Un libro muy leído hace algunos años entre el gran público y sobradamente conocido entre los historiadores es La fabricación de Luis XIV de Peter Burke. Luis XIV fue, probablemente, el primer político moderno al ser plenamente consciente de que para ejercer su poder, que, por supuesto, no quería compartir con nadie, debía en todo momento encarnar la imagen del Estado, esto es, la imagen de la administración de la política, pero también del cuerpo político, de la nacionalidad, de Francia y de los franceses. Para ello, no se cansó de acuñar monedas con su efigie de Rey Sol, no paró de hacer fiestas y conmemoraciones en torno a su persona, no quiso dejar de celebrar los triunfos frente a la armada española de Felipe IV. Una imagen sobre la que se reflejaba un estilo de majestuosidad y de dominación frente al que los franceses no tenían otra obligación que la de rendir pública pleitesía. El trato se basaba en que, a mayor gloria de Luis XIV, el pueblo lucirá más resplandeciente dependiente de su voluntad de poder.
La Ilustración, forjó un tipo de poder más pragmático en lo que respecta a su distribución entre la nobleza que buscaba generar bienestar en el pueblo, pero siempre que ese bienestar no fuera directamente en contra de los intereses de la élite cortesana. Después, tras las revoluciones burguesas y proletarias del s. XIX, se fue creando un nuevo tipo de Estado en donde el lugar de la corte fue ocupada por una burguesía que concebía un Estado siempre en función de la utilidad económica que ésta pudiera otorgar a sus respectivos negocios. El Estado aquí, no era un reflejo sino la sede de intereses en pugna sobre los que varias facciones pactaban y se aliaban de un modo conveniente. Los movimientos obreros desde finales del siglo XIX y, muy especialmente tras la ruptura del modelo utilitarista con el crash de 1929, impusieron tras la II Guerra Mundial, una nueva idea del Estado según la cual, éste dejó de ser la maquinaria sobre la cual se ejecutaban las órdenes en nombre de los intereses específicos de los grupos dominantes, convirtiéndose en la sede de una administración que debía crear riqueza y redistribuirla.
Ése fue el pacto tácito entre la burguesía fordista y la socialdemocracia que, en gran medida, ha conseguido forjar una concepción compartida del Estado – al menos en Europa - como bien ha puesto de manifiesto, entre otros autores, Tony Judt en Postwar.
Sin embargo, en nuestro tiempo, en una crisis gravísima, el poder se ejerce al margen de los ciudadanos y éstos, desesperados, se acostumbran a la monotonía de los mensajes políticos, a la zozobra de muchos dirigentes, a la indiferencia de los medios de comunicación y, también, a la falta de respuestas de la oposición. ¿Quién ha impuesto las políticas de consolidación fiscal? ¿De dónde viene la urgencia de recortes de sueldos y prestaciones? Pues del Gobierno alemán y del Fondo Monetario Internacional. Poderes que se pretenden absolutos sobre el resto, es decir, que intentan imponer su idea de sociedad, sobre los cuales, los ciudadanos no pueden hacer nada. De ahí que la protesta europea sea histórica. Pero es que, además, en muchas ocasiones, los ciudadanos comprueban que se gobierna sin el pueblo como si de un despotismo ilustrado se tratase. No es un remedio, pero sí un punto de partida útil, construir nuestro propio discurso sobre lo que está pasando. Para ello, no hay más que echar mano de los programas electorales y ver.
Y, así las cosas, lo que tenemos ante nosotros es que ante cada propuesta, ante cada solución que el PP proponía para solventar la crisis, la gestión ha creado más de un problema. Si en el programa electoral el PP no decía nada de subir los impuestos, el primer consejo de ministros de diciembre, el Gobierno subió el IRPF y otros impuestos, lo cual, obviamente, además de no mostrar una solución ha generado dos graves problemas: la caída del consumo de las familias y la insuficiente actividad económica en la economía de servicios y entre las PYMES (esencial en el tejido productivo español). Nada decía el PP en campaña electoral sobre una reforma laboral, y nada figura en el programa. A lo sumo, lo que se pudo escuchar a algunos líderes fue que el futuro Gobierno trataría de simplificar las modalidades de contrato. La realidad de hoy se impone. La reforma laboral, además de abaratar el despido, la pérdida de derechos de los trabajadores y los descuelgues de los convenios colectivos, no ha frenado la sangría de parados que, mes a mes, como un martillo pilón, van creciendo.
Hoy el Estado no es, o no debería ser, la imagen de un poder absoluto, y, sin embargo, éste es trasfondo de una crisis y de la huelga, en donde se pedía un referéndum para construir, democráticamente, y no a través de un poder elusivo, una solución compartida y justa. La huelga se ejerce para que tampoco el Estado sea la ciudadela de una élite comercial que forja alianzas coyunturales y de conveniencia, sino una estructura legal y política que comporta derechos y obligaciones y que, también arbitra disputas e intereses contrapuestos. Se reclama poder decir, “el Estado soy yo”, no porque los ciudadanos se crean con derecho a monopolizar nada, sino porque poder político y Estado, deben ir en paralelo. Si el poder es democrático, la administración que sostiene ese poder debe ser también democrática. Así, de este modo, poder y Estado son elementos localizables: el primero es el Gobierno elegido por la soberanía popular y, el segundo, está en la administración central, autonómica y local, en la policía, en el ejército, en la administración de justicia, en un hospital, en un centro de salud, en un aeropuerto, en la Universidad, en una escuela de enfermería, en una cárcel, etc. Todos somos partícipes de esa estructura y todos somos, de este modo, hoy, la encarnación de la imagen. Si se incluyen a todas las clases en las decisiones políticas, terminaremos con nuestro sino de la crisis: tener que soportar que haya más de un problema para cada solución.