7 de octubre de 2010, 15:23
NUEVATRIBUNA.ES - 22.2.2010
El paro tiene rostro, son personas. Algunas se van convirtiendo en paradas de larga duración, sin esperanza, perdiendo la dignidad y sintiéndose derrotados. No encuentran trabajo y no logran autonomía para cubrir sus necesidades. Los jóvenes acumulan un 35% del paro y en este conglomerado se encuentran también los y las inmigrantes. Una situación que desborda todas las previsiones económicas.
Con esta dramática situación, podemos hacer un símil con lo que ocurría como consecuencia de la revolución industrial del siglo XIX. Se han logrado extraordinarios adelantos técnicos y se ha multiplicado la producción de bienes, pero también se constata la enorme explotación del “dejar hacer, dejad pasad”. La ilimitada libertad económica conduce entonces al predominio de los intereses de los empresarios sobre los intereses de la mayor parte de la población.
En las grandes fábricas - que surgieron a medida que progresó la mecanización - los obreros son sometidos a condiciones de trabajo inhumanas; la libre competencia ha sido alterada por los acuerdos empresariales que conducen a los monopolios; los desajustes entre la producción y el consumo dan lugar a graves crisis económicas; y una larga serie de intermediarios superfluos desarrollan maniobras entre los productores y los consumidores. Se elevan artificialmente los precios contribuyendo a reducir aún más los magros salarios reales de los trabajadores en pos de la especulación y el lucro.
Contra estas desigualdades e injusticias del nuevo modelo económico se manifiestan las ideas y las experiencias de los precursores del cooperativismo moderno. Entre ellos se destacan, en particular Owen y Fourier. Éstos propusieron la organización de comunidades autónomas en donde se realizarían en común tanto la producción como el consumo. Se propició entonces el funcionamiento de cooperativas de consumo a través de las cuales los trabajadores podrían ahorrar el capital necesario para emprender posteriormente su propia producción, en lo que se conoce como cooperativas obreras de producción o “cooperativas de trabajo”.
La Economía Social tiene importancia en los países europeos, pero de manera principal en Francia y Bélgica, y goza de reconocimiento en casi todos los países con una legislación específica sobre empresas de inserción. En España, las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión disponen de las empresas de inserción como herramienta para la inclusión socio laboral. Fue a finales del año 2007 que contaron con el respaldo de una Ley que reguló este tipo de instituciones socioeconómicas, siendo un hecho importante ya que estas iniciativas existen desde hace más de 25 años, contribuyendo a la cohesión social.
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) aprobó en 2009 el dictamen sobre “Distintos tipos de empresa” que registra el relevante papel de las empresas de Economía Social para conseguir los objetivos de la estrategia de Lisboa en materia de empleo, competitividad y cohesión social.
De igual manera, el Parlamento Europeo cuenta con un “Intergrupo parlamentario de Economía Social” y ha emitido dos recientes informes sobre este sector. El primero es el informe sobre el “Modelo Social Europeo” (2006), en el que de manera expresa y directa reconoce la capacidad de la Economía Social de constituir el “tercer pilar” de ese modelo. El segundo informe sobre “Economía Social” (2008), promovido por la eurodiputada Patrizia Toia, manifiesta que el modelo social europeo se ha construido a través “de un alto nivel de servicios, productos y empleos generados por la Economía Social, así como con el apoyo de las capacidades de anticipación e innovación desarrolladas por sus promotores”. Además, visibiliza que este tipo de economía se basa en paradigmas sociales acordes con los principios fundamentales del modelo de bienestar de Europa.
El informe deToia plantea tres grandes ejes para dar el papel que corresponde al área que nos ocupa en los Estados miembros. El primero es el reconocimiento de la Economía Social en lo conceptual, jurídico, estadístico e institucional. El segundo eje, manifiesta su reconocimiento como agente clave para el logro de los objetivos de Lisboa, efectúa una serie de consideraciones sobre su papel de actor social y económico. Aboga de forma precisa por la adopción de medidas de políticas públicas de financiamiento, en un claro apoyo de acceso al crédito para empresas propiedad de los trabajadores. El tercer eje incluye recomendaciones a los Estados miembros y a la comisión para alcanzar los objetivos.
