20 de septiembre de 2010, 16:54
NUEVATRIBUNA.ES - 22.10.2009
Las causas de la virulenta crisis que ha hecho temblar las bases de la economía internacional se concentran en un sistema financiero descomunal y fuera de control; y en un modelo de globalización que ha polarizado las diferencias y aumentado las desigualdades sociales a nivel planetario. Como resume Mayor Zaragoza (1), las raíces de esta crisis múltiple (económica, medioambiental, alimentaría, energética, ética y democrática) deberían situarse en la inmensa equivocación de sustituir los principios democráticos universales de justicia social, solidaridad e igualdad, por el mercado.
La crisis tiene características diferenciales en nuestro país, con una violenta destrucción de empleo mostrando las debilidades crónicas de una acumulación basada en un excesivo peso de la construcción y de empresas de bajo valor añadido. Un modelo irracional y depredador, basado en el despilfarro de los recursos naturales, que intensifica la precariedad y los salarios como factores de ajuste permanente, que explota la desigualdad, reduce la eficiencia económica y crispa las relaciones laborales, cuando en la OCDE las economías más sostenibles, y los mercados de trabajo más fluidos corresponden a los sistemas sociales más igualitarios (2).
Las dificultades de las empresas españolas para competir en actividades de contenido tecnológico medio y alto, ha ubicado en el centro del debate la relación competitividad/ productividad de la economía española. El sistema empresarial español ha reducido la intensidad de uso del capital, lo que explica la pérdida de productividad en la década 1997-2007. España es el único país de la OCDE donde ha caído y el que más ha empeorado en los últimos 15 años, situándonos un 20% por debajo de la media europea y un 30% respecto a EE.UU. Ahora ya no tenemos como referencia la Europa de los 15 sino a las economías de Europa del Este.
Ante la grave situación se alude al cambio de modelo económico como el mantra milagroso. Eso sí, pocos buscan las políticas responsables de la situación actual y aún menos explican cómo reorientar un modelo económico y empresarial practicando los mismos comportamientos (beneficio a corto plazo), con las mismas reglas (precarización del trabajo, subsidiariedad del capital público), y los mismos protagonistas (grandes campeones nacionales y transnacionales).
Para el Gobierno, y los expertos “oficiales”, el problema se reduce a identificar una nueva estructura de actividades (energías verdes, biotecnología,..) que permitan el tránsito a una economía sostenible, baja en carbón y basada en la innovación y el conocimiento. En cambio, y a pesar del consenso generalizado de que la legislación laboral y el funcionamiento del mercado de trabajo son ajenos al origen de la crisis, la CEOE y la gran patronal española niegan la evidencia y exigen intensificar las políticas que han forjado el modelo que se dice querer cambiar. Nos conminan, bajo amenaza de no contratar, a rebajar el coste laboral de las empresas descapitalizando del sistema de Seguridad Social y descausalizando el despido junto a su abaratamiento (3). A los empresarios no les interesa la salida social dialogada, seguros de que su actuación como lobby con contactos muy cercanos a la clase política y al Gobierno (4), va a conseguir que se acepten aspectos centrales de su propuesta.
¿De qué modelo estamos hablando?
Estamos de acuerdo en la necesidad de definir una nueva “cesta de actividades sectoriales” pero el cambio que necesitamos es más integral. Exige, por encima de todos, un cambio radical en el modelo de política económica de los últimos 30 años, esto es, del papel del Estado en la economía, de la regresiva fiscalidad a favor de las rentas del capital, de las regulaciones societarias blandas (préstamos participados (5) ), y del abuso de la precarización laboral. Políticas que no han conseguido intensificar la creatividad y esfuerzo inversor de las empresas, dedicados a la organización lobbista de sus influencias en el Gobierno, y a invertir en el casino financiero global.
