martes 28/9/21

El aborto en la picota

El Gobierno anuncia que pretende modificar la Ley de Plazos para la interrupción Voluntaria del Embarazo que es el eufemismo con el que se denomino al aborto en nuestro país con los gobiernos del PSOE La nueva ley de plazos en vigor era relativamente reciente, y aunque tenia algunas limitaciones conocidas (no regulaba la objeción de conciencia y no garantizaba la realización de los abortos en el sistema sanitario público) es indiscutible que

El Gobierno anuncia que pretende modificar la Ley de Plazos para la interrupción Voluntaria del Embarazo que es el eufemismo con el que se denomino al aborto en nuestro país con los gobiernos del PSOE

La nueva ley de plazos en vigor era relativamente reciente, y aunque tenia algunas limitaciones conocidas (no regulaba la objeción de conciencia y no garantizaba la realización de los abortos en el sistema sanitario público) es indiscutible que suponía un avance importante sobre la situación anterior.

El cambio que se pretende de la Ley de Plazos volviendo a la de supuestos supondrá trasformar un tema sanitario en un problema penal, que pone en riesgo a cárcel a las mujeres que hagan uso de un derecho que actualmente disfrutan, como es el interrumpir su embarazo, si así lo deciden libremente, dentro de un plazo determinado, como en gran parte de los países civilizados.

Recuperar una Ley de supuestos supone la necesidad de justificar la interrupción voluntaria del embarazo en base a determinados riesgos para la salud de la mujer. Como todo el mundo sabe la mayor parte de las veces se utilizaba el riesgo de salud mental como justificante, lo que suponía dejar a algunas mujeres en situación de indefensión ya que la decisión quedaba sometida a la discrecionalidad (e ideología) de los profesionales sanitarios, y además era humillante, porque suponía asumir problemas psiquiátricos como la causa de los abortos, cuando en realidad se trataba de una decisión libre y razonadamente asumida.

Es obvio que el cambio legislativo pretende satisfacer la presión de un determinado sector de la iglesia católica, el mas fundamentalista, a costa del derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo. Se trata de una interferencia inadmisible de la ideología en los derechos de las personas, entre ellos en el derecho a la salud.

Conviene no olvidar que ya las comunidades autónomas gobernadas por el PP están limitando el derecho al aborto con medidas como el obligar a las mujeres a abonarlos previamente y luego reclamarlos la devolución del importe a la administración (Baleares) o el impago de los mismos a las clínicas privadas (Castilla-La Mancha)

Poner restricciones al aborto, se conoce por la experiencia internacional, supone fomentar los abortos clandestinos, con los riesgos que ello trae para la salud de las mujeres, e incrementa la morbilidad y la mortalidad.

Por eso, para defender los derechos de las mujeres a su libre decisión y por motivos de salud pública hay que oponerse a este cambio legislativo que solo responde al interés de imponer la ideología fundamentalista a toda la ciudadanía.

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