21 de diciembre de 2010, 10:22
nuevatribuna.es 21.12.2010
Datos hecho públicos en el pasado mes de noviembre por CEPAL (Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe) dan fe de la persistencia del problema, y de cómo México se queda como una de las pocas excepciones (junto a Ecuador y Costa Rica) en que pobreza lejos de reducirse, crece: de 31.7% de la población en 2006 al 34.8% en 2008. Otro tanto vale para la desigualdad: los conservadores cálculos del Banco Mundial apuntan a que actualmente una décima parte de los mexicanos concentran una riqueza de 439 597.2 millones de dólares (41.3% del ingreso total). Antes de 2006, este selecto grupo acumulaba el 35.4 del ingreso del país. Casi 6% más.
Úsese la escala que se quiera, y mídase por donde se quiera medir, como señala el economista del Colmex Gerardo Esquivel, hoy prácticamente uno de cada cinco mexicanos no tiene recursos para cubrir niveles mínimos de nutrición, salud y educación. Aunque es cierto que la situación en términos de pobreza sería peor sin los programas sociales asistenciales y, especialmente sin las remesas (vergonzosamente la segunda fuente de divisas, símbolo patente de la incapacidad del estado para generar empleos y bienestar), también lo es que ni los programas sociales ni las remesas han hecho gran cosa por aminorar la dolorosa desigualdad.
Seguimos siendo un país de pobres y de millonarios: son mexicanos los pobladores de municipios con un nivel de desarrollo similar al de Malawi, donde existen enfermedades que se creían erradicadas hace años y 9 de los 100 magnates que aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo según Forbes (incluyendo el primer lugar, Carlos Slim, magnate de las comunicaciones, y al traficante Joaquín Guzmán). Curiosamente, la población mexicana que se auto considera de clase media en México ronda el 80%. Hay mucho voluntarismo y ceguera en la auto percepción social; mucha indiferencia hacia la situación del prójimo.
Como la injusticia no está escrita en las estrellas y obedece a razones “humanas, demasiado humanas”, repaso un tres temas más a fondo que hacen pensar que el estado mexicano (por acción u omisión) no solo no lucha contra la desigualdad, sino que la fomenta.
El tema fiscal: hay de empresarios a empresarios (y luego, trabajadores)
El Estado mexicano es y ha sido débil fiscalmente. Ha permanecido casi siempre cerca de la bancarrota, debido a su mínima capacidad recaudatoria. Recauda poco, aproximadamente un 11% del PIB, no ya comparado con los países desarrollados (que recaudan 40% o más) sino con el resto de Latinoamérica.
Lo interesante es que esa capacidad recaudatoria es en sí compleja: no es tan débil cuando se trata de contribuyentes cautivos, como los trabajadores asalariados, y llega al nivel de paraíso fiscal cuando se trata de grandes fortunas. Me apoyo con datos tomados de una obra reciente de Sergio Aguayo (quien a su vez los toma de la Auditoría Superior de la Federación):
Entre 200 y 2005, las 50 empresas más grandes de México pagaron, en promedio, por concepto de IVA y por concepto de Impuesto sobre la Renta un total de 141 pesos al año. Es decir, alrededor de 10 euros. Un trabajador que gane 10 mil pesos al mes (el equivalente, mutatis mutandi, al español mileurista) da al fisco por concepto de impuesto sobre la renta 1037 pesos al mes. Es decir, varias veces más que lo que aportan al año en promedio las 50 empresas más grandes de México, entre las que se encuentran multinacionales conocidas por los españoles. Ofensivo, dice Aguayo, pero legal. Gracias a regímenes fiscales especiales, a los mecanismos legales que existen para la devolución de impuestos (aprobados por políticos que se supone velan por el interés de las mayorías y no administran el desastre a favor de unos cuantos) y a ejércitos de contables y abogados, una empresa internacional aporta a las arcas estatales mucho menos que un solitario trabajador.
La falta de empleo formal y el miedo al recorte de pensiones impele a muchos mexicanos a intentar ser empresarios, a pesar de que al riesgo inherente de serlo, el tener que competir mediante el trabajo y la innovación, ahora se agrega el de ser extorsionado por el crimen organizado. Sin embargo, el que los regímenes fiscales contribuyan de forma tan salvaje a la desigualdad dentro del propio empresariado desincentiva el emprendedurismo. Ejemplo: a diferencia de los grandes privilegiados que dan a Hacienda 141 pesos en promedio anuales, si un negocio mediano factura más de 2 millones de pesos al año, se le retirará alrededor de la mitad de lo que facture como impuesto (absurdo porque en muchos casos es el miedo a que el Estado no devuelva lo contribuido en forma de pensiones lo que lanza al clasemediero mexicano a ser empresario). O desincentiva o impulsa conductas ilegales, como la doble contabilidad y el fraude fiscal. Otro absurdo del México contemporáneo que golpea a las clases medias, esas que en teoría dan sentido y destino al PAN, el partido en el gobierno que aplica estos regímenes fiscales que fomentan la desigualdad.
