8 de junio de 2009, 7:44
NUEVATRIBUNA.ES - 23.4.2009
Uno de los elementos clave en estos momentos es el gasto público de carácter social. Es imprescindible un incremento sustancial. El gasto social en España -con los últimos datos consolidados de Eurostat-, está en torno al 21% del PIB -en términos SEEPROS, definidos por protección social y sanidad- y al 25,3% añadiendo educación. Tenemos un déficit de unos siete puntos del PIB con respecto a la media de la UE-15 (32,6%). Para medir el desarrollo económico y social o bienestar social, aparte de otros elementos cualitativos, los dos principales indicadores cuantitativos son el PIB por habitante en paridad de poder de compra (ppph) y, sobre todo, el gasto social por habitante (ppph). Pues bien, el gasto social por habitante respecto del PIB (ppph) en España está sólo por delante del de Portugal, y detrás de los otros trece países de la UE-15, incluido Grecia e Irlanda.
Y en PIB (ppph) sólo adelantamos a Grecia y Portugal. Es decir, más allá de algunos triunfalismos -ser la octava potencia económica del mundo según el indicador de PIB (ppp)-, somos uno de los países europeos más atrasados en desarrollo social, y también en producción económica por habitante. Se ha de realizar un impulso al gasto social, con un cambio global de la política presupuestaria. El objetivo inmediato debe ser ambicioso y realista: alcanzar, como mínimo, el promedio europeo y superar la fragilidad de nuestro Estado de Bienestar. Esa tarea supone un aumento del 35% de ese gasto público social, y debe incluir un replanteamiento a corto, medio y largo plazo de las políticas fiscales y presupuestarias y, por tanto, de las políticas económicas.
En la legislatura pasada apenas se incrementó el porcentaje de gasto social, aunque el programa electoral socialista expresaba esa referencia de avance hacia la media europea. En esta legislatura, aparte del inevitable incremento en las prestaciones de desempleo, se corre el riesgo de que se congele o se incremente levemente, con el pretexto de la crisis. Mantener los ‘compromisos sociales’ y no introducir recortes sociales y laborales unilaterales es un acuerdo mínimo del Gobierno, pero es insuficiente.
El estancamiento del gasto social también hace resentirse la credibilidad de los gobiernos autónomos que lo gestionan. Una financiación autonómica suficiente, tal como reclama el tripartito catalán, es clave para garantizar una mejora de la calidad de sus servicios públicos. El tipo de acuerdo final, junto con el necesario incremento de la financiación municipal, va a condicionar el alcance de las políticas públicas y sociales fundamentales para la ciudadanía y también el grado de satisfacción o desafección de la izquierda social con su gestión.
Por tanto, la tarea de las administraciones públicas �estatales, autonómicas y locales-, en esta legislatura, debería ser la aplicación de un plan profundo, general y prolongado de ampliación y mejora de nuestros servicios públicos y sistemas de protección social, llegando hasta el promedio europeo en gasto público social. El esfuerzo es importante, compatible y positivo para el desarrollo económico y la salida de la crisis, y debería tener el horizonte de su continuidad durante la siguiente legislatura. Las aspiraciones de giro social y consolidación de un Estado de Bienestar, homologable a la media europea, están enraizadas en la sociedad española, desde la transición política y, particularmente, desde la huelga general de diciembre de 1988. Los pasados años de bonanza económica, de más de una década, no se han aprovechado para ello. La crisis económica actual está destapando la gravedad del incremento de las brechas sociales y los problemas de cohesión social. Para combatir la crisis económica y garantizar el bienestar social es necesaria una estrategia global y efectiva, con políticas neo-keynesianas, no social-liberales. No abordarlo podría constituir un fracaso histórico para la izquierda política en España, que podría facilitar la victoria de la derecha. El riesgo: permanecer otra década más con ese gran déficit social y laboral.
