14 de abril de 2009, 8:46
NUEVATRIBUNA.ES | 11.02.2009
De pronto nos hemos dado cuenta de que los rebaños financieros que pastaban en la globalización estaban vigilados por lobos o por avestruces.
Los lobos eran las empresas de rating, entidades privadas cuya función en el sistema es indicar a los inversores normales y corrientes los riesgos de una u otra inversión, son los ‘sherpas’ de la selva financiera. Sólo hay tres agencias de rating importantes a escala mundial para el inversor común: Moodys, Standard&Poor�s y Ficth Ratings. En realidad hay muchas más, pero para los inversores que tienen mucho dinero ya que sus informaciones de calificación de riesgo no son gratuitas.
Estas empresas de rating cobraban de los bancos por ayudar a colocar en bolsa las mismas emisiones de “deuda estructurada” que ellas evaluaban. La “deuda estructurada” en terminología de analista financiero es ni más ni menos un batiburrillo financiero en el que no se sabe que manzanas son buenas y cuales tienen gusano. En esa “deuda estructurada” los bancos juntaron las hipotecas “basura” o subprime, que viene a significar lo mismo pero en inglés, que eran de baja calidad porque había muchas posibilidades de que no se cobrasen si subían los tipos de interés o bajaba el precio de la vivienda, con otras deudas de mayor calidad. ¿Por qué las empresas de rating iban a profundizar mucho en las cloacas de unos productos financieros que cuanto más se cotizaran en bolsa más beneficios les iban a dar? Ya que hay que recordar que esta actividad generaba importantes beneficios para las empresas de rating, en los últimos años en torno a la mitad de sus ingresos se ha generado por estas operaciones con productos financieros poco transparentes.
Resultado de lo anterior es que muchos otros bancos del mundo han comprado esos cestos “supuestamente sanos” en los que se mezclan las manzanas buenas y las malas.
Las avestruces han sido los diferentes organismos públicos de supervisión de los sistemas financieros nacionales y de los mercados de valores. En EE.UU. ignorando las alarmas que desde hacía mucho tiempo se habían encendido sobre la burbuja financiera, que adquiere el rango casi de delito cuando nos enteramos de que en el caso Madoff había una denuncia presentada ante la SEC estadounidense, similar a nuestra Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con un informe de 311 páginas.
DESCONFIANZA EN LOS MERCADOS FINANCIEROS
En la zona euro, cuyos sistemas de supervisión financiera en general son más exigentes que el estadounidense, se ha estado mirando hacia otro lado mientras numerosos bancos se venían dedicando desde hace tiempo a crear entidades fuera de su balance normal (conduits y SIV, Vehículos de Inversiones Especiales) para invertir a largo plazo en deuda de alto rendimiento, y supuestamente de buena calidad por la información facilitada por las agencias de rating, entre la que estaba la “deuda estructurada” contaminada. Cuando surgió a la luz pública la estafa de las subprime los inversores dieron la espalda a los pagarés que financiaban a corto plazo esas inversiones de los bancos, ante la sospecha de que los activos que avalaban esos pagarés no tenían el valor que decían tener, lo que obligó a las entidades financieras a financiarlas con sus propios recursos. En algunos bancos, la mayor parte en EE.UU. y el Reino Unido, la cantidad de productos financieros “podridos” en la cartera de inversiones era tan grande y ha generado tales problemas de liquidez que ha obligado a los gobiernos a nacionalizar total o parcialmente alguno de ellos.
La reacción en cadena generó una enorme desconfianza en los mercados financieros que ha supuesto una fortísima restricción del crédito, que viene durando ya un año y medio, y que ha dado lugar a una crisis financiera internacional que en primer lugar afectó a EE.UU., después a países europeos que no están en el euro (Reino Unido, Irlanda, Suecia, Islandia) y finalmente a los principales países de la zona euro, cuya principal característica es una: la generalización de la desconfianza entre las instituciones financieras, y en algunos casos de los clientes frente a determinados bancos.
