24 de noviembre de 2010, 15:09
NUEVATRIBUNA.ES - 4.11.2010
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Casi seis millones de personas son de origen migrante y de ellos dos proceden de Latinoamérica según el padrón, en el que no entran ni irregulares ni nacionalizados. A los nuevos ciudadanos que contribuyeron al crecimiento económico y que cultural y demográficamente siguen aportando les toca asumir la facultad que les permite decidir. Por eso nadie tiene que desaprovechar la oportunidad de ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones municipales y autonómicas. De los nuevos ciudadanos depende revertir esta tendencia de olvido y de creciente xenofobia en Europa. Aquí donde habitamos tenemos la oportunidad crear otra situación y dar ejemplo de democracia.
Los residentes de larga duración o, lo que es lo mismo, aquéllos con los cinco años de residencia en España que se requieren para ser ciudadanos de primera tienen la responsabilidad de comenzar el necesario proceso de empoderamiento de la comunidad migrante en España. Para ello, lo primera acción es inscribirse en el censo y actualizarlo. La Oficina de Censo Electoral mandará a partir de noviembre una notificación escrita a quienes puedan disfrutar del derecho al voto. Los remitentes deberán rellenar los datos que se soliciten, y devolverla. Pueden también, por iniciativa propia, inscribirse en el Ayuntamiento. El pistoletazo de salida se da el 1 de diciembre y hasta el próximo 15 de enero de 2011 no se cerrarán los censos. 350.000 hombres y mujeres podrán darse de alta en toda España y serán más que decisivos… Serán ciudadanos de pleno derecho.
En la actualidad hay 15 países que han firmado convenio de reciprocidad con el Gobierno español. Pero tan sólo los de seis han sido ratificados por el Parlamento: Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Noruega y Nueva Zelanda.
En el caso de Madrid hay más de un millón de extranjeros censados. 231.500 proceden de los seis países citados anteriormente y 176.000 podrán votar. El objetivo a corto plazo debería ser al menos igualarse en derechos a los ciudadanos comunitarios. Los 210.000 rumanos que podrán participar en las elecciones sólo tendrán que hacer una declaración formal en su ayuntamiento para ejercer el derecho de sufragio. Después, tendrán que presentarla en el registro del Ayuntamiento correspondiente.
El mayor rédito político en el que tiene que pensar un partido debe basarse en conseguir que la sociedad a la que representa sea más democrática. A la hora de actuar políticamente para favorecer el voto migrante, el cálculo sobre la hipótesis de “a dónde irá”, si a la derecha o a la izquierda, es intolerable sobre todo en un país en el que el 12 por ciento de la población es de origen extranjero. Por contra, los diputados de origen extranjero no superan el 1 por ciento. De oportunidades cómo ésta depende revertir la situación de subrepresentación que padece la comunidad migrante.
Y ello no va a ser gracias al gobierno de Esperanza de Aguirre, que se ha encargado de vetar la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que instaba al Ejecutivo regional a realizar un plan de difusión institucional, en colaboración con los ayuntamientos, a fin de promocionar el derecho al sufragio de los nuevos ciudadanos. “No es competencia del gobierno regional”, es su excusa. Parece que las competencias y los recursos quedan limitados al autobombo y la autopromoción que en otras campañas se han financiado con dinero público. Tampoco hay límite a los esfuerzos de Esperanza Aguirre por mejorar su imagen entre los migrantes -ardua tarea, por cierto-. Cuando se trata de otorgar derechos la cosa cambia y el gobierno regional se declara incompetente. A pesar de todo, empecemos a cambiarlo. Votemos.
Yolanda Villavicencio M. es diputada Socialista Asamblea de Madrid. Es licenciada en Económicas y Ciencias Empresariales, especialista en Cooperación Internacional al Desarrollo, especialista en Mujer y Desarrollo, máster en Migraciones y Relaciones Intracomunitarias y en los últimos ocho años ha dirigido la entidad AESCO, especializada en migraciones, cooperación al desarrollo y codesarrollo.
