Aunque siguen siendo demasiados, cada vez son menos los economistas que consideran eficaces las medidas de recorte. La situación de la economía española y el resto de países periféricos que han sufrido con mayor intensidad las políticas de austeridad se ha deteriorado sin lograr solucionar nada: no se ha producido una reducción sustancial del déficit público, los mercados tienen la misma desconfianza sino más sobre la capacidad de recuperación de las economías del sur de la eurozona y los agentes económicos públicos y privados de estos países tienen mayores dificultades para financiarse y atender sus obligaciones.
Día tras día, el desempeño de la economía española muestra que el paro sigue aumentando, la recesión se prolonga y profundiza, los salarios reales caen, los bienes públicos y los derechos de la mayoría se deterioran, el malestar de la población aumenta y la desigualdad, la pobreza y la exclusión social alcanzan niveles insoportables. Y en paralelo, el clima sociopolítico se enrarece, la confianza de la sociedad en sus representantes políticos y en las instituciones se evapora y aparecen nuevas grietas en la ya muy debilitada cohesión social y territorial.
En medio de una situación social en la que crecen la indignación por lo que está pasando y el miedo a lo que está por venir, Rajoy sigue dosificando silencios y equívocos en sus relaciones con los centros de poder de la eurozona a la espera de que el chaparrón amaine solo. El Gobierno del PP quiere creer que basta con reafirmar su compromiso de consolidación fiscal y su voluntad de intensificar los recortes para conseguir los objetivos de reducir el déficit público y recuperar la confianza de los mercados. Confía en que, en último término, la UE acabará haciendo algo. Mientras tanto, como no encuentra argumentos ni soluciones para frenar el deterioro de la situación socioeconómica y política, promueve la descalificación de las protestas ciudadanas, la intimidación de los que se manifiestan y la criminalización, como escarmiento, de algunas personas que participan en las críticas públicas a su gestión.
El último jarro de agua fría a las expectativas gubernamentales de que lo peor de la crisis es cosa del pasado lo ha echado el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el último número de Perspectivas de la Economía Mundial del mes de octubre de 2012, el FMI revisa a la baja sus anteriores previsiones sobre el crecimiento de la economía mundial y realiza un muy interesante ejercicio de revisión de la cuantía del multiplicador fiscal que debilita aún más la creencia en que las medidas de austeridad son un peaje ineludible para salir de la crisis.
Las nuevas previsiones del FMI señalan que en 2013 el producto generado por la economía española experimentará un nuevo retroceso del 1,3% (que se sumaría al decrecimiento del 1,5% estimado para 2012). Compárense esas cifras con las ofrecidas por el Gobierno del PP: la Actualización del Programa de Estabilidad 2012-2015, del pasado 30 de abril, señalaba para 2013 un minúsculo crecimiento del PIB de un 0,2%; y cinco meses después, en el Escenario Macroeconómico 2012-2013, publicado el 27 de septiembre, relajaba su optimismo y apuntaba una pequeña disminución del 0,5%. Las nuevas previsiones del FMI confirman que tampoco se cumplirán los objetivos de déficit público acordados entre el Gobierno de España y las autoridades comunitarias (6,3% en 2012 y 4,5% en 2013), ya que los desequilibrios presupuestarios de las Administraciones públicas alcanzarían un 7% del PIB en 2012 y un 5,7% en 2013.
Una de las claves del deterioro de las previsiones del FMI se encuentra precisamente en los nuevos cálculos del multiplicador fiscal, entendido como el impacto negativo que tiene la reducción del saldo presupuestario estructural sobre la actividad económica.
El multiplicador fiscal
Entre las páginas 47 a 50 de la publicación del FMI mencionada antes aparece el Recuadro 1.1. ¿Estamos subestimando los multiplicadores fiscales a corto plazo?, del que son autores Olivier Blanchard -Consejero Económico y Director del Departamento de Investigación del FMI- y Daniel Leigh. En dicho recuadro se da cuenta de la evidencia empírica obtenida durante los años 2010 y 2011, procedente de 28 economías de países avanzados, que permite afirmar a los autores que los multiplicadores fiscales utilizados para generar pronósticos de crecimiento de la actividad económica han sido sistemáticamente subestimados desde el comienzo de la Gran Recesión. Los multiplicadores fiscales reales se han situado en los años 2010-2011 entre 0,9 y 1,7 llegando a duplicar y hasta triplicar los utilizados en las previsiones de crecimiento del PIB formuladas por el FMI a principios de 2010.
Durante más de tres décadas, el FMI formuló sus previsiones de crecimiento de las economías avanzadas basándose en multiplicadores fiscales de alrededor del 0,5 (lo cual implicaba que los recortes en el gasto presupuestario tenían una incidencia pequeña sobre la actividad económica) y siguió utilizándolos hasta principios de 2010, sin comprender hasta qué punto la crisis había intensificado los impactos negativos de las políticas presupuestarias restrictivas sobre la actividad económica.
¿A qué se debe ese incremento del multiplicador fiscal durante estos últimos años de recesión y estancamiento económico?