La falta de transparencia de muchos de los principales bancos de inversión de EE.UU., una especie ya prácticamente extinguida, estaba en la base de la desconfianza, que como se demostró en el otoño pasado estaba plenamente justificada. El afloramiento de sus pérdidas ocultas, más de un año después, ha supuesto el recrudecimiento de la crisis financiera en los últimos meses del año 2008, que ha derivado en una recesión de las principales economías del Atlántico Norte, que a su vez ha generado una ralentización del crecimiento en importantes países emergentes como China, India y Brasil.
La quiebra de Lehman Brothers encendió las luces de alarma de las autoridades gubernamentales de los principales países desarrollados, obligando a la convocatoria del G-20 (+2) en Washington en noviembre para reconstituir un nuevo consenso internacional sobre la regulación de los mercados financieros y sobre el papel de los estados en la actividad económica. La cita de noviembre en Washington ha terminado con la hegemonía que en el pensamiento económico, y en el imaginario cultural común, han tenido las ideas neoliberales en los últimos veinte años, y con el fin de la hegemonía de las economías del Atlántico Norte en el mundo. Si la caída del Muro de Berlín supuso la hegemonía de las ideas económicas neoliberales en los últimos veinte años, la caída de la calle del Muro (Wall Street) debería significar una hegemonía de las ideas socialdemócratas durante un largo periodo de tiempo, y la aceleración del desplazamiento del eje económico del mundo hacia el Pacífico.
ECONOMÍA DE CASINO
El crecimiento económico basado en la especulación financiera -en la medida que la desregulación ha supuesto la practica desaparición de los costes que tiene la propensión al riesgo del capital, porque esa prima de riesgo la han venido pagando los trabajadores, con enormes costes sociales en términos de empleos destruidos y tejido industrial arrasado- ha hecho que creciera exponencialmente lo que se ha denominado como economía de casino que, como ha ejemplarizado Estados Unidos en los últimos años, ha generado un crecimiento inestable que ha dado lugar a muchos episodios de crisis financieras (en 1987 la crisis bursátil asiática, en 2000 la de las puntocom, en 2007 la de las subprime). Lo que los economistas neoliberales denominan “destrucción creativa” tiene la característica de que la destrucción la pagan los trabajadores, mientras que quienes más se benefician de la parte creativa son los propietarios de capital.
La inacción de las avestruces ha hecho que en EE.UU., utilizando un símil ecológico, creciera tanto el número de lobos que el equilibrio del ecosistema se rompiera, porque cuando los depredadores financieros se han dado cuenta de que no podían extraer suficiente alimento (léase beneficio) del rebaño financiero han terminado devorándose entre ellos para obtenerlo (hipotecas subprime, caso Madoff).
Pero además de este análisis sobre los efectos de la desregulación financiera en la coyuntura económica merece la pena considerar una visión más amplia: los efectos que la desregulación internacional de los movimientos de capital ha tenido en el reparto de la riqueza generada. Ambas cuestiones tienen una intima vinculación: si la excesiva desregulación de los movimientos de capital está en el origen de la crisis financiera, dicha desregulación también ha supuesto una creciente asimetría entre los niveles de regulación del capital y el trabajo, lo que está en la base de la pérdida de valor de éste frente al capital.
La creciente facilidad con la que el dinero entra y sale de las empresas, y de los países, ha hecho que el riesgo inherente a las actividades empresariales, y los errores de gestión, haya recaído cada vez más en los trabajadores a través del incremento del desempleo, el descenso de los salarios reales o el deterioro de las condiciones de trabajo. Frente a esta situación los gobiernos, en vez de intentar aumentar la regulación financiera para proteger la economía productiva y la generación de empleo de calidad, han venido optando por una creciente desregulación del trabajo, lo que ha supuesto un fuerte deterioro de su calidad. Los gobiernos, imbuidos de artificiales construcciones teóricas del neoliberalismo, no han tenido en consideración que la movilidad geográfica del trabajo tiene muchas más rigideces que la del capital; los trabajadores no son meros apuntes contables en la red.