> PDF: Proposición No de Ley para garantizar el Derecho al Sufragio Universal
Casi seis millones de personas son de origen migrante y de ellos dos proceden de Latinoamérica según el padrón, en el que no entran ni irregulares ni nacionalizados. A los nuevos ciudadanos que contribuyeron al crecimiento económico y que cultural y demográficamente siguen aportando les toca asumir la facultad que les permite decidir. Por eso nadie tiene que desaprovechar la oportunidad de ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones municipales y autonómicas. De los nuevos ciudadanos depende revertir esta tendencia de olvido y de creciente xenofobia en Europa. Aquí donde habitamos tenemos la oportunidad crear otra situación y dar ejemplo de democracia.Los residentes de larga duración o, lo que es lo mismo, aquéllos con los cinco años de residencia en España que se requieren para ser ciudadanos de primera tienen la responsabilidad de comenzar el necesario proceso de empoderamiento de la comunidad migrante en España. Para ello, lo primera acción es inscribirse en el censo y actualizarlo. La Oficina de Censo Electoral mandará a partir de noviembre una notificación escrita a quienes puedan disfrutar del derecho al voto. Los remitentes deberán rellenar los datos que se soliciten, y devolverla. Pueden también, por iniciativa propia, inscribirse en el Ayuntamiento. El pistoletazo de salida se da el 1 de diciembre y hasta el próximo 15 de enero de 2011 no se cerrarán los censos. 350.000 hombres y mujeres podrán darse de alta en toda España y serán más que decisivos… Serán ciudadanos de pleno derecho.
En la actualidad hay 15 países que han firmado convenio de reciprocidad con el Gobierno español. Pero tan sólo los de seis han sido ratificados por el Parlamento: Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Noruega y Nueva Zelanda.
En el caso de Madrid hay más de un millón de extranjeros censados. 231.500 proceden de los seis países citados anteriormente y 176.000 podrán votar. El objetivo a corto plazo debería ser al menos igualarse en derechos a los ciudadanos comunitarios. Los 210.000 rumanos que podrán participar en las elecciones sólo tendrán que hacer una declaración formal en su ayuntamiento para ejercer el derecho de sufragio. Después, tendrán que presentarla en el registro del Ayuntamiento correspondiente.
El mayor rédito político en el que tiene que pensar un partido debe basarse en conseguir que la sociedad a la que representa sea más democrática. A la hora de actuar políticamente para favorecer el voto migrante, el cálculo sobre la hipótesis de “a dónde irá”, si a la derecha o a la izquierda, es intolerable sobre todo en un país en el que el 12 por ciento de la población es de origen extranjero. Por contra, los diputados de origen extranjero no superan el 1 por ciento. De oportunidades cómo ésta depende revertir la situación de subrepresentación que padece la comunidad migrante.
Y ello no va a ser gracias al gobierno de Esperanza de Aguirre, que se ha encargado de vetar la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que instaba al Ejecutivo regional a realizar un plan de difusión institucional, en colaboración con los ayuntamientos, a fin de promocionar el derecho al sufragio de los nuevos ciudadanos. “No es competencia del gobierno regional”, es su excusa. Parece que las competencias y los recursos quedan limitados al autobombo y la autopromoción que en otras campañas se han financiado con dinero público. Tampoco hay límite a los esfuerzos de Esperanza Aguirre por mejorar su imagen entre los migrantes -ardua tarea, por cierto-. Cuando se trata de otorgar derechos la cosa cambia y el gobierno regional se declara incompetente. A pesar de todo, empecemos a cambiarlo. Votemos.
Yolanda Villavicencio M. es diputada Socialista Asamblea de Madrid. Es licenciada en Económicas y Ciencias Empresariales, especialista en Cooperación Internacional al Desarrollo, especialista en Mujer y Desarrollo, máster en Migraciones y Relaciones Intracomunitarias y en los últimos ocho años ha dirigido la entidad AESCO, especializada en migraciones, cooperación al desarrollo y codesarrollo.
> PDF: Proposición No de Ley para garantizar el Derecho al Sufragio Universal