14 de diciembre de 2010, 6:20
nuevatribuna.es | 14.12.2010
Hemos pasado de predicar una Europa de la promesa, que se entiende como un proyecto de convivencia multiétnica, pluralista, solidaria y de realización de los valores democráticos en plenitud (y que precisamente cobra su justificación en esa propia promesa), a imponer otra Europa en negativo, que degrada su promesa a mera ilusión y que rebaja el derecho a cualquier norma positiva, aunque niegue los mínimos contenidos éticos del acervo comunitario y del derecho democrático. Todo por conveniencia a los intereses económicos, estamos pasando del derecho que legitima el interés general al derecho privatizador del interés particular del privilegio. Es lo que ocurrirá con la directiva del “permiso único” , si la mayoría popular y liberal de eurodiputados la aprueban por mayoría simple como parece que sucederá.
Esta directiva de la explotación, defendida por el Partido Popular Europeo, con la que se recorta el marco laboral para los ciudadanos de terceros países posibilitando rebajar los límites de lo que hemos conocido y llamado estado de bienestar, nos lleva a la triste constatación de que el mercado domina a la política y que en medio de la crisis mundial, la respuesta es más esclavitud para quienes no tienen ninguna responsabilidad de ella.
Así Europa se vuelve tramposa, pero sobre todo falsaria, porque llama la atención que mientras se aboga por la igualdad de trato para todos los trabajadores con independencia de su origen, por otra se promuevan excepciones al sistema ordinario de garantías laborales para aplicárselo a los llamados ciudadanos de terceros países, como si no fuera necesario para salir de esta crisis y no repetirla globalizar los derechos.
Habiendo, como hay, todo un acervo doctrinal comunitario en materias de convivencia intercultural, de cohesión social, de integración entendida como un proceso de encuentro bidireccional y corresponsable, de acceso igual a los servicios y bienes públicos, de equiparación en derechos, una vez más vez se intenta un acuerdo con rango de directiva, no para coordinar estas políticas, sino para establecer una categoría de licencia legal para quitar derechos laborales a trabajadores inmigrantes creando desigualdad y discriminación, al aplicar la legislación laboral de los países de origen, con menores garantías a los derechos de los trabajadores europeos.
No hemos escuchado para cuándo la concertación de las políticas migratorias en Europa va a establecer una directiva de política pública general, que comprenda la migración en relación al ciclo migratorio y conlleve medidas no sólo de acceso, sino de integración y convivencia. De retorno entendido como una política integral, prevención de la migración desordenada, migración relacionada con el empleo, reagrupación, de cooperación y codesarrollo, de respeto a los derechos humanos, de participación y ciudadanía y tantas otras más necesarias de verdadera concertación.
¿No será más elocuente y más significativo para el ideal europeo empezar la concertación de políticas migratorias por la adhesión a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de los Trabajadores migratorios y de sus familiares o diversos tratados de la OIT aún no ratificados por todos los países europeos?
Es evidente que medidas como las propuestas por la directiva de la explotación, no son pensables en la España gobernada por el socialismo. Porque está ratificada la convención del Consejo de Europa sobre trabajadores inmigrantes, pero además porque una característica esencial de nuestro gobierno ha sido el trato digno dado a los inmigrantes y la concreción de un cuerpo de política pública migratoria y de integración, bajo el gran marco del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, garantista y digno, ahora en diseño su segundo plan. En último termino, porque la sociedad tiene asumido un sistema de valores que no permitiría tal despropósito.
Ahora bien, hay que reconocer que, aunque minoritarias, las ideas ultramontanas se extienden por Europa y también existen entre nosotros y forman parte del ideario de un sector de la derecha que, aunque parece que afortunadamente va quedando arrinconado a determinadas soflamas mediáticas y a salidas de tono de personajes como Alicia Camacho que no renuncian a un cierto protagonismo pasado de moda, nadie garantiza que en el futuro sean puestas en marcha para “mejorar la competitividad” por intereses coyunturales y particulares aunque la realidad ha mostrado que el camino para la recuperación es la productividad, la que pasa por la formación y el conocimiento.
A puertas de unas elecciones municipales, hemos de pensar quien encarna los valores de una sociedad igualitaria y con derechos, quien puede encaminar la acción política hacia la aspiración de convivencia de nuestra sociedad. Quién mantiene un discurso de dureza y sinrazón hacia la inmigración, la que hace parte de la sociedad española y europea y quien propone y vota por la discriminación y la pérdida de cohesión social. Los eurodiputados socialistas votaron NO a esta directiva de “permiso único” , sabiendo que será definitivamente aprobada por el empuje de una derecha dispuesta a repensar Europa no en términos de derechos y de valores sino a favor de los intereses del mercado y del neoliberalismo.
Yolanda Villavicencio M. | Diputada Socialista Asamblea de Madrid.