NUESTROS SALARIOS PIERDEN PESO EN LA RENTA NACIONAL
En España, a pesar de la fuerte creación de empleo experimentada en el periodo 2000-2007, los salarios han venido perdiendo peso en la renta nacional, pasando del 55% al 52%. Ello ha sido debido a que la fuerte desregulación del trabajo experimentada en nuestro país, vía incremento de la precariedad, ha reducido los salarios y ha empeorado las condiciones de trabajo de millones de trabajadores que se han incorporado al mercado de trabajo. Si en el año 2005 el 57,8% de los trabajadores cobraban menos de 18.500 euros al año, este porcentaje subió al 60% en tan solo dos años.
La rápida pérdida de empleo sufrida en nuestro país en la actualidad, con un incremento del desempleo en un año de un millón de trabajadores, pone en evidencia las debilidades y carencias del modelo de crecimiento que ha experimentado nuestro país en los últimos años. Un modelo basado en los bajos salarios, la baja cualificación de los trabajadores, la precariedad del mercado laboral y el reducido esfuerzo inversor de las empresas en procesos de investigación y desarrollo tecnológico, lo que no permite que la característica competitiva de la mayor parte de los productos españoles sea la calidad y la innovación.
Si por un lado parece evidente que las soluciones que se barajan a la actual crisis financiera internacional pueden ayudar a resituar el peso del trabajo en la actividad económica, a escala nacional, el incremento del valor del trabajo en nuestro país obliga a los sindicatos a no hacer dejación de su principal instrumento: la negociación colectiva. Y para ello deben quitarse algunas telarañas neoliberales en las que también se han enredado; la primera es que, en la actualidad, la principal causa de la inflación no son los incrementos salariales.
Por tanto, la disputa de la productividad generada por la empresa debe ser un objetivo prioritario para los sindicatos, ya que lo contrario supondrá, como ha sucedido hasta ahora, que las mejoras de productividad logradas por todos en la empresa, sólo se destinarán a incrementar la retribución de los accionistas, las remuneraciones de los directivos, o el pago de intereses a los bancos por los préstamos recibidos.
Un país cuya estructura empresarial base sus expectativas de beneficios en unos bajos salarios es un país condenado a un empobrecimiento progresivo, ya que para que una política de innovación tecnológica obtenga resultados es imprescindible que los salarios sean elevados. Es un círculo vicioso: mientras los salarios sean bajos los empresarios tendrán garantizados altos beneficios, sin que tengan que preocuparse ni por la calidad, ni por la diferenciación, ni por la innovación de sus productos.
Por tanto una visión inteligente de la acción sindical, teniendo en cuenta que estamos asistiendo a una recesión industrial de gran magnitud, sin perder el norte del incremento de los salarios reales, debería contemplar otras perspectivas de reparto entre el beneficio empresarial y la remuneración de los trabajadores, más aún en situaciones concretas de dificultades reales de viabilidad de una empresa, como:
El incremento de la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa
La propia Comisión Europea reconoce que “aporta beneficios reales a los trabajadores, las empresas y las economías nacionales”. Y como recoge Ignacio Muro en su libro “Esta empresa no es mía”, los sindicatos deberían incorporar entre sus prioridades las cuestiones relacionadas con la participación accionarial de los trabajadores en la empresa, sobre todo en épocas de crisis cuando hay más presión empresarial para que los incrementos salariales sean menores.
Ya que es otra forma de disputar la riqueza generada, no entre los empresarios y trabajadores en el presente, si no entre capital y trabajo en el futuro. En las empresas con fuerte presencia de los trabajadores en los consejos de administración los abanicos salariales entre directivos y trabajadores son notablemente inferiores y, ante situaciones de recesión de la demanda, tienden a evitar los despidos.
Esto no es una propuesta teórica-radical, como pone de manifiesto que en EE.UU., centro del capitalismo, hay 11.000 empresas que están acogidas a los Planes de Propiedad Accionarial de los Trabajadores, cuya importancia económica es tal que las empresas acogidas a estos planes representan el 14% de las cotizadas en bolsa.
En nuestro propio país esto no es algo extraño, como demuestra la experiencia de una importante multinacional española del sector de construcción de material ferroviario, Construcciones Auxiliares de Ferrocarril, y la del internacionalizado y tecnológicamente muy avanzado grupo cooperativo Mondragón, pero tampoco muy extendido, ya que no hay un desarrollo legislativo que favorezca la participación de los trabajadores en la empresa.
