17 de octubre de 2010, 14:01
NUEVATRIBUNA.ES - 20.3.2010
A falta de escasamente 15 días para el apagón analógico y la migración completa hacia la tecnología digital, en nuestra Comunidad no se han terminado los deberes ni bien, ni en tiempo, ni en forma.
Es habitual y asiduo que el lenguaje político y económico utilice en estos tiempos de dificultades que vivimos términos como investigación, desarrollo, innovación, tecnología, información o conocimiento. Todas palabras que pueden relacionarse con la industria audiovisual y con el cambio, que todos anhelamos, del modelo productivo que en los últimos años a sostenido nuestro crecimiento económico.
Junto con estos términos, además se colocan pluralidad, libertad, elección, diversidad o derecho. Y hay razones objetivas para ello. El nuevo escenario que se configura con la Televisión Digital Terrestre debería en teoría mejorar y garantizar a los ciudadanos un mayor y mejor acceso a la información, una mayor y mejor oferta televisiva, mayor y mejor competitividad y por tanto una mayor capacidad de ejercitar su libertad a la hora de optar por el canal de su elección.
Sin embargo la teoría en la Comunidad de Madrid está lejos de la realidad. Un ciudadano madrileño debería en teoría poder optar a elegir entre 35 programas o canales, 23 nacionales, 8 autonómicos y 4 locales. En la actualidad podemos acceder a los 23 nacionales a 3 autonómicos legales y a 7 autonómicos con licencia local.
El mapa diseñado por el legislador ha sido transformado por el sectarismo, el intervencionismo y el control férreo que en esta materia ha ejercido el gobierno de Esperanza Aguirre.
El 6 de agosto de 2005, intentando paliar el bochorno que suponía, el gobierno de Aguirre aprovechaba el periodo vacacional para adjudicar a empresas afines las licencias de digital terrestre local. Intereconomía, Libertad Digital, el Obispado de Madrid, la editora del Mundo o el empresario Enrique Cerezo eran algunos de los beneficiados por las licencias (El concurso se encuentra en los tribunales, un primer auto lo ha declarado nulo por imposibilidad de conocer los criterios sobre los que se fijaron las puntuaciones). No contento con ello ha permitido durante el transcurso de estos años que dichos canales incumpliendo flagrantemente los términos del concurso y el pliego de condiciones, emitieran su señal como canales autonómicos y no como locales en las demarcaciones correspondientes. Además de ilegal ha sido una competencia desleal para los canales autonómicos legalmente establecidos (Telemadrid, LaOtra y Onda 6).
Y como es habitual, para mejorar la libertad de los ciudadanos ha dejado sin adjudicar 5 canales autonómicos lo que cualquier mal pensado presumiría ha permitido un mejor posicionamiento de estas empresas en el nuevo escenario que se abre tras el apagón analógico.
En Marzo de 2007, con la virulencia que caracteriza al gobierno de la Comunidad de Madrid exigía al gobierno de España por razones de no discriminación un segundo múltiplex (cuatro canales más). En octubre de 2007 después de los correspondientes estudios técnicos el Ministerio de Industria concedía el segundo múltiplex a Madrid. El rescate del canal de Quiero TV tras su quiebra sumaba un quinto a los programas autonómicos libres en 2007. Pues bien han trascurrido prácticamente dos años y medio y estamos a escasos días del apagón analógico, ¿Como se explica que ni siquiera se haya convocado concurso para su adjudicación?.
En estos últimos años han desaparecido empresas y con ellas muchos puestos de trabajo de alta cualificación y gran valor añadido pero eso no parece preocupar en tiempos de crisis y desempleo. Igual que no parece preocupar el posicionamiento de una televisión pública madrileña (Telemadrid), que languidece y degenera cotidianamente victima de la manipulación informativa, la utilización bastarda y en especial por la inexistencia de un proyecto a medio y largo plazo. Quo vadis Telemadrid? es la pregunta que se repite permanentemente. Los madrileños necesitamos y tenemos derecho porque la pagamos a una televisión pública, objetiva, profesional, independiente y de servicio público capaz de responder a las necesidades y retos que una sociedad moderna, vital, plural y dinámica como la madrileña debe afrontar en el futuro y para ello deben emprenderse reformas que garanticen su independencia, la objetividad de sus servicios informativos y su carácter eminente de servicio público y desde luego una apuesta decidida por el futuro con la adjudicación de un multiplex completo que le permitiría con los recursos materiales y personales que tiene abordar canales temáticos de indudable interés. (informativos 24 horas, el deporte de la Comunidad, empleo y administraciones públicas) todo antes que la muerte por inanición a la que le tiene abocada Esperanza Aguirre.
Ah y un ruego: que el nivel de autoexigencia de Aguirre se equipare aunque sea mínimamente con el que ella tiene para los demás y especialmente con el gobierno de Zapatero.
Andrés Rojo es diputado de la Asamblea de Madrid. Actualmente es Vicepresidente de la Comisión de Control de Telemadrid y miembro de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda.