En España el gasto en I+D fue en 1987 del 0,64%,el PIB, ha llegado en 2007 al 1,27%. Se ha duplicado, pero es muy inferior al de la OCDE del 2,25%, y también al 3% fijado en la Agenda de Lisboa de la Unión Europea para 2010 (6). A pesar del esfuerzo realizado, el sistema español de ciencia e innovación muestra un significativo retraso respecto a los países de nuestro entorno. Sobre todo en el nivel de participación de las empresas españolas en la financiación de I+D+i, tan solo del 46%, significativamente inferior al promedio de gasto de las empresas de UE-27 (55%); y aún mas de las de la OCDE (62,7%). Estamos en el vagón de cola del Índice Sintético de Innovación (ISI) (7), que incluye el gasto y el nivel en educación, la creación de incubadoras de empresas, el registro de patentes o la colaboración empresa-universidad. En cambio, el porcentaje de empresas que reciben ayudas públicas a la innovación en España es superior al promedio europeo.
Además, las empresas, españolas y transnacionales, cuentan con el marco fiscal más favorable de la OCDE, por porcentajes de deducción – hasta el 70% de sus inversiones en I+D+i -, como por el número de actividades beneficiarias. Una panoplia de ayudas que, según la Agencia Tributaria, redujeron los ingresos públicos (Gastos Fiscales: deducciones y bonificaciones de apoyo a la inversión y el gasto en I+D+i) en más de 22.290 millones de euros en el Impuesto de Sociedades en 2006. Pero solo el 3,2% de las empresas (cerca de 1300 que facturan más de 180 millones de euros anuales), concentraron el 78% de las ayudas públicas. En el otro extremo, las Pymes, que dan ocupación y actividad al grueso de la población, y orientan su producción a mercados locales, regionales y nacionales, no saben, o no pueden, acceder a este tipo de ayudas. La innovación institucional pública es obligada y urgente en este punto.
A pesar de que tanto el Estado como las CC.AA, han puesto a disposición del sector empresarial cuantiosos recursos y una batería amplísima de instrumentos, el modelo empresarial –débilmente regulado y suspicaz ante cualquier forma de control público -, no ha sido capaz de movilizar excedentes hacia la reinversión, capitalizando las empresas y reorientándolas hacia actividades sostenibles. Es más, siguiendo al INE, el mecanismo de promoción, que debía generar al menos un euro de gasto adicional por cada euro de ayuda concedida, no ha funcionado, sino que se ha producido una sustitución de inversiones por ayudas públicas.
Hace 50 años los esfuerzos en inversión en nuevos productos, procesos, o servicios avanzados, eran una apuesta excepcional de las empresas. Pero el cambio de paradigma generado por el desarrollo tecnológico de las últimas décadas, ha supuesto la incorporación de un flujo continuo de innovaciones. La inversión en innovación es hoy una exigencia imprescindible para la sostenibilidad las empresas. Sean nuevas o antiguas, las actividades económicas han de apoyarse en empresas con mayores y crecientes niveles de valor añadido. Las ventajas comparativas que hoy explican la viabilidad empresarial -la calidad, la funcionalidad social, ambiental, de los bienes y servicios -, exigen un proceso continuado y generalizado de reinversión en tecnología. Una mayor proporción de capital por empleo, consecuencia de un sostenido proceso de reinversión en nuevos equipos que mejoren la productividad laboral, energética, y financiera de la I+D+i. Un reto ante el que las regulaciones societarias han quedado desfasadas y obsoletas. La vigente exigencia de reinversión de beneficios hasta el 20% del capital social empresarial es papel mojado: ha sido pulverizada por las ingenierías societario-mercantiles, y financiero-contables. Mejorar el comportamiento empresarial en esta dirección implica voluntad política para aprobar regulaciones que eleven de forma continuada el nivel de reinversiones empresariales, y reconduzcan los escandalosos -en plena crisis han crecido como nunca (8)- repartos de dividendos.