En España la legislación sobre esta cuestión está mucho menos avanzada que la de Bélgica, Francia, Alemania, Holanda, como pone de manifiesto el Informe PEPPER II de la Comisión Europea. En estos países la participación de los trabajadores en la empresa está vinculada a un acuerdo con los sindicatos, muy relacionada con la regulación de la compra de acciones por planes de pensiones y, en varios, se acompaña de incentivos fiscales para las empresas y trabajadores que optan por su aplicación.
La reducción del tiempo de trabajo
El ejemplo que más reflejo mediático tuvo sobre la priorización del empleo en los objetivos sindicales fue la semana de cuatro días, una jornada semanal de 28,8 horas, de la fábrica de Wolkswagen en Wolsfburg adoptada en 1994 con el objetivo de salvar 30.000 empleos en una situación recesiva en Alemania, que incluía una cierta reducción de salarios, inferior a la proporción de reducción de jornada. Un acuerdo del mismo tipo se firmó posteriormente en la fábrica de Salzgitter de la empresa de camiones MAN, instaurando la semana laboral de 32 horas, donde trabajaban 4.300 empleados, lo que consiguió salvar 700 puestos de trabajo. También en esos años en las fábricas de Opel en Alemania se consiguió una jornada semanal variable, entre las 30 y las 40 horas semanales, en función de la demanda.
En nuestro país esto supone cambiar las prioridades sindicales, ya que como ponen de manifiesto Inmaculada Cebrián y Joaquin Pitarch en el trabajo “La negociación colectiva: una mirada crítica”, analizando el periodo transcurrido entre 1995 y el inicio de la actual crisis, “los mayores incrementos de la jornada laboral se dan en los convenios de ámbito superior donde se negocian además los incrementos salariales más elevados”.
Reinversión en la empresa de los beneficios empresariales
No debería resultar nada extraño a la negociación colectiva establecer que una parte de los beneficios se destina a reinvertirse en la empresa, con claros y determinados objetivos. El establecimiento de fondos de inversión en las empresas, con participación de los representantes de los trabajadores en el seguimiento del cumplimiento de sus objetivos, garantizará la viabilidad futura de la empresa, favoreciendo la generación de empleo de calidad y las mejoras salariales en el futuro.
Control de los sistemas de remuneración de los altos ejecutivos
La acción sindical está acostumbrada a negociar a quien representa, los trabajadores sujetos a convenio, pero cada vez en mayor medida hay que tener en consideración que no poner límites transparentes a la remuneración de los ejecutivos es una forma de topar la generación de empleo o las subidas salariales, dados los públicos excesos de determinados ejecutivos de importantes empresas. Si bien las magnitudes de las remuneraciones de los directivos en general no han alcanzado nuestro país lo sucedido en EE.UU., sí se han producido desorbitados salarios de directivos en algunos bancos, como el Santander.
Algunos de los mayores excesos retributivos se han dado en muchas de las entidades financieras estadounidenses que han quebrado, o han debido ser salvadas con importantes inyecciones de dinero público: entre 6 y 8 millones de dólares se va a embolsar el presidente de Fannie Mae; unos 15 millones el presidente de Freddie Mac; 22 millones iba a cobrar el presidente de AIG (47 debía cobrar su antecesor), todos por haber conseguido que sus florecientes empresas hayan acabado nacionalizadas, para evitar que su quiebra colapsara todo el sistema económico de EE.UU. y de parte importante del resto del planeta; 22 millones cobrará el principal directivo de Lehman Brothers (que en catorce años de servicio cobró 466 millones); 161 millones el penúltimo presidente de Merrill Lynch que dejó el banco hace un año, bien encauzado ya hacia la quiebra.
El recién nombrado presidente de EE.UU., tras llamar sinvergüenzas a los ejecutivos de las entidades financieras que han recibido fondos públicos para su rescate que se habían repartido 14.250 millones de euros con cargo a primas correspondientes al año 2008, es de suponer que por su “buena gestión”, finalmente les ha impuesto un límite retributivo de 389.000 euros.
Si las avestruces empiezan a transmutarse en perros mastines los lobos tendrán más difícil hincar sus dientes en los trabajadores y en los pequeños ahorradores.
