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jueves. 30.06.2022

El espantajo de la especulación

De hacer caso a gran parte de los artículos que por estos pagos centran su atención en la crisis de la deuda soberana de los países del sur de la eurozona, la especulación financiera o los inversores especulativos son los que están detrás de la crisis y siguen atizándola hasta el punto de haber vuelto a poner en grave peligro a la eurozona en los últimos meses de agosto y septiembre.

De hacer caso a gran parte de los artículos que por estos pagos centran su atención en la crisis de la deuda soberana de los países del sur de la eurozona, la especulación financiera o los inversores especulativos son los que están detrás de la crisis y siguen atizándola hasta el punto de haber vuelto a poner en grave peligro a la eurozona en los últimos meses de agosto y septiembre. Además, casi todos los artículos se refieren a una extraña piedra filosofal a la que denominan “confianza de los mercados” que permitiría espantar a los especuladores y solucionar la crisis o, al menos, mantenerla bajo control. Nunca la divulgación del conocimiento económico había llegado a tal nivel de degradación.

Los incrementos de las primas de riesgo de la deuda soberana española se presentan una y otra vez como mero efecto de la actuación de los especuladores en connivencia con las grandes agencias de calificación de riesgos; algunos tertulianos de derechas añaden a Zapatero a la lista de causas que provocan ese deterioro. Convendría añadir unas paladas de incredulidad a esa interpretación interesada de la crisis de la deuda soberana de España y poner en cuarentena su correlato justificativo de que las medidas de austeridad y consolidación fiscal adoptadas por el Gobierno del PSOE desde mayo de 2010 son tan acertadas como imprescindibles.

Los problemas de la deuda soberana en euros no tienen su origen en la actuación de los especuladores ni son ajenos, y esto es lo que se pretende ocultar con el espantajo, a la actuación y a las decisiones de los órganos de poder y gobierno de la UE. No se pueden desechar sin más los innegables efectos de la especulación sobre el curso de los precios de la deuda pública, pero resulta imposible negar que los inversores perciben bastante correctamente que la reducción de los déficits públicos que pretenden los gobiernos de los países del sur de la eurozona es y seguirá siendo muy incierta mientras se mantengan las expectativas de bajo y precario crecimiento económico al que contribuyen decisivamente las políticas de austeridad y devaluación interna (encaminadas a reducir los costes laborales y fiscales de las empresas e incrementar por esa vía su competitividad) que preconizan las instituciones europeas.

Los inversores internacionales han podido observar cómo la actuación del BCE comprando títulos de deuda pública de los países que presentan mayores riesgos de incumplir sus compromisos de pago ha levantado muchos recelos y resistencias en altas instancias de poder del propio BCE y de los países sin graves problemas en sus cuentas públicas que conforman el centro de la UE. Los inversores consideran razonablemente que el BCE no podrá mantener durante mucho tiempo esa intervención directa en los mercados secundarios de deuda soberana ni podrá seguir indefinidamente incorporando a su activo valores de alto riesgo. Saben los inversores, porque es de dominio público, que la eurozona no dispone todavía de un instrumento consistente que permita rescatar en caso necesario a España e Italia. Y los inversores actúan en consecuencia, sean tiburones especulativos o conservadores rentistas, para desprenderse de las inversiones arriesgadas o para intentar convertir grandes riesgos en enormes beneficios.

Además, la participación de la banca privada acreedora en un plan de intercambio de los títulos de deuda pública griega que actualmente detentan por títulos a más largo plazo pero más seguros, emitidos por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), va a suponer un retraso de años en los cobros previstos y una quita que se estima en un porcentaje próximo al 20% en los correspondientes derechos de cobro. Tal acuerdo de reestructuración de la deuda soberana griega, aprobado en la última cumbre europea del pasado 21 de julio, ha sido considerado por las agencias de calificación de riesgos como un impago parcial o selectivo. Al final, los bancos aceptarán unas pérdidas limitadas (un descuento del 20% que todavía está muy lejos del que realizan los mercados secundarios y que se aproxima en los títulos griegos a medio plazo al 50%) y a cambio consiguen trasladar buena parte de los riesgos de mayores pérdidas a los contribuyentes de los países de la UE. Aunque las autoridades comunitarias han remarcado que ese acuerdo con la banca privada es excepcional y único (de entrada, han reiterado que es irrepetible), el mensaje que ha calado en los inversores es que Europa puede aceptar e impulsar impagos similares por parte de otros socios. Por ello, para evitar incertidumbres y riesgos y no tener que aceptar posibles compromisos similares, los inversores se deshacen de los títulos de deuda pública de los países con mayores niveles de riesgo y dejan de comprar los nuevos títulos que emiten.

