sábado 4/12/21

Despotismo contrademocrático

NUEVATRIBUNA.ES - 7.3.2010PARA FUNDACIÓN SISTEMAEl grupo de los denominados “l00 economistas” (que, en realidad, eran 95 y ahora han debido de pasar a ser 94, tras la retirada, por razones institucionales, del actual Secretario de Estado de Economía, Sr.
NUEVATRIBUNA.ES - 7.3.2010

PARA FUNDACIÓN SISTEMA

El grupo de los denominados “l00 economistas” (que, en realidad, eran 95 y ahora han debido de pasar a ser 94, tras la retirada, por razones institucionales, del actual Secretario de Estado de Economía, Sr. Campa) se ha convertido en la punta de lanza de las propuestas más duras contra dos de los pilares de nuestro modelo social: la legislación laboral y el sistema de pensiones. En su manifiesto anterior defendían un contrato único prácticamente descausalizado y sin control judicial, pretendiendo, de esta manera, “solucionar” la segmentación de nuestro mercado de trabajo por la vía de convertir a todos los trabajadores contratados en precarios. Ahora, anuncian otro sobre las pensiones (El País, 27 de febrero de 2010) en el que plantean, entre otras cosas, bajar la pensión respecto del último salario ya que, según su criterio, la tasa de sustitución (la relación entre la pensión y el último salario) de las pensiones públicas es en nuestro país demasiado alta y generosa.

Pero, siendo esa afirmación ciertamente discutible, lo realmente grave de su propuesta es la pretensión de sustituir el debate político, el diálogo social y, sobre todo, al propio Parlamento por una “comisión de expertos independientes”. De tal manera que sea lo que digan tales expertos lo que haya de comprometer al Pacto de Toledo. Es decir al Parlamento y a la soberanía popular.

Si la esencia de la dogmática neoliberal es la defensa de la supremacía del mercado y de las decisiones económicas sobre la política y las decisiones democráticas, no es fácil encontrar una manifestación tan palmaria de ello como la que plantea este grupo de economistas. Cuyos postulados no nos retrotraen al siglo XVII, al Antiguo Régimen y a la Ilustración – todo para el pueblo, pero sin el pueblo – sino que más bien nos muestran la confluencia de su ideología con los postulados de la extrema derecha norteamericana de Sarah Palin, Dick Cheney y el “Tea Party” en su ofensiva contra las decisiones políticas con motivo de la reforma sanitaria del Presidente Obama. En el fondo, lo que plantean estos expertos es que el mayor problema de las pensiones es que los pensionistas actuales y los pensionables futuros, es decir, la inmensa mayoría de la población, votan. Y que con su voto obstaculizan e impiden que los políticos adopten las decisiones acertadas que, naturalmente, sólo ellos saben.

Lo primero que cabe decir de su planteamiento es que es sesgado. La tasa de sustitución que dicen es la que rige en España, superior al 80% del último salario, de las pensiones de jubilación es un supuesto teórico – jubilación a los 65 años y con una carrera de seguro completa - que no corresponde a la realidad. Lo que importa es la tasa de sustitución real del conjunto del sistema. Y ésta no llega en las nuevas pensiones de jubilación a alcanzar el 60% de los salarios medios. Ello es debido a que en España existen: i) topes máximos de cotización, y consecuentemente también una pensión máxima topada y unos salarios bastante inferiores a los de muchos países europeos; ii) coeficientes reductores comparativamente muy altos en casos de jubilación anticipada; iii) muchos trabajadores son expulsados del mercados de trabajo antes de llegar a los 65 años y no pueden tener derecho a la pensión máxima; iv) aunque hayan cotizado 14 años y 300 días si no se llegan a cotizar 15 años la tasa de sustitución es cero. Tampoco se tiene en cuenta que en otros países existen pensiones complementarias obligatorias de carácter profesional – pactadas entre empresas y sindicatos -, ni que la actualización de las bases de cotización o la revalorización de las pensiones ya causadas no se realizan sobre los salarios, como en muchos países europeos, ni se contemplan, con el grado de generosidad de bastantes países comunitarios, las bonificaciones y las situaciones de inactividad protegidas, a efectos de cálculo de las pensiones, por cuidado de hijos, personas dependientes, períodos de aprendizaje o de estudios, que en España son muy limitadas y penalizan, sobre todo, a las mujeres. La fiscalidad sobre las pensiones es otro hecho diferencial que también incide en la tasa real de sustitución, en el momento de jubilarse y en los años posteriores.

Pero, sobre todo, lo que merecería una respuesta es el contenido ideológico contrademocrático de la propuesta de estos expertos. Si su anterior manifiesto tuvo como respuesta otro manifiesto, en sentido contrario, de más de 750 expertos de derecho del trabajo, éste merecería otro en el que se manifestaran otras muchas voces. Las de otros expertos, las de los trabajadores en las empresas, las de sindicalistas, diputados y otros cargos públicos, las de ciudadanos corrientes, las de profesionales de los medios de comunicación….ya que es la propia decisión democrática la que se pone en cuestión.

El sistema público de pensiones es una conquista democrática, una característica esencial de nuestro modelo social, un elemento de solidaridad entre generaciones. Es el fruto de una decisión política. Y es por eso objeto de debate y de combates. Pero no son los mercados financieros los que han de decidir sobre la cuantía de las pensiones sino que es la sociedad la que debe decidir políticamente cuál es la parte de la riqueza producida que debe destinarse a las personas jubiladas. Es entendible que un tal sistema, que valoriza la decisión política y por lo tanto el ejercicio de la democracia, sea intolerable para los neoliberales de todo tipo. Pero es democráticamente inaceptable. Por eso resulta imprescindible una amplia expresión de rechazo de los que creemos que lo intolerable es este tipo de despotismo antidemocrático.

La opinión de los expertos es necesaria y conveniente. Aunque no sean independientes. Es difícil, desde luego, asignarles este adjetivo a los integrantes del manifiesto que son coordinados por una fundación, FEDEA, que depende de grandes empresas y del Banco de España. Pero nunca pueden estar estas opiniones por encima de las instituciones democráticas. Además, en esta cuestión no sólo tienen que opinar los expertos – todo tipo de expertos y no sólo los economistas; todo tipo de expertos y no sólo los ultraliberales – sino también las organizaciones sociales, los políticos, los ciudadanos, los intelectuales de todo tipo. Ya que de lo que estamos hablando es del modelo de sociedad que queremos para el futuro.

José María Zufiaur ha sido Secretario General de la Unión Sindical Obrera y miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de la Unión General de Trabajadores. Actualmente es Consejero del CES europeo, en representación de UGT. Forma parte de las secciones de Relaciones Exteriores y de Asuntos sociales y preside, dentro del CESE, el Observatorio del Mercado de Trabajo.

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