Bruno Estrada López es economista
De pronto nos hemos dado cuenta de que los rebaños financieros que pastaban en la globalización estaban vigilados por lobos o por avestruces.
Los lobos eran las empresas de rating, entidades privadas cuya función en el sistema es indicar a los inversores normales y corrientes los riesgos de una u otra inversión, son los ‘sherpas’ de la selva financiera. Sólo hay tres agencias de rating importantes a escala mundial para el inversor común: Moodys, Standard&Poor�s y Ficth Ratings. En realidad hay muchas más, pero para los inversores que tienen mucho dinero ya que sus informaciones de calificación de riesgo no son gratuitas.
Estas empresas de rating cobraban de los bancos por ayudar a colocar en bolsa las mismas emisiones de “deuda estructurada” que ellas evaluaban. La “deuda estructurada” en terminología de analista financiero es ni más ni menos un batiburrillo financiero en el que no se sabe que manzanas son buenas y cuales tienen gusano. En esa “deuda estructurada” los bancos juntaron las hipotecas “basura” o subprime, que viene a significar lo mismo pero en inglés, que eran de baja calidad porque había muchas posibilidades de que no se cobrasen si subían los tipos de interés o bajaba el precio de la vivienda, con otras deudas de mayor calidad. ¿Por qué las empresas de rating iban a profundizar mucho en las cloacas de unos productos financieros que cuanto más se cotizaran en bolsa más beneficios les iban a dar? Ya que hay que recordar que esta actividad generaba importantes beneficios para las empresas de rating, en los últimos años en torno a la mitad de sus ingresos se ha generado por estas operaciones con productos financieros poco transparentes.
Resultado de lo anterior es que muchos otros bancos del mundo han comprado esos cestos “supuestamente sanos” en los que se mezclan las manzanas buenas y las malas.
Las avestruces han sido los diferentes organismos públicos de supervisión de los sistemas financieros nacionales y de los mercados de valores. En EE.UU. ignorando las alarmas que desde hacía mucho tiempo se habían encendido sobre la burbuja financiera, que adquiere el rango casi de delito cuando nos enteramos de que en el caso Madoff había una denuncia presentada ante la SEC estadounidense, similar a nuestra Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con un informe de 311 páginas.
DESCONFIANZA EN LOS MERCADOS FINANCIEROS
En la zona euro, cuyos sistemas de supervisión financiera en general son más exigentes que el estadounidense, se ha estado mirando hacia otro lado mientras numerosos bancos se venían dedicando desde hace tiempo a crear entidades fuera de su balance normal (conduits y SIV, Vehículos de Inversiones Especiales) para invertir a largo plazo en deuda de alto rendimiento, y supuestamente de buena calidad por la información facilitada por las agencias de rating, entre la que estaba la “deuda estructurada” contaminada. Cuando surgió a la luz pública la estafa de las subprime los inversores dieron la espalda a los pagarés que financiaban a corto plazo esas inversiones de los bancos, ante la sospecha de que los activos que avalaban esos pagarés no tenían el valor que decían tener, lo que obligó a las entidades financieras a financiarlas con sus propios recursos. En algunos bancos, la mayor parte en EE.UU. y el Reino Unido, la cantidad de productos financieros “podridos” en la cartera de inversiones era tan grande y ha generado tales problemas de liquidez que ha obligado a los gobiernos a nacionalizar total o parcialmente alguno de ellos.
La reacción en cadena generó una enorme desconfianza en los mercados financieros que ha supuesto una fortísima restricción del crédito, que viene durando ya un año y medio, y que ha dado lugar a una crisis financiera internacional que en primer lugar afectó a EE.UU., después a países europeos que no están en el euro (Reino Unido, Irlanda, Suecia, Islandia) y finalmente a los principales países de la zona euro, cuya principal característica es una: la generalización de la desconfianza entre las instituciones financieras, y en algunos casos de los clientes frente a determinados bancos.
