28 de enero de 2009, 6:55
La Constitución recibió popular aprobación el día de San Nicolás, llamado de Bari pero turco de origen, cuyo nombre quiere decir defensor de los pueblos. Célebre por su largueza, este santo regalón y amigo de los niños, patrón de Grecia y Rusia y venerado en el norte de Europa, ha quedado, como Santa Claus, en competidor de los Reyes Magos en las noches mágicas de la gente menuda.
De él se cuentan portentos como salvar a unos pescadores de perecer ahogados al calmar las embravecidas aguas del mar. Y quizá fuera este don el que apaciguó las tensiones entre los diputados de la comisión constitucional, que lograron elaborar un texto que a todos convenía, aunque a unos más que a otros. El afán conciliador del santo no logró que todos renunciaran por igual; representaban ideologías e intereses de gentes distintas, y no todas habían ganado una guerra y gobernado cuarenta años de modo despótico, ni querían renunciar a esa ventaja. Los sucesores de los vencedores, y los vencedores mismos, podían compartir algo, pero no colocarse en posición de igualdad con los vencidos ni partir de cero; querían seguir gobernando, aunque fuera de otro modo, y sobre todo, utilizar el poder que tenían, que era muhco, para conservar el legado de Franco: el botín de guerra y el acumulado durante la dictadura. La izquierda fue asaz generosa, pues concedió a la derecha el olvido de los muchos agravios recibidos -perdonó y volvió a pedir perdón- y el impagable regalo de la legitimidad democrática; le dio a España un barniz laico y civil sobre el caqui y la sotana. Pero mucha gente de la derecha creyó que la generosa fue ella. Y todo esto se percibe en el texto.
Similar a otros significativos documentos como la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, la de Independencia de Estados Unidos o la francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Nicolasa tiene un magnífico Preámbulo, que parece una sincera declaración de intenciones -La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática�, el imperio de la ley, un orden económico y social justo; proteger los derechos humanos, culturas, lenguas y tradiciones; asegurar a todos una digna calidad de vida, fortalecer las relaciones pacificas y la colaboración entre todos los pueblos de la Tierra-, pero luego la buena intención se extravía por los intereses que perviven en el articulado. Entre otros, una monarquía metida de matute, cuya restauración hubiera requerido una consulta expresa aunque el resultado no hubiera sido favorable a la república; la espinosa cuestión religiosa, o mejor dicho católica, que somete la Constitución a los acuerdos secretos con el Vaticano; la configuración territorial del Estado plasmada en el desdichado Título VIII, la sacrosanta economía de mercado, que no es tal sino la descarnada producción capitalista, cuya defensa prevalece sobre los aspectos sociales que la debían moderar. El texto orientaba el país hacia un sistema vagamente federal, pendiente de perfilar, y configuraba un encorsetado régimen parademocrático, donde las élites de los partidos usurpan buena parte de la soberanía de los ciudadanos, acentuado por el limitado papel de las cámaras en el control del Gobierno. Pero es, sobre todo, en la reforma de la propia Constitución, casi imposible de llevar a cabo, donde se muestra la intención de la derecha de no dar un paso más y consagrar la correlación de fuerzas de entonces, dejándola, según la consigna del momento, atada y bien atada, en un intento de paralizar políticamente la evolución del país otros cuarenta años.
La Nicolasa nacía, pues, conservadora de sí misma, mientras la calle en aquellos días era transformadora en su empeño de acabar con los muchos resabios de la dictadura, lo cual no impidió que la gente, movida por una docena de tópicos, aprobara en referéndum un texto del que la inmensa mayoría sólo conocía algunas vaguedades. No hay que extrañarse; un sondeo reciente indica que el 88% de los encuestados no la conoce. Tampoco se conocían a fondo las propuestas de la dictadura y la gente en su momento las votaba. Todo es posible cuando falta información, la cultura política es nula y la participación es ocasional. Así que, salvo una minoría politizada y con conciencia de lo que se dirimía, aquel día de San Nicolás de 1978 la inmensa mayoría de la población se dejó llevar por lo que se le prometía, que era mucho, y encontró de lo más natural enterrar el franquismo y votar en referéndum la Constitución, siguiendo el acelerado aprendizaje de participar empezado el 15 de diciembre de 1976, con la Ley de Reforma Política y seguido de las primeras elecciones, el 15 de junio de 1977. Tras 40 años de pertinaz sequía democrática, en sólo dos años los nacientes ciudadanos habían votado en dos refrendos y en unas elecciones generales que resultaron constituyentes, aunque no se habían convocado para tal fin. La expectativa creada por la muerte de Franco, acentuada por las movilizaciones populares en calles y fábricas, explica el clima en que tal participación se produjo; el país parecía otro.