La Economía Social está constituida por entidades de personas que desarrollan una actividad con el objetivo prioritario de satisfacer necesidades antes que retribuir al capital. Dentro de la diversidad de formas organizativas –cooperativas, mutuas, mutualidades, sociedades laborales y empresas sociales- ellas tienen características comunes:
1) Son privadas, no forman parte del sector público ni están controladas por el mismo.
2) Están organizadas formalmente y dotadas de personalidad jurídica propia.
3) Tienen autonomía de decisión, con plena capacidad para elegir y cesar a sus órganos de gobierno, para controlar y organizar todas sus actividades.
4) Funcionan con libertad de adhesión y son de afiliación obligatoria.
5) La eventual distribución de beneficios o excedentes entre los socios usuarios, si se produce, no es en proporción al capital o a las cotizaciones aportadas por los mismos, sino de acuerdo con la actividad que estos realizan con la entidad.
6) Ejercen una actividad económica en sí misma considerada para satisfacer necesidades de personas, hogares o familias por lo que las organizaciones de Economía Social son entidades de personas, no de capitales. Trabajan con capital y otros recursos no monetarios, pero no para el capital.
7) Son organizaciones democráticas ya que en el proceso de toma de decisiones de las organizaciones de primer grado de la Economía Social se aplica el principio de “una persona un voto”.
Hablar de una Ley para la Economía Social nos lleva al reconocimiento de su aportación a la sociedad en términos de empleo, cohesión social, democracia, innovación social y desarrollo local, algo demandado por la confederación CEPES. Tan es así que ha creado 23.856 nuevos puestos de trabajo en el último año y medio – el 80 por ciento indefinidos - y casi 4.000 nuevas organizaciones. En España, su carácter democratizador y regulador del sistema está poco reconocido y valorado por los ciudadanos.
El Sector Privado Tradicional Lucrativo, en cambio, está valorado como eficiente económicamente, aunque genera una creciente desigualdad en la distribución de la renta. Además, cuando hay crisis, en modelos basados en la especulación su impacto en la pérdida de empleo causa grandes desequilibrios en los mercados de trabajo y de servicios, sobre todo si el estado de bienestar no logra llegar a todos.
La Economía Social necesita medidas de política pública. Nuestro marco constitucional así lo prevé y lo demanda a través de los valores de la igualdad social y de la igualdad de oportunidades. La Economía Social está dando respuestas positivas a problemas graves para la sociedad, pero su aportación va más allá de complementar al sector público y al privado tradicional. Su papel fundamental, hoy por hoy, consiste en conseguir un espacio regulador del sistema para alcanzar un modelo productivo sostenible, al perfilarse como un actor económico y social, con capacidad de diálogo e interlocución, como dijo el presidente Zapatero recientemente al anunciar la ley de economía sostenible para antes del verano.
Además del reconocimiento jurídico, para expandir las oportunidades de la Economía Social es necesario garantizar su financiación, que se ha visto limitada por dificultades para que entidades con normas y reglamentos donde la forma de tomar decisiones es compartida accedan al sistema financiero tradicional. Este es un obstáculo a superar con medidas que faciliten el acceso sin trabas a estas características propias de las organizaciones de economía social y en igualdad de condiciones que las empresas con ánimo de lucro, creando instrumentos financieros que permitan su expansión y el mantenimiento de sus estructuras, así como medidas de valoración afirmativa y promoción de su valor añadido en la sociedad.
Que en un momento de crisis y de búsqueda de nuevos paradigmas se traiga el debate sobre el modelo productivo en el que hemos de basar una economía sostenible y sobre el papel que la economía social ha de jugar es más que saludable. Nadie debe dudar de los límites del crecimiento de un modelo insostenible que trae empobrecimiento para muchos y beneficios ingentes para unos pocos, causando desequilibrios globales e inmanejables.
Yolanda Villavicencio M. es diputada Socialista Asamblea de Madrid. Es licenciada en Económicas y Ciencias Empresariales, especialista en Cooperación Internacional al Desarrollo, especialista en Mujer y Desarrollo, máster en Migraciones y Relaciones Intracomunitarias y en los últimos ocho años ha dirigido la entidad AESCO, especializada en migraciones, cooperación al desarrollo y codesarrollo.
