Resulta lamentable que el portavoz económico del PP en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, declare que el expresidente de Bankia Rodrigo Rato "heredó una situación envenenada" y que acuse al Banco de España de obligar al exministro a "hacerse cargo de Bancaja con una información que a lo mejor no era acertada”. Lamentable porque a Bancaja no debería ni mencionarla un popular. Si lo que el Sr. Pujalte quiere trasladar a la opinión pública (al señalar al Banco de España como responsable) es que el Gobierno está dispuesto a exigir responsabilidades que deberían ser de tipo penal, no sólo por la quiebra de la entidad sino por la fraudulenta sobrevaloración de los activos descubierta por Deloitte, debería tener en cuenta que en lo político Bankia se trata de una herencia legada por dos administraciones populares: Miguel Blesa y Esperanza Aguirre de la Comunidad de Madrid y José Luis Olivas y Francisco Camps y antecesores de la Comunidad Valenciana. Una herencia catastrófica, con consejeros de partido, facciones del partido y utilización de las cajas como cajas B de las autonomías para proyectos faraónicos, desde el control de Iberia a la financiación del agujero negro de Terra Mítica... incluido el pago por el filial Banco de Valencia de la fianza de tres millones de Jaume Matas, el presidente balear condenado por corrupción. Por cierto, los logros de gestión de Rodrigo Rato han supuesto 3.857 despidos y el cierre de más de 800 sucursales.
Olvida el Sr. Pujalte que la quiebra de Bankia no debería ocurrir, que de hecho es el primer gran fracaso inmediato de las medidas adoptadas por el Gobierno a través de Real Decreto en esos famosos “viernes de reformas” como los tituló el propio Rajoy tras la huelga general del 29M. Uno de esos viernes negros produjo el Real Decreto Ley 2/2012 de 3 de febrero de saneamiento del sector financiero. El RDL y las medidas previstas deberían adaptarse a la situación de descapitalización en la que se encuentra la banca española y que gracias al enorme poder político y mediático de ésta se ha ido disimulando durante estos años haciendo creer a la población que sólo era grave el caso de las cajas de ahorro. El que en un solo fin de semana el Gobierno forzara la dimisión del presidente de Bankia y la posterior intervención de la entidad, nos da idea de la falta de previsión y desconocimiento de este Gobierno, algo que debe pensar también Bruselas que ante las fuertes dudas creadas sobre el sector bancario español está solicitando a España un plan global de reestructuración.
El fracaso del Gobierno se visualiza en que la gestión pública de Bankia llevó ayer el diferencial de deuda a los 454 puntos. La actuación del Gobierno evidencia que carece de un plan articulado para sanear los balances bancarios y permitir el restablecimiento de la confianza y el crédito. Tampoco contribuye a la confianza el comportamiento de los reguladores, que permitieron que Bankia siguiera cotizando el lunes a pesar de que sus cuentas no contaban con la firma de los auditores y que ha supuesto pérdidas de más de 700 millones de euros. Hasta aquí podríamos decir que la irresponsabilidad del Gobierno ha producido un verdadero desastre económico para el país.
Pero las dimensiones para los ciudadanos son aun mayores. El verdadero fracaso del Gobierno es que tras hacer unos históricos y brutales recortes en todos los apartados del estado del bienestar del país, subiendo impuestos y reduciendo la inversión pública a sólo un 37,5%, a pocos días del último recorte (10.000 trágicos millones de euros en Educación y Sanidad), resulta absolutamente inmoral hacer recaer además sobre los ciudadanos los desmanes especulativos de la banca. Tras inyectar más de 33.000 millones de euros en Bankia, ahora se nos plantea que hagamos un nuevo préstamo de otros 10.000 más. Y no lo digo yo: el director de Cáritas Barcelona, Jordi Roglà, ha lamentado la "injusticia bestial" que supone rescatar bancos mientras crece la pobreza, el paro y se extiende el riesgo de fractura social.
La solución dada por el Gobierno es otro gran fracaso para la sociedad española: se nacionaliza sólo la basura financiera y se dejan los activos buenos a los accionistas privados. Socializar las pérdidas -como lo llaman- es repartir éstas entre los bolsillos de todos los ciudadanos mientras se privatizan las ganancias, ya que la parte rentable del banco continúa en manos privadas.
Otro país, otro Gobierno (existen muchos precedentes) nacionalizaría el banco al completo y esto dotaría al Gobierno de una potente herramienta de intervención: podría ponerse en marcha un plan estratégico de salida social a la crisis, estableciendo unos criterios sociales y eficaces de financiación de la economía productiva. A ello contribuiría el control de acciones de empresas productivas (incluidas en el activo de Bankia) como Iberia o la posible solución al problema de la vivienda que podría venir de la gestión del stock de viviendas en pasivo de la entidad, de forma socialmente responsable. También el Gobierno podría sanear la entidad para luego obtener beneficio en la venta de ésta, que repercutiría sobre la ciudadanía. Nada más lejos de las intenciones de este Gobierno: tras la inversión pública la entidad se regalará -a precio simbólico y justificándolo por el imposible sostenimiento público de la misma- a una “entidad amiga” que casi “nos haría un favor” quedándosela.
El asunto Bankia pues, puede etiquetarse bajo la categoría de “enormes fallos de previsión e improvisaciones del Gobierno de Rajoy con graves consecuencias”. El lote completo de las medidas que planea el Gobierno, plasmadas en el Plan Nacional de Reformas 2012-2015, debería alertarle del grave problema creciente: no sólo los activos tóxicos o el suelo son los responsables de la descapitalización de los bancos, nadie habla de la morosidad (el 23% según último dato) que esta provocada por el paro y la recesión. Olvidan que sólo dos trimestres más de recesión pueden producir la depreciación de activos solventes. Ni el Estado, ni las empresas, ni las familias devuelven los préstamos si no reciben ingresos adecuadamente. Y ahí nosotros, aunque el Gobierno no lo haga, tenemos que recordar el creciente desempleo, la brutal reforma laboral que facilita el despido, los recortes sociales…
El problema es que por mucho que se quieran maquillar las cuentas, esta operación finalmente contribuirá a aumentar aun más el déficit del estado (los préstamos no devueltos al año contabilizan como déficit), aumentando la recesión y alejándonos de los objetivos de déficit marcados por Europa, con lo cual vendrán más recortes, más esfuerzos y más “austeridad” en una especie de círculo vicioso que no ofrece absolutamente ninguna salida de la crisis (recuperación del crédito y del empleo). Por tanto, si en palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría: “el principal objetivo del Gobierno es cumplir con el déficit”, estamos ante un gran agujero negro en la gestión del Gobierno que puede llevarnos directos al rescate. El Gobierno no ha atacado el problema de raíz en su RDL para el “saneamiento del sistema financiero” (en su línea de no “molestar” al capital). Necesitamos un sistema financiero que nos garantice el control exhaustivo y riguroso de la actividad de las entidades. El resto es amparar el fraude, la mala gestión y el maquillaje de las quiebras (que además llevan “premios” indemnizatorios de 1,2 millones de euros, en lugar de responsabilidades penales).
Ante esto creo que la reacción ciudadana tiene que ser dura y contundente. La reforma del sistema financiero tiene que tener en la calle la misma respuesta que la reforma laboral, sanitaria o educativa.