La política económica y social tras el cambio en el Gobierno es de continuidad con la anterior. Tratan de forzar el ritmo, cuando lo que se necesita es un cambio cualitativo de orientación y dimensión: incremento significativo de las políticas sociales y el empleo público, y un mayor volumen en infraestructuras, políticas sectoriales y desarrollo tecnológico. Por tanto, los frutos para el empleo pueden ser muy cortos. A pesar del énfasis en la ‘comunicación’, el Gobierno �y el resto de Administraciones- utiliza pocos recursos públicos y parece que se resigna a que sea el mercado quien resuelva el problema de la reactivación económica y el empleo. La impotencia de esa acción pública podría llevar, tras la evidencia del paro y el estancamiento de los próximos meses, a las mismas opciones �socialdemócratas o liberales- para salir de la encrucijada: una expansión de la demanda pública, el empleo y las políticas de bienestar social, o un giro liberal peligroso en dirección contraria hacia políticas de oferta: incentivos a las empresas -subvenciones directas, rebajas fiscales, de cotizaciones sociales y costes laborales- y reforma laboral �más abaratamiento y flexibilidad del despido y la contratación-, para luego encarar el recorte de las pensiones y otras políticas sociales. Éste último es el camino reclamado por la patronal, el PP, e incluso sectores socialistas como el Gobernador del Banco de España. Pero esta última estrategia no es eficaz para relanzar la economía y el empleo, es contraproducente para la estabilidad y cohesión social y es rechazada por la mayoría de la sociedad. Supone mantener el mismo sistema laboral de mano de obra barata, precaria y flexible, el modelo social débil y deficitario y dejar de abordar el tan citado cambio de modelo productivo.
La cuestión para el PSOE es que, dentro de unos meses, se puede agotar el ‘nuevo impulso’ de su actual estrategia, intermedia y cortoplacista, y se puede encontrar otra vez en el cruce de caminos estratégicos, pero con menor credibilidad y menor tiempo. Además, si el PP consigue cierto avance electoral en las elecciones europeas, con su política de rebaja de impuestos y austeridad del gasto público social, el Gobierno puede sentirse condicionado por los grupos de derecha. El riesgo, un giro liberal: cerrar cualquier atisbo de camino progresista frente a la crisis y deslizarse hacia la ruptura de los equilibrios y compromisos sociales. Los sindicatos tienen ahí una gran responsabilidad para evitarlo.
La política fiscal de los últimos gobiernos ha estado presidida por la rebaja de impuestos directos progresivos �IRPF, Sociedades, Patrimonio y Sucesiones-, medida favorable para empresarios y clases medias y altas, que debilita la función distribuidora del Estado. La política adecuada y más necesaria en estos momentos es la contraria. Aumentar la capacidad impositiva �España también está unos cinco puntos por debajo de la media europea-, gravar más a las rentas altas, a los elevados beneficios empresariales y al patrimonio y el capital.
Ahora lo prioritario es el aumento del gasto social y público e, inevitablemente, hay que dejar en un segundo plano los problemas del déficit público y del aumento de la deuda pública. La cuestión, desde una óptica social, es qué parte de gasto público está justificado y para qué. Los grandes grupos económicos y el pensamiento neoliberal consideran un despilfarro el gasto social. Su lógica es rebajar gasto público e impuestos, privatizando los riesgos. Salvo cuando ese gasto público beneficia a los poderosos -como el actual apoyo al sistema financiero-, o se imponen mayores impuestos o tasas indirectas �regresivos o al consumo-. Por el contrario, se debe rechazar la ‘nacionalización de pérdidas’ de algunos sectores como el financiero y el correspondiente incremento de una deuda pública que puede generar otros problemas a medio plazo: dificultar un gasto más productivo y más social �aparte de desequilibrios financieros-. En definitiva, es necesario un mayor gasto público con el imprescindible horizonte de cierta estabilidad presupuestaria, junto con el aumento de la capacidad impositiva y contando con el ritmo y dimensión de la recuperación económica futura.
Existe un interrogante sobre el gasto público de carácter social ¿debe gestionarse bajo la modalidad de transferencias a las familias -bien en forma de pagos, bien en forma de rebajas fiscales- o bajo la modalidad de servicios?
Está demostrada la mayor incidencia en el empleo de la inversión directa en bienes y servicios que la transferencia de rentas a familias y consumidores. El efecto multiplicador es en torno a 1,5. Quiere decir que con la inversión directa se puede generar un 50% más de empleo que con el mismo importe aplicado a las transferencias de rentas o rebajas fiscales con una hipotética expansión del consumo. Lo que es todavía más importante en esta época en que la prioridad debe ser la creación de empleo y en que, además, al estar muy endeudadas las familias, gran parte de la transferencia de rentas iría a liquidar parte de esa deuda. Por otra parte, está la necesidad de aumentar la carga impositiva �progresiva- para financiar la expansión de los servicios públicos y prestaciones sociales por motivos no sólo económicos sino de cohesión y bienestar social. Esas rebajas fiscales no tienen fundamento económico y sólo se explican por los objetivos políticos de buscar el voto de las clases medias y altas que son las que salen beneficiadas.