La crisis ha puesto de manifiesto, que uno de los problemas del mismo se encuentra en la permanente inhibición del papel del Estado en instituciones, regulaciones, y protagonismo económico directo. Y ello a pesar de las evidencias que demuestran los efectos positivos de una decidida y eficaz regulación de las actividades empresariales. Por ejemplo, las entidades bancarias están obligadas desde 2000 a reservar recursos para mejorar sus ratios de capital. Recibieron durante años críticas apocalípticas de la patronal bancaria, medios de comunicaciones afines, y de los “mercados” (eufemismo neoliberal para no aludir al “poder económico”). La regulación de la banca ha demostrado su eficacia mejorando la capitalización bancaria, ¿Por qué no imitarla, adaptándola a sectores con presencia de grandes empresas: energéticas, químicas, industriales, financieras?
La historia reciente ofrece ejemplos exitosos de regulación económica y de colaboración público-privada. Vigente entre 1982 y 1996, el modelo OCIDE resultó un excelentes instrumento para movilizar la inversión privada en I+D+i. El liderazgo mundial en energía eólica (fabricación, y parque instalado) de empresas españolas es resultado directo de aquel modelo. Eliminado en 1996, en plena euforia neo-liberal, mostró que el poder político puede, y debe, diseñar, so pena de dimitir de sus responsabilidades políticas, instrumentos que movilicen recursos públicos y privados, promoviendo la corresponsabilidad y no la subsidiariedad de lo publico, incorporando transparencia, y orientación en el destino de los excedentes empresariales.
Si el casino financiero, el inmobiliario, o el de las relaciones laborales precarias siguen abiertos, si las políticas no van más allá de invocaciones evangélicas, acompañadas de ayudas fiscales, a favor del I+D+i, no se cambiará de modelo. Se consolidará el rasgo estructural básico del actual: una gestión empresarial obsesionada por el corto plazo, y el simultáneo abandono de actividades económicas que no ofrezcan rentabilidades de dos dígitos.
La anunciada ley de economía sostenible puede ser una oportunidad para repensar el papel del Estado en la economía española, de actualizar las exigencias de reinversión al capital privado, y de dar la vuelta a los Gastos Fiscales. En definitiva, una prueba no sólo de la voluntad política, que se le supone al Gobierno, también del coraje político para hacer entender a los poderes económicos del modelo en crisis, que es imprescindible un cambio del modelo político de regulación económica que asegure la sostenibilidad productiva de las empresas.
(1) F.Mayor Zaragoza. Ahora sí otro mundo es posible. El País, 27 de julio de 2009.
(2) F. López i Mora, A. Sánchez, E.Sanchis. ¿Reforma laboral o cambio de modelo económico? Mientras Tanto, Nº 68, Abril 2009.
(3) Antonio Baylos, CEOE y diálogo social, ¿una decisión sin costes?, El País 29 de julio de 2009
(4) Basta leer las declaraciones de R.Taguas, hasta ayer consejero áulico de la Moncloa,
apoyando la recurrente cantinela del presidente del Banco de España sobre la
necesidad de una reforma laboral.
(5) El G-20 en Washington, en Noviembre 2008, proclamaba la necesaria revisión del concepto de “capital” para dotarle de seguridad, y limpiarlo de sucedáneos precarios, como los prestamos participados en el caso español.
(6) SISE (2008): Indicadores de Ciencia y Tecnología 2007; INE (2008) Estadística actividades en I+D, 2007; y CES (2008): Memoria situación económica y social 2007.
(7) Innovación en Europa, AFI, abril 2006.
.-
(8) El crecimiento del 41,5% de los dividendos repartidos por las empresas del IBEX en la primera mitad del 2009, ha llevado la distribución de beneficios al nivel más alto registrado nunca, muy superior al del año pasado (28.065,00 millones), al de 2007 (23.338,92 millones) y al de 2006 (21.809,71 millones).EP.28.7.2009.
Alicia Durán - Profesora Investigación del CSIC. Departamento de Ciencia y Tecnología de la Fundación 1º de Mayo y Eduardo Gutiérrez - Economista. Gabinete Interfederal C.S. de CC.OO.
