20 de septiembre de 2010, 15:54
NUEVATRIBUNA.ES - 19.10.2009
Las mujeres como colectivo tenemos una realidad común que no excluye nuestra realidad individual en la que las circunstancias personales y sociales conforman una existencia única en la que nuestro derecho a decidir no es cuestionable.
“El cigoto humano no es un hombre, un hombre en acto, y sólo de manera incierta y presuntiva puede llegar a ser un individuo humano” (Pedro Laín Entralgo, humanista e investigador médico) Decir lo contrario es una consideración religiosa no científica.
Estamos ante una nueva cruzada, aunque en esta ocasión no haya excusa de Tierra Santa que recuperar para uso y disfrute de los peregrinos (la causa real de aquellas cruentas incursiones militares no era otra que el mantenimiento de la hegemonía de los Papas) Iglesia Católica y PP unen sus fuerzas e intereses arribistas ante “una respuesta jurídica a una situación presente y tolerada en nuestra sociedad” según la definición que hace del proyecto el Institut Borja de Bioética (grupo de inspiración cristiana); veremos de nuevo tras las pancartas a los mismos que durante ocho años de mandato no tuvieron necesidad de modificar o incluso derogar una ley, la del aborto, que ahora les incomoda tanto
¿Veremos algún día a esta iglesia salir a la calle a defender con tanta vehemencia a todos aquellos a los que se les niega el derecho a vivir dignamente?
Por una de esas carambolas del destino un día antes del día D de la cruzada antiabortista otra manifestación llama nuestra atención en contraposición a la de los monseñores defensores del cigoto, la manifestación contra la Pobreza, por la que ni Rouco ni los suyos parecen interesados, una nueva demostración de su doble moral.
Para la jerarquía católica, y también para su clac, los espermatozoides fecundados son mucho más valiosos que los niños que mueren de inanición y que los niños que trabajan como esclavos; por esos niños ni la iglesia católica ni la derecha integrista salen a la calle a gritar sus consignas. El objetivo a abatir por parte de Rouco y secuaces es el peligroso contenido del Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, un texto que busca la prevención de embarazados no deseados, la protección de las mujeres que quieran abortar y la protección jurídica del feto desde el momento en que tenga viabilidad, un objetivo que sólo puede ser posible en el marco de una ley con una mayor aproximación al resto de leyes europeas sobre el aborto; una ley que garantice la práctica de abortos en la sanidad pública, tanto en hospitales públicos como en centros concertados, que apueste por la regulación de la objeción de conciencia y que evite que se reproduzcan en el futuro situaciones en las que profesionales de la medicina se nieguen a practicar abortos, no por razones de ética o moral, sino por las presiones a las que son sometidos por parte de sus superiores jerárquicos.
Las modificaciones del proyecto aprobado por el Consejo de Ministros que tanto inquietan a las huestes integristas son las siguientes:
• En todas las comunidades autónomas habrá al menos un comité pluridisciplinar de personas expertas en diagnóstico prenatal que confirmará el diagnóstico aunque será la mujer la que tome la decisión final.
• Se incluyen las propuestas de la Agencia de Protección de Datos con el fin de garantizar la protección de datos de carácter personal contemplada en la normativa vigente.
• En cuanto al punto más conflictivo el Consejo de Estado reconoce la autonomía y el derecho a decidir de las jóvenes mayores de 16 años en coherencia con el actual marco jurídico y nuestra realidad social.
• El proyecto establece que la mujer puede interrumpir de forma voluntaria el embarazo teniendo como límite la semana 14 de la gestación si previamente ha recibido información sobre sus derechos y las ayudas para su maternidad.
• De forma excepcional y sólo en dos supuestos se podrá interrumpir el embarazo hasta la semana 22: cuando haya riesgo para la vida o la salud de la embarazada o en el caso de graves anomalías del feto; en estos dos supuestos es imprescindible el dictamen de dos médicos especialistas que no participen en la intervención. “Se dan casos de mujeres con embarazos deseados que reciben un diagnóstico prenatal pasadas las 22 semanas de gestación (...) que han tenido que ir a otros países a solicitar la interrupción del embarazo” (Carmen Montón, portavoz de La Subcomisión Parlamentaria para reformar La Ley del Aborto)
Pilar Rego - Educadora Social.