El consumo: no competencia y desigualdad
Otra vertiente en que el gobierno contribuye a preservar una tan desigual distribución del ingreso en México está en el consumo: se maniata a consumidores que son virtualmente exprimidos por monopolios y oligopolios de empresas que son favorecidas por el gobierno.
Según refiere Sergio Aguayo, en 2010, para la Comisión Federal de Competencia el 30% del gasto de los hogares se dedica a mercados con poca competencia (en servicios financieros, telecomunicaciones, transporte, energía y bienes de consumo). Peor: son los mexicanos más pobres quienes les transfieren más porcentaje de sus ingresos: hasta el 42 por ciento. Muchas de estas empresas son competitivas en el exterior (como las del Carlos Slim), mientras que en México son “virtuosas en esclavizar al consumidor” y ocupan las primeras plazas en cuanto a número de quejas del consumidor se refiere.
La Procuraduría Federal del Consumidor (al igual que otros organismos públicos dedicados a la defensa de derechos ciudadanos) se encuentra colonizada por intereses partidistas, grupales, de lo que se ha llamado “los poderes fácticos”. El resultado: la mansedumbre.
Tanto lo referido al fisco como al consumo ejemplifican claramente lo que el Nobel de Economía Joseph Stiglitz ha llamado “capitalismo de cuates o de colegas” (crony capitalism), lo que ha sido denunciado ya por más de una voz crítica y eminente desde la academia mexicana: un modelo económico en el que algunos privilegiados reciben del gobierno un trato especial que les permite incrementar sus fortunas sin tener que enfrentar competencias incómodas. Otro caso emblemático ha sido Rusia.
El despilfarro impúdico: clase política y élite funcionarial
Pese al cuadro anteriormente expuesto, los burócratas, sean altos funcionarios del gobierno, de organismos públicos autónomos, o integrantes de las cúpulas de los partidos: viven (y defienden su privilegio a vivir, salvo honrosas excepciones) en la opulencia, con nula sensibilidad a las carencias de los demás. La nuestra, como sea repetido hasta el cansancio en tiempos recientes, es una de las democracias más caras del mundo. Sólo en 2009 se gastó en materia electoral casi 21 mil millones de pesos, lo que equivale a cerca del 85% del presupuesto del programa de política social estrella, “Oportunidades”. El financiamiento público a los partidos, justificado para evitar los fondos ilegales en campañas, se mantiene millonario (en la última década, 50 mil millones de pesos), aunque se ha demostrado ineficiente ya que no cumple su propósito. De forma parecida, los recursos dados a los altos funcionarios empatan o rebasan los de sus equivalentes en el mundo rico y desarrollado (sean magistrados de la Suprema Corteo consejeros del Instituto Federal Electoral, todos se sirven con la cuchara grande), sin que sus resultados lleguen a los talones de sus contrapartes. Son auténticos Cresos por vía funcionarial.
Lo muestra una investigación reciente del CIDE llamada “El uso y abuso de los recursos públicos” dirigida por los profesores Ana Magaloni y Carlos Elizondo. Uso el ejemplo de la Suprema Corte de Justicia: en ella trabajan 3000 funcionarios frente a los 283 del Tribunal Constitucional español, su gasto total dobla lo que cuesta la Suprema Corte de Estados Unidos, los sueldos de sus magistrados son, hasta donde sé, los más altos del mundo en términos absolutos (4 millones 169 mil 957 pesos al año, unos 253 mil euros), no se diga ya en términos relativos (el salario mínimo en México ronda los 50 pesos diarios), y su productividad es pobre: en 2009 se resolvieron unos 4 300 asuntos, frente a los casi 8 mil de su equivalente peruano o los casi 16 mil del Constitucional español.
Tal despilfarro (sancionado por ley y resguardado desde el Congreso) va de la mano con la desigualdad y, junto a la corrupción y la impunidad, parece característica mexicana.
Desigualdad y transición
La privación relativa y una alta desigualdad pueden llegar a ser alicientes para la conducta ilegal. No sólo para el fraude fiscal. Hay que ser un necio para dudar que la violencia y la criminalidad tengan algo que ver con la desigualdad y la falta de oportunidades (especialmente de los jóvenes), que sean su caldo de cultivo. Aunque también hay que serlo para pensar que quien sugiera esto está por ello justificando a los criminales, y eso lo dicen denominados intelectuales.
La transición mexicana tuvo como meta principal establecer una democracia electoral (logro ya puesto en duda en 2006 y 20010), pero no formar una sociedad más igualitaria. Todo apunta, sin embargo, a que la búsqueda de la equidad es un objetivo urgente, pues la lacerante desigualdad en la que vivimos y la falta de seguridad económica (además de física) inhiben la formación de ciudadanía y hacen imposible una democracia de verdad. Como todos los derechos, la mayor equidad no será una dádiva: tendrá que surgir de múltiples luchas, procesos de negociación, y victorias incompletas de los grupos subalternos.
César Morales Oyarvide | Politólogo mexicano