lunes 26/10/20

El Estado igualitario de Derecho

La Gran Recesión iniciada en 2008 y, sobre todo, su derivada en la Eurozona, han tenido la virtud de quitarnos varias vendas de los ojos. La más grande, la que nos impedía ver quién ostentaba de verdad el poder en las economías del euro, que no eran, como pensábamos, los poderes representativos –gobiernos y parlamentos– sino los poderes financieros –bancos, inversores y grandes empresas–.

La Gran Recesión iniciada en 2008 y, sobre todo, su derivada en la Eurozona, han tenido la virtud de quitarnos varias vendas de los ojos. La más grande, la que nos impedía ver quién ostentaba de verdad el poder en las economías del euro, que no eran, como pensábamos, los poderes representativos –gobiernos y parlamentos– sino los poderes financieros –bancos, inversores y grandes empresas–. Otra venda era la que nos impedía ver con claridad la deriva de los partidos socialdemócratas hacia posiciones liberales, hasta el punto de renunciar a toda crítica al sistema económico que nos ha metido de cabeza en esta crisis. Los grandes líderes –y también los pequeños– de dichos partidos hace tiempo que se convirtieron al social-liberalismo, practicándolo con afán incluso después de sus etapas de gobierno, aceptando importantes y bien remunerados puestos de dirección o consejo en grandes corporaciones. La tercera venda que nos hemos quitado de los ojos es la que nos impedía aceptar en su totalidad la crítica acerada a los grandes sindicatos, que los hacían cómplices o colaboradores necesarios de todo ese entramado económico-político en el que ellos eran parte necesaria tanto para desviar la atención como para focalizarla en cuestiones menores que nos alejaran de las grandes reivindicaciones y cuestionamientos del sistema económico capitalista y su necesaria democracia liberal.

La gestión de la Gran Recesión ha seguido más o menos la siguiente secuencia: primero, los poderes financieros exigen a los gobiernos ayuda económica y solapamiento de cualquier responsabilidad en la crisis generada; segundo, los gobiernos se pliegan a esas exigencias, renuentes o convencidos, pero firmes y decididos a salvar a las entidades financieras de la quema; tercero, los sindicatos mayoritarios se conforman con protestar y hacer patente su disconformidad con la salida a la crisis pero sin hacer sangre por la situación generada a las clases medias y populares. Los poderes financieros, al fin y al cabo, han luchado a brazo armado por sus intereses. Los poderes representativos –gobiernos, principalmente– han defendido también sus intereses, presos entre dos fuegos cruzados, el del poder financiero y el de la calle. Finalmente, las grandes organizaciones sindicales, que son las últimas depositarias de los intereses de las clases trabajadoras, no han hecho uso del último recurso que podía haber impedido los recortes al Estado del bienestar en el sur de la eurozona, pues renunciaron a convocar una huelga general unitaria en los llamados países PIIGS o GIPSI (Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia).

Para colmo, los ciudadanos de la eurozona hemos comprobado, además, cómo una parte sustancial de nuestra soberanía nacional nos era usurpada por unas instituciones de gobierno económico que no habían sido elegidas por sufragio universal libre, directo y secreto. Me refiero a la llamada troika, formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Todo ello dirigido y orquestado, además, por un solo gobierno, el alemán, que se ha erigido como el director de toda esta orquesta que toca cada vez más desafinada. La troika se alía con los mercados y los ciudadanos del euro descubrimos que nuestros gobiernos ya no son autónomos ni soberanos, pues tienen que recurrir a los grandes inversores privados para financiarse, aceptando sus condiciones y, cuando se desvían de las reglas impuestas, son los mercados quienes acuden a la troika para que impongan a esos gobiernos duros correctivos en forma de rescates que conllevan, inevitablemente, reformas estructurales, que no son otra cosa que dentelladas al Estado del bienestar, sean prestaciones o derechos. Todo este maridaje entre mercados y troika bien cocinado, eso sí, por los respectivos expertos universitarios y mediáticos de las finanzas, que nos sirven todos los días sus recetas desde los grandes medios de persuasión, como dice el profesor Vicenç Navarro.

Después de habernos quitado las vendas de los ojos y después de comprobar que nos han robado la soberanía económica y que el invento del euro consistía básicamente en esto, en tener bien atrapados a los gobiernos por donde menos escapatoria tienen, por las finanzas, miramos a nuestro alrededor y vemos dos escenarios: uno, en el que la izquierda tradicional se queda muda; otro, en el que la izquierda alternativa sigue a lo suyo, a partirse la cara por ver quién es más genuinamente de izquierdas. Ni una izquierda ni la otra se preocupan seriamente por hacer frente de manera unitaria al gran pulso que el capitalismo financiero está echando a las democracias liberales.