A falta de escasamente 15 días para el apagón analógico y la migración completa hacia la tecnología digital, en nuestra Comunidad no se han terminado los deberes ni bien, ni en tiempo, ni en forma.
Es habitual y asiduo que el lenguaje político y económico utilice en estos tiempos de dificultades que vivimos términos como investigación, desarrollo, innovación, tecnología, información o conocimiento. Todas palabras que pueden relacionarse con la industria audiovisual y con el cambio, que todos anhelamos, del modelo productivo que en los últimos años a sostenido nuestro crecimiento económico.
Junto con estos términos, además se colocan pluralidad, libertad, elección, diversidad o derecho. Y hay razones objetivas para ello. El nuevo escenario que se configura con la Televisión Digital Terrestre debería en teoría mejorar y garantizar a los ciudadanos un mayor y mejor acceso a la información, una mayor y mejor oferta televisiva, mayor y mejor competitividad y por tanto una mayor capacidad de ejercitar su libertad a la hora de optar por el canal de su elección.
Sin embargo la teoría en la Comunidad de Madrid está lejos de la realidad. Un ciudadano madrileño debería en teoría poder optar a elegir entre 35 programas o canales, 23 nacionales, 8 autonómicos y 4 locales. En la actualidad podemos acceder a los 23 nacionales a 3 autonómicos legales y a 7 autonómicos con licencia local.
El mapa diseñado por el legislador ha sido transformado por el sectarismo, el intervencionismo y el control férreo que en esta materia ha ejercido el gobierno de Esperanza Aguirre.
El 6 de agosto de 2005, intentando paliar el bochorno que suponía, el gobierno de Aguirre aprovechaba el periodo vacacional para adjudicar a empresas afines las licencias de digital terrestre local. Intereconomía, Libertad Digital, el Obispado de Madrid, la editora del Mundo o el empresario Enrique Cerezo eran algunos de los beneficiados por las licencias (El concurso se encuentra en los tribunales, un primer auto lo ha declarado nulo por imposibilidad de conocer los criterios sobre los que se fijaron las puntuaciones). No contento con ello ha permitido durante el transcurso de estos años que dichos canales incumpliendo flagrantemente los términos del concurso y el pliego de condiciones, emitieran su señal como canales autonómicos y no como locales en las demarcaciones correspondientes. Además de ilegal ha sido una competencia desleal para los canales autonómicos legalmente establecidos (Telemadrid, LaOtra y Onda 6).
Y como es habitual, para mejorar la libertad de los ciudadanos ha dejado sin adjudicar 5 canales autonómicos lo que cualquier mal pensado presumiría ha permitido un mejor posicionamiento de estas empresas en el nuevo escenario que se abre tras el apagón analógico.
En Marzo de 2007, con la virulencia que caracteriza al gobierno de la Comunidad de Madrid exigía al gobierno de España por razones de no discriminación un segundo múltiplex (cuatro canales más). En octubre de 2007 después de los correspondientes estudios técnicos el Ministerio de Industria concedía el segundo múltiplex a Madrid. El rescate del canal de Quiero TV tras su quiebra sumaba un quinto a los programas autonómicos libres en 2007. Pues bien han trascurrido prácticamente dos años y medio y estamos a escasos días del apagón analógico, ¿Como se explica que ni siquiera se haya convocado concurso para su adjudicación?.
En estos últimos años han desaparecido empresas y con ellas muchos puestos de trabajo de alta cualificación y gran valor añadido pero eso no parece preocupar en tiempos de crisis y desempleo. Igual que no parece preocupar el posicionamiento de una televisión pública madrileña (Telemadrid), que languidece y degenera cotidianamente victima de la manipulación informativa, la utilización bastarda y en especial por la inexistencia de un proyecto a medio y largo plazo. Quo vadis Telemadrid? es la pregunta que se repite permanentemente. Los madrileños necesitamos y tenemos derecho porque la pagamos a una televisión pública, objetiva, profesional, independiente y de servicio público capaz de responder a las necesidades y retos que una sociedad moderna, vital, plural y dinámica como la madrileña debe afrontar en el futuro y para ello deben emprenderse reformas que garanticen su independencia, la objetividad de sus servicios informativos y su carácter eminente de servicio público y desde luego una apuesta decidida por el futuro con la adjudicación de un multiplex completo que le permitiría con los recursos materiales y personales que tiene abordar canales temáticos de indudable interés. (informativos 24 horas, el deporte de la Comunidad, empleo y administraciones públicas) todo antes que la muerte por inanición a la que le tiene abocada Esperanza Aguirre.
Ah y un ruego: que el nivel de autoexigencia de Aguirre se equipare aunque sea mínimamente con el que ella tiene para los demás y especialmente con el gobierno de Zapatero.
Andrés Rojo es diputado de la Asamblea de Madrid. Actualmente es Vicepresidente de la Comisión de Control de Telemadrid y miembro de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda.