3 de septiembre de 2009, 4:43
NUEVATRIBUNA.ES - 23.5.2009
...Ya en abril de 2007, el juez Pedraz procesó al sargento Thomas Gibson y a dos de sus superiores, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel, Philip De Camp por su relación con la muerte de Couso. En aquel momento, la sala de lo Penal le señaló que consideraba que la instrucción no estaba terminada por lo que el juez reabrió la investigación y efectuó nuevas diligencias, entre ellas, la toma de declaración a los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores en el momento en que se produjeron los hechos, Federico Trillo y Ana Palacio, respectivamente.
Recuerda el juez Pedraz en este segundo auto por el que se procesa a los tres militares estadounidenses que, en aplicación del Convenio de Ginebra y de la legislación española, José Couso era “una persona protegida y añade que las partes contendientes en un conflicto armado están obligadas siempre a distinguir entre población civil y combatientes.
Este recordatorio de la legislación nacional e internacional por parte de un juez es suficiente para que podamos vislumbrar la posibilidad de preservar el derecho de la ciudadanía a estar informada y el deber de los medios de comunicación y de sus profesionales a proporcionar a esa ciudadanía los datos, las imágenes, los elementos que le permitan tener una idea aproximada de lo que ocurre en cualquier lugar del mundo.
Digo todo esto porque el 8 de abril de 2003, la prensa internacional se convirtió en objetivo militar para el ejército de Estados Unidos y sus aliados. En el transcurso de tres horas, los militares estadounidenses atacaron la televisión Al Jazeera, la televisión Abu Dhabi y el hotel Palestina, en el que todo el mundo sabía que se alojaban buena parte de los periodistas europeos. Tres periodistas murieron como consecuencia de esos ataques y varios más resultaron heridos.
Couso falleció en un hospital iraquí a consecuencia de las heridas que le produjo el proyectil lanzado por militares estadounidenses contra el hotel Palestina de Bagdad. Aquel 8 de abril de 2003 fue una jornada dramática para los trabajadores de los medios de comunicación de todo el mundo. Los periodistas tuvieron que dejar de informar de lo que allí pasaba para atender a sus compañeros y ver la manera de protegerse de otros posibles ataques.
A estos terribles acontecimientos habían precedido otros no menos inquietantes. Un día antes, el 7 de abril, el periodista Julio Anguita Parrado, a quien no se le permitió entrar en Bagdad por no llevar un chaleco antibalas homologado, murió cuando un proyectil impactó en el convoy del ejercito estadounidense en el que iba empotrado para cubrir la invasión.
Dos meses antes, la periodista italiana, Giuliana Sgrena, salvó su vida de milagro. Secuestrada el 4 de febrero de 2003 por un grupo radical suní en medio de una lluvia de balas ante una mezquita de Bagdad cuando cubría el sermón del viernes, Sgrena fue liberada un mes después, gracias a las gestiones de Nicola Calipari, un agente secreto del gobierno italiano. Calipari viajó a Iraq y tras conseguir la liberación de Giuliana, se dirigían en un coche al aeropuerto de Bagdad. Cuando estaban a sólo 700 metros una patrulla de soldados de Estados Unidos comenzó a disparar contra el vehiculo. Varios disparos alcanzaron a la periodista que salvó la vida gracias a que Nicola Calipari la protegió con su cuerpo. Calipari murió en el ataque, las heridas de Sgrena, no me refiero a las físicas, son muy difíciles de curar.
Nunca como en aquellos primeros meses de 2003, el trabajo de los informadores, la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a recibir información se han visto tan amenazados. Recordaremos el año 2.003 como el año en el que “mantener la paz global” significaba “declarar la guerra a Iraq”, el año en que “lucha contra el terrorismo” significaba “violación de la legalidad internacional, e invasión de un país para controlar sus recursos naturales”. Cuando “efectos colaterales” significaba “millares de civiles asesinados”.
Es muy posible que la muerte o el asesinato de tantas personas de los medios de comunicación durante aquellos meses en Iraq tengan que ver con las pretensiones de la administración Bush y sus aliados de gobernar el mundo por la fuerza de la fuerza. Los periodistas eran un estorbo, unos testigos indeseables. Es también posible que pensasen ¿Qué importancia tienen la libertad, el conocimiento, los hechos, los datos, las vidas de civiles, las leyes, si cuestionan nuestras decisiones y no están al servicio de nuestros intereses?
Los detalles de lo que ocurrió no los sabe nadie. Ni los familiares, ni las empresas informativas para las que trabajaban, ni al público. Y esta opacidad, esta falta de transparencia es, cuando menos, un ejemplo poco edificante por parte de un País como EEUU. que presume de ser el más libre y democrático del mundo.
El Pentágono ha ignorado los reiterados llamamientos a favor de una investigación independiente, efectuados por los familiares, el personal de los medios de comunicación y las organizaciones de periodistas de Estados Unidos y del mundo entero, así como de otros grupos a favor de la libertad de prensa y de los derechos humanos. Tampoco ha puesto en marcha protocolos que protejan la seguridad de los corresponsales de guerra y, en general, del personal que los Medios de Comunicación envían a zonas en conflicto.
Afortunadamente, los familiares, los compañeros, los amigos de Couso y diferentes organizaciones sindicales y profesionales de periodistas, entre ellas CCOO., no han descansado en su demanda de justicia. Y digo afortunadamente porque no ha sido fácil ni mucho menos. El hermano de José Couso, Javier, la madre, Mª Isabel y también los periodistas españoles que estaban en el Hotel Palestina cuando ocurrieron los hechos: Olga Rodríguez, Carlos Hernández, Fran Sevilla….no han dejado ni un momento de exigir que se aclaren los hechos y se depuren responsabilidades.
Y al mismo tiempo cómo no recordar las condiciones laborales en las que estaban haciendo su trabajo, cumpliendo con el deber de informar. Ni Couso ni Parrado tenían relación contractual con las empresas para las que trabajaban. Eran lo que ahora son buena parte de los informadores: autónomos sin ser empresarios, colaboradores trabajando a full time. Situaciones incongruentes igual que la guerra de la que estaban informando. Una guerra que nunca debió producirse y qué tanto dolor ha causado y sigue causando.
Para preservar y desarrollar adecuadamente el derecho a dar y recibir información contrastada y veraz, es imprescindible que reporteros, cámaras y, en general, todo el personal enviado a zonas de guerra o conflicto estén bien seguros de que se hace todo lo posible para garantizar su integridad.
La cobertura independiente de las noticias en torno a los conflictos bélicos está en manos de los periodistas. No importa para que empresa de información trabajen, y no importa su país de origen. Es necesario poner todos los medios para evitar riesgos y garantizar a los profesionales de la información que pueden hacer su trabajo sin ser tiroteados, sin que puedan ser considerados objetivos militares.
Carmen Rivas es periodista y Directora del Observatorio de Medios Comunicación de la Fundación 1º de Mayo.
...Ya en abril de 2007, el juez Pedraz procesó al sargento Thomas Gibson y a dos de sus superiores, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel, Philip De Camp por su relación con la muerte de Couso. En aquel momento, la sala de lo Penal le señaló que consideraba que la instrucción no estaba terminada por lo que el juez reabrió la investigación y efectuó nuevas diligencias, entre ellas, la toma de declaración a los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores en el momento en que se produjeron los hechos, Federico Trillo y Ana Palacio, respectivamente.
Recuerda el juez Pedraz en este segundo auto por el que se procesa a los tres militares estadounidenses que, en aplicación del Convenio de Ginebra y de la legislación española, José Couso era “una persona protegida y añade que las partes contendientes en un conflicto armado están obligadas siempre a distinguir entre población civil y combatientes.
Este recordatorio de la legislación nacional e internacional por parte de un juez es suficiente para que podamos vislumbrar la posibilidad de preservar el derecho de la ciudadanía a estar informada y el deber de los medios de comunicación y de sus profesionales a proporcionar a esa ciudadanía los datos, las imágenes, los elementos que le permitan tener una idea aproximada de lo que ocurre en cualquier lugar del mundo.
Digo todo esto porque el 8 de abril de 2003, la prensa internacional se convirtió en objetivo militar para el ejército de Estados Unidos y sus aliados. En el transcurso de tres horas, los militares estadounidenses atacaron la televisión Al Jazeera, la televisión Abu Dhabi y el hotel Palestina, en el que todo el mundo sabía que se alojaban buena parte de los periodistas europeos. Tres periodistas murieron como consecuencia de esos ataques y varios más resultaron heridos.
Couso falleció en un hospital iraquí a consecuencia de las heridas que le produjo el proyectil lanzado por militares estadounidenses contra el hotel Palestina de Bagdad. Aquel 8 de abril de 2003 fue una jornada dramática para los trabajadores de los medios de comunicación de todo el mundo. Los periodistas tuvieron que dejar de informar de lo que allí pasaba para atender a sus compañeros y ver la manera de protegerse de otros posibles ataques.