Antonio Antón es profesor del Departamento de Sociología de la UAM y experto en temas laborales y sociales
Uno de los elementos clave en estos momentos es el gasto público de carácter social. Es imprescindible un incremento sustancial. El gasto social en España -con los últimos datos consolidados de Eurostat-, está en torno al 21% del PIB -en términos SEEPROS, definidos por protección social y sanidad- y al 25,3% añadiendo educación. Tenemos un déficit de unos siete puntos del PIB con respecto a la media de la UE-15 (32,6%). Para medir el desarrollo económico y social o bienestar social, aparte de otros elementos cualitativos, los dos principales indicadores cuantitativos son el PIB por habitante en paridad de poder de compra (ppph) y, sobre todo, el gasto social por habitante (ppph). Pues bien, el gasto social por habitante respecto del PIB (ppph) en España está sólo por delante del de Portugal, y detrás de los otros trece países de la UE-15, incluido Grecia e Irlanda.
Y en PIB (ppph) sólo adelantamos a Grecia y Portugal. Es decir, más allá de algunos triunfalismos -ser la octava potencia económica del mundo según el indicador de PIB (ppp)-, somos uno de los países europeos más atrasados en desarrollo social, y también en producción económica por habitante. Se ha de realizar un impulso al gasto social, con un cambio global de la política presupuestaria. El objetivo inmediato debe ser ambicioso y realista: alcanzar, como mínimo, el promedio europeo y superar la fragilidad de nuestro Estado de Bienestar. Esa tarea supone un aumento del 35% de ese gasto público social, y debe incluir un replanteamiento a corto, medio y largo plazo de las políticas fiscales y presupuestarias y, por tanto, de las políticas económicas.
En la legislatura pasada apenas se incrementó el porcentaje de gasto social, aunque el programa electoral socialista expresaba esa referencia de avance hacia la media europea. En esta legislatura, aparte del inevitable incremento en las prestaciones de desempleo, se corre el riesgo de que se congele o se incremente levemente, con el pretexto de la crisis. Mantener los ‘compromisos sociales’ y no introducir recortes sociales y laborales unilaterales es un acuerdo mínimo del Gobierno, pero es insuficiente.
El estancamiento del gasto social también hace resentirse la credibilidad de los gobiernos autónomos que lo gestionan. Una financiación autonómica suficiente, tal como reclama el tripartito catalán, es clave para garantizar una mejora de la calidad de sus servicios públicos. El tipo de acuerdo final, junto con el necesario incremento de la financiación municipal, va a condicionar el alcance de las políticas públicas y sociales fundamentales para la ciudadanía y también el grado de satisfacción o desafección de la izquierda social con su gestión.
Por tanto, la tarea de las administraciones públicas �estatales, autonómicas y locales-, en esta legislatura, debería ser la aplicación de un plan profundo, general y prolongado de ampliación y mejora de nuestros servicios públicos y sistemas de protección social, llegando hasta el promedio europeo en gasto público social. El esfuerzo es importante, compatible y positivo para el desarrollo económico y la salida de la crisis, y debería tener el horizonte de su continuidad durante la siguiente legislatura. Las aspiraciones de giro social y consolidación de un Estado de Bienestar, homologable a la media europea, están enraizadas en la sociedad española, desde la transición política y, particularmente, desde la huelga general de diciembre de 1988. Los pasados años de bonanza económica, de más de una década, no se han aprovechado para ello. La crisis económica actual está destapando la gravedad del incremento de las brechas sociales y los problemas de cohesión social. Para combatir la crisis económica y garantizar el bienestar social es necesaria una estrategia global y efectiva, con políticas neo-keynesianas, no social-liberales. No abordarlo podría constituir un fracaso histórico para la izquierda política en España, que podría facilitar la victoria de la derecha. El riesgo: permanecer otra década más con ese gran déficit social y laboral.
