8 de junio de 2009, 7:57
NUEVATRIBUNA.ES - 30.4.2009
Históricamente, la expansión y consolidación de los Estados de Bienestar no sólo han sido compatibles sino que han sido un instrumento fundamental para el crecimiento económico. La protección social tiene, sobre todo, un fundamento ‘social’: garantizar la seguridad socioeconómica a la población frente a los riesgos sociales �vejez, paro, enfermedad-. Ello proporciona unas condiciones de cohesión social y de disponibilidad ciudadana para la participación productiva y sociopolítica. Son condiciones favorables para el desarrollo económico a largo plazo. Algunas medidas parciales pueden entrar en conflicto: mayor seguridad e igualdad o mayor crecimiento económico. Pero no siempre la opción debe ser lo segundo, y hay que buscar un equilibrio. El objetivo principal es ético: una sociedad más igualitaria y solidaria, el bienestar social.
El pensamiento neoliberal ha cuestionado las políticas sociales como ‘sobrecarga’ para la economía, para la acumulación y la inversión de capital. Con esa lógica serían incompatibles con el crecimiento económico. Su conclusión: más beneficios para “los de arriba” y más desigualdad para “los de abajo”. Ese modelo neoliberal ha estimulado un tipo de crecimiento desigual y ahora es factor de destrucción y crisis. La estrategia neoliberal sí ha conseguido un objetivo instrumental: mayor polarización de riqueza y poder hacia las élites económicas. En su conjunto, no se ha demostrado empíricamente la supuesta eficiencia de un mercado sin regulación, frente a una mayor regulación pública, estabilidad social y desarrollo sostenible a largo plazo. El crecimiento económico ha sido superior en las tres décadas ‘gloriosas’ de keynesianismo �desde la posguerra a la crisis de 1973/79- que en estas tres últimas décadas. Otros factores �tecnológicos, geoestratégicos, materias primas- han tenido mayor peso en las diferencias de crecimiento económico. La llamada tercera revolución tecnológica �especialmente en las telecomunicaciones- y su correspondiente aumento de la productividad, tiene que ver más con la masiva inversión estatal norteamericana �por motivos económicos, geoestratégicos y militares- que con la desregulación del sistema financiero. La actual crisis económica y financiera ha cuestionado ese paradigma neoliberal y desde las sociedades se reclama una mayor y mejor regulación institucional de la economía, por mucho que los grandes grupos económicos y financieros mundiales se resistan a ello.
Existe una gran exigencia ciudadana de que sea el Estado, las instituciones públicas, quienes se responsabilicen de la salida de una crisis generada por el mercado, y garanticen una mayor seguridad socioeconómica. No obstante, también las élites políticas y supervisoras �la alta burocracia de los Estados- tienen cierta corresponsabilidad con la crisis, al haber promovido o avalado �por activa o por pasiva- ese proceso desregulador. Así lo ha visto la sociedad estadounidense que ha promovido su cambio. Unos más y otros menos, según su responsabilidad, los Gobiernos europeos están sufriendo un desgaste de su legitimidad, que deben recuperar y, a veces, lo intentan sobreactuando. Esa situación, que incluye el poco entusiasmo popular a las instituciones europeas, les impide, de momento, un ataque global a las estructuras públicas de bienestar. Suficiente problema tienen todavía con la gestión de los desastres que ha generado la crisis económica y financiera: paro y desvalorización de activos. El mercado ha quedado desacreditado para proporcionar seguridad y desarrollo económico, estable y sostenible. Pero no implica, necesariamente, un desplazamiento político hacia la izquierda o la regeneración de la vida democrática. Ello depende de otras mediaciones sociopolíticas.
El intervencionismo estatal también es un arma de doble filo, y hay que precisar su orientación. Por un lado, se puede reforzar el papel de la ‘política’, no como escenario mediático, sino como auténtico mecanismo representativo y democrático de la sociedad y el interés común. Es la esperanza y el deseo popular de esta nueva etapa: mayor protección pública y regulación económica, frente a su privatización y descontrol en manos del mercado. Por otro lado, muchos componentes ‘intervencionistas’ son para favorecer a las cúpulas pudientes o neutralizar las demandas populares. Es un intervencionismo de ‘derechas’, y muchas actuaciones de instituciones públicas son criticables al amparar el interés privado de unos pocos. La conclusión está clara y entronca con la tradición de la izquierda: hay que consolidar el Estado de Bienestar por razones económicas y, sobre todo, por motivos sociales de igualdad, seguridad socioeconómica e integración social.
Antonio Antón es profesor del Departamento de Sociología de la UAM y experto en temas laborales y sociales.
