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lunes. 08.08.2022

De la Justicia gratuita en Madrid

NUEVATRIBUNA.ES - 11.8.2009 El señor Consejero de “injusticia” en el Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, rebuscando entre los axiomas ideológicos en materia de exclusión de los extranjeros (por otra parte de gran calado y rancia tradición) de su jefa y presidenta, Esperanza Aguirre, ha desenterrado el hacha de guerra, emprendiéndola contra los letrados del Turno de Oficio de la Comunidad de Madrid, por el hecho de
NUEVATRIBUNA.ES - 11.8.2009
 
El señor Consejero de “injusticia” en el Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, rebuscando entre los axiomas ideológicos en materia de exclusión de los extranjeros (por otra parte de gran calado y rancia tradición) de su jefa y presidenta, Esperanza Aguirre, ha desenterrado el hacha de guerra, emprendiéndola contra los letrados del Turno de Oficio de la Comunidad de Madrid, por el hecho de cumplir con su obligación deontológica de defender los derechos de las personas pobres de otras naciones del mundo. Los pobres, de cualquier latitud, carecen de medios económicos para pagar los honorarios de profesionales particulares, para defender sus derechos en los procedimientos establecidos al efecto. En España, sin embargo, la ley les garantiza el acceso a la justicia.

La señora Aguirre, el 10-11-2008, cuando coincidía con el Ministro del Interior, en la firma del Protocolo de Cooperación en Materia de Seguridad, y aprovechando el revuelo de la noticia sobre el hijo de Bin Laden que demandaba en el aeropuerto de Barajas el reconocimiento del derecho de Asilo, cargó contra los inmigrantes diciendo: “… que le gustaría «mucho» poder recortar esa partida, -la del turno de oficio- pero que «parece que incluso no llega con lo que tenemos» y se mostró partidaria de cambiar la ley, según reseñó EFE. Como ella es tan ocurrente, añadió que «No es posible que cualquier litigio jurídico, incluido el divorcio de cualquier ciudadano extranjero sin papeles, lo tenga que pagar la Comunidad de Madrid». (EL MUNDO, Luis F. DURÁN,  07-11-2008).

Se trata de una campaña sistemática del Partido Popular en pro de su ideal liberal: crear en el seno de la sociedad madrileña sentimientos de prevención, recelo, desconfianza y xenofobia hacia los inmigrantes, en tanto en cuanto les considera una carga inútil para el gobierno de la señora Aguirre.

El señor Consejero de “Justicia”, al acusar a los letrados del Turno de Oficio de Extranjería de falta de ética profesional, bajo la acusación de ejercer “temerariamente” la defensa de los inmigrantes con el fin de cobrar y convertirse en privilegiados recaudadores de los fondos de la Comunidad, abre el camino para legitimar ante la opinión publica la privatización de la Asistencia Jurídica Gratuita. Esta estrategia ya se ha materializado en el pasado inmediato, cuando se entregó a intereses particulares la Asistencia Jurídica a personas de la tercera edad.

No nos engañemos. Los inmigrantes son sólo una excusa. De lo que se trata es de la privatización del Derecho al acceso a la Justicia. La asistencia jurídica a inmigrantes es la anécdota. En realidad, la carga va dirigida contra todas las personas y familias sin recursos, pero instigando las bajas pasiones para conseguir sus propósitos. Centenares de españoles de origen han visto en los tres últimos años como la Comisión de Justicia Gratuita de la Comunidad de Madrid  les niega el derecho a litigar como pobres, no obstante reunir los requisitos de orden legal.  

Se trata de negar la mayor, con la previsión cicatera de que tan sólo el 20% de las denegaciones son recurridas ante los Jueces con un alto índice de revocación de las denegaciones, lo que permite acceder de esta manera a la tutela efectiva de los derechos por los Jueces y Tribunales.

La derecha, entiende “la cosa pública” como un negocio privado en cuanto a su manejo, y dado que resulta contra natura que la administración obtenga beneficios con los servicios que prestan a los ciudadanos, los sueltan en manos de empresas privadas para que se lucren con una justicia entendida como un servicio de consumo. Lo mismo hicieron con los tanatorios, el canal de Isabel II, y ya hablan de privatizar o externalizar servicios de gestión de Caja de Madrid, como lo vienen haciendo de antaño con la educación y la sanidad pública.

Pero, qué casualidad, se le olvidó decir también al Consejero que la Comunidad de Madrid desde Enero de este año no paga a los/as abogados que prestan dicho servicio público, a pesar de que estos lo siguen prestando por convicción y a su costilla, mientras el Ministerio de Justicia está al día con los juicios a su cargo.

He de recordarle entonces al señor Granados, consejero inmerecido de tan loable competencia como la justicia, dada la ligereza con que la maltrata, de donde viene el derecho a la justicia gratuita y la importancia que ella encarna para la democracia. La Constitución española, en su artículo 24, consagra  fundamental el derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

La Constitución establece esto precisamente para asegurar el acceso de todas las personas a la justicia en condiciones de igualdad y no de caridad o con una justicia de segunda división, como le gustaría a la Comunidad de Madrid. La Constitución reconoce expresamente, en su artículo 119, que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, eliminando de esa manera  la discriminación que la falta de recursos ocasiona, en una concreción del concepto de justicia con equidad, algo que no puede entrar en la mente de aquellos que sólo quieren privilegios y que anhelan hacer de la justicia también un privilegio de élite, sólo para quienes la puedan pagar.

La gratuidad es un tope contra la discriminación de trato ante la justicia, que como se sabe es lo que caracterizó al régimen de derechas anterior a la democracia en España.  Discriminación de trato hay en la denegación de justicia gratuita para los pobres y no en la cacareada persecución a políticos del PP por supuestos desmanes que se investigan judicialmente.

La Ley 1/1996 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita, su Reglamento, y las disposiciones que desarrollan aspectos puntuales conforman la normativa reguladora del sistema de Justicia gratuita, que permite a los ciudadanos que acrediten insuficiencia de recursos propios para litigar y afrontar los gastos del proceso disponer de los servicios de los profesionales necesarios para acceder a la tutela judicial efectiva y ver defendidos sus derechos e intereses legítimos.  Dicha baremación se realiza con el IPREM (Indicador público de renta de efectos múltiples). Los ingresos familiares en 2009 no pueden superar los 14.763 euros para acceder a la justicia de forma gratuita. Nada que ver con el salario de quien tiene la responsabilidad de garantizar el acceso al derecho a la defensa y tiene tan poca empatía y sensibilidad para generar incluso xenofobia con declaraciones irresponsables como las ha definido el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández Gil.

Denegar la justicia gratuita como pretende el Consejero es abrir la puerta a la justicia de doble rasero y a la discriminación: una justicia para ricos que pueden permitírselo y una subjusticia para pobres que, en definitiva, tampoco son considerados como verdaderos ciudadanos. A lo sumo, como ciudadanos siervos. 

Todo un ejemplo del liberalismo que predica la derecha madrileña, que teóricamente quiere dotar al ciudadano de garantías y de herramientas para evitar la arbitrariedad y el atentado del poder contra sus libertades. Y es que una cosa es predicar y otra bien distinta dar trigo.
 
Yolanda Villavicencio M. es diputada Socialista Asamblea de Madrid. Es licenciada en Económicas y Ciencias Empresariales, especialista en Cooperación Internacional al Desarrollo, especialista en Mujer y Desarrollo, máster en Migraciones y Relaciones Intracomunitarias y en los últimos ocho años ha dirigido la entidad AESCO, especializada en migraciones, cooperación al desarrollo y codesarrollo.

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