La política económica y social tras el cambio en el Gobierno es de continuidad con la anterior. Tratan de forzar el ritmo, cuando lo que se necesita es un cambio cualitativo de orientación y dimensión: incremento significativo de las políticas sociales y el empleo público, y un mayor volumen en infraestructuras, políticas sectoriales y desarrollo tecnológico. Por tanto, los frutos para el empleo pueden ser muy cortos. A pesar del énfasis en la ‘comunicación’, el Gobierno �y el resto de Administraciones- utiliza pocos recursos públicos y parece que se resigna a que sea el mercado quien resuelva el problema de la reactivación económica y el empleo. La impotencia de esa acción pública podría llevar, tras la evidencia del paro y el estancamiento de los próximos meses, a las mismas opciones �socialdemócratas o liberales- para salir de la encrucijada: una expansión de la demanda pública, el empleo y las políticas de bienestar social, o un giro liberal peligroso en dirección contraria hacia políticas de oferta: incentivos a las empresas -subvenciones directas, rebajas fiscales, de cotizaciones sociales y costes laborales- y reforma laboral �más abaratamiento y flexibilidad del despido y la contratación-, para luego encarar el recorte de las pensiones y otras políticas sociales. Éste último es el camino reclamado por la patronal, el PP, e incluso sectores socialistas como el Gobernador del Banco de España. Pero esta última estrategia no es eficaz para relanzar la economía y el empleo, es contraproducente para la estabilidad y cohesión social y es rechazada por la mayoría de la sociedad. Supone mantener el mismo sistema laboral de mano de obra barata, precaria y flexible, el modelo social débil y deficitario y dejar de abordar el tan citado cambio de modelo productivo.
La cuestión para el PSOE es que, dentro de unos meses, se puede agotar el ‘nuevo impulso’ de su actual estrategia, intermedia y cortoplacista, y se puede encontrar otra vez en el cruce de caminos estratégicos, pero con menor credibilidad y menor tiempo. Además, si el PP consigue cierto avance electoral en las elecciones europeas, con su política de rebaja de impuestos y austeridad del gasto público social, el Gobierno puede sentirse condicionado por los grupos de derecha. El riesgo, un giro liberal: cerrar cualquier atisbo de camino progresista frente a la crisis y deslizarse hacia la ruptura de los equilibrios y compromisos sociales. Los sindicatos tienen ahí una gran responsabilidad para evitarlo.
La política fiscal de los últimos gobiernos ha estado presidida por la rebaja de impuestos directos progresivos �IRPF, Sociedades, Patrimonio y Sucesiones-, medida favorable para empresarios y clases medias y altas, que debilita la función distribuidora del Estado. La política adecuada y más necesaria en estos momentos es la contraria. Aumentar la capacidad impositiva �España también está unos cinco puntos por debajo de la media europea-, gravar más a las rentas altas, a los elevados beneficios empresariales y al patrimonio y el capital.
Ahora lo prioritario es el aumento del gasto social y público e, inevitablemente, hay que dejar en un segundo plano los problemas del déficit público y del aumento de la deuda pública. La cuestión, desde una óptica social, es qué parte de gasto público está justificado y para qué. Los grandes grupos económicos y el pensamiento neoliberal consideran un despilfarro el gasto social. Su lógica es rebajar gasto público e impuestos, privatizando los riesgos. Salvo cuando ese gasto público beneficia a los poderosos -como el actual apoyo al sistema financiero-, o se imponen mayores impuestos o tasas indirectas �regresivos o al consumo-. Por el contrario, se debe rechazar la ‘nacionalización de pérdidas’ de algunos sectores como el financiero y el correspondiente incremento de una deuda pública que puede generar otros problemas a medio plazo: dificultar un gasto más productivo y más social �aparte de desequilibrios financieros-. En definitiva, es necesario un mayor gasto público con el imprescindible horizonte de cierta estabilidad presupuestaria, junto con el aumento de la capacidad impositiva y contando con el ritmo y dimensión de la recuperación económica futura.
Existe un interrogante sobre el gasto público de carácter social ¿debe gestionarse bajo la modalidad de transferencias a las familias -bien en forma de pagos, bien en forma de rebajas fiscales- o bajo la modalidad de servicios?
Está demostrada la mayor incidencia en el empleo de la inversión directa en bienes y servicios que la transferencia de rentas a familias y consumidores. El efecto multiplicador es en torno a 1,5. Quiere decir que con la inversión directa se puede generar un 50% más de empleo que con el mismo importe aplicado a las transferencias de rentas o rebajas fiscales con una hipotética expansión del consumo. Lo que es todavía más importante en esta época en que la prioridad debe ser la creación de empleo y en que, además, al estar muy endeudadas las familias, gran parte de la transferencia de rentas iría a liquidar parte de esa deuda. Por otra parte, está la necesidad de aumentar la carga impositiva �progresiva- para financiar la expansión de los servicios públicos y prestaciones sociales por motivos no sólo económicos sino de cohesión y bienestar social. Esas rebajas fiscales no tienen fundamento económico y sólo se explican por los objetivos políticos de buscar el voto de las clases medias y altas que son las que salen beneficiadas.
Antonio Antón es profesor del Departamento de Sociología de la UAM y experto en temas laborales y sociales