Históricamente, la expansión y consolidación de los Estados de Bienestar no sólo han sido compatibles sino que han sido un instrumento fundamental para el crecimiento económico. La protección social tiene, sobre todo, un fundamento ‘social’: garantizar la seguridad socioeconómica a la población frente a los riesgos sociales �vejez, paro, enfermedad-. Ello proporciona unas condiciones de cohesión social y de disponibilidad ciudadana para la participación productiva y sociopolítica. Son condiciones favorables para el desarrollo económico a largo plazo. Algunas medidas parciales pueden entrar en conflicto: mayor seguridad e igualdad o mayor crecimiento económico. Pero no siempre la opción debe ser lo segundo, y hay que buscar un equilibrio. El objetivo principal es ético: una sociedad más igualitaria y solidaria, el bienestar social.
El pensamiento neoliberal ha cuestionado las políticas sociales como ‘sobrecarga’ para la economía, para la acumulación y la inversión de capital. Con esa lógica serían incompatibles con el crecimiento económico. Su conclusión: más beneficios para “los de arriba” y más desigualdad para “los de abajo”. Ese modelo neoliberal ha estimulado un tipo de crecimiento desigual y ahora es factor de destrucción y crisis. La estrategia neoliberal sí ha conseguido un objetivo instrumental: mayor polarización de riqueza y poder hacia las élites económicas. En su conjunto, no se ha demostrado empíricamente la supuesta eficiencia de un mercado sin regulación, frente a una mayor regulación pública, estabilidad social y desarrollo sostenible a largo plazo. El crecimiento económico ha sido superior en las tres décadas ‘gloriosas’ de keynesianismo �desde la posguerra a la crisis de 1973/79- que en estas tres últimas décadas. Otros factores �tecnológicos, geoestratégicos, materias primas- han tenido mayor peso en las diferencias de crecimiento económico. La llamada tercera revolución tecnológica �especialmente en las telecomunicaciones- y su correspondiente aumento de la productividad, tiene que ver más con la masiva inversión estatal norteamericana �por motivos económicos, geoestratégicos y militares- que con la desregulación del sistema financiero. La actual crisis económica y financiera ha cuestionado ese paradigma neoliberal y desde las sociedades se reclama una mayor y mejor regulación institucional de la economía, por mucho que los grandes grupos económicos y financieros mundiales se resistan a ello.
Existe una gran exigencia ciudadana de que sea el Estado, las instituciones públicas, quienes se responsabilicen de la salida de una crisis generada por el mercado, y garanticen una mayor seguridad socioeconómica. No obstante, también las élites políticas y supervisoras �la alta burocracia de los Estados- tienen cierta corresponsabilidad con la crisis, al haber promovido o avalado �por activa o por pasiva- ese proceso desregulador. Así lo ha visto la sociedad estadounidense que ha promovido su cambio. Unos más y otros menos, según su responsabilidad, los Gobiernos europeos están sufriendo un desgaste de su legitimidad, que deben recuperar y, a veces, lo intentan sobreactuando. Esa situación, que incluye el poco entusiasmo popular a las instituciones europeas, les impide, de momento, un ataque global a las estructuras públicas de bienestar. Suficiente problema tienen todavía con la gestión de los desastres que ha generado la crisis económica y financiera: paro y desvalorización de activos. El mercado ha quedado desacreditado para proporcionar seguridad y desarrollo económico, estable y sostenible. Pero no implica, necesariamente, un desplazamiento político hacia la izquierda o la regeneración de la vida democrática. Ello depende de otras mediaciones sociopolíticas.
El intervencionismo estatal también es un arma de doble filo, y hay que precisar su orientación. Por un lado, se puede reforzar el papel de la ‘política’, no como escenario mediático, sino como auténtico mecanismo representativo y democrático de la sociedad y el interés común. Es la esperanza y el deseo popular de esta nueva etapa: mayor protección pública y regulación económica, frente a su privatización y descontrol en manos del mercado. Por otro lado, muchos componentes ‘intervencionistas’ son para favorecer a las cúpulas pudientes o neutralizar las demandas populares. Es un intervencionismo de ‘derechas’, y muchas actuaciones de instituciones públicas son criticables al amparar el interés privado de unos pocos. La conclusión está clara y entronca con la tradición de la izquierda: hay que consolidar el Estado de Bienestar por razones económicas y, sobre todo, por motivos sociales de igualdad, seguridad socioeconómica e integración social.
Antonio Antón es profesor del Departamento de Sociología de la UAM y experto en temas laborales y sociales.