7 de febrero de 2011, 4:23
nuevatribuna.es | 04.02.2011
La última aparición estelar ha llegado de la mano de todo un Secretario de Estado de Hacienda. “Habrá que considerar el copago sanitario en el futuro”, ha manifestado recientemente en un diario nacional. El desmentido inmediato del mismísimo Presidente del Gobierno no sorprendió, pero sí extraña que nadie haya extraído hasta ahora consecuencias políticas de una contradicción tan señalada.
Estamos en tiempos de reformas, y el loable afán reformista conduce en ocasiones a la perversión más reprobable, confundiendo y trastocando, por ejemplo, los medios y los fines. Aclarémonos. El objetivo es el desarrollo, el progreso y el bienestar de la sociedad. Y uno de los medios útiles para lograrlo es la eficiencia y el equilibrio en las cuentas públicas.
Las perversiones y los problemas llegan cuando alguien invierte la ecuación, es decir, cuando alguien actúa como si el objetivo último de la sociedad española y de sus gobernantes fuera el control del déficit contable y todo lo demás, incluidas las prestaciones públicas para atender las necesidades sociales básicas de la población, debieran ajustarse en función de aquel fin mayor.
Produce hasta pudor tener que remontarse a lo más básico, pero visto lo visto no queda más remedio. Sigamos hablando con claridad, pues. La Constitución que nos hemos dado los españoles obliga a las instituciones, a través de su artículo 43, a proteger “la salud pública a través de las prestaciones y servicios necesarios”. Y tal obligación se sitúa muy por encima de las apreciaciones, de las ensoñaciones o de las empanadas ideológicas de los contables del Estado.
El copago sanitario constituye un torpedo bajo la línea de flotación de nuestro incipiente Estado del Bienestar y del modelo social que nos diferencia de otros ámbitos, donde la ausencia de los derechos más básicos empuja a las poblaciones a la desesperación y la revuelta, como estamos viendo. Ahora que la reforma sanitaria de Obama busca precisamente alcanzar el sistema universal y gratuito que disfrutamos aquí, ¿vamos a retroceder nosotros?
Nadie negará la necesidad de avanzar en la eficiencia del gasto sanitario. Aún hay mucho por hacer para evitar el dispendio ineficiente, pero no de cualquier manera. Las fórmulas de eficiencia a aplicar deben ser compatibles con la universalidad del derecho al servicio sanitario. Que cada cual reciba la atención que necesite, y que cada cual aporte al sistema según su capacidad económica.
José Manuel Freire, reputado médico y gestor sanitario, reciente fichaje de la candidatura de Tomás Gómez a la Comunidad de Madrid, lo ha explicado con solvencia. Las razones que se aducen para aplicar el copago son generalmente dos: el aumento de los ingresos públicos y la limitación en el uso de los servicios.
Pretender incrementar los ingresos del Estado por la vía de gravar específicamente a los enfermos debe considerarse una perversión impropia incluso del contable más insensible. Y buscar una aminoración de las listas de espera sanitaria por la vía de disuadir de acudir al médico a quienes disponen de menos renta adolece también del más mínimo apego a los valores de la solidaridad y la justicia.
Los propios facultativos alertan además del riesgo que puede suponer para la salud de las personas una resistencia a la consulta médica ante cualquier síntoma, a partir de razones económicas. Frente a lo que puedan calcular los contables, la gente no acude a los servicios sanitarios por el gusto de descuadrarles las cuentas. Y deben ser los profesionales de la sanidad, y no los profetas del ajuste, quienes determinen qué síntoma merece un tratamiento y qué síntoma puede administrarse en casa.
Ahora, tras la metedura de pata y el desmentido, han callado. Pero volverán. Como el Guadiana. Y cuando vuelvan, a algunos nos volverán a encontrar enfrente. Que no lo duden.
Rafael Simancas | Diputado del PSOE en el Congreso