A estos terribles acontecimientos habían precedido otros no menos inquietantes. Un día antes, el 7 de abril, el periodista Julio Anguita Parrado, a quien no se le permitió entrar en Bagdad por no llevar un chaleco antibalas homologado, murió cuando un proyectil impactó en el convoy del ejercito estadounidense en el que iba empotrado para cubrir la invasión.
Dos meses antes, la periodista italiana, Giuliana Sgrena, salvó su vida de milagro. Secuestrada el 4 de febrero de 2003 por un grupo radical suní en medio de una lluvia de balas ante una mezquita de Bagdad cuando cubría el sermón del viernes, Sgrena fue liberada un mes después, gracias a las gestiones de Nicola Calipari, un agente secreto del gobierno italiano. Calipari viajó a Iraq y tras conseguir la liberación de Giuliana, se dirigían en un coche al aeropuerto de Bagdad. Cuando estaban a sólo 700 metros una patrulla de soldados de Estados Unidos comenzó a disparar contra el vehiculo. Varios disparos alcanzaron a la periodista que salvó la vida gracias a que Nicola Calipari la protegió con su cuerpo. Calipari murió en el ataque, las heridas de Sgrena, no me refiero a las físicas, son muy difíciles de curar.
Nunca como en aquellos primeros meses de 2003, el trabajo de los informadores, la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a recibir información se han visto tan amenazados. Recordaremos el año 2.003 como el año en el que “mantener la paz global” significaba “declarar la guerra a Iraq”, el año en que “lucha contra el terrorismo” significaba “violación de la legalidad internacional, e invasión de un país para controlar sus recursos naturales”. Cuando “efectos colaterales” significaba “millares de civiles asesinados”.
Es muy posible que la muerte o el asesinato de tantas personas de los medios de comunicación durante aquellos meses en Iraq tengan que ver con las pretensiones de la administración Bush y sus aliados de gobernar el mundo por la fuerza de la fuerza. Los periodistas eran un estorbo, unos testigos indeseables. Es también posible que pensasen ¿Qué importancia tienen la libertad, el conocimiento, los hechos, los datos, las vidas de civiles, las leyes, si cuestionan nuestras decisiones y no están al servicio de nuestros intereses?
Los detalles de lo que ocurrió no los sabe nadie. Ni los familiares, ni las empresas informativas para las que trabajaban, ni al público. Y esta opacidad, esta falta de transparencia es, cuando menos, un ejemplo poco edificante por parte de un País como EEUU. que presume de ser el más libre y democrático del mundo.
El Pentágono ha ignorado los reiterados llamamientos a favor de una investigación independiente, efectuados por los familiares, el personal de los medios de comunicación y las organizaciones de periodistas de Estados Unidos y del mundo entero, así como de otros grupos a favor de la libertad de prensa y de los derechos humanos. Tampoco ha puesto en marcha protocolos que protejan la seguridad de los corresponsales de guerra y, en general, del personal que los Medios de Comunicación envían a zonas en conflicto.
Afortunadamente, los familiares, los compañeros, los amigos de Couso y diferentes organizaciones sindicales y profesionales de periodistas, entre ellas CCOO., no han descansado en su demanda de justicia. Y digo afortunadamente porque no ha sido fácil ni mucho menos. El hermano de José Couso, Javier, la madre, Mª Isabel y también los periodistas españoles que estaban en el Hotel Palestina cuando ocurrieron los hechos: Olga Rodríguez, Carlos Hernández, Fran Sevilla….no han dejado ni un momento de exigir que se aclaren los hechos y se depuren responsabilidades.
Y al mismo tiempo cómo no recordar las condiciones laborales en las que estaban haciendo su trabajo, cumpliendo con el deber de informar. Ni Couso ni Parrado tenían relación contractual con las empresas para las que trabajaban. Eran lo que ahora son buena parte de los informadores: autónomos sin ser empresarios, colaboradores trabajando a full time. Situaciones incongruentes igual que la guerra de la que estaban informando. Una guerra que nunca debió producirse y qué tanto dolor ha causado y sigue causando.
Para preservar y desarrollar adecuadamente el derecho a dar y recibir información contrastada y veraz, es imprescindible que reporteros, cámaras y, en general, todo el personal enviado a zonas de guerra o conflicto estén bien seguros de que se hace todo lo posible para garantizar su integridad.
La cobertura independiente de las noticias en torno a los conflictos bélicos está en manos de los periodistas. No importa para que empresa de información trabajen, y no importa su país de origen. Es necesario poner todos los medios para evitar riesgos y garantizar a los profesionales de la información que pueden hacer su trabajo sin ser tiroteados, sin que puedan ser considerados objetivos militares.
Carmen Rivas es periodista y Directora del Observatorio de Medios Comunicación de la Fundación 1º de Mayo.