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miércoles. 28.09.2022

Desahucios. Una semana clave

Las luchas sociales son carreras de larga distancia y todos los días son importantes. Bien lo saben los activistas de las PAH. Pero esta semana tiene una especial significación. Se espera que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre si la legislación española es respetuosa o no con la Directiva 93/13/CEE.

Las luchas sociales son carreras de larga distancia y todos los días son importantes. Bien lo saben los activistas de las PAH. Pero esta semana tiene una especial significación. Se espera que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre si la legislación española es respetuosa o no con la Directiva 93/13/CEE. Y por lo que se desprende de las conclusiones presentadas por la abogada general, la legislación española, y con ella los partidos que lo han aprobado, PSOE, PP y CIU, no saldrán bien parados.

Durante años, los gobiernos Zapatero y Rajoy han estado negando la realidad y el drama social de los desahucios. Las medidas adoptadas han sido parciales y cosméticas. Durante quince meses el gobierno Rajoy no ha hecho nada más que esconder la cabeza bajo el ala e improvisar respuestas mediáticas.

En febrero de 2012, y en respuesta a la interpelación que presenté en nombre de IU, ICV-EUiA, CHA, el ministro Guindos se sacó de la manga la falsa solución del código de buenas prácticas, que ha resultado ser un engaño. Luego, a finales de junio, el PP votó en contra de la Proposición de ley que presentó nuestro grupo, aunque manifestó que estaba muy de acuerdo. En otoño, y presionado por el impacto de nuevos suicidios, improvisó el Decreto ley 27/2012, que a las pocas semanas recibía una autoesmena a la totalidad del propio PP, además de la de los otros grupos.

En todas las ocasiones que he tenido oportunidad, he acabado mis intervenciones advirtiendo a los parlamentarios del PP, y no sólo a ellos, que si el Congreso no daba soluciones reales al drama de los desahucios, las respuestas vendrían de las movilizaciones sociales y de los jueces.

Y aquel vaticinio se está cumpliendo. Las movilizaciones sociales han obligado al PP a tener que aceptar a trámite la ILP presentada por entidades, sindicatos y PAH. Propuestas hechas por diferentes grupos, como es la dación en pago, que hasta ahora eran rechazadas, se están abriendo paso.

El Tribunal Europeo debe decidir sobre algunos aspectos de la legislación española que están detrás del sufrimiento de muchas familias. La imposibilidad de alegar motivos de oposición a la ejecución por parte del deudor, el vencimiento de todo el crédito hipotecario a partir del primer plazo impagado, intereses de usura del 18/20%. Y detrás de todas ellas si existe un equilibrio razonable entre los intereses de las familias deudoras y los bancos acreedores.

Que no existe este equilibrio lo demuestra el caso que es objeto de análisis por el Tribunal de la UE. Vemos algunas de las muchas barbaridades de nuestro sistema hipotecario. El préstamo para la compra de la vivienda era de 138.000 euros con una tasación inicial de 194.000 euros. Los plazos impagados en el momento de la subasta subían a 3.153,46 euros, a los que se habían añadido 41.902 euros más por intereses y costas. Como sea que la tasación de la vivienda realizada por la subasta había bajado de 194.000 a 97.200 euros, la Caja acreedora se pudo quedar el piso por el 50% del valor de la subasta, es decir, 48.600 euros. Mientras tanto, la familia se quedó sin casa y con una deuda pendiente de 130.000 euros, es decir, lo mismo que al suscribir la hipoteca pero ahora sin vivienda, que era propiedad de la entidad acreedora. Si esto no es usura se parece y si no es un crimen, es algo parecido.

Esperamos que el Tribunal de la UE haga lo que nuestras instituciones no han sido capaces durante años: restituir el equilibrio entre los deudores y las entidades acreedoras en los procesos hipotecarios. Pero todavía quedarán muchos otros temas que tendremos que discutir en el Congreso. Entre ellos, la necesidad de establecer un alquiler social, proporcional a los ingresos de las familias en riesgo, con lo que garantizar el derecho constitucional a la vivienda y dar un sentido social a muchas viviendas vacías que son titularidad de bancos nacionalizados con recursos públicos.

También tendremos que debatir los mecanismos para permitir la dación en pago en los casos de insolvencia sobrevenida, de buena fe, que afecte la vivienda habitual y en familias sin ninguna otra vivienda ni patrimonio con el que responder. Hasta ahora, bancos, Asociación Hipotecaria Española y el gobierno Rajoy, como antes Zapatero, se niegan a aceptar la dación en pago con efectos retroactivos como una de las fórmulas a disposición de las familias. Alegan que esto incentivaría los impagos, pondría en riesgo el mercado hipotecario y la propia solvencia de los bancos. Ocultan que la dación en pago supone perder la casa para quien no tiene otra y por lo tanto el efecto contagio no es previsible. Y sobre todo no explican el porqué las inmobiliarias y los especuladores han aplicado la dación en pago para liquidar sus créditos, por importes que superan en mucho los 100.000 millones de euros y esto ha sido encajado por bancos y cajas a costa de los recursos públicos aportados por todos los ciudadanos. Y en cambio estos mismos ciudadanos no tienen derecho a que se les aplique el mismo procedimiento de dación en pago que se ha hecho con las inmobiliarias.

La pregunta resumida es: ¿Por qué sí la dación en pago a inmobiliarias y no a las familias? Y la respuesta es tan nítida como dura: porque la ley determina que los accionistas de las inmobiliarias responden legalmente únicamente con el capital invertido en las sociedades afectadas y no con su patrimonio. Y en cambio las familias responden con su patrimonio presente y futuro. También por eso las cédulas hipotecarias de elevada rentabilidad y seguridad emiten para las entidades financieras con la cobertura de las hipotecas familiares-las más seguras de cobrar-y no para los créditos hipotecarios suscritos por las inmobiliarias-que tienen muchos más riesgos. Este es el conflicto de fondo que hasta ahora se ha resuelto contra las familias.

Somos conscientes de que las cosas no son fáciles legalmente, pero la situación es insostenible para muchas familias y sobre todo es insostenible ese sentimiento de estafa que viven los afectados y con ellos todos los activistas que les están apoyando.

Semana, pues, importante, días decisivos para tantas luchas de tanta gente puedan ver por fin la luz con los cambios de nuestro sistema hipotecario y la legislación que lo soporta.

Desahucios. Una semana clave