29 de septiembre de 2010, 16:24
NUEVATRIBUNA.ES - 29.12.2009
El 12 de Diciembre Madrid vivió una movilización muy importante de trabajadores y trabajadoras de toda España. Una movilización que contó con el apoyo de casi 400 organizaciones sociales, entre las que no faltaron un gran número de organizaciones de inmigrantes.
El 10 de diciembre conmemoramos el Día de los Derechos Humanos y el 18 de Diciembre el Día Internacional de las Migraciones. Dos fecha en torno a las cuales merece la pena analizar la situación de los inmigrantes en la Región, en tiempos de crisis y cuando el simplismo y de determinados análisis y planteamientos interesados pueden alentar conclusiones alejadas de la realidad y actos vulneradores de los derechos humanos y constitucionales.
Hemos elegido estas fechas para ratificar el compromiso de la primera organización sindical de la Región con los trabajadores y trabajadoras inmigrantes, firmando un acuerdo con Rumiñahui, que aglutina a un buen número de inmigrantes ecuatorianos en España.
Los procesos migratorios son complejos. La demagogia y el simplismo son de poca utilidad para afrontar hechos naturales e históricos que generan cambios irreversibles tanto en los países de origen, como en las sociedades receptoras.
Discursos simplistas como los del “efecto llamada”, que es vinculado mecánicamente con la flexibilidad de las políticas migratorias, son desmontados aparatosamente por la crisis, reforzando nuestro planteamiento de que el verdadero “efecto llamada” radica en la desregulación del mercado de trabajo y el modelo productivo. La crisis económica ha producido una ralentización inmediata en el empadronamiento de inmigrantes.
Somos la tercera Región, después de Baleares y Valencia, en porcentaje de inmigrantes empadronados y la tercera, tras Cataluña, en términos de inmigrantes residentes. Reside en Madrid el 20 por ciento de los inmigrantes que viven en España. Las personas inmigrantes no son mercancía de usar y tirar. Por ello, en tiempos de crisis, nos hemos preocupado de alcanzar acuerdos con el Gobierno Central que permitan flexibilizar las renovaciones de permisos de residencia y trabajo, evitando las situaciones de irregularidad sobrevenida a causa de la pérdida del empleo.
Otro discurso simplista alerta del coste que generan los inmigrantes. Sin embargo baste el dato de aportación de los inmigrantes que trabajan en Madrid a la Seguridad Social, cercana a los 2.000 millones de euros anuales, lo cual supone más de 25 veces, por ejemplo, el Presupuesto de la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid, que incorpora no sólo la atención a inmigrantes sino también la Cooperación internacional.
La crisis económica tiene efectos negativos sobre la población, pero en el caso de los inmigrantes el efecto es devastador. La tasa de actividad de las personas inmigrantes ha caído en 3,7 puntos, pasando del 84,8 por ciento al 81,1 por ciento, mientras que su tasa de empleo ha bajado desde el 72,4 por ciento al 63,9 por ciento y su tasa de paro ha crecido hasta el 21,7 por ciento, cuando la tasa media madrileña es del 14,3 por ciento. Más de uno de cada cinco trabajadores inmigrantes está en el paro. La crisis tiene para la inmigración una doble vertiente, la de aquí y la de su país de origen, ralentizándose las remesas de dinero que envía a sus familias.
Al tratarse de trabajadores y trabajadoras sometidos a una alta precariedad laboral, generan menor cobertura por desempleo. En concreto 12 de cada 100 inmigrantes tienen derecho a la prestación por desempleo, frente a 87 de cada 100 en el caso de los autóctonos. Dicho de otra manera, nueve de cada diez inmigrantes no tienen derecho a cobrar prestación por desempleo si pierden el trabajo, mientras que nueve de cada diez trabajadores autóctonos sí tienen este derecho. Todo ello produce el efecto indeseable añadido de la acumulación de deudas.
Es preciso tomar en consideración que además las personas inmigrantes no cuentan con las redes sociales de protección, formales e informales, con las que cuenta la población autóctona.
Ante una situación como la que vivimos, dura para todos, pero aún más para las personas inmigrantes, cobran fuerza los discursos racistas y xenófobos que intenta explicar los males en función del alto número de inmigrantes. Frente a esos discursos, se alza la realidad de que el desempleo de las personas inmigrantes no se produce por el retorno de trabajadores autóctonos a puestos de trabajo ocupados por inmigrantes, sino por destrucción de esos empleos.
Es imprescindible reforzar en estos momentos las políticas de integración y lucha contra la exclusión y discriminación, si no queremos que la crisis económica se transforme en crisis social y conflicto difícilmente gobernable.
Las políticas del Gobierno Regional persiguen exclusivamente el clientelismo y la segregación, creando organizaciones dependientes de las subvenciones gubernamentales y redes asistenciales paralelas. El Plan de Integración 2009-2012 da la espalda a la situación de crisis, evitando la creación de espacios de diálogo, concertación y seguimiento de las políticas públicas de inmigración.
No existen en Madrid instrumentos que articulen las políticas de integración, como la Comisión Tripartita Regional que, como la existente en el Estado, permita la participación, articulación y concertación de estas políticas. Que permita contener y matizar los efectos de la crisis sobre la población inmigrante.
No habrá salida a la crisis sin contar con la nueva realidad que en menos de una década se ha incorporado a la sociedad madrileña. La de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes. Cerrar los ojos a esta realidad no conseguirá ocultarla.
