18 de agosto de 2010, 2:43
NUEVATRIBUNA.ES - 13.8.2010
Después de cuatro años de aprobado el Estatuto Catalán o, más exactamente, de aprobada y votada en referéndum la reforma del Estatut, se conoció -¡por fin!- la sentencia del Tribunal Constitucional. Una sentencia que, en lo que hemos podido conocer, hubiera resultado bastante normalita. Claro, en otros momentos y con otras circunstancias.
La anormalidad comienza en el hecho de que el Tribunal resuelva los recursos después de someter a referéndum el Estatuto. Algo chirría y debería tomarse buena nota para que eso no vuelva a suceder. El referéndum hubiera debido cerrar el proceso.
La anormalidad continúa en el largo periodo transcurrido, cuatro años, desde la aprobación del texto estatutario en el Congreso de los Diputados, tiempo en el que el Estatuto ha ido desarrollándose sin mayores problemas. Y sigue con la penosa manera en la que el Tribunal Constitucional fue trasladando su trabajo y sus desacuerdos (votaciones incluidas), a través de las filtraciones a los medios, al conjunto de la sociedad.
Por último, la eclosión de la anormalidad se manifiesta, sin complejos, en el momento elegido para hacer pública la sentencia, a escasos días de la celebración de una manifestación convocada por la sociedad catalana y a menos de tres meses de sus elecciones autonómicas. Intencionada o no la fecha de la publicación del fallo, lo cierto es que los magistrados han acabado enredándolo todo.
Ciertamente quienes más complicado lo tienen son ambos gobiernos: el autonómico y el estatal. Y traducido políticamente, de manera sobresaliente y especial, los socialistas catalanes que ven alejarse cualquier posibilidad de mantener el gobierno autonómico.
De ahí la necesidad de gestos, de hacer algo, de escenificar aunque fuera una reunión y prometer unos acuerdos de desarrollo del Estatuto entre los presidentes Montilla y Zapatero.
De ahí la urgencia en trasladar la imagen del acuerdo desde la Moncloa por ambos presidentes en lo que respecta al desarrollo y recuperación del Estatut, concretándolo en un calendario de actuaciones que se pueda dar a conocer antes de la convocatoria de elecciones del próximo otoño en Cataluña.
Todo para tratar de recuperar el terreno perdido frente al victimismo nacionalista. Todo para tratar de atraer a una parte de esos más de un millón de ciudadanos y ciudadanas que salieron a la calle para mostrar su descontento con la situación creada por el proceso tan desastroso escenificado por el alto tribunal.
El PSC y el PSOE saben que son, probablemente por diferentes causas, el principal objetivo de las iras ciudadanas que les han situado en el punto de mira. Da igual que no se convenga con un análisis muy racional. Da igual que fuera el Partido Popular quien recurriera el Estatuto y quien orquestara una penosa campaña anti catalana… Porque lo que ahora está en juego es el próximo gobierno de la Generalitat, y ahí, simplemente, el PP no cuenta.
Harían bien no obstante los socialistas en repasar su propio recorrido y analizar en qué momento del proceso minusvaloraron o quizás olvidaron que el victimismo del nacionalismo es insaciable. Da igual que estemos en un Estado cuasi federal administrativamente. Ellos opondrán -me refiero a los “moderados” de CIU en este caso- su federalismo “asimétrico”: una relación “confederal” donde haya poco que compartir.
Todo indica que el PSC sucumbirá a los pies de los caballos del nacionalismo “moderado” catalán y de la fuerte abstención que se vaticina en el seno de la izquierda. ¡Solo será la primera oleada del descontento!
Martín Landa - Sindicalista
Después de cuatro años de aprobado el Estatuto Catalán o, más exactamente, de aprobada y votada en referéndum la reforma del Estatut, se conoció -¡por fin!- la sentencia del Tribunal Constitucional. Una sentencia que, en lo que hemos podido conocer, hubiera resultado bastante normalita. Claro, en otros momentos y con otras circunstancias.
La anormalidad comienza en el hecho de que el Tribunal resuelva los recursos después de someter a referéndum el Estatuto. Algo chirría y debería tomarse buena nota para que eso no vuelva a suceder. El referéndum hubiera debido cerrar el proceso.
La anormalidad continúa en el largo periodo transcurrido, cuatro años, desde la aprobación del texto estatutario en el Congreso de los Diputados, tiempo en el que el Estatuto ha ido desarrollándose sin mayores problemas. Y sigue con la penosa manera en la que el Tribunal Constitucional fue trasladando su trabajo y sus desacuerdos (votaciones incluidas), a través de las filtraciones a los medios, al conjunto de la sociedad.
Por último, la eclosión de la anormalidad se manifiesta, sin complejos, en el momento elegido para hacer pública la sentencia, a escasos días de la celebración de una manifestación convocada por la sociedad catalana y a menos de tres meses de sus elecciones autonómicas. Intencionada o no la fecha de la publicación del fallo, lo cierto es que los magistrados han acabado enredándolo todo.
Ciertamente quienes más complicado lo tienen son ambos gobiernos: el autonómico y el estatal. Y traducido políticamente, de manera sobresaliente y especial, los socialistas catalanes que ven alejarse cualquier posibilidad de mantener el gobierno autonómico.
De ahí la necesidad de gestos, de hacer algo, de escenificar aunque fuera una reunión y prometer unos acuerdos de desarrollo del Estatuto entre los presidentes Montilla y Zapatero.
De ahí la urgencia en trasladar la imagen del acuerdo desde la Moncloa por ambos presidentes en lo que respecta al desarrollo y recuperación del Estatut, concretándolo en un calendario de actuaciones que se pueda dar a conocer antes de la convocatoria de elecciones del próximo otoño en Cataluña.
Todo para tratar de recuperar el terreno perdido frente al victimismo nacionalista. Todo para tratar de atraer a una parte de esos más de un millón de ciudadanos y ciudadanas que salieron a la calle para mostrar su descontento con la situación creada por el proceso tan desastroso escenificado por el alto tribunal.
El PSC y el PSOE saben que son, probablemente por diferentes causas, el principal objetivo de las iras ciudadanas que les han situado en el punto de mira. Da igual que no se convenga con un análisis muy racional. Da igual que fuera el Partido Popular quien recurriera el Estatuto y quien orquestara una penosa campaña anti catalana… Porque lo que ahora está en juego es el próximo gobierno de la Generalitat, y ahí, simplemente, el PP no cuenta.
Harían bien no obstante los socialistas en repasar su propio recorrido y analizar en qué momento del proceso minusvaloraron o quizás olvidaron que el victimismo del nacionalismo es insaciable. Da igual que estemos en un Estado cuasi federal administrativamente. Ellos opondrán -me refiero a los “moderados” de CIU en este caso- su federalismo “asimétrico”: una relación “confederal” donde haya poco que compartir.
Todo indica que el PSC sucumbirá a los pies de los caballos del nacionalismo “moderado” catalán y de la fuerte abstención que se vaticina en el seno de la izquierda. ¡Solo será la primera oleada del descontento!
Martín Landa - Sindicalista