Los doce meses de Gobierno conservador podrían catalogarse muy adrede en el ámbito del thriller político. Tras un rescate financiero, con las cifras de paro batiendo todos los récords y las calles abarrotadas de manifestantes, está claro que el año del derrumbe de Bankia, del desafío independentista y del pain in Spain -Gallardón dixit: “gobernar es repartir dolor”- se puede adjetivar como de horribilis y con dos vocablos permanentemente en el balance del marianismo rampante: confrontación y descontento.
La política ha dejado de ser la hechura de la voluntad popular para convertirse en el instrumento complaciente de las élites económico-financieras denominadas mercados. No importa que las medidas tomadas sean las correctas o no, sean justas o no, produzcan tal o cual efecto, deseado o no; lo importante es que agraden a los mercados y si es así, aunque todo vaya mal, siempre estaremos en el buen camino. Rajoy tras incumplir todos los puntos y las tildes del programa con el que se presentó a los comicios, afirma que no hay que engañar a los españoles. El mismo lenguaje se convierte en un revenant que nos manifiesta de forma torticera que lo imposible deja de serlo en el momento en que se convierte, como imposición de un pensamiento autoritario, en inevitable.
Los destrozos generados por las políticas neoliberales y los dueños de las finanzas pueden ser irreparables para el Estado democrático, singularmente en el caso español, donde el miedo y los instrumentos del miedo han separado a la sociedad de las condiciones reales de las cuales surge la identidad nacional, mediante la simple fantasmagoría de sumergir la realidad de España como país en un continuo proceso de reemplazo hasta llegar a la suplantación. Los políticos de la derecha, jaleados por vendedores de ideas neoliberales, están poniendo el Estado al servicio de sus amigos, de banqueros y especuladores. Esta reprivatización del Estado a favor de los poderes económicos organizados, supone desactivar el conocimiento racional de los hechos y el respeto a una cultura de participación ciudadana para utilizar, en beneficio de sus intereses, la democracia nominal, que sólo comparte un excedente accesorio de poder con el único objetivo de reforzar el poder antidemocrático de las élites. Con sus actuaciones, esos gobernantes han quebrantado una parte sustancial de la tradición democrática, aquella que siempre puso el Estado al servicio de los ciudadanos y no en manos sólo de los amos del capital.
El partido socialista, por su parte, se encuentra totalmente inmerso en la paradoja de su propio complejo de “partido de Gobierno” y el intento por comprender la “lógica” del sistema que le hace perseguir objetivos sociológicos inexistentes, como el centro político, abandonando a una sociedad civil que tiene la necesidad de reaccionar y participar en procesos políticos de redistribución de los recursos sociales. Esta crisis de posición y función que padece el PSOE produce que carezca de un discurso político claro, de ideas básicas en torno a cómo organizar la sociedad y enfrentarse a acontecimientos históricos muy adversos.
Si la nación sólo es el beneficio de esas empresas que vertebran al país, el Estado, en los ámbitos sociales, ciudadanos y no represivos, se contempla por las élites como un artefacto costoso e inútil, improductivo, parasitario que ha ido creciendo como un quiste purulento. El único Estado sostenible es el que preserva el poder económico y financiero, un Estado mínimo que mantiene el orden plutocrático en el vértice obsceno de la desigualdad. Seremos trabajadores, consumidores, desempleados o excluidos pero no ciudadanos, porque como afirma Philip Pettit, la ciudadanía como fuente de poder, exige la igualdad civil de todos sus miembros.