Las mujeres como colectivo tenemos una realidad común que no excluye nuestra realidad individual en la que las circunstancias personales y sociales conforman una existencia única en la que nuestro derecho a decidir no es cuestionable.
“El cigoto humano no es un hombre, un hombre en acto, y sólo de manera incierta y presuntiva puede llegar a ser un individuo humano” (Pedro Laín Entralgo, humanista e investigador médico) Decir lo contrario es una consideración religiosa no científica.
Estamos ante una nueva cruzada, aunque en esta ocasión no haya excusa de Tierra Santa que recuperar para uso y disfrute de los peregrinos (la causa real de aquellas cruentas incursiones militares no era otra que el mantenimiento de la hegemonía de los Papas) Iglesia Católica y PP unen sus fuerzas e intereses arribistas ante “una respuesta jurídica a una situación presente y tolerada en nuestra sociedad” según la definición que hace del proyecto el Institut Borja de Bioética (grupo de inspiración cristiana); veremos de nuevo tras las pancartas a los mismos que durante ocho años de mandato no tuvieron necesidad de modificar o incluso derogar una ley, la del aborto, que ahora les incomoda tanto
¿Veremos algún día a esta iglesia salir a la calle a defender con tanta vehemencia a todos aquellos a los que se les niega el derecho a vivir dignamente?
Por una de esas carambolas del destino un día antes del día D de la cruzada antiabortista otra manifestación llama nuestra atención en contraposición a la de los monseñores defensores del cigoto, la manifestación contra la Pobreza, por la que ni Rouco ni los suyos parecen interesados, una nueva demostración de su doble moral.
Para la jerarquía católica, y también para su clac, los espermatozoides fecundados son mucho más valiosos que los niños que mueren de inanición y que los niños que trabajan como esclavos; por esos niños ni la iglesia católica ni la derecha integrista salen a la calle a gritar sus consignas. El objetivo a abatir por parte de Rouco y secuaces es el peligroso contenido del Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, un texto que busca la prevención de embarazados no deseados, la protección de las mujeres que quieran abortar y la protección jurídica del feto desde el momento en que tenga viabilidad, un objetivo que sólo puede ser posible en el marco de una ley con una mayor aproximación al resto de leyes europeas sobre el aborto; una ley que garantice la práctica de abortos en la sanidad pública, tanto en hospitales públicos como en centros concertados, que apueste por la regulación de la objeción de conciencia y que evite que se reproduzcan en el futuro situaciones en las que profesionales de la medicina se nieguen a practicar abortos, no por razones de ética o moral, sino por las presiones a las que son sometidos por parte de sus superiores jerárquicos.
Las modificaciones del proyecto aprobado por el Consejo de Ministros que tanto inquietan a las huestes integristas son las siguientes:
• En todas las comunidades autónomas habrá al menos un comité pluridisciplinar de personas expertas en diagnóstico prenatal que confirmará el diagnóstico aunque será la mujer la que tome la decisión final.
• Se incluyen las propuestas de la Agencia de Protección de Datos con el fin de garantizar la protección de datos de carácter personal contemplada en la normativa vigente.
• En cuanto al punto más conflictivo el Consejo de Estado reconoce la autonomía y el derecho a decidir de las jóvenes mayores de 16 años en coherencia con el actual marco jurídico y nuestra realidad social.
• El proyecto establece que la mujer puede interrumpir de forma voluntaria el embarazo teniendo como límite la semana 14 de la gestación si previamente ha recibido información sobre sus derechos y las ayudas para su maternidad.
• De forma excepcional y sólo en dos supuestos se podrá interrumpir el embarazo hasta la semana 22: cuando haya riesgo para la vida o la salud de la embarazada o en el caso de graves anomalías del feto; en estos dos supuestos es imprescindible el dictamen de dos médicos especialistas que no participen en la intervención. “Se dan casos de mujeres con embarazos deseados que reciben un diagnóstico prenatal pasadas las 22 semanas de gestación (...) que han tenido que ir a otros países a solicitar la interrupción del embarazo” (Carmen Montón, portavoz de La Subcomisión Parlamentaria para reformar La Ley del Aborto)
Pilar Rego - Educadora Social.