El paro tiene rostro, son personas. Algunas se van convirtiendo en paradas de larga duración, sin esperanza, perdiendo la dignidad y sintiéndose derrotados. No encuentran trabajo y no logran autonomía para cubrir sus necesidades. Los jóvenes acumulan un 35% del paro y en este conglomerado se encuentran también los y las inmigrantes. Una situación que desborda todas las previsiones económicas.
Con esta dramática situación, podemos hacer un símil con lo que ocurría como consecuencia de la revolución industrial del siglo XIX. Se han logrado extraordinarios adelantos técnicos y se ha multiplicado la producción de bienes, pero también se constata la enorme explotación del “dejar hacer, dejad pasad”. La ilimitada libertad económica conduce entonces al predominio de los intereses de los empresarios sobre los intereses de la mayor parte de la población.
En las grandes fábricas - que surgieron a medida que progresó la mecanización - los obreros son sometidos a condiciones de trabajo inhumanas; la libre competencia ha sido alterada por los acuerdos empresariales que conducen a los monopolios; los desajustes entre la producción y el consumo dan lugar a graves crisis económicas; y una larga serie de intermediarios superfluos desarrollan maniobras entre los productores y los consumidores. Se elevan artificialmente los precios contribuyendo a reducir aún más los magros salarios reales de los trabajadores en pos de la especulación y el lucro.
Contra estas desigualdades e injusticias del nuevo modelo económico se manifiestan las ideas y las experiencias de los precursores del cooperativismo moderno. Entre ellos se destacan, en particular Owen y Fourier. Éstos propusieron la organización de comunidades autónomas en donde se realizarían en común tanto la producción como el consumo. Se propició entonces el funcionamiento de cooperativas de consumo a través de las cuales los trabajadores podrían ahorrar el capital necesario para emprender posteriormente su propia producción, en lo que se conoce como cooperativas obreras de producción o “cooperativas de trabajo”.
La Economía Social tiene importancia en los países europeos, pero de manera principal en Francia y Bélgica, y goza de reconocimiento en casi todos los países con una legislación específica sobre empresas de inserción. En España, las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión disponen de las empresas de inserción como herramienta para la inclusión socio laboral. Fue a finales del año 2007 que contaron con el respaldo de una Ley que reguló este tipo de instituciones socioeconómicas, siendo un hecho importante ya que estas iniciativas existen desde hace más de 25 años, contribuyendo a la cohesión social.
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) aprobó en 2009 el dictamen sobre “Distintos tipos de empresa” que registra el relevante papel de las empresas de Economía Social para conseguir los objetivos de la estrategia de Lisboa en materia de empleo, competitividad y cohesión social.
De igual manera, el Parlamento Europeo cuenta con un “Intergrupo parlamentario de Economía Social” y ha emitido dos recientes informes sobre este sector. El primero es el informe sobre el “Modelo Social Europeo” (2006), en el que de manera expresa y directa reconoce la capacidad de la Economía Social de constituir el “tercer pilar” de ese modelo. El segundo informe sobre “Economía Social” (2008), promovido por la eurodiputada Patrizia Toia, manifiesta que el modelo social europeo se ha construido a través “de un alto nivel de servicios, productos y empleos generados por la Economía Social, así como con el apoyo de las capacidades de anticipación e innovación desarrolladas por sus promotores”. Además, visibiliza que este tipo de economía se basa en paradigmas sociales acordes con los principios fundamentales del modelo de bienestar de Europa.
El informe deToia plantea tres grandes ejes para dar el papel que corresponde al área que nos ocupa en los Estados miembros. El primero es el reconocimiento de la Economía Social en lo conceptual, jurídico, estadístico e institucional. El segundo eje, manifiesta su reconocimiento como agente clave para el logro de los objetivos de Lisboa, efectúa una serie de consideraciones sobre su papel de actor social y económico. Aboga de forma precisa por la adopción de medidas de políticas públicas de financiamiento, en un claro apoyo de acceso al crédito para empresas propiedad de los trabajadores. El tercer eje incluye recomendaciones a los Estados miembros y a la comisión para alcanzar los objetivos.