Pese a los buenos propósitos, treinta años después, la Nicolasa ha dejado ver los límites y los silencios que estuvieron presentes en su confección, porque, si bien ha permitido gobernar a izquierdas y derechas, ha mostrado que el alabado consenso era algo más que el acuerdo constituyente, pues definía la interpretación del texto y el propio discurso sobre la transición democrática, que quedó formalmente concluida el día de San Nicolás; era también el pacto que configuraba la nueva clase política democrática surgida del régimen y de la oposición, que, constituida sobre todo por dos grandes fuerzas, UCD (luego PP) y PSOE, ha formado un excluyente binomio sin el cual es imposible moverse. El uno atado al otro y todos a los dos.
Este consenso a largo plazo ha traído una interpretación bastante semejante de ciertos artículos y en otros que las discrepancias sean de grado, no de fondo. El resultado ha sido una lectura selectiva y jerárquica del texto, donde existen artículos que llamaríamos eficaces por su poder constituyente, mientras otros, especialmente los referidos a derechos populares, quedan como artículos retóricos que definen derechos escasamente garantizados o nunca ejercidos, con lo cual son como papel mojado, en tanto que otras partes están congeladas por su dificultad para reformarse. Quedan, pues, como retrato de una época.
Sigamos, si queremos, esperando que el santo defensor de los pueblos obre algún milagro, pero pensemos sobre todo en alejar las sombras de la transición, que lo eran del franquismo, y en dar un tono más popular, más abierto y democrático a aquel texto iniciático, cuya reforma empieza a ser urgente. Exijamos la reforma de la Nicolasa.
De él se cuentan portentos como salvar a unos pescadores de perecer ahogados al calmar las embravecidas aguas del mar. Y quizá fuera este don el que apaciguó las tensiones entre los diputados de la comisión constitucional, que lograron elaborar un texto que a todos convenía, aunque a unos más que a otros. El afán conciliador del santo no logró que todos renunciaran por igual; representaban ideologías e intereses de gentes distintas, y no todas habían ganado una guerra y gobernado cuarenta años de modo despótico, ni querían renunciar a esa ventaja. Los sucesores de los vencedores, y los vencedores mismos, podían compartir algo, pero no colocarse en posición de igualdad con los vencidos ni partir de cero; querían seguir gobernando, aunque fuera de otro modo, y sobre todo, utilizar el poder que tenían, que era muhco, para conservar el legado de Franco: el botín de guerra y el acumulado durante la dictadura. La izquierda fue asaz generosa, pues concedió a la derecha el olvido de los muchos agravios recibidos -perdonó y volvió a pedir perdón- y el impagable regalo de la legitimidad democrática; le dio a España un barniz laico y civil sobre el caqui y la sotana. Pero mucha gente de la derecha creyó que la generosa fue ella. Y todo esto se percibe en el texto.