Francisco Javier López Martín - Secretario General CCOO de Madrid.
El 12 de Diciembre Madrid vivió una movilización muy importante de trabajadores y trabajadoras de toda España. Una movilización que contó con el apoyo de casi 400 organizaciones sociales, entre las que no faltaron un gran número de organizaciones de inmigrantes.
El 10 de diciembre conmemoramos el Día de los Derechos Humanos y el 18 de Diciembre el Día Internacional de las Migraciones. Dos fecha en torno a las cuales merece la pena analizar la situación de los inmigrantes en la Región, en tiempos de crisis y cuando el simplismo y de determinados análisis y planteamientos interesados pueden alentar conclusiones alejadas de la realidad y actos vulneradores de los derechos humanos y constitucionales.
Hemos elegido estas fechas para ratificar el compromiso de la primera organización sindical de la Región con los trabajadores y trabajadoras inmigrantes, firmando un acuerdo con Rumiñahui, que aglutina a un buen número de inmigrantes ecuatorianos en España.
Los procesos migratorios son complejos. La demagogia y el simplismo son de poca utilidad para afrontar hechos naturales e históricos que generan cambios irreversibles tanto en los países de origen, como en las sociedades receptoras.
Discursos simplistas como los del “efecto llamada”, que es vinculado mecánicamente con la flexibilidad de las políticas migratorias, son desmontados aparatosamente por la crisis, reforzando nuestro planteamiento de que el verdadero “efecto llamada” radica en la desregulación del mercado de trabajo y el modelo productivo. La crisis económica ha producido una ralentización inmediata en el empadronamiento de inmigrantes.
Somos la tercera Región, después de Baleares y Valencia, en porcentaje de inmigrantes empadronados y la tercera, tras Cataluña, en términos de inmigrantes residentes. Reside en Madrid el 20 por ciento de los inmigrantes que viven en España. Las personas inmigrantes no son mercancía de usar y tirar. Por ello, en tiempos de crisis, nos hemos preocupado de alcanzar acuerdos con el Gobierno Central que permitan flexibilizar las renovaciones de permisos de residencia y trabajo, evitando las situaciones de irregularidad sobrevenida a causa de la pérdida del empleo.
Otro discurso simplista alerta del coste que generan los inmigrantes. Sin embargo baste el dato de aportación de los inmigrantes que trabajan en Madrid a la Seguridad Social, cercana a los 2.000 millones de euros anuales, lo cual supone más de 25 veces, por ejemplo, el Presupuesto de la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid, que incorpora no sólo la atención a inmigrantes sino también la Cooperación internacional.
La crisis económica tiene efectos negativos sobre la población, pero en el caso de los inmigrantes el efecto es devastador. La tasa de actividad de las personas inmigrantes ha caído en 3,7 puntos, pasando del 84,8 por ciento al 81,1 por ciento, mientras que su tasa de empleo ha bajado desde el 72,4 por ciento al 63,9 por ciento y su tasa de paro ha crecido hasta el 21,7 por ciento, cuando la tasa media madrileña es del 14,3 por ciento. Más de uno de cada cinco trabajadores inmigrantes está en el paro. La crisis tiene para la inmigración una doble vertiente, la de aquí y la de su país de origen, ralentizándose las remesas de dinero que envía a sus familias.
Al tratarse de trabajadores y trabajadoras sometidos a una alta precariedad laboral, generan menor cobertura por desempleo. En concreto 12 de cada 100 inmigrantes tienen derecho a la prestación por desempleo, frente a 87 de cada 100 en el caso de los autóctonos. Dicho de otra manera, nueve de cada diez inmigrantes no tienen derecho a cobrar prestación por desempleo si pierden el trabajo, mientras que nueve de cada diez trabajadores autóctonos sí tienen este derecho. Todo ello produce el efecto indeseable añadido de la acumulación de deudas.
Es preciso tomar en consideración que además las personas inmigrantes no cuentan con las redes sociales de protección, formales e informales, con las que cuenta la población autóctona.
Ante una situación como la que vivimos, dura para todos, pero aún más para las personas inmigrantes, cobran fuerza los discursos racistas y xenófobos que intenta explicar los males en función del alto número de inmigrantes. Frente a esos discursos, se alza la realidad de que el desempleo de las personas inmigrantes no se produce por el retorno de trabajadores autóctonos a puestos de trabajo ocupados por inmigrantes, sino por destrucción de esos empleos.
Es imprescindible reforzar en estos momentos las políticas de integración y lucha contra la exclusión y discriminación, si no queremos que la crisis económica se transforme en crisis social y conflicto difícilmente gobernable.
Las políticas del Gobierno Regional persiguen exclusivamente el clientelismo y la segregación, creando organizaciones dependientes de las subvenciones gubernamentales y redes asistenciales paralelas. El Plan de Integración 2009-2012 da la espalda a la situación de crisis, evitando la creación de espacios de diálogo, concertación y seguimiento de las políticas públicas de inmigración.
No existen en Madrid instrumentos que articulen las políticas de integración, como la Comisión Tripartita Regional que, como la existente en el Estado, permita la participación, articulación y concertación de estas políticas. Que permita contener y matizar los efectos de la crisis sobre la población inmigrante.
No habrá salida a la crisis sin contar con la nueva realidad que en menos de una década se ha incorporado a la sociedad madrileña. La de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes. Cerrar los ojos a esta realidad no conseguirá ocultarla.
Francisco Javier López Martín - Secretario General CCOO de Madrid.