La Economía Social está constituida por entidades de personas que desarrollan una actividad con el objetivo prioritario de satisfacer necesidades antes que retribuir al capital. Dentro de la diversidad de formas organizativas –cooperativas, mutuas, mutualidades, sociedades laborales y empresas sociales- ellas tienen características comunes:
1) Son privadas, no forman parte del sector público ni están controladas por el mismo.
2) Están organizadas formalmente y dotadas de personalidad jurídica propia.
3) Tienen autonomía de decisión, con plena capacidad para elegir y cesar a sus órganos de gobierno, para controlar y organizar todas sus actividades.
4) Funcionan con libertad de adhesión y son de afiliación obligatoria.
5) La eventual distribución de beneficios o excedentes entre los socios usuarios, si se produce, no es en proporción al capital o a las cotizaciones aportadas por los mismos, sino de acuerdo con la actividad que estos realizan con la entidad.
6) Ejercen una actividad económica en sí misma considerada para satisfacer necesidades de personas, hogares o familias por lo que las organizaciones de Economía Social son entidades de personas, no de capitales. Trabajan con capital y otros recursos no monetarios, pero no para el capital.
7) Son organizaciones democráticas ya que en el proceso de toma de decisiones de las organizaciones de primer grado de la Economía Social se aplica el principio de “una persona un voto”.
Hablar de una Ley para la Economía Social nos lleva al reconocimiento de su aportación a la sociedad en términos de empleo, cohesión social, democracia, innovación social y desarrollo local, algo demandado por la confederación CEPES. Tan es así que ha creado 23.856 nuevos puestos de trabajo en el último año y medio – el 80 por ciento indefinidos - y casi 4.000 nuevas organizaciones. En España, su carácter democratizador y regulador del sistema está poco reconocido y valorado por los ciudadanos.
El Sector Privado Tradicional Lucrativo, en cambio, está valorado como eficiente económicamente, aunque genera una creciente desigualdad en la distribución de la renta. Además, cuando hay crisis, en modelos basados en la especulación su impacto en la pérdida de empleo causa grandes desequilibrios en los mercados de trabajo y de servicios, sobre todo si el estado de bienestar no logra llegar a todos.
La Economía Social necesita medidas de política pública. Nuestro marco constitucional así lo prevé y lo demanda a través de los valores de la igualdad social y de la igualdad de oportunidades. La Economía Social está dando respuestas positivas a problemas graves para la sociedad, pero su aportación va más allá de complementar al sector público y al privado tradicional. Su papel fundamental, hoy por hoy, consiste en conseguir un espacio regulador del sistema para alcanzar un modelo productivo sostenible, al perfilarse como un actor económico y social, con capacidad de diálogo e interlocución, como dijo el presidente Zapatero recientemente al anunciar la ley de economía sostenible para antes del verano.
Además del reconocimiento jurídico, para expandir las oportunidades de la Economía Social es necesario garantizar su financiación, que se ha visto limitada por dificultades para que entidades con normas y reglamentos donde la forma de tomar decisiones es compartida accedan al sistema financiero tradicional. Este es un obstáculo a superar con medidas que faciliten el acceso sin trabas a estas características propias de las organizaciones de economía social y en igualdad de condiciones que las empresas con ánimo de lucro, creando instrumentos financieros que permitan su expansión y el mantenimiento de sus estructuras, así como medidas de valoración afirmativa y promoción de su valor añadido en la sociedad.
Que en un momento de crisis y de búsqueda de nuevos paradigmas se traiga el debate sobre el modelo productivo en el que hemos de basar una economía sostenible y sobre el papel que la economía social ha de jugar es más que saludable. Nadie debe dudar de los límites del crecimiento de un modelo insostenible que trae empobrecimiento para muchos y beneficios ingentes para unos pocos, causando desequilibrios globales e inmanejables.
Yolanda Villavicencio M. es diputada Socialista Asamblea de Madrid. Es licenciada en Económicas y Ciencias Empresariales, especialista en Cooperación Internacional al Desarrollo, especialista en Mujer y Desarrollo, máster en Migraciones y Relaciones Intracomunitarias y en los últimos ocho años ha dirigido la entidad AESCO, especializada en migraciones, cooperación al desarrollo y codesarrollo.