La primera razón es muy clara. Los salarios se han mostrado desde 2009 muy sensibles a la presión que ejerce el creciente y muy alto número de personas desempleadas. También en la economía española los salarios se han reducido con intensidad y rapidez, lo que demuestra que el empleo no ha sido la única variable de ajuste, que el mercado de trabajo se ha comportado de forma muy competitiva y que no eran ciertas las razones que se alegaban, de rigidez del mercado laboral o de los salarios, para reclamar e imponer una mayor desregulación.
La segunda razón no es menos evidente. Las empresas han intentado incrementar sus tasas de rentabilidad para elevar sus niveles de autofinanciación y depender en la menor medida de lo posible del caro y muy escaso crédito que proporcionan bancos y demás mercados financieros. Los recortes de plantillas, costes laborales y gastos financieros han ampliado márgenes empresariales y tasas de rentabilidad que han sido utilizados para disminuir los elevados niveles de endeudamiento de las empresas. La inversión productiva se ha reducido con fuerza, alentada por el fuerte retroceso de la demanda y la baja utilización de las capacidades productivas, contribuyendo también a incrementar la liquidez de la que disponen las empresas y a reducir su dependencia de los mercados financieros.
La tercera razón se refiere a la evolución de algunas variables nominales. El ajuste fiscal no se ha visto acompañada por una reducción de las tasas de interés que soportan los agentes económicos ni por una depreciación significativa del euro que pudieran menguar o compensar los impactos negativos de los recortes presupuestarios sobre la demanda interna. Además, el generalizado ajuste fiscal que realizan los países de la eurozona y la UE no contribuye a reactivar la demanda externa ni, como consecuencia, a que las exportaciones puedan compensar la caída de la demanda interna. Tampoco los reducidos niveles de inflación ayudan a depreciar el euro o absorber una parte de la deuda pública y privada.
El conjunto de estos factores reales y monetarios ha ocasionado un incremento extraordinario del impacto negativo de las reducciones del gasto público sobre el PIB, del que el FMI no se había dado por enterado hasta ahora.
Las consecuencias de la nueva estimación del multiplicador fiscal
Cuanto mayor sea el multiplicador fiscal mayores dificultades y más costes, en términos económicos y sociales, ocasionarán la reducción del déficit público y el avance del proceso de consolidación fiscal. El FMI reconoce así, en un recuadro firmado por el Director del Departamento de Investigación, que los efectos negativos sobre la actividad económica de los recortes y las políticas presupuestarias restrictivas puestas en marcha en los últimos años, gracias entre otros factores a las presiones ejercidas por el FMI, han resultado mucho más contraproducentes que lo esperado, ya que además de tener impactos muy negativos sobre la economía real (la actividad económica, el empleo, la inversión productiva y el potencial de crecimiento) han obstaculizado la pretensión de reducir los desequilibrios presupuestarios con la intensidad y en los plazos comprometidos.
Cabría esperar la depuración de alguna responsabilidad en la rectificación de un error que no cabe considerar un simple ejercicio de honestidad intelectual (el reconocimiento de una estimación equivocada) o un borrón en la carrera profesional de un investigador. Se trata de un error analítico que lleva aparejada una grave responsabilidad política por parte de una institución internacional que, basándose en supuestos erróneos, ha avalado y contribuido a imponer unas medidas profundamente injustas y equivocadas y unos objetivos inalcanzables a países y ciudadanías que siguen sufriendo sus devastadoras consecuencias.
En realidad, la rectificación del error por parte del FMI no lleva consigo ningún tipo de crítica a la ideología neoliberal que defiende, contra todas las evidencias disponibles, el potencial expansivo de la austeridad y que sigue sirviendo de coartada intelectual a la estrategia conservadora de salida de la crisis. No sólo no hay el menor atisbo de crítica a esa estrategia, sino que Blanchard se reafirma, en la Introducción de la mencionada publicación del FMI, en la necesidad de mantener los planes de ajuste, por mucho que reconozca que representan un lastre para la demanda y, por tanto, para el crecimiento.
En el caso concreto de la economía española, el multiplicador fiscal implícito estimado por el FMI es de 1,0. Según tal estimación, una contracción fiscal del 1% implica una caída del PIB también del 1%. ¿Pero qué sucedería si ese multiplicador fiscal de la economía española calculado recientemente por el FMI fuera de nuevo erróneo y siguiera estando subestimado? Las consecuencias serían muy graves. Los retrocesos del producto en 2012 y 2013 serían mucho más intensos que el decrecimiento del 1,5% y 1,3% en el PIB previstos por el FMI para este año y el que viene. El aumento del número de personas paradas se intensificaría y prolongaría en el tiempo. Los recortes del gasto y la inversión públicos no podrían traducirse en una disminución del déficit público, ya que la pérdida de tejido económico y empresarial provocaría una caída intensa de los ingresos tributarios que impediría que los recortes del gasto público concluyeran en una reducción significativa del déficit público.
