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jueves. 18.08.2022

Contra el desmantelamiento del servicio educativo público

El nuevo curso escolar será el más conflictivo de los diez últimos años como consecuencia de los recortes educativos derivados de la aplicación de la normativa publicada recientemente por el Gobierno en solitario.

El nuevo curso escolar será el más conflictivo de los diez últimos años como consecuencia de los recortes educativos derivados de la aplicación de la normativa publicada recientemente por el Gobierno en solitario. El Real Decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público educativo fija un aumento de las horas lectivas del profesorado y del número de estudiantes por aula, lo que se traducirá este mismo curso en el despido de unos 50.000 trabajadores del sistema educativo (recordemos que desde que se iniciaron los recortes en 2010, ya son cerca de 100.000 docentes menos en el sistema). En otras palabras, los colegios e institutos públicos contarán con 8.000 millones de euros menos, más alumnos en las clases, menos profesores y menos programas de atención a la diversidad del alumnado.

Las medidas restrictivas implantadas en los centros docentes harán que nuestro sistema educativo deje de ser uno de los más equitativos de los países desarrollados. Los efectos de la destrucción de la equidad se materializarán en un aumento de los impuestos en el gasto escolar, en la reducción drástica de becas de comedor, libros de texto y para transporte escolar y en un incremento de las tasas.

Por lo que respecta al profesorado y al personal de apoyo educativo, estamos asistiendo al mayor ERE que se haya producido en nuestro país, con la reducción de docentes, el despido de personal de los servicios educativos y complementarios, recortes de salarios y aumento de la carga laboral,

Además,  muchos docentes deberán soportar desplazamientos y un empeoramiento de sus condiciones de trabajo. Destacable también, que hay comunidades en las que se ha decidido que sea el  profesorado quien se encargue de vigilar a los alumnos en el comedor escolar, lo que conllevará despidos de personal contratado para prestar este servicio.

Está claro cuál es el propósito: incendiar la escuela pública y dinamitar las conquistas educativas alcanzadas con el esfuerzo por parte de todos. Todas estas medidas apuntan a una estrategia tendente al desmantelamiento de uno de los fundamentos básicos del Estado del Bienestar. Ni la pretendida reducción del déficit ni el supuesto ahorro en las cuentas públicas justifican este despropósito. 

Esta dinámica suicida se contradice radicalmente con las recomendaciones de los organismos internacionales. Así, el último Informe de la OCDE Panorama de la Educación, presentado el pasado día 11 en el Ministerio, incide en que el descenso de la inversión educativa, la reducción de la plantilla docente y el incremento de las tasas redundará en un aumento de la tasa de paro juvenil y ahondará la crisis económica y social. De hecho ahí están los lamentables resultados que arroja el informe: en 2010 el 23,7% de nuestros jóvenes de entre 15 y 29 años ni estudian ni trabajan, un porcentaje que mucho nos tememos que haya aumentado en los últimos dos años, aunque también es cierto que muchos de estos jóvenes en paro se han reincorporado al sistema educativo para mejorar su cualificación profesional. Una razón más para que el Gobierno frene su nefasta política de recortes en el sector y se ponga a trabajar en serio en las políticas activas de empleo.

Pero no solamente el sector escolar sufre las secuelas de los recortes, sino que las familias están notando los efectos de la subida del IVA en el material escolar, por lo que hasta un tercio de ellas no podrá disponer del dinero suficiente para comprar los libros de texto para sus hijos. Para colmo algunas administraciones incluso han anunciado su propósito de cobrarles por el uso de las fiambreras en los comedores escolares.

Además, el alumnado con necesidades educativas especiales no recibirá la suficiente atención ante la reducción de este personal que atiende los servicios educativos y complementarios en los centros. A estas carencias, hay que sumar la decisión de algunas en comunidades autónomas, con una fuerte presencia de escuela rural, de suprimir las rutas de transporte escolar, lo que imposibilitará el precepto constitucional del derecho a la educación

La aplicación de las medidas derivadas de los brutales recortes en el ámbito educativo decretados por el Gobierno del Partido Popular está provocando, y no nos cansamos de denunciar, situaciones alarmantes en toda la comunidad educativa que ponen en peligro la educación pública, al atacar la igualdad de oportunidades y asfixiar los avances conseguidos en el modelo educativo de nuestro país. No es casualidad que se insista en este tipo de políticas erróneas, que muestran una profunda carga ideológica.

La prepotencia del Gobierno y la premura de sus iniciativas legales no debe desanimarnos. Al contrario, ahora más que nunca tenemos que plantar cara a estos desmanes. En el sector público, y dentro de éste, el educativo, hemos iniciado el curso con movilizaciones y actos de protesta. Así, hoy día 12, hemos convocado junto a la Plataforma de sindicatos y asociaciones profesionales de empleados públicos, una jornada de lucha contra los recortes en las administraciones públicas. Seguidamente, el sábado día 15 participaremos en la gran Marcha a Madrid, organizada por la Cumbre Social. A estas iniciativas movilizadoras se suman los actos de protesta previstos para todos los miércoles en los centros de trabajo.

Con esta involución educativa, el Gobierno de la nación se ha empeñado en hacer retroceder nuestro sistema educativo a tiempos que pensábamos felizmente superados, con aulas abarrotadas de estudiantes y atendidas por profesores agobiados y desmotivados ante la falta de recursos suficientes. Una prueba más de esta tendencia involucionista son las recientes declaraciones del ministro en las que hacía pública su decisión de mantener los conciertos educativos a los centros que segreguen al alumnado por sexo, a pesar de las últimas sentencias dictadas en sentido contrario por el  Tribunal Supremo.

En relación con el proyecto de reforma educativa previsto por el Ministerio, y que de momento se ha presentado sin un debate democrático previo, no sólo no resolverá los problemas ni las disfunciones de nuestro sistema educativo sino que agravará el fracaso y el abandono escolar prematuro. Nuestros gobernantes no podían haber elegido un momento peor para proponer la reforma dado que se están reduciendo drásticamente los  recursos humanos y materiales en los centros educativos.

Además, los cambios que promueve el Ministerio constituyen un retroceso metodológico al reforzar de manera excesiva los contenidos memorísticos, y suponen un obstáculo para la igualdad de oportunidades al establecer reválidas al final de cada etapa educativa, obviando la formación integral que exige la sociedad del conocimiento. A ello se suman otras trabas legales tanto en lo referente a la subida de las tasas académicas como en dificultar el acceso a las becas.

El ministro debería saber que ninguna reforma llegará a buen puerto si no se conjuga  el incremento real de la calidad de la enseñanza con la defensa de la igualdad de oportunidades. No tiene ningún sentido vender a la opinión pública que con la reforma se pretende reforzar la Lengua, Matemáticas e Inglés mientras se reducen los efectivos docentes, se masifican las aulas y se suprimen los programas de refuerzo y de atención a la diversidad.

Los recortes en la enseñanza no sólo contribuyen a desprestigiar el servicio público educativo sino que abren la puerta a futuras privatizaciones en el sector. Con estas políticas erróneas se hipoteca el futuro de generaciones de jóvenes ahora más que nunca necesitados de formación y se retrasa la salida de la crisis económica. ¡Señores, este es el futuro que nos espera; juzguen ustedes!

Contra el desmantelamiento del servicio educativo público
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