo han hecho previamente las agencias de calificación. Es decir, se pueden prohibir las operaciones consistentes en vender al contado lo que no se tiene. En cuanto al anterior problema, el ejemplarizado con las naranjas, parece claro que debieran prohibirse las operaciones de venta a plazo que no tuvieran subyacente, salvo que el vendedor demuestre que es un profesional del subyacente y no un especulador. Ello supondría problemas de liquidez para los especuladores -eso es bueno- y para los fondos de inversión y de pensiones que están detrás de ellos, aunque no lo sepan (eso ya no es tan bueno). A nadie se le escapa el control desde lo público que habría que tener sobre los vendedores a plazo, distinguiendo entre profesionales del subyacente y especuladores. Difícil.
d) Otra dificultad estriba en definir el sujeto pasivo en algunos derivados por la carga de injusticia tributaria que puede ocasionar. Me refiero a las opciones, donde el comprador de una opción paga una prima como derecho de ejercicio, pero que llegado el vencimiento no le interese ejercitarlo porque el producto subyacente está más barato en el mercado que el precio convenido -precio de ejercicio-. Entonces debería establecerse el impuesto sobre la prima si se no se ejercita el derecho y, alternativamente, uno sobre el importe de la transacción -nocional- si se ejercita. Parece mucho control para los neoliberales que tienen que “soportar” el impuesto y también para los neoliberales que tienen que crearlo.
e) Más dificultades. Dentro de las operaciones a plazo están las del mercado de futuros que son operaciones estandarizadas y, por tanto, fácilmente controlables por los bancos y, por extensión, por la supuesta “agencia universal”; pero existen operaciones a plazo - las del ejemplo y otras muchas- que no están sujetas a modelización -las OTC, es decir, las over the counter- que son mucho más opacas y sin reglas fijas, cuyas condiciones se pactan libremente mediante intermediarios. Su control es difícil, incluso aún teniendo voluntad de control.
f) No hay que olvidar tampoco los CDO, los CDS y similares, que se han multiplicado por decenas en muy poco tiempo, a pesar de que no supongan necesariamente transacciones entre residentes y no residentes, por lo que aquí hay que ampliar el sujeto pasivo.
g) Complementariamente, se podría pensar en un impuesto sobre las plusvalías generadas por todos los instrumentos financieros, por todos los derivados, por todos los seguros financieros (cds), por todas las emisiones de títulos con hipotética garantía (cdo). La casuística es muy grande. La dificultad aquí está en su control y en quién o qué país es el beneficiario del impuesto. Un impuesto sobre las plusvalías sería más justo, no perjudicaría la asignación de recursos financieros entre países y lucharía más eficazmente contra la especulación.
Conclusiones. Dificultad técnica de implementación, voluntad política insuficiente, necesaria universalización del o de los impuestos. En mi opinión este impuesto debería desdoblarse en dos: uno con carácter recaudatorio sobre las transacciones - sean financieras o no- entre residentes y no residentes, y otro u otros destinados a combatir específicamente la especulación, con sujetos pasivos y bases imponibles diferentes, bien sobre los nocionales y primas o sobre las plusvalías.
Seguro que hay muchas más dificultades que me he dejado en el tintero, como se decía antes cuando se escribía a pluma. Considérese lo anterior como unas notas a vuela pluma. Yo por eso soy partidario, además de este esfuerzo, de la creación de una banca pública del crédito, que actúe contra las crisis y los ciclos, que facilite el crédito cuando la banca privada y el resto de las entidades de crédito no lo hagan, y donde los aumentos marginales de morosidad -inevitables de esta banca pública en los momentos de crisis- lo paguen las entidades privadas del crédito de forma inversamente proporcional al saldo vivo de sus créditos. Ambas cosas, impuestos -en plural- sobre las transacciones y banca pública del crédito, son perfectamente compatibles y necesarias para luchar contra las crisis y los períodos bajos del ciclo cuando estos se presentan, contra los especuladores, y útiles para financiar otras necesidades del mundo. Mundo donde la desigualdad y la pobreza son más la regla que la excepción.
Antonio Mora Plaza - Economista