Las incoherencias y debilidades institucionales de la eurozona están en la base de dos movimientos complementarios que agudizan la diferenciación de las deudas soberanas de los países considerados seguros de la de los países del sur de la eurozona: una parte de los inversores se desprende y malvende los títulos de deuda pública de los países con mayores posibilidades de incumplir los compromisos contraídos con los prestamistas y se refugia en otros activos (oro y otros metales preciosos, materias primas alimenticias, productos energéticos, etcétera) y en las obligaciones de los países considerados más seguros, inflando así nuevas burbujas especulativas e incrementando los diferenciales de rentabilidad entre las deudas soberanas de la eurozona y, por consiguiente, los costes financieros y las primas de riesgo de la deuda pública de los países que ofrecen menores garantías; y otra parte de los inversores, los que asumen (y provocan) mayores riesgos y tienen una vocación más especulativa, utilizan y aprovechan la existencia de diecisiete emisores soberanos de la eurozona para arbitrar entre los intereses, necesidades y márgenes de actuación de cada uno de los gobiernos y entre sus respectivas deudas públicas.

En los mercados secundarios de deuda pública hay especuladores, pero la especulación no es la causa única ni principal de la crisis de la eurozona. En último término, los especuladores se aprovechan de la crisis y de las incoherencias institucionales de la eurozona y pueden contribuir a agudizar y extender la crisis de la deuda soberana porque las autoridades e instituciones comunitarias que podrían regular su actividad y minimizar los costes y riesgos que provocan se lo permiten.

Hay un ejemplo muy reciente e incontestable de cómo se justifica cualquier tipo de reforma o medida antisocial con el argumento de que es imprescindible para que la economía española pueda ganarse la confianza de los mercados: la reforma constitucional que concreta y consagra la “regla de oro” del equilibrio presupuestario en la Constitución Española. No creo que exista mejor ejemplo de hasta qué punto resulta maliciosa la utilización (y el abuso) de esa etérea expresión de la confianza de los mercados para justificar prisas, concesiones y medidas inadmisibles.

El impacto de la reforma constitucional sobre la confianza de los mercados ha sido muy cercano a cero y no ha permitido diluir en lo más mínimo la desconfianza de los inversores en la deuda soberana española y en los líderes europeos e instituciones comunitarias que gestionan esa crisis con tanta torpeza.

La evolución de la rentabilidad de la deuda pública española en los mercados secundarios de deuda muestra la evidencia. Los datos que proporciona la compañía estadounidense Bloomberg L.P. al cierre diario de los mercados secundarios de deuda pública son los siguientes: la rentabilidad del bono español a 10 años se situaba el 22 de agosto en un 4,964%; la oferta que realizó Zapatero al PP el día 23 para reformar la Constitución coincidió con un nuevo incremento de la rentabilidad hasta un 4,991% y siguió empeorando los días siguientes hasta alcanzar el 26 de agosto, cuando se materializó el pacto con el PP, un 5,001%. Y el deterioro prosiguió durante el trámite parlamentario y continuó durante la semana posterior a la aprobación parlamentaria.

Ni siquiera el primer paso de la reforma constitucional (la toma en consideración por parte del Congreso de la iniciativa, el 30 de agosto) fue valorado por los inversores de forma positiva y lo mismo ocurrió el día 2 de septiembre, con la aprobación exprés de la reforma por parte del Congreso (el 30 de agosto la rentabilidad alcanzó un 5,039% y el 2 de septiembre, un 5,123%). Desde el 25 de agosto al 5 de septiembre, la situación fue a peor y la rentabilidad del bono español a 10 años subió todos los días sin excepción unas centésimas o alguna décima.