La falta de transparencia de muchos de los principales bancos de inversión de EE.UU., una especie ya prácticamente extinguida, estaba en la base de la desconfianza, que como se demostró en el otoño pasado estaba plenamente justificada. El afloramiento de sus pérdidas ocultas, más de un año después, ha supuesto el recrudecimiento de la crisis financiera en los últimos meses del año 2008, que ha derivado en una recesión de las principales economías del Atlántico Norte, que a su vez ha generado una ralentización del crecimiento en importantes países emergentes como China, India y Brasil.
La quiebra de Lehman Brothers encendió las luces de alarma de las autoridades gubernamentales de los principales países desarrollados, obligando a la convocatoria del G-20 (+2) en Washington en noviembre para reconstituir un nuevo consenso internacional sobre la regulación de los mercados financieros y sobre el papel de los estados en la actividad económica. La cita de noviembre en Washington ha terminado con la hegemonía que en el pensamiento económico, y en el imaginario cultural común, han tenido las ideas neoliberales en los últimos veinte años, y con el fin de la hegemonía de las economías del Atlántico Norte en el mundo. Si la caída del Muro de Berlín supuso la hegemonía de las ideas económicas neoliberales en los últimos veinte años, la caída de la calle del Muro (Wall Street) debería significar una hegemonía de las ideas socialdemócratas durante un largo periodo de tiempo, y la aceleración del desplazamiento del eje económico del mundo hacia el Pacífico.
ECONOMÍA DE CASINO
El crecimiento económico basado en la especulación financiera -en la medida que la desregulación ha supuesto la practica desaparición de los costes que tiene la propensión al riesgo del capital, porque esa prima de riesgo la han venido pagando los trabajadores, con enormes costes sociales en términos de empleos destruidos y tejido industrial arrasado- ha hecho que creciera exponencialmente lo que se ha denominado como economía de casino que, como ha ejemplarizado Estados Unidos en los últimos años, ha generado un crecimiento inestable que ha dado lugar a muchos episodios de crisis financieras (en 1987 la crisis bursátil asiática, en 2000 la de las puntocom, en 2007 la de las subprime). Lo que los economistas neoliberales denominan “destrucción creativa” tiene la característica de que la destrucción la pagan los trabajadores, mientras que quienes más se benefician de la parte creativa son los propietarios de capital.
La inacción de las avestruces ha hecho que en EE.UU., utilizando un símil ecológico, creciera tanto el número de lobos que el equilibrio del ecosistema se rompiera, porque cuando los depredadores financieros se han dado cuenta de que no podían extraer suficiente alimento (léase beneficio) del rebaño financiero han terminado devorándose entre ellos para obtenerlo (hipotecas subprime, caso Madoff).
Pero además de este análisis sobre los efectos de la desregulación financiera en la coyuntura económica merece la pena considerar una visión más amplia: los efectos que la desregulación internacional de los movimientos de capital ha tenido en el reparto de la riqueza generada. Ambas cuestiones tienen una intima vinculación: si la excesiva desregulación de los movimientos de capital está en el origen de la crisis financiera, dicha desregulación también ha supuesto una creciente asimetría entre los niveles de regulación del capital y el trabajo, lo que está en la base de la pérdida de valor de éste frente al capital.
La creciente facilidad con la que el dinero entra y sale de las empresas, y de los países, ha hecho que el riesgo inherente a las actividades empresariales, y los errores de gestión, haya recaído cada vez más en los trabajadores a través del incremento del desempleo, el descenso de los salarios reales o el deterioro de las condiciones de trabajo. Frente a esta situación los gobiernos, en vez de intentar aumentar la regulación financiera para proteger la economía productiva y la generación de empleo de calidad, han venido optando por una creciente desregulación del trabajo, lo que ha supuesto un fuerte deterioro de su calidad. Los gobiernos, imbuidos de artificiales construcciones teóricas del neoliberalismo, no han tenido en consideración que la movilidad geográfica del trabajo tiene muchas más rigideces que la del capital; los trabajadores no son meros apuntes contables en la red.
NUESTROS SALARIOS PIERDEN PESO EN LA RENTA NACIONAL
En España, a pesar de la fuerte creación de empleo experimentada en el periodo 2000-2007, los salarios han venido perdiendo peso en la renta nacional, pasando del 55% al 52%. Ello ha sido debido a que la fuerte desregulación del trabajo experimentada en nuestro país, vía incremento de la precariedad, ha reducido los salarios y ha empeorado las condiciones de trabajo de millones de trabajadores que se han incorporado al mercado de trabajo. Si en el año 2005 el 57,8% de los trabajadores cobraban menos de 18.500 euros al año, este porcentaje subió al 60% en tan solo dos años.
