Hay toda una serie de declaraciones de miembros del gobierno y de dirigentes del PP que avanzan en la línea de establecer un copago según la renta como instrumento para solventar los problemas económicos que suponen los recortes a la Sanidad Pública. Sin embargo parece necesario tener en cuenta algunas cuestiones importantes a la hora de su aplicación.
Esta medida es injusta, porque en nuestro país no están identificados los niveles de renta de la población, debido, entre otras cosas al elevado volumen de fraude fiscal existente (y que el mismo reconoce al poner en marcha la amnistía fiscal) y a la supresión del impuesto de patrimonio que no permite conocer a las personas con patrimonios elevados que, en muchos casos declaran unas rentas irrisorias. Por otro lado la crisis económica hace que se produzca una destrucción continua de empleo, con lo que disminuye la renta de las personas de manera importante e inesperada, a lo que hay que sumar los parados de larga duración que pierden el derecho a la prestación de desempleo. En suma se va a aplicar a los asalariados y pensionistas con referencia a la declaración de renta del año anterior, que en muchos casos no se ajustara a la renta real por lo que como siempre acabara penalizando a las clases medias, las rentas elevadas no se verán afectadas y se incrementara la injusticia.
La medida producirá mucho mas gasto que lo que se recaude porque obligara , si es que se quiere hacer con un mínimo de seriedad, a renovar las tarjetas sanitarias de toda la población, incorporándolas algún dispositivo electrónico que añada el nivel de la renta (que obviamente es variable). Una estimación aproximada es de un coste de unos 900 millones de euros solo de renovación de las tarjetas a lo que habrá que sumar el coste de las terminales en las farmacias, y en los centros sanitarios si se extiende mas allá del copago farmacéutico, lo que es bastante probable.
Por fin, será ineficaz porque si se contempla solo para las rentas altas (se ha dicho que personas con mas de 100.000 euros de renta, el 0,8% de la población) los ingresos que conseguirá serán mínimos y aunque se aumente a rentas menores, lo que puede producirse fácilmente, o al menos eso es lo que parece deducirse de las declaraciones de los responsables del PP, serán siempre ingresos reducidos en relación con su coste de implantación y poco significativos respecto al volumen del gasto sanitario. La experiencia internacional confirma que la implantación de copagos no ha disminuido el gasto sanitario pero si ha incrementado las dificultades de acceso a los servicios o prestaciones sanitarias de las personas en situación (social y/o sanitaria) mas desfavorecida.
En resumen parece una medida equivocada, cara, injusta e ineficaz y que esta planteada como un primer paso del establecimiento de copagos generalizados que a la postre vulneraran el derecho de la población a una atención sanitaria de calidad, especialmente en el caso de las personas con escasos recursos y mas enfermas.