Similar a otros significativos documentos como la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, la de Independencia de Estados Unidos o la francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Nicolasa tiene un magnífico Preámbulo, que parece una sincera declaración de intenciones -La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática�, el imperio de la ley, un orden económico y social justo; proteger los derechos humanos, culturas, lenguas y tradiciones; asegurar a todos una digna calidad de vida, fortalecer las relaciones pacificas y la colaboración entre todos los pueblos de la Tierra-, pero luego la buena intención se extravía por los intereses que perviven en el articulado. Entre otros, una monarquía metida de matute, cuya restauración hubiera requerido una consulta expresa aunque el resultado no hubiera sido favorable a la república; la espinosa cuestión religiosa, o mejor dicho católica, que somete la Constitución a los acuerdos secretos con el Vaticano; la configuración territorial del Estado plasmada en el desdichado Título VIII, la sacrosanta economía de mercado, que no es tal sino la descarnada producción capitalista, cuya defensa prevalece sobre los aspectos sociales que la debían moderar. El texto orientaba el país hacia un sistema vagamente federal, pendiente de perfilar, y configuraba un encorsetado régimen parademocrático, donde las élites de los partidos usurpan buena parte de la soberanía de los ciudadanos, acentuado por el limitado papel de las cámaras en el control del Gobierno. Pero es, sobre todo, en la reforma de la propia Constitución, casi imposible de llevar a cabo, donde se muestra la intención de la derecha de no dar un paso más y consagrar la correlación de fuerzas de entonces, dejándola, según la consigna del momento, atada y bien atada, en un intento de paralizar políticamente la evolución del país otros cuarenta años.
La Nicolasa nacía, pues, conservadora de sí misma, mientras la calle en aquellos días era transformadora en su empeño de acabar con los muchos resabios de la dictadura, lo cual no impidió que la gente, movida por una docena de tópicos, aprobara en referéndum un texto del que la inmensa mayoría sólo conocía algunas vaguedades. No hay que extrañarse; un sondeo reciente indica que el 88% de los encuestados no la conoce. Tampoco se conocían a fondo las propuestas de la dictadura y la gente en su momento las votaba. Todo es posible cuando falta información, la cultura política es nula y la participación es ocasional. Así que, salvo una minoría politizada y con conciencia de lo que se dirimía, aquel día de San Nicolás de 1978 la inmensa mayoría de la población se dejó llevar por lo que se le prometía, que era mucho, y encontró de lo más natural enterrar el franquismo y votar en referéndum la Constitución, siguiendo el acelerado aprendizaje de participar empezado el 15 de diciembre de 1976, con la Ley de Reforma Política y seguido de las primeras elecciones, el 15 de junio de 1977. Tras 40 años de pertinaz sequía democrática, en sólo dos años los nacientes ciudadanos habían votado en dos refrendos y en unas elecciones generales que resultaron constituyentes, aunque no se habían convocado para tal fin. La expectativa creada por la muerte de Franco, acentuada por las movilizaciones populares en calles y fábricas, explica el clima en que tal participación se produjo; el país parecía otro.
Pese a los buenos propósitos, treinta años después, la Nicolasa ha dejado ver los límites y los silencios que estuvieron presentes en su confección, porque, si bien ha permitido gobernar a izquierdas y derechas, ha mostrado que el alabado consenso era algo más que el acuerdo constituyente, pues definía la interpretación del texto y el propio discurso sobre la transición democrática, que quedó formalmente concluida el día de San Nicolás; era también el pacto que configuraba la nueva clase política democrática surgida del régimen y de la oposición, que, constituida sobre todo por dos grandes fuerzas, UCD (luego PP) y PSOE, ha formado un excluyente binomio sin el cual es imposible moverse. El uno atado al otro y todos a los dos.
Este consenso a largo plazo ha traído una interpretación bastante semejante de ciertos artículos y en otros que las discrepancias sean de grado, no de fondo. El resultado ha sido una lectura selectiva y jerárquica del texto, donde existen artículos que llamaríamos eficaces por su poder constituyente, mientras otros, especialmente los referidos a derechos populares, quedan como artículos retóricos que definen derechos escasamente garantizados o nunca ejercidos, con lo cual son como papel mojado, en tanto que otras partes están congeladas por su dificultad para reformarse. Quedan, pues, como retrato de una época.
Sigamos, si queremos, esperando que el santo defensor de los pueblos obre algún milagro, pero pensemos sobre todo en alejar las sombras de la transición, que lo eran del franquismo, y en dar un tono más popular, más abierto y democrático a aquel texto iniciático, cuya reforma empieza a ser urgente. Exijamos la reforma de la Nicolasa.