Aún así, somos muchos quienes pensamos que estamos ante una etapa que bien podría ser la del final del capitalismo, tal y como lo hemos concebido hasta hoy. Somos muchos quienes creemos que, por fin, habría llegado la hora del socialismo –entendido como poder de la sociedad– frente al último minuto del capitalismo –entendido como poder del capital–. Sin embargo, algunos pensamos que éste aún está en disposición de luchar por su supervivencia, forzando al Estado social y democrático de Derecho a dar una vuelta de tuerca que lo devuelva a sus orígenes liberales, en lo que sería una nueva etapa histórica del Estado de Derecho, la del Estado neoliberal. Frente a este reto, la socialdemocracia y la izquierda en su conjunto deberían articular una respuesta clara y contundente que no solo conllevara nuevas formas de organización política para la sociedad sino, sobre todo y principalmente, que condujera a nuevas formas de organización económica de la sociedad. Frente a ese Estado neoliberal de Derecho la izquierda tendría que confrontar el Estado igualitario de Derecho, un Estado donde la igualdad material en la ley, la igualdad de oportunidades, sea el valor superior del ordenamiento jurídico-político y moral que conforme las estructuras económicas y políticas que organicen una nueva sociedad que supere las contradicciones, las limitaciones y las injusticias de un Estado neoliberal y de una economía exclusivamente capitalista.

Un Estado igualitario de Derecho se podría definir como un Estado democrático socialista, entendiendo el socialismo como un ordenamiento económico, jurídico y político donde el poder lo detenta la sociedad y no el capital. Un Estado igualitario de Derecho se podría construir sobre una auténtica economía de libre mercado y no sobre el mercado de libre competencia que nos vende el capitalismo financiero y su ideología política, el neoliberalismo, que no es otra cosa que un gran mercado donde los oligopolios y los monopolios de las grandes corporaciones se hacen con todo el mercado y con las reglas de juego del mismo. En un Estado igualitario de Derecho un minero, un albañil o un cajero de supermercado elegirían libremente esas profesiones y no se verían obligados a ejercerlas por una sociedad que les robó las oportunidades para ejercer otras profesiones distintas. En un Estado igualitario de Derecho el Estado del bienestar se iría ampliando progresivamente –no reduciendo– en función de las nuevas necesidades sociales, para ir cubriendo la mayor parte de las demandas materiales de los ciudadanos, de forma que la atención de dichas demandas no suponga la retracción de otras demandas intelectuales o espirituales. En un Estado igualitario de Derecho las retribuciones salariales se asignarían en función del esfuerzo mecánico o intelectivo de cada puesto de trabajo y de unos objetivos éticamente conseguidos, evitando las enormes desproporciones salariales entre categorías profesionales que la economía capitalista convierte en depredadoras metas vitales. En un Estado igualitario de Derecho la economía estaría al servicio de la sociedad y no al contrario, lo cual requeriría inevitablemente que el poder político regulara los excesos que algunos agentes económicos estarían siempre dispuestos a cometer, como hemos comprobado en esta última gran crisis económica.

Aquella refundación del capitalismo que anunció el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y que se quedó en mero eslogan publicitario para distraer la atención del gran público, bien podría convertirse en una refundación del socialismo que, por supuesto, se llevara por delante y superara el sistema económico que nos ha dominado desde tiempos inmemoriales. Muchos pensamos que no hay que refundar el capitalismo sino acabar con él refundando el socialismo como ordenamiento económico, jurídico y político en el que prime y mande la sociedad, regulada en forma democrática participativa y no meramente representativa, entendiendo por democracia participativa una democracia representativa en la que existan mayores controles por parte de la sociedad civil y mayor participación de los ciudadanos. La izquierda tradicional y la izquierda alternativa tienen, como se ve, mucho trabajo por hacer si no quieren que esta crisis se las lleve también por delante. Y en la formulación de un nuevo Estado de Derecho, de una nueva forma democrática de organización política y económica, está el principio del fin del abismo. El Estado igualitario de Derecho bien podría ser el nombre que alumbrara ese nuevo Estado democrático y ese nuevo sistema económico. Pero podemos ponerle otro.

El Estado igualitario de Derecho
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