Esta semana he solicitado en la Junta de Portavoces la intervención del Presidente del Congreso para que ampare la función del Congreso de Diputados y su dignidad como Poder Legislativo.
A lo largo de esta legislatura hemos visto como se iba deteriorando el proceso de elaboración de las leyes como consecuencia del abuso que el Partido Popular ha hecho de su mayoría absoluta.
Es evidente que la mayoría obtenida en las urnas, y que se expresa en el Congreso, es legítima para cerrar los debates en favor de quienes ostentan esa mayoría. Pero debería ser también claro que las mayorías, por más absolutas que sean, no legitiman para hacer cualquier cosa, y menos para usarla para deteriorar las funciones del legislativo y deteriorar la democracia.
Aunque durante esta legislatura hemos tenido muchos ejemplos de ello, en la fase final el PP está sobrepasando todos los límites.
Ya no se trata solo del uso reiterado del Decreto Ley. Ni tan siquiera del abuso de los llamados Decretos Ley Ómnibus, que de hecho son verdaderos portaviones de normas. En los últimos meses el Partido Popular se está acostumbrando a presentar enmiendas que nada tienen que ver con el contenido del proyecto debatido. Con este comportamiento el Partido Popular elude en unos casos los dictámenes del Consejo de Estado, en otros presenta verdaderos Proyectos de Ley por la puerta de atrás. Y en todos los casos, el PP impide que el resto de grupos podamos ejercer nuestras funciones, porque las enmiendas presentadas por el PP se convierten en Ley, sin que tan siquiera el resto de grupos hayamos podido enmendarlas ni discutirlas.
El resultado es un grave deterioro democrático, un atentado a la seguridad jurídica que protege el artículo 9.3 de la Constitución, un ninguneo constante al Congreso y una burla a la democracia.
En este permanente fraude de ley en la elaboración de las Leyes, el Partido Popular acaba de ultrapasar todos los límites en el debate de la llamada Ley de Segunda Oportunidad. No se trata solo que la ley que se va aprobar se convertirá en el sexto texto de la ley concursal en menos de dos años.
En la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad que supone una reforma del proceso concursal, el Partido Popular ha presentado enmiendas que modifican 12 leyes, 2 decretos legislativos, 3 decretos y afecta a una directiva de la UE. En todos los casos se trata de normas que nada tienen que ver con el proyecto de ley que se está discutiendo.
Para que se hagan una idea algunas de las Leyes reformadas se refieren al capital riesgo, a las sociedades de inversión colectiva, a la asistencia sanitaria, a las prestaciones de los españoles residentes en el exterior. Sin olvidar la ley del juego, la que regula los fondos de pensiones, la ley de contratos del sector público, las cooperativas agroalimentarias. Es tal la chapuza con la que actúa el Gobierno y obliga a actuar al legislativo que las reformas legislativas presentadas por la puerta de atrás afectan a Leyes que se acaban de aprobar hace unas pocas semanas, como la Ley 2/2015 de desindexacción de la economía española o la propia Ley de Presupuestos del Estado de 2015.
Este es un abuso que el grupo de la Izquierda Plural hemos denunciado muchas veces, sin éxito, porque la mayoría absoluta del PP todo lo tapa.
Por eso creemos que el Presidente de la Cámara tiene la responsabilidad política, legal y ética de pararle los pies al Partido Popular. Basta con que pida un informe a los letrados de la cámara sobre la legalidad de este comportamiento, atendiendo entre otras cosas a la jurisprudencia emitida ya en su momento por el Tribunal Constitucional.
Tampoco estaría mal que el Consejo General de la Abogacía Española levantara su voz ante este atropello a la democracia. Si para algo tiene sentido el mantenimiento de algunos colegios profesionales es para que en momentos como este ejerzan una función social crítica ante los abusos del Poder.
Los silencios de hoy, las connivencias con este abuso de poder, serán responsables de un grave deterioro democrático que no nos podemos permitir.