Resulta cuanto menos curioso descubrir que la contribución económica del nuevo copago sanitario (repago siendo justos) va a ser mínima, sólo 165 millones de euros, según Ana Mato. Para la ministra tiene más bien un papel “educativo”, para que los usuarios den valor a los medicamentos que reciben. Y los más afectados van a ser los pensionistas. Hasta ahora, estos estaban exentos de pagar (salvo los funcionarios de Muface, que abonan el 30% de los medicamentos). A partir de ahora, deberán pagar, por regla general, el 10% de los tratamientos. Los que tengan unos ingresos que los eximan de presentar declaración de la renta tendrán un límite de ocho euros al mes. Por cierto, este tope fue fijado por la ministra en 18.000 euros al año, pero, según la Agencia Tributaria, está en 22.000. El resto, hasta unos ingresos de 100.000 euros, tendrá que pagar también el 10% de los medicamentos, pero con un límite de 18 euros al mes. A partir de esa cantidad, pagarán el 20% hasta 60 euros mensuales. Según las asociaciones de pensionistas, esta medida les obligará a que tengan que dejar de pagar otras cosas importantes como la luz o el agua.
Como ya he señalado en otras ocasiones y ahora coincide en reconocer la propia Mato, no es una medida económica, es -en sus palabras- “una medida educativa”, que es lo mismo que decir “ideología pura”. El gobierno del PP busca crear un sistema público de salud fragmentado y poco igualitario. Por tanto, esta es otra medida que continúa la senda del desencuentro con el electorado: hemos conocido a través de la última encuesta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) que el 88,3% de los ciudadanos españoles se muestra contrario a los recortes económicos en sanidad y al copago.
Existen infinidad de fórmulas propuestas por expertos en salud y catedráticos de medicina que permitirían reducir el gasto sanitario lo suficiente como para evitar fórmulas de copago, y resulta muy interesante acudir a los estudios realizados en los países donde ya se han experimentado diferentes fórmulas relacionadas con el copago, que evidencian que vincular la prestación sanitaria al coste de la misma, provoca que los usuarios con menor nivel de renta se retraigan del sistema de salud, sin que esto suponga un mayor ahorro para el sistema a largo plazo, ya que cuando estas personas retornan a recibir prestación sanitaria sus enfermedades se han agravado y el coste de su atención es mucho más elevado.
Puede verse, entre otros, el estudio de Neal T. Wallace y sus colegas de la Universidad de Portland State (Estados Unidos), que analizaron en 2008 los efectos de la introducción de un sistema de copago en Oregón para parte de los beneficiarios adultos de Medicaid (sistema público de salud estadounidense para personas de bajos ingresos). Los científicos compararon lo que pasaba entre los pacientes con copago y los que no lo tenían y observaron que los primeros redujeron en un 2,2% su consumo de fármacos y en un 7,7% las visitas al ambulatorio. Sin embargo, el coste por servicio en este colectivo se disparó hasta ser un 6,6% mayor, ya que entre otras cosas en el grupo del copago el número de pacientes que tuvieron que ser ingresados en un hospital fue un 27,3% superior. También hicieron un uso un 13,5% mayor de los servicios poshospitalización. Los autores deducen de esta experiencia que los copagos "cambian las pautas de tratamiento pero no proporcionan los ahorros esperados".
Hace algunos años me contó un periodista dedicado a investigar sobre medicina, salud, etc., que la industria farmacéutica era una de las peores versiones de la inmoralidad del capitalismo aunque nadie se lo imaginara porque, según me decía, se dedicaban a mantener médicos en nómina con la finalidad de que avalaran estudios científicos que determinaban la necesidad de modificar químicamente algún tipo de vacuna (preferentemente las infantiles) para posteriormente generar cierta alarma social a través de la publicación de los resultados de los estudios en prensa y llamar a la puerta del Ministerio de Sanidad con el presupuesto de lo que costaría reemplazar la vacuna “mala” por la “buena”. Los estudios eran falsos, las modificaciones químicas innecesarias e imperceptibles. Ya se lo habían imaginado ¿no? Este periodista me decía: Hombre Carmen, yo llevo ya muchos años y de esta gente pues me lo espero todo porque si son capaces de dejar caducar las medicinas que tienen en stock antes de mandárselas a los países del tercer mundo porque dicen que las tienen que pagar como los demás…pues qué te digo.
Bueno, a lo que iba, pues es esta misma industria la que está detrás del copago, a ver, analicemos un poco la cuestión. La sanidad pública no puede asumir los costes que le supone subvencionar un porcentaje del coste de los medicamentos que necesita cada usuario del sistema. Hasta ahí bien. Que sepamos no está documentado ningún caso en el que un médico realice una prescripción del tipo: “Tómese usted estas pastillas durante el tiempo que le parezca a usted bien y la cantidad que le dé la gana”. Esto está claro ¿no? Los tratamientos están perfectamente pautados en tiempo y dosis, por tanto, es sencillo calcular el número de pastillas que necesita el usuario e igualmente sencillo sería que las pastillas se vendieran en dosis individuales para que este usuario pudiese adquirir exactamente las pastillas que necesita.
Esto evitaría que se realizase un exceso en el consumo de las mismas, la automedicación y el vencimiento de la fecha de caducidad de infinidad de cajas de medicamentos a medio acabar (quién no tiene un cajón en casa lleno de cajas de medicinas que hay que revisar periódicamente para ver si están en fecha). Bien, si la seguridad social no puede costear al usuario el porcentaje que venía financiando hasta ahora de una caja de medicamentos de pongamos 5 euros (es decir, la seguridad social pongamos que financia 4 euros), bien podría financiar el mismo porcentaje que financiaba antes pero de 12 pastillas (las correspondientes al tratamiento prescrito), que proporcionalmente deben costar una tercera parte de lo que costaría una caja de pongamos 36 pastillas. Conclusión: no sería necesario que el usuario aumentara el porcentaje de dinero que debe aportar o “copago”, porque la seguridad social con el mismo esfuerzo inversor o menos podría seguir financiando lo mismo que hacía antes de tener problemas económicos. Pero se nos quedó algo atrás… ¿quién pierde en esta ecuación? Efectivamente, avispado lector, la industria farmacéutica. Si en lugar de vender cajas, vende pastillas de forma individual, de forma matemática tenderá a reducir sus beneficios.
Qué opción toma la política en esta simple ecuación: pues entre la opción de que la industria farmacéutica reduzca sus beneficios y que el usuario (imaginemos a nuestro abuelo) pague más por los medicamentos, pues elige la segunda opción.
Por eso siempre decimos que, sin duda, un sistema económico sustentado sobre la inmoralidad que supone regirse por el afán de lucro como excusa para pasar por encima de los más simples criterios de humanidad y ética, es algo malo, pero siempre será peor el sistema político que lo sustenta y lo ampara. Pongamos caras: la Generalitat de Cataluña y ahora el Partido Popular.
Es curioso porque podría haber alguien que le dijera a esta industria que tampoco es tan malo reducir su margen de beneficio sobre los medicamentos, teniendo en cuenta que el Ministerio de Sanidad les ha inyectado miles de millones de euros en vacunas nuevas que realmente no hacían falta…pero eso sería otro tipo de políticos, otro tipo de país.