La rápida pérdida de empleo sufrida en nuestro país en la actualidad, con un incremento del desempleo en un año de un millón de trabajadores, pone en evidencia las debilidades y carencias del modelo de crecimiento que ha experimentado nuestro país en los últimos años. Un modelo basado en los bajos salarios, la baja cualificación de los trabajadores, la precariedad del mercado laboral y el reducido esfuerzo inversor de las empresas en procesos de investigación y desarrollo tecnológico, lo que no permite que la característica competitiva de la mayor parte de los productos españoles sea la calidad y la innovación.
Si por un lado parece evidente que las soluciones que se barajan a la actual crisis financiera internacional pueden ayudar a resituar el peso del trabajo en la actividad económica, a escala nacional, el incremento del valor del trabajo en nuestro país obliga a los sindicatos a no hacer dejación de su principal instrumento: la negociación colectiva. Y para ello deben quitarse algunas telarañas neoliberales en las que también se han enredado; la primera es que, en la actualidad, la principal causa de la inflación no son los incrementos salariales.
Por tanto, la disputa de la productividad generada por la empresa debe ser un objetivo prioritario para los sindicatos, ya que lo contrario supondrá, como ha sucedido hasta ahora, que las mejoras de productividad logradas por todos en la empresa, sólo se destinarán a incrementar la retribución de los accionistas, las remuneraciones de los directivos, o el pago de intereses a los bancos por los préstamos recibidos.
Un país cuya estructura empresarial base sus expectativas de beneficios en unos bajos salarios es un país condenado a un empobrecimiento progresivo, ya que para que una política de innovación tecnológica obtenga resultados es imprescindible que los salarios sean elevados. Es un círculo vicioso: mientras los salarios sean bajos los empresarios tendrán garantizados altos beneficios, sin que tengan que preocuparse ni por la calidad, ni por la diferenciación, ni por la innovación de sus productos.
Por tanto una visión inteligente de la acción sindical, teniendo en cuenta que estamos asistiendo a una recesión industrial de gran magnitud, sin perder el norte del incremento de los salarios reales, debería contemplar otras perspectivas de reparto entre el beneficio empresarial y la remuneración de los trabajadores, más aún en situaciones concretas de dificultades reales de viabilidad de una empresa, como:
El incremento de la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa
La propia Comisión Europea reconoce que “aporta beneficios reales a los trabajadores, las empresas y las economías nacionales”. Y como recoge Ignacio Muro en su libro “Esta empresa no es mía”, los sindicatos deberían incorporar entre sus prioridades las cuestiones relacionadas con la participación accionarial de los trabajadores en la empresa, sobre todo en épocas de crisis cuando hay más presión empresarial para que los incrementos salariales sean menores.
Ya que es otra forma de disputar la riqueza generada, no entre los empresarios y trabajadores en el presente, si no entre capital y trabajo en el futuro. En las empresas con fuerte presencia de los trabajadores en los consejos de administración los abanicos salariales entre directivos y trabajadores son notablemente inferiores y, ante situaciones de recesión de la demanda, tienden a evitar los despidos.
Esto no es una propuesta teórica-radical, como pone de manifiesto que en EE.UU., centro del capitalismo, hay 11.000 empresas que están acogidas a los Planes de Propiedad Accionarial de los Trabajadores, cuya importancia económica es tal que las empresas acogidas a estos planes representan el 14% de las cotizadas en bolsa.
En nuestro propio país esto no es algo extraño, como demuestra la experiencia de una importante multinacional española del sector de construcción de material ferroviario, Construcciones Auxiliares de Ferrocarril, y la del internacionalizado y tecnológicamente muy avanzado grupo cooperativo Mondragón, pero tampoco muy extendido, ya que no hay un desarrollo legislativo que favorezca la participación de los trabajadores en la empresa.
