Más crisis, más desempleo, menos protección social y menos servicios públicos es una ecuación funesta para la mayoría de las personas de este país, ya que perfila una realidad económica, laboral y social seriamente dañada de la que solo se salvan las élites económico-financieras que se cobijan al resguardo de la acción de gobierno.
El tercer encuentro de la Cumbre Social ha tenido ocasión de valorar lo que en estos momentos se puede conocer del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, y las organizaciones que la configuran han coincidido en denunciar tanto sus restrictivos contenidos como el cinismo con que, en un auténtico alarde de oscurantismo retórico y en el más puro estilo de los populares trileros, ocultan sus verdaderas intenciones en temas profundamente sensibles, como es el caso, significativamente, de las pensiones, y desvían la atención (y la responsabilidad) hacia las Comunidades Autónomas, sobre las que intenta hacer recaer la mayor parte de la responsabilidad en el recorte del gasto social.
Todo ello intentando, como ya hizo en el caso de las elecciones en Andalucía, ganar tiempo para poder sortear las próximas citas electorales en Galicia y País Vasco.
Porque, centrándonos en lo que la verdad pretende esconder o encubrir, hay que decir, en efecto, que estamos ante unos Presupuestos que no van a hacer sino hundirnos más en la crisis e incrementar nuestra ya elevadísima tasa de paro, en la medida en que establecen mayores recortes a la inversión, sacrifican los estímulos a la actividad económica y a la creación de empleo y renuncian a una política fiscal que, empezando por perseguir decididamente el fraude, permitiese incrementar los ingresos del Estado y evitar así una nueva reducción de los gastos sociales.
Esta situación general se verá agravada en el caso de las personas que atraviesan una situación más extrema por la rebaja de la partida para las prestaciones por desempleo, que hace prever que los 450 euros del plan Prepara dejarán de abonarse el próximo mes de febrero (cuando finaliza el actual), sin olvidar que lo previsto para las pensiones es que no se incrementen más que en un 1 por ciento.
En el proyecto de Presupuestos también decrecen de manera significativa la protección social, las partidas destinadas a la dependencia, los servicios sociales, la ayuda a la cooperación al desarrollo, al mundo rural, al medio ambiente y a la cultura.
De estas premisas sólo cabe concluir que aumente el empobrecimiento generalizado de la sociedad y que se incrementen significativamente los grupos de población en condiciones de pobreza y exclusión social, fenómenos ambos que afectan más acusadamente a las mujeres, personas migradas, jóvenes y ahora ya, a la infancia.
Estamos sin lugar a dudas ante una flagrante impostura politica, como no cabe dudar de que el Gobierno está adoptando medidas y decisiones políticas de gran trascendencia para el bienestar de la mayoría social con total falta de transparencia y un ocultismo deliberado, tal y como queda patente con la “secreta” negociación del rescate a la economía española.
Es esta actitud, que no hace otra cosa que mermar, aún más, la confianza en las instituciones políticas de amplios sectores de la ciudadanía y son una muestra de autoritarismo, la que puede acabar amenazando seriamente la convivencia democrática y no la expresión ciudadana de su malestar, tal y como se pretende hacer ver con el burdo intento de los representantes gubernamentales, de algunos medios de comunicación, así como de Ministerio de Interior, al intentar minusvalorar el seguimiento real de la convocatoria, manipular a la opinión pública y convertir cualquier expresión del conflicto social en un problema de orden público.
El conflicto social existe, y el gobierno no está haciendo sino intensificarlo con sus medidas, extraordinariamente lesivas para la mayoría de la población, y con su actitud de profundo desprecio hacia las más elementales formas de normalidad democrática a la vez que de entera sumisión a las directrices que emanan de la Unión y que se están cebando particularmente con los países del sur de Europa.
La exigencia de que se convoque un Referéndum sobre el programa que se está aplicando por parte del Gobierno es una exigencia de regeneración democrática. La ciudadanía puede, porque así lo contempla la Constitución, y debe ser convocada para expresar su opinión ante situación tan grave y excepcional por la que atravesamos.
Como es un ejercicio democrático la convocatoria de manifestaciones el próximo domingo 7 de octubre en todas las capitales de provincia para expresar el rechazo a estros Presupuestos y para exigir una salida de la crisis que garantice la reactivación económica, la generación de empleo, la recuperación de la protección social y de nuestro mermado Estado del bienestar.