Tras una ligera disminución durante dos días, 6 y 7 de septiembre, comenzó un nuevo ascenso. A partir de la aprobación definitiva de la reforma constitucional, la rentabilidad del bono español a 10 años siguió incrementándose: el 7 de septiembre se situaba en un 5,004%; el 8, en 5,039%; el 9, en 5,156%; el 12, en 5,326%; el 13, en 5,383%. Solo la videoconferencia del 14 de septiembre entre Merkel, Sarkozy y Papandreu y su mensaje de permanencia de Grecia en la eurozona y compromiso de más ajustes y mayores sacrificios presupuestarios por parte de Grecia lograron aplacar la presión… durante unas horas. Al cierre de la sesión del día 14 de septiembre, la rentabilidad del bono español a 10 años se había relajado unas décimas, hasta el 5,358%, pero al día siguiente, 15 de septiembre, volvía a repuntar y cerraba con una rentabilidad del 5,405%, la más alta desde el 8 de agosto (tras la compra masiva de bonos italianos y españoles por parte del BCE). Y así ha seguido, con pequeñas fluctuaciones que no han alejado la rentabilidad de un nivel próximo al 5,4%.

Y así seguirá esa rueda infernal de presiones que exigen nuevos ajustes y ligeros respiros que prolongan los problemas sin solucionarlos y encarecen la financiación de los países del sur de la eurozona. Hasta que los poderes reales de la UE se decidan a tomar medidas encaminadas a resolver los problemas y no solo a trasladarlos en el tiempo.

No se puede asegurar tampoco, en sentido contrario, que la reforma constitucional haya contribuido al deterioro observado en la rentabilidad de la deuda pública española, ni mucho menos que lo haya provocado. Se podría aducir en descargo de las limitaciones explicativas del conocimiento económico la gran complejidad de los nexos entre las variables mencionadas, reforma constitucional y curso de las cotizaciones de la deuda pública. Y mencionar, a continuación, el carácter imprevisible de la evolución de unos mercados de deuda en los que inciden al tiempo datos reales, informaciones insuficientes, contradictorias e interesadas, expectativas racionales, pensamiento mágico, presión especulativa, movimientos gregarios de los gestores alentados por miedos justificados o increíbles y errores en la interpretación de la información disponible.

Hay que añadir que junto a unos mercados organizados que siguen manteniendo, porque así lo permiten las autoridades comunitarias, una regulación insuficiente y laxa operan también formas de negociación directa entre compradores y vendedores (over the counter market) que no cuentan con ningún control y en las que los márgenes de las transacciones son aún más amplios y opacos. Por eso resultan tan extrañas las relaciones simples y unidireccionales que políticos y supuestos especialistas establecen apresuradamente entre cualquier medida económica o acontecimiento político y su impacto sobre la confianza de los inversores. No son más que pura filfa. Están vendiendo gato por liebre y no es prudente comprar mercancía tan averiada. Votantes y afiliados de los dos grandes partidos españoles deberían exigir las correspondientes responsabilidades a dirigentes y representantes que tan gratuita como interesadamente han vendido, a propósito de las relaciones entre reforma constitucional y confianza de los mercados, semejante zurullo.

Desgraciadamente, el Gobierno Zapatero ya no tiene tiempo de rectificar el error cometido en su apresurada e inexplicable propuesta de reforma constitucional ni ningún otro de los desatinos cometidos en el último año y medio y que tan contraproducentes han resultado para los intereses de su partido y para la situación económica de los sectores sociales que están soportando los mayores costes de la crisis. Afortunadamente, tampoco tiene tiempo para cometer más errores ni para aprobar nuevas medidas antisociales.