Las causas de la virulenta crisis que ha hecho temblar las bases de la economía internacional se concentran en un sistema financiero descomunal y fuera de control; y en un modelo de globalización que ha polarizado las diferencias y aumentado las desigualdades sociales a nivel planetario. Como resume Mayor Zaragoza (1), las raíces de esta crisis múltiple (económica, medioambiental, alimentaría, energética, ética y democrática) deberían situarse en la inmensa equivocación de sustituir los principios democráticos universales de justicia social, solidaridad e igualdad, por el mercado.
La crisis tiene características diferenciales en nuestro país, con una violenta destrucción de empleo mostrando las debilidades crónicas de una acumulación basada en un excesivo peso de la construcción y de empresas de bajo valor añadido. Un modelo irracional y depredador, basado en el despilfarro de los recursos naturales, que intensifica la precariedad y los salarios como factores de ajuste permanente, que explota la desigualdad, reduce la eficiencia económica y crispa las relaciones laborales, cuando en la OCDE las economías más sostenibles, y los mercados de trabajo más fluidos corresponden a los sistemas sociales más igualitarios (2).
Las dificultades de las empresas españolas para competir en actividades de contenido tecnológico medio y alto, ha ubicado en el centro del debate la relación competitividad/ productividad de la economía española. El sistema empresarial español ha reducido la intensidad de uso del capital, lo que explica la pérdida de productividad en la década 1997-2007. España es el único país de la OCDE donde ha caído y el que más ha empeorado en los últimos 15 años, situándonos un 20% por debajo de la media europea y un 30% respecto a EE.UU. Ahora ya no tenemos como referencia la Europa de los 15 sino a las economías de Europa del Este.
Ante la grave situación se alude al cambio de modelo económico como el mantra milagroso. Eso sí, pocos buscan las políticas responsables de la situación actual y aún menos explican cómo reorientar un modelo económico y empresarial practicando los mismos comportamientos (beneficio a corto plazo), con las mismas reglas (precarización del trabajo, subsidiariedad del capital público), y los mismos protagonistas (grandes campeones nacionales y transnacionales).
Para el Gobierno, y los expertos “oficiales”, el problema se reduce a identificar una nueva estructura de actividades (energías verdes, biotecnología,..) que permitan el tránsito a una economía sostenible, baja en carbón y basada en la innovación y el conocimiento. En cambio, y a pesar del consenso generalizado de que la legislación laboral y el funcionamiento del mercado de trabajo son ajenos al origen de la crisis, la CEOE y la gran patronal española niegan la evidencia y exigen intensificar las políticas que han forjado el modelo que se dice querer cambiar. Nos conminan, bajo amenaza de no contratar, a rebajar el coste laboral de las empresas descapitalizando del sistema de Seguridad Social y descausalizando el despido junto a su abaratamiento (3). A los empresarios no les interesa la salida social dialogada, seguros de que su actuación como lobby con contactos muy cercanos a la clase política y al Gobierno (4), va a conseguir que se acepten aspectos centrales de su propuesta.
¿De qué modelo estamos hablando?
Estamos de acuerdo en la necesidad de definir una nueva “cesta de actividades sectoriales” pero el cambio que necesitamos es más integral. Exige, por encima de todos, un cambio radical en el modelo de política económica de los últimos 30 años, esto es, del papel del Estado en la economía, de la regresiva fiscalidad a favor de las rentas del capital, de las regulaciones societarias blandas (préstamos participados (5) ), y del abuso de la precarización laboral. Políticas que no han conseguido intensificar la creatividad y esfuerzo inversor de las empresas, dedicados a la organización lobbista de sus influencias en el Gobierno, y a invertir en el casino financiero global.
