España atraviesa múltiples problemas derivados del mal funcionamiento económico y político. Los derechos y las libertades se van deteriorando y sufrimos desde hace tiempo una crisis agravada por la mediocre, cuando no mala, gestión de unas instituciones incapaces de solucionar los problemas de la ciudadanía. Aún, en medio de la sangría del empleo, siguen con sus enfrentamientos partidarios; tanta corrupción y el abuso del “y tú más” han logrado el hartazgo de la opinión pública.
El jueves pasado, tras casi un año en el Congreso, se aprobó el anteproyecto debido al gesto de acercamiento de los grandes partidos, sobre una norma de tanto calado como de necesario consenso. Tanto la transparencia como el acceso a la información son derechos ciudadanos básicos que fortalecen la democracia, al hacerla más participativa, aliviando la sensación de desamparo e impotencia que propician los escándalos y el descrédito institucional; la transparencia, la recuperación de la ética y la justicia ágil e independiente, pueden devolver la fe en la democracia.
El proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que ha pasado su primer debate en el Congreso es un texto con importantes cambios respecto a lo que a final del pasado julio aprobó Consejo de Ministros. A falta de oír las opiniones y aportaciones de los agentes sociales –que serán atendidas en breve en la Comisión Constitucional– la futura ley ha contado con la opinión de numerosos expertos y parece encaminada a un necesario y aceptable consenso.
Por el momento, el Proyecto de Ley de Transparencia incorpora, elementos que me parecen absolutamente necesarios para recuperar la credibilidad en las instituciones, y en especial en los partidos políticos. A estos se les incluye, así como a las organizaciones sindicales, empresariales, e incluso a la Casa del Rey, a la Iglesia, al propio Banco de España y a todas las organizaciones que reciben fondos públicos. Otro avance relevante ha sido que la Ley será controlada por un órgano independiente elegido por el Parlamento, y no por el Gobierno.
Estos avances son importantes y mejoran las propuestas iniciales del Gobierno. Sin embargo, consideramos que son insuficientes, la Ley es todavía bastante mejorable y debe contemplar la información y la publicidad como derechos cívicos fundamentales, equilibrados con el derecho a la privacidad. El control de la Ley debe contar con un órgano independiente y colegiado, en el que los agentes sociales y la sociedad civil estén plenamente representados y debe incluir una verdadera legislación sobre la participación institucional de las organizaciones sociales.
Además, hay que invertir en programas de formación para los gestores de las instituciones públicas así como en educación ciudadana –por ejemplo en las escuelas– sobre la relación público-ética. Y emplear intensivamente las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar el acceso, tratamiento y reutilización de la información a la ciudadanía. Y todo con un lenguaje claro y sencillo que llegue a todas las personas.
Pero, además, considero que la Ley puede y debe mejorar. Una Ley que por sí sola no va a acabar con la corrupción como tampoco va a reparar la fuerte erosión del crédito ciudadano en sus instituciones. Pero, estoy convencido, que esta ley de consenso puede y debe ser el inicio de un largo camino hacia la regeneración inaplazable de nuestra democracia.
También, considero que debemos avanzar más en este camino de regeneración impulsando la participación ciudadana y el acercamiento a sus instituciones con otra regulación de los Partidos Políticos, de las Iniciativas Legislativas Populares, sustanciando una Ley de Participación Institucional, dando más peso a los referéndums y, por supuesto, cambiando un sistema electoral que es manifiestamente mejorable en su representatividad.
Estamos ante una ley trascendental, necesaria e inaplazable. Nuestro país necesita más transparencia porque sin transparencia no hay información y sin información no existe el debate democrático. Una ley al servicio de la democracia porque la transparencia es la luz de la democracia. Una Ley que posibilte el cambio de la cultura de la opacidad a la cultura de la transparencia.
España necesita más transparencia, mayor participación y grandes consensos como vectores que nos pasen de una democracia degenerada a una democracia avanzada. Menos electoralismo y más políticas de Estado para avanzar decididamente hacia la recuperación democrática, económica y social.