Se prolonga el paro masivo y se va acercando a los seis millones de personas paradas. Persisten las políticas de ajuste y austeridad que refuerzan el estancamiento económico y continúan destruyendo empleo. No existen políticas públicas sustanciales de reactivación del empleo. El pacto europeo por el crecimiento económico es muy insuficiente y lleno de retórica, mientras se consolidan las medidas de estabilidad fiscal que, especialmente, para los países periféricos como España, impiden la creación de empleo y prolongan la crisis económica.
Ello contrasta con la opinión mayoritaria de la ciudadanía, expresada en diversas encuestas de opinión, que sitúan al paro como el principal problema a resolver y rechazan los recortes sociales y laborales. Supone una fuerte deslegitimación a esa política liberal-conservadora que con su gestión antisocial hace recaer sobre las mayorías sociales las peores consecuencias de la crisis.
La continuidad del desempleo masivo y el deterioro de las condiciones salariales, sociales y laborales está suponiendo el agravamiento de las condiciones de vida de amplias capas populares y la ampliación de las desigualdades y brechas sociales. Los sistemas de protección social se quedan muy insuficientes ante la dimensión y la gravedad del problema. Se están produciendo dinámicas de mayor empobrecimiento, bloqueo de las expectativas vitales y dificultades para la convivencia y la cohesión social.
Lejos de abordar directamente estos problemas, con una política expansiva de la demanda y la defensa de los derechos socioeconómicos y laborales de la población, la política económica dominante se empeña en defender los privilegios del poder económico y financiero, causante de esta crisis económica, sin exigir responsabilidades a las élites gestoras.
Crece el paro
Veamos los hechos más significativos del paro y el déficit de protección pública al desempleo y al riesgo de pobreza y exclusión social.
Los datos empíricos muestran la cruda realidad del paro y su persistencia. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del 1º trimestre de 2012, existen más de 5,6 millones de desempleados (setecientos mil más que hace un año), con una tasa de paro del 24,4%, más del doble de la UE-27 y la UE-15. Si se utilizasen unos criterios más adecuados que los de la EPA para evaluar el nivel de paro, contando una parte de los denominados ‘desanimados’ en la búsqueda de empleo y con ‘subempleo’ (más cercanos al desempleo que a la ocupación donde se integran los que han trabajado al menos una hora en la semana de referencia), habría que añadir cerca de otro millón más de personas básicamente desempleadas, es decir, a fin de año nos podríamos acercar a los siete millones de personas desempleadas o infra-empleadas.
Al mismo tiempo, más de 1,7 millones de hogares tienen todos sus miembros activos en paro, con un crecimiento interanual de 342.400, junto con una disminución de 472.300 los hogares que tienen todos sus activos ocupados; además, casi un millón de parados son el sostén principal de sus familias; ambos datos expresan el incremento del riesgo de pobreza intensa. La tasa de paro de la población de origen extranjero (37%) es quince puntos superior a la media de las personas de nacionalidad española, y la tasa de desempleo juvenil es más de la mitad (52%), con cerca de un millón de jóvenes de 16 a 25 años desempleados.
La trayectoria del paro es muy pronunciada y ascendente: el total de parados (EPAs 3º trimestre) ha pasado de 1,79 millones en el año 2007, a 2,60 en 2008, 4,12 en 2009, 4,57 en 2010, 4,98 en 2011, y el citado 5,7 de 2012. Las variables económicas aventuran un estancamiento prolongado de la economía e incluso otra recesión. Las perspectivas del empleo indican su no mejoría a corto y medio plazo, y esos altos niveles de paro pueden persistir varios años.
Se consolida la desprotección social
Por otra parte (Ministerio de Trabajo, últimos datos de julio-2012), el paro registrado es de 4,6 millones, habiéndose reducido ligeramente el último mes pero con un crecimiento de más de 0,4 millones respecto del año pasado. De ellos, 1,7 millones de personas desempleadas, no cobran prestaciones o subsidios de desempleo. La cobertura protectora en mayo se sitúa en el 65,4%, pero ha descendido desde el 80% de mitad del año 2010. La reducción es más significativa en el porcentaje que cubren las prestaciones contributivas. De los 2,9 millones de personas desempleadas que reciben prestaciones (datos de abril 2012), 1,35 son contributivas, 1,33 subsidios no contributivos y 0,23 las rentas activas de inserción. Así, más de un tercio (34,6%) ya no tienen ninguna protección pública. En el mejor de los casos llega a cubrir hasta 24 meses, plazo insuficiente ante una crisis prolongada con mucho paro de larga duración. La paga de 400 euros, con condiciones y por un semestre, y las rentas de inserción de las comunidades autónomas –en un nivel similar a las rentas activas estatales- no constituyen alternativa suficiente para resolver esa situación de vulnerabilidad. Además, existe un millón de desempleados oficiales (según la EPA), no inscritos en el INEM, normalmente jóvenes, con poca experiencia laboral y en búsqueda del primer empleo, y que no reciben ninguna prestación.
Pues bien, en vez de reforzar la protección social para hacer frente a los riesgos de empobrecimiento e incertidumbre, ahora el gobierno del PP se plantea reducir esa mínima prórroga de seis meses del subsidio de desempleo, ya fuertemente condicionada, consolidando la situación de desamparo y desprotección social de unos tres millones de personas paradas.
Por otro lado, los niveles de pobreza y desigualdad social en España, según Eurostat, son de los mayores de la UE. Los sistemas de rentas de inserción tienen una cobertura muy pequeña, en torno a un 2% de las personas pobres, su cuantía es muy limitada y apenas se sitúan en el umbral de pobreza y están sujetas a múltiples condicionamientos. Son un instrumento que palia algunas situaciones extremas pero que es muy insuficiente para frenar las fuertes tendencias hacia la exclusión social.
Ese déficit protector se acentúa al considerar la excepcionalidad de la protección al desempleo y los límites de su cobertura, y no consigue equilibrar la fuerte desprotección y las crecientes necesidades y desigualdades sociales, derivadas de un paro prolongado y masivo. La lógica conservadora tiende a culpabilizar de su situación vulnerable a las personas desempleadas y pobres, eludir las responsabilidades de las instituciones públicas, acentuar la responsabilidad y la activación individual y utilizar mecanismos de control social ante el malestar de la gente precaria. Una alternativa progresista pasa por el impulso a la creación de empleo decente y las garantías de protección social y derechos socioeconómicos y laborales. Se trata de atender a las personas, reforzar la ciudadanía social y democrática, frente al dictado de los mercados y la involución social.