En España el gasto en I+D fue en 1987 del 0,64%,el PIB, ha llegado en 2007 al 1,27%. Se ha duplicado, pero es muy inferior al de la OCDE del 2,25%, y también al 3% fijado en la Agenda de Lisboa de la Unión Europea para 2010 (6). A pesar del esfuerzo realizado, el sistema español de ciencia e innovación muestra un significativo retraso respecto a los países de nuestro entorno. Sobre todo en el nivel de participación de las empresas españolas en la financiación de I+D+i, tan solo del 46%, significativamente inferior al promedio de gasto de las empresas de UE-27 (55%); y aún mas de las de la OCDE (62,7%). Estamos en el vagón de cola del Índice Sintético de Innovación (ISI) (7), que incluye el gasto y el nivel en educación, la creación de incubadoras de empresas, el registro de patentes o la colaboración empresa-universidad. En cambio, el porcentaje de empresas que reciben ayudas públicas a la innovación en España es superior al promedio europeo.
Además, las empresas, españolas y transnacionales, cuentan con el marco fiscal más favorable de la OCDE, por porcentajes de deducción – hasta el 70% de sus inversiones en I+D+i -, como por el número de actividades beneficiarias. Una panoplia de ayudas que, según la Agencia Tributaria, redujeron los ingresos públicos (Gastos Fiscales: deducciones y bonificaciones de apoyo a la inversión y el gasto en I+D+i) en más de 22.290 millones de euros en el Impuesto de Sociedades en 2006. Pero solo el 3,2% de las empresas (cerca de 1300 que facturan más de 180 millones de euros anuales), concentraron el 78% de las ayudas públicas. En el otro extremo, las Pymes, que dan ocupación y actividad al grueso de la población, y orientan su producción a mercados locales, regionales y nacionales, no saben, o no pueden, acceder a este tipo de ayudas. La innovación institucional pública es obligada y urgente en este punto.
A pesar de que tanto el Estado como las CC.AA, han puesto a disposición del sector empresarial cuantiosos recursos y una batería amplísima de instrumentos, el modelo empresarial –débilmente regulado y suspicaz ante cualquier forma de control público -, no ha sido capaz de movilizar excedentes hacia la reinversión, capitalizando las empresas y reorientándolas hacia actividades sostenibles. Es más, siguiendo al INE, el mecanismo de promoción, que debía generar al menos un euro de gasto adicional por cada euro de ayuda concedida, no ha funcionado, sino que se ha producido una sustitución de inversiones por ayudas públicas.
Hace 50 años los esfuerzos en inversión en nuevos productos, procesos, o servicios avanzados, eran una apuesta excepcional de las empresas. Pero el cambio de paradigma generado por el desarrollo tecnológico de las últimas décadas, ha supuesto la incorporación de un flujo continuo de innovaciones. La inversión en innovación es hoy una exigencia imprescindible para la sostenibilidad las empresas. Sean nuevas o antiguas, las actividades económicas han de apoyarse en empresas con mayores y crecientes niveles de valor añadido. Las ventajas comparativas que hoy explican la viabilidad empresarial -la calidad, la funcionalidad social, ambiental, de los bienes y servicios -, exigen un proceso continuado y generalizado de reinversión en tecnología. Una mayor proporción de capital por empleo, consecuencia de un sostenido proceso de reinversión en nuevos equipos que mejoren la productividad laboral, energética, y financiera de la I+D+i. Un reto ante el que las regulaciones societarias han quedado desfasadas y obsoletas. La vigente exigencia de reinversión de beneficios hasta el 20% del capital social empresarial es papel mojado: ha sido pulverizada por las ingenierías societario-mercantiles, y financiero-contables. Mejorar el comportamiento empresarial en esta dirección implica voluntad política para aprobar regulaciones que eleven de forma continuada el nivel de reinversiones empresariales, y reconduzcan los escandalosos -en plena crisis han crecido como nunca (8)- repartos de dividendos.
