18 de noviembre de 2010, 15:41
NUEVATRIBUNA.ES - 19.6.2010
Tras la presentación del texto inicial por parte del Ministro de Trabajo a sindicatos y empresarios, el Gobierno decidió aprobar el Decreto para la Reforma Laboral, con unas cuantas vueltas de tuerca más en contra de los trabajadores.
Resulta bastante incomprensible que el Gobierno, también en este caso, se haya plegado ante quienes defienden que abaratar el despido de los trabajadores tendrá repercusiones en la mejora de la tasa de paro en España.
En la penúltima versión de la reforma (digo penúltima porque habrá que ver como queda la versión definitiva tras su tramitación como Proyecto de Ley en el Congreso y la incorporación de más novedades por la vía de la negociación con los grupos parlamentarios o de las enmiendas), el documento aparece ya claramente sesgado hacia las posturas que han venido defendiendo los empresarios. Así ocurre en el caso del despido por motivos económicos, donde no hace falta ni siquiera que las empresas tengan que justificar pérdidas económicas. Basta con que “de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa”. En fin, que una situación coyuntural puede acabar con despidos por motivos económicos y con una indemnización de 20 días por año para los trabajadores afectados. Justo todo lo contrario de lo que se decía en el documento borrador, entregado a los sindicatos cinco días antes, donde se hablaba de “empresas que arrojen pérdidas económicas no meramente coyunturales”.
La otra gran espuerta para el abaratamiento del despido es la práctica universalización del “contrato de fomento de la contratación indefinida”, con una indemnización por despido improcedente de 33 días en lugar de los 45 días de los contratos ordinarios, y donde además ocho días de esos 33 de indemnización se pagarán inicialmente con cargo al Fondo de Garantía Salarial, el FOGASA, y por un fondo de capitalización después, sin que los empresarios tengan que poner ni un euro. O sea que cabe esperar una de estas dos alternativas: o bien posteriormente se inventarán un nuevo descuento en las nóminas de los trabajadores o bien el dinero saldrá de los Presupuestos y también lo acabaremos pagando entre todos -esto está todavía por definirse-.
Por último, merece también una mención destacada todo el capítulo de la flexibilización de las condiciones de trabajo. Esto es, las facilidades que se otorgan a los empresarios para modificar las condiciones de trabajo: los horarios, los turnos de trabajo y la movilidad. Debe ser que los trabajadores y las trabajadoras de este país no forman parte del colectivo que puede aspirar a la conciliación de la vida laboral y la familiar, con todo lo que ello conlleva… Pero entonces, ¿para quién se hacen las leyes?
Leía recientemente como uno de los “cien inteligentes de este país” tenía la desfachatez de hablar de castas entre los trabajadores por el distinto coste del despido. Nunca he visto con mayor claridad eso de “la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio”…
Y ya para terminar, me ha extrañado no ver ni una sola línea en la reforma dedicada a la necesidad de formación de los trabajadores para su adaptación a las nuevas tecnologías. ¿No es uno de los problemas reales para mejorar la productividad en muchas empresas?
Pero claro, en el fondo, lo que ocurre es que nadie se cree que esto vaya más allá del oportunismo de aprovecharse de una situación coyuntural de crisis para recortar derechos y salarios a los trabajadores. Da igual que los responsables de la actual situación sean otros y bien conocidos.
La guadaña sólo ha empezado a caer sobre los derechos conquistados por los trabajadores españoles y europeos en mil “batallas”.
Ahora, hay que hacerse oír. Ahora, aguarda el 29 de Septiembre, donde los trabajadores españoles y los del resto de la Comunidad Europea deben confluir en la exigencia de una Europa Social.
Martín Landa - Sindicalista
Tras la presentación del texto inicial por parte del Ministro de Trabajo a sindicatos y empresarios, el Gobierno decidió aprobar el Decreto para la Reforma Laboral, con unas cuantas vueltas de tuerca más en contra de los trabajadores.
Resulta bastante incomprensible que el Gobierno, también en este caso, se haya plegado ante quienes defienden que abaratar el despido de los trabajadores tendrá repercusiones en la mejora de la tasa de paro en España.
En la penúltima versión de la reforma (digo penúltima porque habrá que ver como queda la versión definitiva tras su tramitación como Proyecto de Ley en el Congreso y la incorporación de más novedades por la vía de la negociación con los grupos parlamentarios o de las enmiendas), el documento aparece ya claramente sesgado hacia las posturas que han venido defendiendo los empresarios. Así ocurre en el caso del despido por motivos económicos, donde no hace falta ni siquiera que las empresas tengan que justificar pérdidas económicas. Basta con que “de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa”. En fin, que una situación coyuntural puede acabar con despidos por motivos económicos y con una indemnización de 20 días por año para los trabajadores afectados. Justo todo lo contrario de lo que se decía en el documento borrador, entregado a los sindicatos cinco días antes, donde se hablaba de “empresas que arrojen pérdidas económicas no meramente coyunturales”.
La otra gran espuerta para el abaratamiento del despido es la práctica universalización del “contrato de fomento de la contratación indefinida”, con una indemnización por despido improcedente de 33 días en lugar de los 45 días de los contratos ordinarios, y donde además ocho días de esos 33 de indemnización se pagarán inicialmente con cargo al Fondo de Garantía Salarial, el FOGASA, y por un fondo de capitalización después, sin que los empresarios tengan que poner ni un euro. O sea que cabe esperar una de estas dos alternativas: o bien posteriormente se inventarán un nuevo descuento en las nóminas de los trabajadores o bien el dinero saldrá de los Presupuestos y también lo acabaremos pagando entre todos -esto está todavía por definirse-.
Por último, merece también una mención destacada todo el capítulo de la flexibilización de las condiciones de trabajo. Esto es, las facilidades que se otorgan a los empresarios para modificar las condiciones de trabajo: los horarios, los turnos de trabajo y la movilidad. Debe ser que los trabajadores y las trabajadoras de este país no forman parte del colectivo que puede aspirar a la conciliación de la vida laboral y la familiar, con todo lo que ello conlleva… Pero entonces, ¿para quién se hacen las leyes?
Leía recientemente como uno de los “cien inteligentes de este país” tenía la desfachatez de hablar de castas entre los trabajadores por el distinto coste del despido. Nunca he visto con mayor claridad eso de “la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio”…
Y ya para terminar, me ha extrañado no ver ni una sola línea en la reforma dedicada a la necesidad de formación de los trabajadores para su adaptación a las nuevas tecnologías. ¿No es uno de los problemas reales para mejorar la productividad en muchas empresas?
Pero claro, en el fondo, lo que ocurre es que nadie se cree que esto vaya más allá del oportunismo de aprovecharse de una situación coyuntural de crisis para recortar derechos y salarios a los trabajadores. Da igual que los responsables de la actual situación sean otros y bien conocidos.
La guadaña sólo ha empezado a caer sobre los derechos conquistados por los trabajadores españoles y europeos en mil “batallas”.
Ahora, hay que hacerse oír. Ahora, aguarda el 29 de Septiembre, donde los trabajadores españoles y los del resto de la Comunidad Europea deben confluir en la exigencia de una Europa Social.
Martín Landa - Sindicalista