Acotado el problema de la especulación a su justa medida, el problema de fondo que sufren Grecia y otros países del sur de la eurozona es que no pueden pagar su deuda sin crecimiento económico y sin ayuda financiera de la UE. Y la ayuda que se ha proporcionado, incluso reduciendo los correspondientes intereses de los préstamos que conceden los demás socios de la eurozona y el FMI al 3,5%, supone una carga financiera insoportable que, además, está asociada a unas políticas de austeridad que ciegan toda vía de reactivación económica.

Las instituciones y autoridades de la UE no tienen soluciones ni ofrecen alternativas. Las limitadas pretensiones de los líderes europeos se reducen a intentar que la crisis actual no escale hasta una situación ingobernable, preparar una reestructuración ordenada (con sus correspondientes aplazamientos y quitas) de la deuda pública de los socios más frágiles, hacer planes para que los sistemas bancarios de las grandes potencias puedan sobrevivir a una eventual suspensión de pagos de Grecia y, mientras tanto, favorecer que los bancos que detentan la deuda soberana de Grecia y de otros países del sur de la eurozona se desprendan de esa deuda, limpien sus activos y encajen las menores pérdidas posibles.

El enorme tamaño de las deudas públicas de Grecia, Portugal e Irlanda (en total suponen cerca de 700.000 millones de euros) y de España e Italia (se aproximan entre ambos países a los 2.600.000 millones de euros) sobrepasa con mucho una capacidad de intervención del FEEF (440.000 millones de euros que en la práctica se reducen a poco más de la mitad, porque en parte ya están concedidos) que obtiene de la aportación directa de los países de la eurozona o a través de la emisión de sus propios títulos de deuda pública. Un procedimiento de financiación tan limitado, lento y pendiente del hilo de la voluntad de cualquiera de los socios no resulta creíble, no puede desanimar a los especuladores más voraces ni tranquilizar a los inversores más conservadores.

Para que Grecia pueda cumplir con sus obligaciones necesita ampliar los plazos de vencimiento y pago de su deuda soberana, reducir los intereses que ofrece a potenciales inversores a tasas mucho más reducidas que las actuales (no podrían sobrepasar en mucho el 2%) y alcanzar un crecimiento efectivo de su economía superior en varios puntos a ese porcentaje. Y para ello, Grecia requiere una financiación más barata que la que hasta ahora le ofrecen el FMI y sus socios de la eurozona y fondos estructurales comunitarios para acometer inversiones a medio plazo que potencien su crecimiento potencial. De esa financiación imprescindible sólo se le está ofreciendo, con mucho retraso y enorme inseguridad, la financiación orientada a pagar gastos corrientes que eviten la declaración formal de impago, sea porque el BCE no está dispuesto ni puede aportarla o porque la bloquean Alemania y el resto de países del norte de Europa.

Parece ser que hará falta un nuevo episodio de agudización de la crisis de deuda pública acompañada de la correspondiente crisis bancaria para que las autoridades europeas reconozcan lo obvio y ofrezcan a Grecia y al resto de países del sur de la eurozona soluciones reales. Cada vez estamos más cerca de ese escenario precatastrófico sin necesidad del concurso de los especuladores; son bastantes las actuales instituciones comunitarias y los líderes que marcan el paso a la UE.

Es más que probable que una próxima intervención del BCE en los mercados secundarios o una nueva cumbre europea abran otro corto paréntesis de calma que a los pocos días u horas se convertirá en una nueva ola de desconfianza de los inversores y de presión de las instituciones europeas que obliguen a nuevas vueltas de tuerca en las políticas de austeridad y provoquen un nuevo deterioro de las deudas soberanas de los países periféricos y del sur de la eurozona. ¿Hasta cuándo van a prolongar ese tambalearse al borde del abismo?

En Grecia, al igual que en España, sobraban muchos de los contraproducentes y extremistas recortes del presupuesto público aprobados desde mayo de 2010 y sobran muchos de los nuevos planes de recorte que aún tienen en la cartera; siguen faltando medidas y planes a medio plazo capaces de conjugar los objetivos de protección social, inversión pública modernizadora, generación de empleo neto, desendeudamiento privado y control más estricto del gasto público.

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