La crisis ha puesto de manifiesto, que uno de los problemas del mismo se encuentra en la permanente inhibición del papel del Estado en instituciones, regulaciones, y protagonismo económico directo. Y ello a pesar de las evidencias que demuestran los efectos positivos de una decidida y eficaz regulación de las actividades empresariales. Por ejemplo, las entidades bancarias están obligadas desde 2000 a reservar recursos para mejorar sus ratios de capital. Recibieron durante años críticas apocalípticas de la patronal bancaria, medios de comunicaciones afines, y de los “mercados” (eufemismo neoliberal para no aludir al “poder económico”). La regulación de la banca ha demostrado su eficacia mejorando la capitalización bancaria, ¿Por qué no imitarla, adaptándola a sectores con presencia de grandes empresas: energéticas, químicas, industriales, financieras?
La historia reciente ofrece ejemplos exitosos de regulación económica y de colaboración público-privada. Vigente entre 1982 y 1996, el modelo OCIDE resultó un excelentes instrumento para movilizar la inversión privada en I+D+i. El liderazgo mundial en energía eólica (fabricación, y parque instalado) de empresas españolas es resultado directo de aquel modelo. Eliminado en 1996, en plena euforia neo-liberal, mostró que el poder político puede, y debe, diseñar, so pena de dimitir de sus responsabilidades políticas, instrumentos que movilicen recursos públicos y privados, promoviendo la corresponsabilidad y no la subsidiariedad de lo publico, incorporando transparencia, y orientación en el destino de los excedentes empresariales.
Si el casino financiero, el inmobiliario, o el de las relaciones laborales precarias siguen abiertos, si las políticas no van más allá de invocaciones evangélicas, acompañadas de ayudas fiscales, a favor del I+D+i, no se cambiará de modelo. Se consolidará el rasgo estructural básico del actual: una gestión empresarial obsesionada por el corto plazo, y el simultáneo abandono de actividades económicas que no ofrezcan rentabilidades de dos dígitos.
La anunciada ley de economía sostenible puede ser una oportunidad para repensar el papel del Estado en la economía española, de actualizar las exigencias de reinversión al capital privado, y de dar la vuelta a los Gastos Fiscales. En definitiva, una prueba no sólo de la voluntad política, que se le supone al Gobierno, también del coraje político para hacer entender a los poderes económicos del modelo en crisis, que es imprescindible un cambio del modelo político de regulación económica que asegure la sostenibilidad productiva de las empresas.
(1) F.Mayor Zaragoza. Ahora sí otro mundo es posible. El País, 27 de julio de 2009.
(2) F. López i Mora, A. Sánchez, E.Sanchis. ¿Reforma laboral o cambio de modelo económico? Mientras Tanto, Nº 68, Abril 2009.
(3) Antonio Baylos, CEOE y diálogo social, ¿una decisión sin costes?, El País 29 de julio de 2009
(4) Basta leer las declaraciones de R.Taguas, hasta ayer consejero áulico de la Moncloa,
apoyando la recurrente cantinela del presidente del Banco de España sobre la
necesidad de una reforma laboral.
(5) El G-20 en Washington, en Noviembre 2008, proclamaba la necesaria revisión del concepto de “capital” para dotarle de seguridad, y limpiarlo de sucedáneos precarios, como los prestamos participados en el caso español.
(6) SISE (2008): Indicadores de Ciencia y Tecnología 2007; INE (2008) Estadística actividades en I+D, 2007; y CES (2008): Memoria situación económica y social 2007.
(7) Innovación en Europa, AFI, abril 2006.
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(8) El crecimiento del 41,5% de los dividendos repartidos por las empresas del IBEX en la primera mitad del 2009, ha llevado la distribución de beneficios al nivel más alto registrado nunca, muy superior al del año pasado (28.065,00 millones), al de 2007 (23.338,92 millones) y al de 2006 (21.809,71 millones).EP.28.7.2009.
Alicia Durán - Profesora Investigación del CSIC. Departamento de Ciencia y Tecnología de la Fundación 1º de Mayo y Eduardo Gutiérrez - Economista. Gabinete Interfederal C.S. de CC.OO.