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martes. 28.06.2022

Los derechos de las personas discapacitadas son, nuevamente, “recortados”

La economía social ha “inventado” instrumentos y herramientas enriquecedoras para las personas con discapacidad...

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La Consejería de Asuntos Sociales, de la Comunidad de Madrid, ha publicado una Resolución (5 de febrero de 2014) por la que se comunica la formalización del Acuerdo Marco denominado: “Atención a personas con discapacidad intelectual en centro ocupacional”. (BOCM, Lunes 24 de febrero de 2014). El Acuerdo Marco tiene por objeto la concertación de plazas en Centro Ocupacional para la atención de personas adultas con discapacidad intelectual en distintas zonas de la Comunidad de Madrid. Valor estimado del contrato: 127.707.437,52 euros (IVA excluido). Presupuesto base de licitación: Plaza ocupada/día 32,42 euros. IVA 3,24 euros. Importe total: Plaza ocupada/día 35,66 euros.

La economía social ha “inventado” instrumentos y herramientas enriquecedoras para las personas con discapacidad, que, por ser distintas, no son normalmente admitidas por el mercado laboral, a pesar de tener potencialidades profesionales. Desarrollar estas y fortalecer su profesionalidad les permite un margen de movilidad suficiente para integrarse socialmente, como al resto de las personas. El Centro Ocupacional es una de esas herramientas. Tiene como finalidad proporcionar la formación ocupacional y el desarrollo profesional, personal y social, con el fin de conseguir el máximo nivel de desarrollo de las habilidades personales y socio-laborales de sus usuarios. Otro instrumento es el Centro Especial de Empleo, donde ya se generan relaciones laborales normalizadas y actividad empresarial competente para introducir sus productos en el mercado.

La novedad de esta Resolución es que fija el precio por plaza en 32,42 euros más IVA. Es un precio muy cercano al que regía por el año 2006. Se retroceden ocho años. Dicho de otra manera, se anulan (se neutralizan) ocho años de mejoras contractuales y de avances en el desarrollo de técnicas para estas personas. Lo que genera consecuencias calificables de desastrosas para el desarrollo de quienes tienen discapacidad intelectual. La primera decisión que han de tomar los Centros responsables de esta gestión será reducir costes, nóminas y personal técnico para ajustar su funcionamiento al ingreso generado por la subvención, salvo que las familias tengan la capacidad de suplir con su dinero el coste no cubierto. Capacidad no generalizable, con lo que se puede derivar en una nueva discriminación dentro de un sector ya discriminado: quienes puedan pagar podrán tener instrumentos de desarrollo personal, quienes no lo puedan hacer bajarán un escalón más en la cuneta de la marginación. Con este retroceso se camina a una mayor precariedad.

Las personas con discapacidad acaban de surgir de la nada y estrenan su visibilidad social. Aún se recuerdan años oscuros de nuestra historia en que la precariedad invadía las vidas y los discapacitados eran simplemente olvidados o escondidos en habitaciones oscuras de nuestros pueblos. Ha habido mucho esfuerzo para sacar la cabeza a la luz. Esfuerzo de sus organizaciones representativas, de sus familiares, de los profesionales que a ello se han dedicado y de ellos mismos que han luchado para normalizar sus vidas. También de las administraciones públicas que han apoyado, con más o menos pereza, las demandas que se les presentaban. No es vano que este retroceso se pueda asociar a otros tiempos desfavorables para estas personas. Y no es el primer signo de ello.

Las políticas activas de empleo dejaron de financiarse en el ejercicio 2012 como consecuencia de una decisión del Gobierno Central, por lo que dejó de funcionar  la intermediación laboral, la formación en base al catálogo de especialidades formativas del INEM, los talleres de empleo y las escuelas de oficio. Todo ello son herramientas imprescindibles para desarrollar habilidades profesionales que el sistema educativo normalizado no contempla para estas personas. Desde ese 2012 apenas se han desarrollado nuevas subvenciones. Sí se ha hecho en formación pero dado el bajo nivel de financiación se suelen quedar fuera más del 80% de las propuestas formativas que se presentan, adecuadas a las necesidades de estas personas, cuya especificidad no es atendida por las ofertas normalizadas existentes en el mercado. Provocando una nueva forma de exclusión: ni son atendidos por el sistema educativo ni son financiadas  las propuestas adaptadas a las necesidades objetivas.

Un caso concreto que permite dar contenido significativo a estas limitaciones: una entidad determinada que en el periodo 2011-2012 recibió subvenciones para crear proyectos de formación y para constituir un equipo de intermediación laboral. La intermediación laboral consiste en conectar a empresas demandantes de empleo con una bolsa de trabajadores con discapacidad, cuyas habilidades profesionales pueden ser integradas en los puestos de trabajo que se demandan. Desde el 2012 se dejó de recibir financiación para seguir en esta tarea. Pero los proyectos que se financiaron permitieron incorporar al empleo en el mercado abierto y protegido, entre los tres últimos años anteriores al 2012, a más de 250 personas con discapacidad, de las que el 30%, aproximadamente, eran personas con discapacidad intelectual. En cuanto a formación, en los dos años de duración del Centro de Especialidades Formativas, 90 alumnos tuvieron la oportunidad de adquirir habilidades profesionales, todos con discapacidad. Fruto de aquellos cursos, algunos tuvieron la posibilidad de incorporarse a un empleo. Hay que insistir, los programas de formación profesional normalizados no contemplan caminos de profesionalización para estas personas, por ello se necesitan programas específicos.

A día de hoy, todas estas políticas, salvo algo en formación, han desaparecido. La intermediación ha sido sustituida por las Agencias de Colocación, instrumento que, en buena medida, se ha desarrollado y se va a financiar pensando especialmente en las ETTs, normalmente orientadas en su negocio a las profesiones estandarizadas y, por ello, atendiendo en condiciones más débiles a ofertas de empleo menos beneficiosas para sus objetivos empresariales. Lo que genera un nuevo mecanismo de exclusión.

Es cierto que se puede alegar que toda la población trabajadora está en condiciones de precariedad; que el Banco de España dice que la pérdida salarial es mayor que lo que dicen las estadísticas oficiales (qué paradoja); que Eurostat dice que en España hay casi 3 millones de niños en pobreza y que instituciones europeas ya han advertido de que encontrar trabajo en España no garantiza salir de la pobreza por los salarios tan exiguos que existen (por cierto, no deja de admirar que estas cosas nos la digan desde Europa y que nuestras estadísticas oficiales no converjan en conclusiones similares). Es cierto que la precariedad ha tomado posesión de nuestro “mercado laboral”. Pero ello no disminuye la gravedad de lo que se denuncia, pues ni el mal de muchos consuela ni, especialmente, las personas con discapacidad tienen las mismas fuerzas para salir adelante que el resto de personas que ya viven condiciones de precariedad. Está costando mucho que las personas con capacidades distintas tengan consideración de ciudadanos adultos, con derecho al trabajo. Cuesta a ellos mismos y a las plataformas que desarrollan estas habilidades profesionales. Retroceder a etapas anteriores significa dar marcha atrás en senderos de crecimiento personal que ya estaban muy trabajados pero que no se pueden mantener, simplemente porque los Poderes Públicos tienen otras prioridades en qué pensar. Por cierto, no se sabe bien cuáles son esas prioridades sociales.

Los derechos de las personas discapacitadas son, nuevamente, “recortados”