¿Es el escenario descrito en las líneas anteriores muy improbable? En absoluto. Patrick Artus, un reconocido e influyente economista francés (Director de Investigación y Estudios económicos de Natixis), estima que en 2012 el multiplicador fiscal de la economía española es 1,7 (lo que significa que el impacto negativo de los recortes presupuestarios sobre la actividad económica y el empleo sería mucho más importante de lo previsto por el FMI). De hecho, la previsión de decrecimiento del PIB que realiza Natixis alcanzaría el 2,0% en 2012 y un 2,2% en 2013. Y el reconocimiento de su error por parte del FMI no habría servido para nada ni evitaría el descalabro de la economía española y de los sectores sociales más vulnerables y más castigados por la crisis y los recortes.
El doble juego del FMI y sus debilidades
¿A qué juega el FMI al dar tanta relevancia a su error y a las nuevas estimaciones sobre los multiplicadores fiscales? Cabe considerar muy diferentes hipótesis. En mi opinión, la más plausible apuntaría al intento de promover una tímida matización de la estrategia basada en la austeridad extrema que se ha impuesto hasta ahora a las economías periféricas de la eurozona. Dicha estrategia ha fracasado rotundamente en los objetivos económicos que proclamaba y amenaza con terminar generando un conflicto social inmanejable en buena parte de los países del sur de la eurozona y con hundir en una recesión prolongada al conjunto de la UE. Si no se produce ningún cambio, los problemas de la eurozona acabarían impactando y perjudicando al conjunto de la economía mundial y, como consecuencia, desacreditarían por completo a las instituciones y los líderes europeos.
Ahora, el FMI parece propiciar una modificación limitada y gradual de estrategia y que los ajustes presupuestarios aminoren su intensidad y se vean acompañados de reformas que supongan avances reales y visibles, especialmente en lo que se refiere a la unión bancaria, y de una mayor intervención del BCE que alivie las presiones financieras que sufren las deudas soberanas de los países periféricos. El FMI trata de aumentar la confianza de los mercados en la viabilidad del euro y propugna un mayor equilibrio entre el ajuste fiscal y las medidas de reactivación que permita vislumbrar cierta recuperación de la actividad económica y el empleo. Un ajuste fiscal más gradual y sostenible que sea compatible con algún grado de reactivación económica de los países del sur de la eurozona. De esta manera se propiciaría o se podría obtener un mayor respaldo social para las políticas de austeridad y recuperar parte de la legitimidad perdida por los partidos políticos con responsabilidades de Gobierno que de forma tan temeraria han aceptado gestionar unas políticas de austeridad destructivas y se han comprometido con unos objetivos de consolidación fiscal imposibles de conseguir.
Una de las grandes dificultades que van a tener el FMI y los poderes que lo acompañan en su pretensión de realizar un cambio no sustancial de la estrategia conservadora de salida de la crisis es que cualquier avance en su concreción debe considerar y cuidar los intereses electorales de Angela Merkel y los equilibrios internos entre las fuerzas que apoyan su reelección. De ahí las precauciones con las que el FMI aborda la necesaria modificación de la estrategia conservadora. Y de igual modo cabe valorar el ritmo lento, zigzagueante y a veces confuso que experimentan los acuerdos de la UE sobre la unión bancaria e, incluso, las idas y venidas que están caracterizando el nuevo rescate de la economía española.
El intento de moderación del ajuste presupuestario que propicia el FMI, junto a otras instituciones y poderes, no va a resultar fácil de llevar a cabo. El gran problema que deben resolver los que pretenden dulcificar los recortes es que la estrategia conservadora de austeridad, tanto en su versión más dura como en una nueva versión blanda, no puede ofrecer soluciones aceptables a las economías de los países periféricos ni a los muy amplios sectores de la juventud o las clases trabajadoras que pretenden un empleo decente. La estrategia de salida de la crisis basada en la austeridad no puede ofrecer a corto plazo ninguna buena noticia ni permite que la mayoría de las sociedades de los países periféricos albergue ilusiones o esperanzas de mejora a largo plazo en sus condiciones de vida o trabajo.
El cambio real y la mejora de la situación de la mayoría de la sociedad pasan por trabar las políticas de austeridad y deslegitimar la estrategia de salida de la crisis que sustentan las instituciones europeas y los mercados. Hay que hacer entrar en razón a la derecha europea. La huelga general del próximo 14 de noviembre y las diversas iniciativas de movilización social que están en marcha serán útiles si permiten ampliar y llevar más allá de sus perímetros actuales el rechazo de la ciudadanía española y europea a los recortes presupuestarios y al deterioro de bienes públicos y derechos en los que siguen empeñados las instituciones y los políticos que nos mal gobiernan. El avance de una salida popular y progresista de la actual crisis económica depende de la consolidación de una ciudadanía crítica y activa que acierte a involucrar a la mayoría social en ese rechazo y a expresar de manera firme y argumentada su oposición a las políticas de austeridad y recortes que se están imponiendo y a las instituciones y políticos que las respaldan y avalan.