En España la legislación sobre esta cuestión está mucho menos avanzada que la de Bélgica, Francia, Alemania, Holanda, como pone de manifiesto el Informe PEPPER II de la Comisión Europea. En estos países la participación de los trabajadores en la empresa está vinculada a un acuerdo con los sindicatos, muy relacionada con la regulación de la compra de acciones por planes de pensiones y, en varios, se acompaña de incentivos fiscales para las empresas y trabajadores que optan por su aplicación.
La reducción del tiempo de trabajo
El ejemplo que más reflejo mediático tuvo sobre la priorización del empleo en los objetivos sindicales fue la semana de cuatro días, una jornada semanal de 28,8 horas, de la fábrica de Wolkswagen en Wolsfburg adoptada en 1994 con el objetivo de salvar 30.000 empleos en una situación recesiva en Alemania, que incluía una cierta reducción de salarios, inferior a la proporción de reducción de jornada. Un acuerdo del mismo tipo se firmó posteriormente en la fábrica de Salzgitter de la empresa de camiones MAN, instaurando la semana laboral de 32 horas, donde trabajaban 4.300 empleados, lo que consiguió salvar 700 puestos de trabajo. También en esos años en las fábricas de Opel en Alemania se consiguió una jornada semanal variable, entre las 30 y las 40 horas semanales, en función de la demanda.
En nuestro país esto supone cambiar las prioridades sindicales, ya que como ponen de manifiesto Inmaculada Cebrián y Joaquin Pitarch en el trabajo “La negociación colectiva: una mirada crítica”, analizando el periodo transcurrido entre 1995 y el inicio de la actual crisis, “los mayores incrementos de la jornada laboral se dan en los convenios de ámbito superior donde se negocian además los incrementos salariales más elevados”.
Reinversión en la empresa de los beneficios empresariales
No debería resultar nada extraño a la negociación colectiva establecer que una parte de los beneficios se destina a reinvertirse en la empresa, con claros y determinados objetivos. El establecimiento de fondos de inversión en las empresas, con participación de los representantes de los trabajadores en el seguimiento del cumplimiento de sus objetivos, garantizará la viabilidad futura de la empresa, favoreciendo la generación de empleo de calidad y las mejoras salariales en el futuro.
Control de los sistemas de remuneración de los altos ejecutivos
La acción sindical está acostumbrada a negociar a quien representa, los trabajadores sujetos a convenio, pero cada vez en mayor medida hay que tener en consideración que no poner límites transparentes a la remuneración de los ejecutivos es una forma de topar la generación de empleo o las subidas salariales, dados los públicos excesos de determinados ejecutivos de importantes empresas. Si bien las magnitudes de las remuneraciones de los directivos en general no han alcanzado nuestro país lo sucedido en EE.UU., sí se han producido desorbitados salarios de directivos en algunos bancos, como el Santander.
Algunos de los mayores excesos retributivos se han dado en muchas de las entidades financieras estadounidenses que han quebrado, o han debido ser salvadas con importantes inyecciones de dinero público: entre 6 y 8 millones de dólares se va a embolsar el presidente de Fannie Mae; unos 15 millones el presidente de Freddie Mac; 22 millones iba a cobrar el presidente de AIG (47 debía cobrar su antecesor), todos por haber conseguido que sus florecientes empresas hayan acabado nacionalizadas, para evitar que su quiebra colapsara todo el sistema económico de EE.UU. y de parte importante del resto del planeta; 22 millones cobrará el principal directivo de Lehman Brothers (que en catorce años de servicio cobró 466 millones); 161 millones el penúltimo presidente de Merrill Lynch que dejó el banco hace un año, bien encauzado ya hacia la quiebra.
El recién nombrado presidente de EE.UU., tras llamar sinvergüenzas a los ejecutivos de las entidades financieras que han recibido fondos públicos para su rescate que se habían repartido 14.250 millones de euros con cargo a primas correspondientes al año 2008, es de suponer que por su “buena gestión”, finalmente les ha impuesto un límite retributivo de 389.000 euros.
Si las avestruces empiezan a transmutarse en perros mastines los lobos tendrán más difícil hincar sus dientes en los trabajadores y en los pequeños ahorradores.
Bruno Estrada López es economista